Unionistas a la cárcel; el Gobierno apunta a Costas y Marinkovic

Persecución. Los tres jóvenes fueron enviados al penal de San Pedro, en La Paz. El ministro Rada pidió a la Fiscalía que investigue al prefecto. Lo acusa de ser autor intelectual de la agresión a Wilge Obleas

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Caso. El sábado, el juez Dávila ordenó la detención de los cívicos chaqueños; ayer, una magistrada lo hizo con los cruceños



El Deber

Marco Chuquimia/Leo Vegas

Los tres unionistas cruceños acusados de golpear al ex comandante de la Policía de Santa Cruz Wilge Obleas fueron enviados ayer por la tarde al penal de San Pedro, por instrucción de la jueza Margot Pérez. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, intenta involucrar en este caso al prefecto Rubén Costas y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, porque los considera autores intelectuales del hecho. En contra de este último también se presentó una querella penal, acusándolo de participar en el supuesto atentado a un gasoducto en la región del Chaco

Después de la audiencia, a la que asistió el Alto Mando policial y al menos 20 jefes de esa institución, el titular de la cartera de Gobierno dijo que presentó pruebas ante el Ministerio Público para que determinen la responsabilidad de Costas y Marinkovic en la agresión a los jefes policiales.

Por su parte, desde Puerto Suárez el prefecto de Santa Cruz indicó que el encarcelamiento de algunos líderes autonomistas es un intento del Gobierno por amedrentar a los que piensan diferente a ellos y generar un clima de inestabilidad en el país.

“Están temerosos de perder (en el referéndum por el proyecto de Constitución) y están encarcelando a nuestros líderes; buscan asustarnos y que reaccionemos torpemente, porque quieren que haya incertidumbre, angustia y enfrentamientos”, señaló Costas.

La aprehensión de los unionistas se produjo el viernes, un día después de que la justicia ordenara la reclusión del presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, que es acusado de participar en la explosión de un ducto en Villa Montes.

La jueza Pérez instruyó el encarcelamiento de los unionistas por considerar que existía riesgo de fuga y porque la defensa no logró acreditar el trabajo ni domicilio de David Yuli (de 23 años), Jorge Brasil Vargas Vaca (21) y Julio César Zenteno (17), que fueron detenidos el viernes por la tarde y trasladados a La Paz.

A pesar de que el abogado defensor, Rolando Rojas Rivero, planteó un recurso de excepción de incompetencia en razón de territorio porque, argumentó, el ‘juez natural’ para atender el caso está en Santa Cruz y que, en la capital cruceña, los detenidos tendrán las mismas oportunidades de defensa, esta demanda debe resolverse en cinco días hábiles y las partes ya fueron notificadas, informó la jueza.

Asimismo, el jurista afirmó que en el transcurso de la semana planteará otro recurso de excepción para exigir la libertad de sus detenidos, ya que él fue contratado el sábado, a las 17:00, y la inactividad judicial impidió diseñar otras estrategias. Además, hizo notar que la jueza Pérez tomó el caso porque era la autoridad de turno, porque el caso corresponde al Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, a cargo de Marcela Siles.

Los querellantes de esta causa son el general Miguel Gemio, el ex comandante departamental de Santa Cruz Wilger Obleas y los capitanes Basualdo y Moreno, que eran ayudantes de las dos autoridades, respectivamente, y cuyos abogados fundamentaron la acusación junto con el fiscal Isabelino Gómez, que es parte del equipo de ‘superfiscales’ que investiga los hechos de violencia ocurridos en agosto y septiembre.

Los abogados adujeron que el Ministerio Público no tiene pruebas para afirmar de forma contundente que sus clientes estuvieron en el lugar de los hechos el día de la agresión al jefe policial (el 15 de agosto); pero la jueza, cuando fundamentó su resolución, afirmó que la defensa tampoco pudo demostrar que sus clientes estaban en otro lugar y, por lo tanto, existe la ‘probabilidad de participación’ en los ataques sufridos por los jefes policiales. Además, Rivero calificó como ‘un exceso’ la cantidad de delitos que supuestamente cometieron los jóvenes cuando atacaron a los jefes policiales.

