La transparente corrupción

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La corrupción riesgosa, avezada, maloliente, se muestra uña y mugre con algunos círculos del poder de Gobierno. Los 33 camiones de contrabando con los que se implicó al ministro Quintana son sólo una de las puntas del ovillo, antes hubieron pasaportes, tractores, casas de planes de vivienda social que no han sido esclarecidos, casos que han sido más bien interferidos por influencia del Ejecutivo para que las investigaciones no avancen.

Ahora, en medio del controvertido resultado del referendum por constitución, estalla un caso estelar por las características que toma de la conformación de un verdadero cartel de tráfico de influencias, que tiene ramificaciones criminales y de verdadera mafia.



Esta es otra punta del ovillo de la corrupción que opera abiertamente en torno al tráfico de influencias en un caso en el que se dio muerte a un joven empresario, Jorge O’Connor D’arlach, quien murió acribillado a sangre fría.

El caso tiene ribetes de verdadero escándalo, porque el empresario habría recibido una millonaria adjudicación en un contrato realizado entre la empresa Catler Uniservis e YPFB por la construcción de una planta separadora de líquidos, por nada menos que 86 millones de dólares.

Todo indica que estaríamos frente a una verdadera mafia en la que la empresa Catler Uniservis recibió la adjudicación de un trabajo por el DS 29564 sin tener domicilio, tratándose de una empresa fantasma creada sólo para consolidar la estafa al Estado y en supuesta complicidad con altos funcionarios del Gobierno.

El asesinato tuvo como móvil el apoderarse de 450.000 dólares que habían sido retirados del banco Unión para hacer una extraña transacción, posible pago de coima, y aquí comienza la historia porque esto ocurrió en un domicilio particular propiedad de Javier Nava Doria Medina, cuñado del Presidente de YPFB Santos Ramírez.

Los autores intelectuales del crimen, resultaron ser dos sobrinos del mismo ministro Santos Ramírez, uno de ellos Luis Fernando Córdova Santibañes, que además fue quien firmó como gestor y apoderado del empresario Jorge O’Connor D’arlach en la licitación que ganó de manera ilegal y por la que cobró la cuantiosa suma de dinero, y que casualmente se encontraba en calidad de chofer del empresario en el momento del crimen.

El escándalo no termina aquí porque los vestigios de la corrupción están tan a flor de piel que no hay mucho que inferir, resulta muy fácil unir los hilos sin necesidad siquiera de tener que hilar muy fino.

Todo parece indicar que el dinero habría sido retirado en efectivo para pagar una coima, porque así se pagan estas transas de la que no pueden quedar evidencias. Pero también podemos inferir que los hermanos Córdoba y el propietario del inmueble que por supuesto estaban enterados de la operación, picados por la ambición, buscaron apoderarse del dinero mediante un acto criminal, pensando que el hecho no se esclarecería y que podrían incluso engañar pez gordo a quien iría destinada la alta suma a cuenta del arreglo.

Es fácil hacerse toda la película, e incluso el final probablemente de densa cortina de humo, tal vez se quemen los papeles para que como siempre todo quede inconcluso, aunque los bolivianos ya estemos estremecidos ante las evidencias de este cartel que está en los cimientos del poder y que convive con nosotros día a día a nombre del cambio, de la revolución cultural y del comportamiento.

O’Connor, es el ejemplo del empresario progre, que entra en relaciones de transa con el poder, razón por la que tiene que operar transacciones en dinero físico, que por la misma razón tiene que transportar enormes sumas sin resguardo policial y en el más absoluto secreto, de todos, menos de las partes que estaban involucradas en la transacción, hay por supuesto un pez gordo que contaba con supuestos hombres de "confianza", para recibir el diezmo destinado a sus servicios, que puede tener varios involucrados dentro de la empresa estatal nacionalizada YPFB; pero no creyeron que los cómplices verdaderos operadores del hampa le habían dado al dinero el destino de sus propios bolsillos.

Una novela policial con pelos y señales, una novela que está ocurriendo aquí y ahora en Bolivia, mientras el presidente de YPFB, Santos Ramirez ha desaparecido y no da declaraciones, el ministro de hidrocarburos Saúl Dávalos le da un portazo a la prensa diciendo que no dará ninguna declaración sobre el caso, el Ministro Rada titubea frente a las cámaras sin saber si debe lamentar que la policía haya sido tan efectiva en este operativo, el ministro Quintana se debate frente al ataque de sectores indígenas masistas, y vestido con camisa pandina declara con su mirada extraviada que conservará su puesto porque goza de la confianza del presidente.

Qué macana, que desastre de hombres rodean al Presidente, y encima él los defiende, permite que siga creciendo el estiercol de corrupción que ahora huele también a crimen.

Esto que parece una novela, está ocurriendo en Bolivia, en medio del escándalo del fraude, de los votantes inflados en el departamento de La Paz, de la tinta que no era indeleble por la que han sacrificado un pobre funcionario que será procesado, etc, etc.

Un funcionario de la fiscalía a cargo del caso se expresó en un raptus de sinceramiento: "Este caso es muy delicado y peligroso, involucra a personas de poder. No investiguen más".