Medida torpe e inoportuna

Editorial El Nuevo Día.

¿Tiene que correr sangre cada vez que el Gobierno toma una decisión? Obviamente, si el método es la sorpresa, la falta de previsión y la ausencia total de coordinación con los principales afectados, el desenlace no puede ser otro que la violencia.

Eso es justamente lo que ha ocurrido con el decreto 29836 emitido la semana pasada que, de un momento a otro, ha puesto en peligro el trabajo de 15 mil personas en el país, ha provocado tensión en la frontera con Chile, grandes pérdidas económicas y una molestia muy fuerte que no han conseguido disimular las autoridades chilenas.



Nadie cuestiona la intención del decreto, destinado a frenar el abismal crecimiento del parque automotor en Bolivia, que se duplicó en siete años y que ahora supera las 800 mil unidades en todo el país. Este fenómeno surgido a raíz de la explosión del comercio de los automóviles usados, no sólo provoca graves problemas en el tráfico en los centros urbanos, es también una fuente de contaminación impresionante. Pese a ello, en el país nadie desconoce que la verdadera motivación de la medida gubernamental es la crónica escasez de combustible y la incapacidad de incrementar la producción a corto plazo. De todas formas, esta última razón no invalida a las anteriores.

Por todo lo expuesto, si el Gobierno actuara con suficientes niveles de planificación, sería capaz de convencer a la opinión pública sobre la coherencia de una medida de estas características, con el fin de evitar las convulsiones sociales que ya provocaron la muerte de una persona y dejaron decenas de heridos.

Los problemas no sólo se han presentado en el territorio nacional. En los puertos chilenos de Arica e Iquique, donde los mayores volúmenes de carga son generados por el mercado boliviano, especialmente el de vehículos usados, hay molestia por la forma intempestiva con la que actuó el Gobierno boliviano. En las diferentes zonas francas de esas ciudades hay por lo menos 13 mil automóviles que estaban aguardando para ingresar a Bolivia y ahora no podrán hacerlo por la prohibición. Empresas chilenas habían hecho grandes inversiones para encarar el crecimiento del comercio en la zona y calculan que cerca de cuatro mil puestos de trabajo serán afectados sólo en Iquique. Francisco Vidal, vocero del gobierno chileno y uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Bachelet reaccionó molesto por la acción boliviana y la calificó como un “obstáculo a la integración de ambos países”.

Las autoridades responsables de aplicar esta restricción han anunciado que la mantendrán a pesar de las protestas y los bloqueos que se han estado produciendo. Es difícil entender la firmeza del Gobierno en este caso que exigía tan sólo actuar con algo menos de torpeza, cuando la permisividad se campea en asuntos tan serios como la producción de coca que se destina al narcotráfico y el contrabando.

Es difícil entender la firmeza del Gobierno en este caso que exigía tan sólo actuar con algo menos de torpeza, cuando la

permisividad se campea en asuntos tan serios como la producción de coca que se destina al narcotráfico y el contrabando