Gobierno cuenta las horas para echar a los supremos

El Poder Ejecutivo espera que la Constitución se apruebe el 25 de enero para elegir por voto directo a nuevas autoridades del Poder Judicial.

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En el palacio • Los ministros Walker San Miguel y Héctor Arce hablaron sobre la Suprema en una conferencia de prensa.



La Razón

En contraataque al Poder Judicial, el Gobierno advirtió ayer que, después de la aprobación del texto constitucional, los magistrados y tribunos serán cambiados.

“A partir del 25 de enero próximo, cuando contemos con una nueva Constitución Política del Estado y esta moribunda Corte Suprema termine ya su nefasta gestión, el país en su conjunto elegirá por voto directo y luego de una adecuada selección y calificación, a los nuevos jerarcas de la justicia”, afirmó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

La autoridad junto a su colega de Defensa del Estado Héctor Arce, ambos juristas, dieron ayer una conferencia de prensa para responder a los ataques del Poder Judicial contra el Gobierno

Los magistrados, luego de una cumbre del Poder Judicial, en la que se reunieron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura y Tribunal Agrario Nacional, emitieron un pronunciamiento en el que acusaron al Ejecutivo de poner en marcha un proyecto autoritario y antidemocrático que impulsa el desmoronamiento del sistema de justicia en el país.

En respuesta, Arce señaló que esas críticas se deben a que “muchos de los adelantos que tiene el nuevo texto constitucional seguramente no vayan a favorecer los intereses de estas personas, seguramente verán afectados sus intereses al no ser elegidos por el poder político, por el cuoteo político, como han sido seleccionados los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia”.

El proyecto constitucional que será sometido a referéndum el próximo 25 de enero establece que las autoridades del Poder Judicial serán electas por voto directo, previa una selección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa.

Actualmente, la designación de autoridades la hace sólo el Congreso Nacional.

Arce y San Miguel afirmaron que el Poder Judicial está calificado por el pueblo boliviano como la instancia más corrupta, por lo que los magistrados no tienen moral para reclamar por las acciones del Gobierno.

“Eddy Fernández es un abogado que proviene de Cochabamba, miembro activo de la célula de abogados del desaparecido NFR, ¿nos va a enseñar independencia del Poder Judicial?, ¿nos va a enseñar independencia del Poder Judicial la ministra Rosario Canedo, antigua militante del MNR, que también se sometió a un juicio por liberar a Chito Valle?”, se preguntó San Miguel.

Fernández es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, mientras que Rosario Canedo es ministra de ese mismo órgano.

En el Poder Legislativo también hubo reacciones

El senador Antonio Peredo (MAS) opinó que esos magistrados deberían dejar sus cargos.

“En el momento en que los jueces toman actitudes partidistas en el ejercicio de su función, porque esa declaración la hacen como jueces, no como personas, entonces lo honesto es decir ‘hasta aquí yo cumplo mi función de juez, de aquí en adelante me voy a mi casa a ejercer otra actividad’”.

Por su lado, el senador Carlos Böhrt (Podemos) afirmó que la situación del Poder Judicial es crítica por la paralización del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura.

Por lo que “si descabezamos la Corte Suprema más, que Dios nos ampare, no creo que nadie esté buscando eso, y si alguien lo está haciendo, no sabe a lo que se está metiendo”, acotó.

Consejero Mérida se desmarca

El único consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, desconoció el pronunciamiento que emitieron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y del Tribunal Agrario, en contra del Gobierno y su situación actual.

“No compartimos las conclusiones de la VI Cumbre porque, además de no participar de su elaboración, consideramos que quienes formamos parte del Poder Judicial debemos tener especial cuidado de no asumir posiciones políticas en uno u otro sentido, ése no es el rol que nos atribuye la Constitución”, dijo la autoridad judicial.

Mérida, junto a los gerentes de la Judicatura, abandonó el evento que se realizó el miércoles en Trinidad, Beni, debido a las diferencias que surgieron por una propuesta para eliminar la Gerencia de Régimen Disciplinario.

“Esta posición quebranta la unidad del Poder Judicial…porque no es racional proponer cercenar nosotros mismos a una repartición tan importante del Consejo de la Judicatura”, indicó.

Hay ocho juicios contra autoridades judiciales

DIPUTADOS • Asume el rol del Ministerio Público en los casos e investiga las denuncias.

En los últimos meses, ocho juicios se plantearon en contra de diversos miembros del Poder Judicial, la mayoría acusados de prevaricato y retardación de justicia, entre otros delitos.

El subjefe de la bancada del MAS en Diputados, Jorge Silva, informó que hay juicios contra dos consejeros de la Judicatura, cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, uno contra el presidente de este órgano, Eddy Fernández, y otro contra el fiscal general, Mario Uribe.

En el caso del presidente de la Suprema, el juicio fue planteado la pasada semana por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR ) de El Alto, Édgar Patana (afín al Gobierno), y otros “por los delitos de negación y retardación de justicia en el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el caso Tonchi Marinkovic y el caso Chito Valle”, explicó Silva.

La Comisión de Constitución de Diputados admitió la demanda y la remitió al Comité del Ministerio Público para que analice si hay materia justiciable.

Esa comisión es controlada por el oficialismo, que el pasado año ya imputó a cuatro miembros del Tribunal Constitucional.

Sin embargo en el Senado, manejado por la oposición, se frenó el juicio de responsabilidades.

Por su lado, el diputado Wílber Flores (MAS) denunció que “hay un plan de renuncia colectiva de las autoridades del Poder Judicial para dejar al país sin este órgano” y culpar al Gobierno de descabezar a esta entidad.

Los antecedentes

Diputados • El pasado año, la bancada oficialista aprobó el juicio de responsabilidades contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y dejó paralizada esta institución que no tenía quórum para sesionar.

Senado • Neutralizó el juicio, pero los tribunos renunciaron a sus cargos. El Tribunal Constitucional dejó de funcionar en diciembre del 2008.