Caso Urresti: asesinos gozan de protección oficial

Denuncian que fiscales que investigan caso Urresti son parientes de Quintana y Gumucio.

Hay desigual tratamiento en la investigación de las muertes del 11 de enero

Familiares aseguran que los fiscales Julio y Carvallo no avanzaron en las investigaciones para dar con los autores de la muerte del joven.



Periódico Opinión

Darynka Sánchez A.

El escaso avance en las investigaciones del caso de linchamiento de Christian Urresti, durante los luctuosos hechos del 11 de enero de 2007, provoca dudas, sospechas y desconfianza en la familia, los amigos y en quienes esperan que este caso sea esclarecido con la identificación, aprehensión, juzgamiento y sentencia de los asesinos.

De acuerdo a ley, una causa no debe durar más de tres años desde la etapa de la investigación, la acusación, la fase preparatoria, el juicio, la sentencia en primera instancia y la sentencia ejecutoriada. En el caso Urresti, a dos años del asesinato del adolescente, ni siquiera se ha logrado concluir la etapa de investigación en este proceso y menos aún se ha identificado a los asesinos para acusarlos formalmente y preparar un juicio para ellos.

Diferentes fiscales asumieron la investigación del caso sin lograr avances reales. Primero fue Marco Cossío que renunció, luego Lilian Ferrufino contra la que hubo quejas por haber escondido los identikits durante 10 meses y por haber cerrado el caso. El 11 de abril de 2008, el Fiscal de Distrito César Cartagena encomendó la investigación a los fiscales Mauricio Julio y Ximena Carvallo, quienes reabrieron el caso revisando todo el expediente dejado por Ferrufino, solicitando ampliatorias de declaraciones a los testigos y convocando a nuevos testigos.

Sin embargo, en 9 meses de trabajo tampoco han logrado identificar a quienes golpearon con un bate de béisbol y palos a Urresti, ni a quienes lo estrangularon e intentaron colgarlo de un árbol. Extraña que no se esclarezca este caso, sobretodo porque existen testigos, testimonios, retratos hablados de los asesinos, vídeos y datos suficientes para una búsqueda seria de los culpables.

Lazos familiares

Para la familia Urresti, la demora en la identificación de los asesinos de Christian, sólo pretende que se cumplan los tres años previstos para la extinción de la causa y teme que “intereses políticos” sean los que impiden el esclarecimiento del caso.

Revelaron que el fiscal asignado a la investigación, Mauricio Julio Quintana, es primo del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y la fiscal Ximena Carvallo Gumucio, es sobrina de la ex Delegada Presidencial en Cochabamba, Kattia Gumucio.

“No vemos avances reales, los fiscales Julio y Carvallo no rectificaron ni reencauzaron lo que no hizo la fiscal Lilian Ferrufino, no han convocado a declarar a más de 10 policías y civiles que son citados por algunos testigos; demoraron 16 días en allanar la casa del camarógrafo que filmó todo dándole tiempo para esconder cualquier cinta, no convocaron a declarar al dirigente que contrató al camarógrafo y que tiene el vídeo. En fin, nuestro temor es que quieran cerrar el caso, sin haber hecho lo básico para esclarecerlo”, expresaron los parientes.

Lo que no se hizo

El testigo principal de la muerte de Urresti, vio a un hombre golpearlo en la cabeza con un bate. Este testigo hizo un identikit del hombre del bate pero hasta el momento el retrato hablado, (el séptimo) no ha sido difundido.

Los otros siete identikits tampoco han sido sometidos a una comparación fotográfica con la base de datos de Identificación Personal de la Policía, para poder dar con su paradero. Extraoficialmente se sabe que estos 6 identikits, no son similares a los originales, elaborados a mano alzada, donde los sindicados parecen de mayor edad.

Camarógrafo

En junio de 2008, le tomaron declaraciones al camarógrafo Wagner Rivero, identificado por varios testigos como el hombre que estaba en la escena del crimen, filmando. El fiscal Mauricio Julio salió de vacaciones y la fiscal Ximena Carvallo, en lugar de allanar de inmediato la casa del camarógrafo, esperó que su colega volviera de su descanso. El allanamiento se efectuó 16 días después de las declaraciones de Rivero. La familia Urresti objeta esta demora, que da tiempo de sobra a cualquier sospechoso, para deshacerse de pruebas o copias del vídeo.

