Fiscalía rechaza procesos a Exeni y a prefecto Costas

Sucre | Correo del Sur.

La Fiscalía General rechazó la apertura de juicio penal en contra del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, y de la vocal Amalia Oporto, además del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, denunciados en distintos casos por la presunta comisión de delitos en la administración del referéndum por los estatutos autonómicos.

Luego de un proceso investigativo preliminar, la Fiscalía General determinó que no hay suficiente evidencia para enjuiciar a las autoridades denunciadas, José Luis Exeni y Amalia Oporto, por un lado, y al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, por otro.



La fiscal de Recursos, Mirna Arancibia, informó que la proposición acusatoria contra el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, fue rechazada porque los argumentos del denunciante, el diputado cruceño Óscar Urenda, no condicen con los delitos denunciados.

En abril de este año, Urenda denunció a Exeni y a la vocal Oporto por supuesta violación a los derechos fundamentales, a la Constitución Política del Estado y a las leyes con las que habrían perjudicado el proceso del referéndum por los estatutos autonómicos de Santa Cruz.

Arancibia explicó que la denuncia fue rechazada, toda vez que se presume la constitucionalidad de cualquier norma y resolución, más aún si es de una institución con jurisdicción nacional como la CNE.

Denuncia archivada

La Fiscalía también dejó archivada la denuncia en contra del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, porque considera que no encontró responsabilidad penal en las actuaciones de dicha autoridad.

La fiscal Mirna Arancibia informó que el Fiscal General de la República determinó que no existen los tipos penales para establecer que Costas haya cometido los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, malversación y sedición.

Afirmó que la convocatoria a un referéndum por las autonomías llevado a cabo el 4 de mayo de este año en Santa Cruz tiene sustento jurídico legal, de acuerdo no solamente a la Ley de Referéndum y a las normas electorales, sino a las propias normas y decretos que emitió el Gobierno Nacional.

«Cada uno de los tipos penales han sido analizados con sumo cuidado y mesura de forma técnica para establecer responsabilidad o no y de igual forma se ha establecido materia justiciable en este caso», remarcó.