Investigan a otras cinco personas

Para el comandante general de la Policía, Miguel Gemio, los agresores del entonces jefe policial en Santa Cruz, Wilger Obleas, no son sólo los tres muchachos que fueron enviados a la cárcel, sino que son muchos más y la Fiscalía es la que tiene que dar con todos los autores del hecho.

Según el informe de los investigadores, existen otros cuatro o cinco ciudadanos que están involucrados directamente, y que, al margen de ellos, están los autores intelectuales, a quienes buscan identificar en las próximas semanas.

La jueza Margot Pérez dijo que, por las imágenes que se vieron en la televisión y que fueron presentadas en la audiencia, hay más personas que participaron, pero corresponde a la Fiscalía identificarlos.

A su vez, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que existe una investigación sobre esas agresiones que no culminará hasta dar con los responsables materiales e intelectuales. Aseguró que entregaron el material de lo ocurrido en Santa Cruz a los cinco ‘superfiscales’, para que evalúen las pruebas para determinar si hubo participación del prefecto y de la dirigencia cívica.

   Procesados  

Por tres muertes en Pando

Leopoldo Fernández

Jorge Lengua Áñez

Olman Pino Soria

Máximo Ayllón Martínez

Rosendo Domínguez Deromídes

Melitón Brito Ferreira

Homer Polanco Ventura

Felipe Vigabriel (liberado)

Agapito Vira Cuéllar

William Mosuco Rodríguez

Felsin Fernández Medina

Ademar Herrera Guerra

Oswaldo Valdivia Avariaga

Hugo Apaza Sahonero

Néstor da Silva Rivero

Ronald Mosuco Rodríguez

Abel Janco Cáceres

Danilo Huari Cartagena

Caso peculado en Pando

Juan Marcelo Mejido Flores

Gerardo Aliaga Paredes

Caso Yacuiba

José Germán Vaca Ortiz

Jimmy Esteban Benítez (liberado)

Reynaldo Bayard

Gonzalo Salazar

Golpiza a jefes Policiales

David Yuli

Jorge Brasil Vargas Vaca

Julio César Zenteno

Caso Riberalta

Jorge Melgar

Caso soldado muerto

Leopoldo Fernández

Máximo Ayllón Martínez (liberado)

Felipe Vigrabiel (liberado)

Agapito Viera Cuéllar (liberado)

Osvaldo Valdivia (liberado)

Rada pregunta por qué se preocupan los prefectos

RESPUESTA • Carlos Dabdoub dice que ese sentimiento no es prefectural, sino del pueblo.

La Razón

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se preguntó ayer por qué están preocupados los prefectos que a su juicio hicieron un cabildeo para presentar en el Parlamento una ley de amnistía.

“De poco van a valer algunas arengas que estoy escuchando del señor (Rubén) Costas y no sé qué otras personas más que tratan de politizar este tema (los enjuiciamientos a cinco prefectos). Escuché esas mismas palabras del señor Mario Cossío (prefecto de Tarija) hace algunas semanas”, dijo Rada a radio Erbol ayer.

El ministro agregó: “Yo mismo denuncié que Cossío está haciendo un cabildeo en el Parlamento para presentar un proyecto de ley de amnistía, ¿por qué lo está haciendo?, ¿por qué Cossío está tan preocupado con este tema del atentado? Resulta que Cossío lanzaba declaraciones en las que decía que no iba a permitir que sea detenido (el cívico) Reynaldo Bayard, pues ahora Bayard está detenido y va a ser remitido a San Pedro”.

La autoridad se refirió más adelante al Prefecto de Santa Cruz. “No tienen sentido las arengas que está lanzando el señor Costas, que parece también estar muy preocupado. Yo digo: ¿por qué está tan preocupado Costas? Qué hay en esto. La averiguación dirá que hay”.

Ante esto, Carlos Dabdoub, secretario departamental de Autonomía de Santa Cruz, respondió que es la población la que está preocupada. “Quien está preocupada es toda la población, por la forma en que se está maltratando la justicia, la forma como no se cumple con las leyes y la Constitución. No hay seguridad jurídica para defenderse, por lo tanto todo el mundo está preocupado porque ya nadie puede contar con la justicia”.

Ante una eventual aprehensión de Cossío, el secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, indicó que asumirán la defensa de la autoridad “en las instancias legalmente establecidas, sabiendo que no se puede penalizar la lucha política. Estamos entrando en un camino muy parecido a un régimen dictatorial”.