El camarógrafo Wagner Rivero declaró que fue contratado por la Federación del Trópico para filmar lo ocurrido en las calles el 11 de enero y que dejó la cinta original en el escritorio de la institución, el mismo día. Hasta la fecha, no se ha convocado al ex dirigente de la Federación del Trópico Julio Salazar ni a su directorio, para averiguar dónde está la filmación de Rivero, ni para revisar su contenido y compararlo con su versión.

Tampoco se ha convocado a declarar a varias personas civiles que fueron citadas por Wagner Rivero, como la gente que lo acompañó el 11 de enero, para de esta manera, corroborar sus coartadas.

Llamadas misteriosas

La fiscal Ferrufino requirió a una empresa telefónica el registro de las llamadas entrantes y salientes del celular 72230099 entre el 10 y el 15 de enero (importante para la investigación), pero no pidió que se identifique a los propietarios de las llamadas entrantes ni a quiénes fueron llamados desde el teléfono móvil investigado.

Los fiscales Julio y Carvallo no enmendaron el error y hasta el momento no se sabe quiénes llamaron al dueño del número antes señalado ni a quiénes llamó él.

Informes no requeridos

El 11 de enero de 2007 habían varios policías de Inteligencia, vestidos de civil y mimetizados en los enfrentamientos. No se han recabado sus informes ni se citó al Jefe de Inteligencia de ese tiempo. Varios policías de uniforme que estaban en el sector donde mataron a Urresti y que según testigos no hicieron nada por ayudar al joven, tampoco fueron convocados a declarar, excepto cuatro. Faltarían al menos unos diez efectivos, entre ellos un subteniente de apellido Zenzano que está en la ciudad de La Paz y que según un testigo estaba a pocos metros de la turba, cuando ésta intentó colgar al joven del árbol.

Hay desigual tratamiento en la investigación de las muertes del 11 de enero

En un juicio lleno de irregularidades, un hombre fue sentenciado a 14 años de cárcel por la muerte de Juan Ticacolque. En el caso de Luciano Colque, la investigación ya fue cerrada porque no hay testigos ni probables autores. En el caso Urresti, a pesar de haber testigos y vídeos, la investigación sigue en cero.

Darynka Sánchez A.

Hoy domingo 11 de enero, se cumplen dos años de una de las fechas más oscuras y dolorosas de la historia de Cochabamba, sobre todo por la crueldad con que grupos de bolivianos se enfrentaron en esta ciudad y porque tres personas fueron asesinadas aquel día: Luciano Colque, Juan Ticacolque y Christian Urresti.

En el caso de Luciano Colque, que murió 45 días después de la terrible golpiza en la que le fracturaron el cráneo y le provocaron la pérdida de masa encefálica, la investigación ya ha sido cerrada porque ninguno de los testigos del brutal ataque, ha logrado recordar los rasgos somáticos de los asesinos.

“Diferencias”

Desde el principio, las diferencias en la investigación y el tratamiento de los casos Urresti y Ticacolque, fueron abismales. En el primer discurso oficial después de los enfrentamientos del 11 de enero, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, lamentó la muerte del productor bananero y prometió una sentencia para Alex Rosales, pero ignoró deliberadamente la de Urresti, pues ni siquiera la mencionó.

Dos ministras del Ejecutivo y otras autoridades departamentales siguieron de cerca la autopsia de Juan Ticacolque y la audiencia de medidas cautelares de Alex Rosales, el sindicado de la muerte de Ticacolque. Sin embargo, ninguna de estas autoridades estuvo presente en la autopsia de Christian Urresti, practicada el mismo día.

A pesar de que nadie vio a Alex Rosales disparar contra Ticacolque y de la existencia de varias incongruencias e irregularidades en cuanto a las pruebas, la investigación avanzó rápidamente. En cuestión de 10 meses se pasó a la etapa preparatoria, al juicio oral y a la sentencia.

