En las ternas propuestas por el Consejo de la Judicatura figuraban también juristas con méritos profesionales y sin insignias político-partidarias en la solapa.
Editorial La Prensa.
La democracia trasciende el límite de la mera formalidad. No basta ser elegido por el pueblo en las urnas, por mayoría simple o absoluta, para que el gobernante y su régimen se precien de demócratas y de mandar sobre una colectividad conforme a los principios inherentes a tan preciado título.
En la lista de tales principios figuran, en primer lugar, la independencia de los poderes públicos, en los cuales el pueblo delega sus facultades soberanas para que se gobierne en su nombre. Corresponde al Ejecutivo, entre otras cosas, conducir las relaciones exteriores, ejecutar y hacer cumplir las leyes, negociar tratados con otros países, proponer leyes al Parlamento, administrar las rentas nacionales, elaborar el Presupuesto General de la Nación y proponer planes de desarrollo.
El Poder Legislativo fiscaliza y legisla en los términos que le señala la Carta Magna. De igual modo, el Poder Judicial administra justicia, labor en la que sólo debe atenerse a lo que le señala la ley.
Tuvo que pasar cierto tiempo tras el retorno de la democracia, ocurrido en 1982, para que en la política boliviana, en cuanto a nombramientos en el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Ministerio Público y Contraloría General de la República, la “meritocracia” (tener en cuenta la experiencia y el mérito profesional del candidato al cargo) le empezara a ganar terreno a la “partidocracia” (la militancia político-partidaria como único y deleznable parámetro de selección). Es cierto que no se completó del todo el trayecto hacia una plena institucionalización de la función pública, pero de todos modos el recorrido significó un avance que corresponde destacar.
En algunos casos, a través de sus brigadas parlamentarias, no pocos gobiernos lograron colocar a partidarios en la Corte Suprema de Justicia, pero en otros no. En las ternas propuestas por el Consejo de la Judicatura figuraban también juristas con méritos profesionales y sin insignias político-partidarias en la solapa. Se afirmaba así, cada vez más, la independencia del Poder Judicial.
La meritocracia se imponía también en el proceso de designación del Contralor General, cuya labor de fiscalización del manejo de los recursos públicos acaso sea la que más exija condiciones de independencia total que la protejan de la influencia e intromisiones de los demás poderes en los asuntos que investiga.
Lamentablemente, el país ha ingresado en una fase de progresivo proceso de deterioro del sistema institucional del país. El Ejecutivo se entromete abiertamente en asuntos judiciales, marcándole el rumbo a ciertos jueces y fiscales respecto de casos determinados. Quiere pasar a controlar la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Acaba de apoderarse de la Contraloría General de la República al designar ilegalmente en estas funciones a un parlamentario del MAS.
Estamos ante lamentables señales de ruta hacia una hegemonía política total que el Gobierno querrá imponer tras el referéndum que, según adelanta, ganará el 25 de enero.