Gobierno: Demagogia económica a cambio de votos

En un año de crisis, Evo regalará Bs 100 a las familias con un hijo.

Los empresarios privados y una ex autoridad critican la medida por electoralista.

El subsidio del programa tendrá un costo de 80 a 100 millones de dólares anuales.

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Entrega: una niña recibe el Bono Juancito Pinto en la escuela Fernando Melgar, en Santa Cruz

La Prensa

A pesar de que el 2009 será un año de crisis económica, el Gobierno, bajo el denominativo de Bono Familia, entregará un subsidio de 100 bolivianos mensuales a las familias que tengan un hijo menor de seis años y 25 bolivianos por cada hijo adicional.

Según un informe del Ministerio de Planificación, el objetivo de la transferencia es el de mejorar los niveles nutricionales de los niños o niñas y sus familias a través del incremento de los ingresos de los hogares.

La propuesta se enmarca en la Estrategia de Erradicación de la Extrema Pobreza. Si la familia tiene más menores, se le entregará 25 bolivianos adicionales por cada uno, hasta el cuarto hijo.

El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, confirmó que el programa será presentado por el presidente Evo Morales en febrero, y tiene el propósito de universalizar el acceso a la salud y acabar con la desnutrición infantil. “Inicialmente hay la propuesta de entregar un subsidio de 100 bolivianos”. La distribución estará condicionada a que las madres se comprometan a utilizar los recursos en la alimentación de sus hijos.

Los empresarios privados y una ex autoridad de Hacienda critican la medida por ser electoralista y porque endeudará más al país.Un analista cree que desde el punto de vista social es positiva.

La iniciativa se sumará a otra de similar característica que ya entrega la actual administración, como el Bono Juancito Pinto (200 bolivianos), que se distribuye a los niños en edad escolar hasta octavo de primaria. La Renta Dignidad llega a las personas mayores de 60 años, con 1800 bolivianos a los que perciben una renta de vejez y con 2.400 bolivianos a quienes no tienen otro ingreso.

El financiamiento de ambos beneficios, que en el primer caso asciende a 40 millones de dólares anuales y en el segundo a 200 millones de dólares, depende de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos que recibe el Tesoro General de la Nación (TGN) y del aporte del 30 por ciento de los ingresos del Gobierno, prefecturas, y alcaldías.

Según la propuesta, la ayuda beneficiará a 387.623 hogares en el ámbito urbano y rural, y representará un costo de 80 a 100 millones de dólares anuales.

Delgadillo explicó que la fuente de financiamiento provendrá de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posiblemente de la Unión Europea.

Con ese objetivo informó que en un reciente encuentro con los organismos internacionales se hizo conocer la propuesta y existe predisposición de apoyarla. Fuentes del Banco Mundial consultadas por La Prensa mencionaron que el tema y la estrategia integral de apoyo al país para este año están en plena evaluación para su aprobación.

El Poder Ejecutivo busca que los recursos lleguen en calidad de donación y créditos, y la contraparte del TGN se originará en los ingresos que se puedan obtener de la minería e hidrocarburos. Estos dos sectores ya enfrentan los efectos de la crisis financiera internacional, con una caída de los precios del zinc, del estaño y del petróleo. Las cooperativas, empresas medianas y chicas, dedicadas a la actividad extractiva, dejaron desempleadas al menos a 10.000 personas. Desde este mes, el precio del gas exportado a Brasil bajó de ocho a 6,20 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica) y a la Argentina, de diez a 7,80 dólares.

Delgadillo aseguró que a pesar de la caída de los precios internacionales y el déficit fiscal que se pueda presentar este año existen los recursos para impulsar este programa social. “Los ingresos están garantizados, puede haber algún déficit, pero habrá inversión. La clave está en la capacidad de gestión y administración con sectores sociales, clases medias, empresarios y regiones”.

El impacto que espera lograr el Gobierno con el Bono Familia es la reducción de la extrema pobreza en al menos 14 puntos porcentuales hasta 2015.

Los datos oficiales muestran que este grado de pobreza en 2007 afectaba al 37,7 por ciento de la población, pero con las transferencias se bajará ese porcentaje a 23,6 por ciento el 2015.

Eso significa que para ese año se espera que existan 2,7 millones de personas en esa condición de pobreza.

De acuerdo con el diagnóstico, los problemas que enfrenta el país en esta materia se refieren a madres gestantes y niños desnutridos sin atención de salud. Además, menores con alto riesgo en su desarrollo biológico, intelectual, neurológico y emocional. Esto a su vez genera problemas de desigualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Críticas

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, calificó la iniciativa del Gobierno de electoralista y auguró que no tendrá ningún resultado positivo en la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de los niveles nutricionales.

De aprobarse la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el referéndum del próximo 25 de enero, el presidente Evo Morales quedará encaminado para buscar la reelección.

Dabdoub agregó que es cuestionable que en un año de crisis económica se tenga que regalar plata a costa del endeudamiento del país, porque son recursos que algún día tendrá que devolverse a los acreedores.

El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez coincidió en decir que la entrega de un bono de esta naturaleza tiene un objetivo político y es antieconómico en tiempos de desaceleración económica. ”El país debería prestarse plata de los organismos internacionales para algo productivo y no para regalar dinero. Si se va a financiar este tipo de programas, debería ser con plata del país”.

Añadió que con esta clase de bonos, lo único que se hace es dar prioridad a iniciativas asistencialistas que sólo tienen como resultado que la gente se acostumbre a esperar a que el Estado le regale dinero sin hacer nada.

“La filosofía del programa puede ser buena, pero no a costa de endeudamiento. Además, si el Estado regala la plata, la gente no tiene incentivos para trabajar”.

El economista Alberto Bonadona opinó que estas transferencias pueden ser positivas para la reducción de la pobreza, sin embargo, se debe garantizar que los mecanismos de seguimiento y evaluación sean eficientes. Esto para que los recursos cumplan con el objetivo para el que fueron creados, que es el de reducir los niveles de desnutrición en los hogares.

“En Bolivia, mucha gente está desnutrida hasta que se muere, por lo tanto, la medida que prepara el Gobierno es positiva. Ahora se deben ver los controles que se implementarán”.

OPINIONES

Gabriel Dabdoub

CEPB

Todos los recursos que se presta el país se deben devolver, no significa que nos los van a regalar. El bono que quiere regalar el Gobierno es político, y sólo busca el voto y fomenta el rentismo. Al Ejecutivo no le interesa la nutrición, su único fin es electoral y entrega un bono hipotecando al país.

Waldo Gutiérrez

Ex ministro de Hacienda

Es una medida antieconómica, estamos en época de crisis y no es una política sostenible. Lo peor es endeudarse para regalar plata; si uno se presta, debe ser para algo productivo. Seguimos con subsidios en lugar de generar políticas de empleo. Esto hace que la gente se vuelva ociosa y que el Estado resuelva todo.

Alberto Bonadona

Analista

Es una medida interesante y puede tener resultados positivos desde el punto de vista social, porque la desnutrición es un problema crónico. Si es para ese fin, el Banco Mundial puede prestar recursos con intereses bajos. El modelo que se sigue ya se hizo la prueba en México, y está sujeto a resultados.

LOS DATOS

El Gobierno afina la elaboración de su Estrategia de Erradicación de la Extrema Pobreza.

El plan incluye programas sociales, productivos y de acceso a la vivienda.

La oferta se enmarca en los postulados para que la población pueda “vivir bien”.

La CEPB y un ex ministro dicen que la medida en un año de crisis es electoralista.