¿Sepultar la verdad?

Editorial de El Nuevo Día.

Rodolfo Mattarollo, titular de la comisión de Unasur que investigó los sucesos de Pando, le pagaron para que cumpla un papel específico y lo ha desempeñado a cabalidad, al punto que ha dejado plenamente satisfecho al presidente Morales. Pero pese a que su rol es vergonzante, porque se trata de una pantomima descarada, el ex guerrillero tuvo la decencia de afirmar que su trabajo es incompleto y que de ninguna manera pretende sustituir al trabajo del Ministerio Público de Bolivia, único con autoridad y jurisdicción para llegar a la verdad de lo ocurrido el 11 de septiembre en Porvenir y otras comunidades pandinas, donde se produjo un número aún no determinado de muertos y heridos.

Por eso es que son descabelladas las afirmaciones del Primer Mandatario y de algunos ministros que sugieren tomar como base este informe para sustentar el proceso judicial contra los supuestos implicados en el caso Pando. Si ese fuera el caso, no hay más que hacer que dictar sentencia contra quienes el mismo gobierno ha sindicado de culpables a través de su aparato de comunicación que incluye videos montados y testimonios fingidos. Es impresionante la coincidencia existente entre los resultados obtenidos por Mattarollo y las conclusiones que sacó el oficialismo a pocas horas de los tristes acontecimientos. Hay que reconocer, sin embargo, que la comisión de Unasur le agrega sus propios condimentos de dramatismo como la presunta muerte de niños que fueron arrojados al río, hechos de violación y decenas de desaparecidos, ninguno de ellos respaldados con pruebas. Además se toma la libertad de sugerir procedimientos contrarios a las leyes bolivianas.



De consolidarse este informe como una evidencia, las muertes de Pando, que sí existieron y cuyos culpables merecen castigo, quedarán en el más absoluto oscurantismo, pues Unasur y el Gobierno no han hecho más que tratar de echarles tierra a las pruebas y acallar a los testigos. El ministro Quintana, el verdadero instigador de la violencia, quedaría en la impunidad para siempre; las muertes de dos funcionarios de la Prefectura y de un pastor evangélico pasarían al olvido y la connivencia de militares y policías, en la nebulosa. El Poder Ejecutivo hace bien en mantener bajo acuartelamiento al departamento norteño, porque con este tipo de “esclarecimiento” las esperanzas de pacificación son muy remotas.

Finalmente, a qué dignidad aspira el presidente, si su Gobierno es incapaz de respetar la división de poderes y confiar a la justicia boliviana la búsqueda de la verdad. Lo que hace, en cambio, es escudarse en un ente que aún no tiene consolidación jurídica, en un extranjero con pésimos antecedentes delictivos y en un trabajo que insulta la inteligencia de los bolivianos. ¿Por qué no da una lección de soberanía y de democracia y restablece el funcionamiento pleno del Poder Judicial, para que todos en el mundo se enteren de que en Bolivia existen las garantías para vivir en un estado de derecho?

Son descabelladas las afirmaciones del Presidente y de algunos ministros que sugieren tomar como base el informe de Unasur para sustentar el proceso judicial contra los supuestos implicados en el caso Pando. Si ese fuera el caso, no hay más que hacer que dictar sentencia.