Comisión congresal maneja 6 muertos menos que Unasur

La comisión de diputados que indaga los hechos violentos de Pando, en septiembre del 2008, finalizó su pesquisa y estableció que fueron 13 fallecidos. El reporte de Unasur señala que se registraron 19 muertos.

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• INGRESO DE MILITARES • Tras el arribo militar a la terminal aérea de Cobija, fallecieron un soldado y Pedro Oshiro (foto).



La comisión de la Cámara Baja registró 13 personas fallecidas en los hechos violentos de Pando, en septiembre del 2008, seis menos que el número de muertos que señala el informe de la comisión de la Unasur.

“Son 13 los ciudadanos que perdieron la vida, corroborando los exámenes médicos forenses”, informó el diputado por el MAS Gonzalo Lazcano, quien forma parte de la comisión congresal.

Mientras, la diputada por Podemos Lourdes Millares, quien dijo que ya no pertenece al grupo investigador, indicó que en primera instancia se manejaba 17 fallecidos. “Sin embargo, ahora entiendo que son 13”, manifestó.

El informe presentado por la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la pasada gestión, asegura que son 19 personas las que perdieron la vida durante los hechos violentos acontecidos en septiembre.

El presidente de la comisión, René Martínez, aseveró que no puede anticipar ninguna información al respecto “mientras no se pueda oficializar esta sesión (de la Cámara de Diputados) para presentar un documento que (nos) respalde”, afirmó.

Al margen de los 19 cuerpos registrados por Unasur, el informe considera la posibilidad de que haya tres adicionales: “El ‘cochalo’ velado en la Federación de Campesinos; Wilson Sarzori, a través de un testimonio, y otra persona sin identidad que se conoció por un cuaderno de denuncias o querellas”.

Según el diputado Lazcano, el tema que está pendiente es el de los desaparecidos. “De acuerdo con las versiones, incluso hay niños desaparecidos, pero ése es el trabajo que el Ministerio Público tiene que realizar”.

El informe de Unasur coincide con los diputados en este aspecto. “No existen elementos de prueba suficientes para dar por establecida la existencia de casos de personas desaparecidas, no obstante de haberse recogido un importante número de testimonios”, se lee en una parte del documento. Asimismo, Unasur sugiere la profundización del tema, en sus conclusiones.

Lazcano explicó que las personas que dieron datos sobre las personas desaparecidas deben ser quienes aclaren este tema ante el Ministerio Público.

Ante versiones de que la comisión congresal paralizó su trabajo de investigación, el diputado Martínez explicó que su grupo de colegas terminó de indagar el caso, por lo que sólo queda presentar su informe final.

Anunció que se lo dará a conocer ante la opinión pública previa coordinación y presentación del documento ante el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.

Lazcano señaló que la comisión terminó con el trabajo de investigación porque ya se concluyó con las declaraciones, la recopilación de datos y la sistematización de la información. “Ya no hay nada nuevo que investigar”, sostuvo el congresista.

En septiembre, al menos 13 personas perdieron la vida luego de suscitarse hechos violentos entre sectores que apoyaban al Gobierno y cívicos autonomistas. El 12 de septiembre, el Ejecutivo declaró estado de sitio en el departamento de Pando.

Uribe presentó sus descargos

El fiscal general de la República, Mario Uribe, se presentó ayer ante el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados para negar una denuncia por complicidad interpuesta por las víctimas de los hechos de Pando.

´Mi autoridad no tuvo participación en la emisión y habilitación de este Auto porque es competencia de los ministros de la Sala Segunda en lo Penal y por esa razón niego el haber cooperado ese dictamen de ese Auto…´, aseveró Uribe.

Señaló, por otra parte, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley 2445, el caso del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández se debía manejar a través de un juicio de responsabilidades. Es decir que el caso debía ser manejado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, desmintió ser cómplice en la orden que dieron los ministros Ángel Irusta y José Luis Baptista, de llevar los antecedentes de Fernández a Sucre. LA RAZÓN