En cambio, en el caso de la investigación del linchamiento de Christian Urresti, dos años después de su muerte, el proceso sigue en etapa de investigación y los fiscales analizan el rechazo de la denuncia o querella, porque no han podido individualizar a los autores, a pesar de existir identikits, vídeos, testimonios y testigos.

Diferentes fiscales fueron asumiendo la investigación del caso Urresti, pero sin lograr avances reales, primero fue Marco Cossío que renunció, luego Lilian Ferrufino contra la que hubo quejas por haber escondido los identikits durante 10 meses y desde el 11 de abril de 2008, Mauricio Julio y Ximena Carvallo reabrieron el caso.

«Son nueve meses desde la reapertura, pero no hay avances, se han hecho algunas entrevistas muy tibias, pero siguen sin identificar a los que mataron a Christian», manifestaron los parientes de Urresti, que hoy a las 11:00 de la mañana participarán de una misa, en memoria del joven asesinado, en el templo de la Recoleta y luego de una caravana pidiendo justicia, hasta la esquina de la calle Baptista y Mayor Rocha, donde el estudiante fue flagelado y ahorcado.

Dos años

En la casa de la familia Urresti nada ha cambiado desde el 11 de enero de 2007. Las secuelas físicas son apenas sobrellevadas por el padre de Christian, Nelson, que a dos años de la golpiza que recibió antes de que su hijo menor se tendiera sobre él para protegerlo con su cuerpo y así salvarle la vida, continúa sometido a 4 horas diarias de dolorosas terapias para recobrar la movilidad y la sensibilidad en sus brazos.

Sin embargo, las secuelas emocionales son las que más duelen y la falta de justicia lacera las heridas, todavía abiertas. Todos los jueves visitan el lugar donde el menor de sus hijos fue asesinado.

La familia se identifica con un escrito que circula por internet y que advierte que “el viejo árbol donde quisieron colgar al joven, las paredes de Santa Teresa y de la iglesia metodista, son los únicos testigos del sufrimiento de Christian que todavía están de pie, los demás prefirieron guardar el silencio de la complicidad, ése que nace del miedo y se carga como una cruz hasta el momento en el que Dios les pregunte ¿Por qué callaste?”.

Sin embargo, no pierden la esperanza de que fiscales, policías y testigos, cumplan con su misión de permitir que se haga justicia, sin ceder a las presiones políticas ni al fantasma del miedo.

Las irregularidades en el caso Urresti

* Los identikits o retratos hablados de las personas que arrebataron al joven de las manos de los médicos y el abogado que lo llevaban a una clínica, fueron escondidos durante 10 meses.

* Extraoficialmente se sabe que estos seis identikits, no son similares a los originales, elaborados a mano alzada, donde los sindicados parecen de mayor edad. No se ha realizado una comparación fotográfica entre los identikits y el registro de Identificaciones de la Policía.

* El testigo principal vio a un hombre golpear a Urresti en la cabeza con un bate y creyendo que ya estaba muerto, entró a su casa y no vio cuando fue ahorcado. Cuando llegaron algunos policías del PAC, salió de nuevo y al ver que el agresor del bate seguía en la escena del crimen, le hizo señas a un policía para que lo detuviera, pero éste no lo hizo. Otro efectivo se le acercó al agresor, le dijo algo en la oreja y el golpeador se fue del lugar, con el bate en la mano.

* Al día siguiente, el testigo fue conducido hasta la Unidad de Inteligencia de la Policía, donde fue interrogado de manera amenazante por un capitán que le advirtió que los policías no estaban allí para ayudar a los citadinos, sino solamente a los campesinos. El testigo se sintió amedrentado y desapareció, pero luego volvió y le contó todo a la madre de Urresti.

* El testigo hizo un identikit del hombre del bate que golpeó a Urresti, pero éste no ha sido difundido hasta ahora.

