Gobierno vuelve a atacar a la DEA

La agencia norteamericana desmanteló las oficinas en Chimoré, llevándose sus equipos. El viceministro Cáceres acusa a la DEA de violar el principio de responsabilidad compartida en lucha contra narcotráfico.

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Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social (archivo).    



La Paz, ABI.- El Gobierno denunció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), al realizar espionaje a través de los llamados pinchazos telefónicos y llevarse los equipos que estaban destinados supuestamente para las tareas de interdicción, violó el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, denunció este lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

    «La DEA violó el convenio bilateral Bolivia-EEUU y el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, porque los activos que ingresaron, mediante ese convenio, deberían quedarse en el país para el apoyo logístico en las tareas de interdicción», aclaró la autoridad.

    De acuerdo al convenio bilateral, los recursos económicos están destinados a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y desarrollo alternativo, pero en el caso de los equipos y apoyo logístico, estos vienen en calidad de donación a favor del país beneficiario, enfatizó.

    «Los activos o equipos de punta en materia de comunicación que ingresaron a Bolivia, por ejemplo de la DEA, era de suponer que estos deberían quedarse en favor de Bolivia para la lucha antidroga», insistió.

    Comentó que al margen de esta situación, el fin de semana en el cuartel de Chimoré se confirmó que las denuncias que tenía el presidente Evo Morales, eran ciertas, es decir que la DEA, más allá del apoyo logístico y generar información sobre el tráfico ilícito de drogas a nivel internacional, se entrometía en asuntos internos del país.

    El sábado, el Jefe de Estado, junto al viceministro Cáceres, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Cnl. Carlos Ruck, el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, y autoridades de Umopar, inspeccionó el estado de las oficinas que dejaron los funcionarios de la DEA.

    Cáceres fue claro al señalar que «la DEA violó los convenios, la Constitución Política del Estado y las leyes bolivianas porque interceptaban llamadas, lo que se llama pinchazos telefónicos, que no está permitido por las leyes bolivianas».

    Para la autoridad era un control político que realizaban los agentes de la DEA sobre las actividades que cumplía el Jefe de Estado en la región con los productores de coca, incluso de la llegada al Chapare del presidente venezolano, Hugo Chávez.

    Al ser consultado de cómo salieron estos equipos del cuartel de Chimoré, Cáceres respondió que los funcionarios o agentes de la DEA se anticiparon a los hechos, es decir, a la decisión del Presidente de suspender actividades del organismo de Estados Unidos, hecho que sucedió el 2 de noviembre.

    Reveló que dos días antes de que el Presidente haga conocer la decisión de suspender las actividades de la DEA en Bolivia, en dos vehículos tipo camionetas transportaron los equipos en cajas muy bien precintadas hacia Santa Cruz.

    En criterio de Cáceres, probablemente estos equipos desde Santa Cruz fueron llevados a la Argentina, donde la Agencia Antidrogas de Estados Unidos instaló su base de operaciones.

     Mencionó que el área donde funcionaban las oficinas de la DEA en el cuartel de Chimoré, a 170 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, era restringida a los bolivianos, sobre todo, para las autoridades nacionales que no tenían acceso esas oficinas.

    Las oficinas serán adecuadas para dormitorios y oficinas a favor de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y la Fuerza de Tarea Conjuntas (FTC), la primera encargada de lucha contra el narcotráfico y la segunda a la erradicación de coca excedente.