* En junio de 2008, el fiscal Mauricio Julio le tomó declaraciones al camarógrafo Wagner Rivero, identificado por varios testigos como el hombre que filmó la muerte de Urresti. El fiscal salió de vacaciones y la fiscal Carvallo no allanó la vivienda del camarógrafo. Esperó que vuelva el fiscal Julio y el allanamiento se efectuó 16 días después de la entrevista.

* La fiscal Ferrufino requirió a una empresa telefónica el registro de las llamadas entrantes y salientes del celular 72230099 entre el 10 y el 15 de enero (importante para la investigación), pero no pidió que se identifique a los propietarios de las llamadas entrantes. Los fiscales Julio y Carvallo no enmendaron el error.

* El camarógrafo Wagner Rivero declaró que fue contratado por la Federación del Trópico para filmar lo ocurrido en las calles el 11 de enero y que dejó la cinta original en el escritorio de la institución. Hasta la fecha, no se ha convocado al ex dirigente de la Federación del Trópico, Julio Salazar ni a su directorio, para averiguar dónde está la filmación de Rivero.

* Tampoco se ha convocado a declarar a varias personas civiles que fueron citadas por Wagner Rivero, como la gente que lo acompañó el 11 de enero, para corroborar sus coartadas.

* El 11 de enero de 2007 habían varios policías de Inteligencia, vestidos de civil y mimetizados en los enfrentamientos. No se han recabado sus informes ni se citó al Jefe de Inteligencia de ese tiempo. Varios policías de uniforme que estaban en el sector donde mataron a Urresti y que según testigos no hicieron nada por ayudar al joven, tampoco fueron convocados a declarar, excepto cuatro. Faltarían al menos unos diez efectivos.

Fiscal: caso Urresti no se esclarece “porque los testigos tienen miedo”

El fiscal asignado a la investigación del caso Urresti, Mauricio Julio, admitió que los avances en la identificación de los asesinos no han sido cualitativos, aunque se tomaron nuevas declaraciones y se efectuaron actuaciones nuevas como el allanamiento a la casa del camarógrafo que fue identificado por algunos testigos como el hombre que filmaba en la esquina de la calle Baptista y Mayor Rocha.

Julio sostuvo que los obstáculos que impiden avanzar e identificar a los autores del linchamiento del joven estudiante, están relacionados con el temor de los testigos que no se animan a entregar vídeos y que a pesar de que cuentan lo que saben a algunos medios de comunicación y a la misma familia, en la Fiscalía, no declaran los mismo por el miedo que sienten, ha pasado el tiempo pero el temor no ha cambiado en los testigos y eso perjudica la investigación”, advirtió.

Amenazas

Un ejemplo de las consecuencias de rendirse ante el temor es el caso de la vecina Jackeline Martínez, quien declaró públicamente ante la unidad móvil de un canal de televisión, que albergó a Urresti en su casa, que le pidió permiso al camarógrafo Wagner Rivero para sacar al joven malherido y que cuando lo llevaban a la clínica con ayuda de dos médicos, una enfermera y un abogado, les fue arrebatado nuevamente por un grupo que lo linchó estrangulándolo.

La vecina dijo que el camarógrafo filmaba todo y que incluso tenía imágenes de su casa, pues entró para verificar que había un adolescente que sangraba profusamente de la cabeza. La testigo, también involucró al senador Omar Fernández, al que vio en la noche, felicitando a los campesinos que le contaban que allí mataron al “camba”. Sin embargo, la mujer fue amenazada de muerte y ya no quiso declarar ante la Fiscalía.

Como ella, existen varios testigos que vieron a los asesinos y brindaron datos para la elaboración de los identikits, pero se rehúsan a reconocerlos plenamente en fotos o “en vivo”, porque están atemorizados.

Lamentablemente, si bien la protección a testigos es una norma en el país, “en los hechos ni siquiera existen recursos para la protección de los fiscales y no podemo0s ofrecer garantías a nadie”, indicó el fiscal.

¿Caso cerrado?

En cuanto a la posibilidad de cerrar el caso Urresti, el fiscal dijo que esa decisión debe ser asumida en una reunión con su colega Ximena Carvallo, que está de vacaciones, luego de una evaluación de los avances y de algunas otras actuaciones que realizarán la próxima semana.