Nueva Constitución desata pelea por la tierra

Se reinició pelea por la tierra en Santa Cruz. Tensión. Supuestos masistas tomaron un predio en la av. Piraí. La Alcaldía busca desalojarlos.

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En San Julián se suma otro foco de conflicto por la tierra



El Deber

Igor Ruiz/ J.Carlos  Salinas

El conflicto por la tierra se instaló en Santa Cruz de la Sierra, mientras que en la zona rural del departamento la situación es tensa y hay amenazas de toma de propiedades bajo el amparo de la nueva Constitución Política del Estado.

La invasión ocurrida el pasado jueves por un grupo de 200 personas, supuestamente afines al MAS, en los terrenos de Transredes-YPFB en la avenida Piraí, entre cuarto y quinto anillo, provocó que vecinos de los barrios aledaños tomen los 23.000 metros cuadrados de un predio municipal destinado a equipamiento terciario, donde además hubo amagos de enfrentamientos entre los loteadores.

Mientras esto ocurría, los dirigentes del partido de Gobierno negaron cualquier relación con los ocupantes y pidieron que la fuerza pública los desaloje.

Los ciudadanos asentados en esos terrenos revelaron que prepararon la toma de tierra hace dos semanas y que contaron con el aval del MAS desde La Paz, además de tener en la mira otros 17 lugares dentro de la ciudad.

“Dos semanas antes de tomar estos terrenos ya estaba todo planificado, incluso preguntamos a algunas autoridades de Gobierno en La Paz”, indicó un hombre de unos 50 años que no dio su nombre y que se presentó como uno de los dirigentes.

Gabriela Montaño, delegada presidencial en Santa Cruz, apuntó que el Gobierno descalificó todo tipo de actividad que sea hecha por la fuerza. “En ningún momento el Ejecutivo apoyará acciones de grupos de ciudadanos que violenten los patrimonios del Estado, como son estos terrenos de YPFB”, dijo.

Por su parte, el dirigente del comando urbano del MAS en Santa Cruz, José Quiroz, negó rotundamente las supuestas instructivas de tomar terrenos urbanos, pues son respetuosos del nuevo texto constitucional donde se garantiza la propiedad privada.

“Se trata de loteadores profesionales que usan el nombre del MAS. Estamos molestos y cansados de que nos traten como ‘carne de cogote’. Pido a la Fiscalía y a la fuerza pública que tome cartas en el asunto y los desalojen”, refirió.

La toma de los predios de YPFB-Transredes amenazó con volverse una batalla con los amagos de enfrentamientos entre la gente que ingresó el jueves y los vecinos de la avenida Piraí, que lamentaron que no se repartan lotes entre la gente que vive hace muchos años en la zona y no tiene casa propia.

“El viernes nos enteramos de que un grupo de personas provenientes de otros distritos se habían repartido los lotes, por eso vinimos a reclamarles, pero los dirigentes no nos escucharon por lo que decidimos tomar posesión del área verde que hay enfrente”, indicó Zoila Angelo de Pardo, del barrio Las Carmelitas.

Zenón Rojas, vecino del barrio Hilandería, justificó la toma del área verde porque en ella hay una poza profunda que es un peligro, porque se ahogaron varios niños y porque la maleza alberga a muchos malvivientes que asaltan y violan a las colegialas.

“No creo que la municipalidad se interponga a nuestro derecho de contar con un pedazo de tierra donde construir nuestras casas. Una vez consolidemos los lotes buscaremos que el Viceministerio de Vivienda nos financie una urbanización”, refirió José Martínez, que comandaba el operativo de ocupación del terreno municipal.

La situación se complicó en horas de la tarde porque los vecinos dieron un plazo, hasta las 18:30, a los loteadores del predio de YPFB. Primero hicieron una lista de familias interesadas en obtener un terreno, logrando juntar 310 firmas y fotocopias de sus carnés de identidad.

La espera desesperó a ambos bandos que cada 20 minutos se lanzaban piedras, palos y cohetes. Luego concertaron y entraron 20 vecinos munidos con machetes para ayudar a controlar el terreno y así evitar un desalojo, porque se conoció que la Policía rondaba por el lugar.

Custodian el Curichi La Madre

Un predio municipal de 23.000 metros cuadrados donde existe una laguna de regulación de aguas de lluvia destinado a equipamiento terciario, ayer fue tomado por los vecinos de los barrios Hilandería y Las Carmelitas, en la UV 111, en protesta por los terrenos de Transredes-YPFB, que fueron ocupados desde el pasado jueves por 200 familias supuestamente procedentes del Plan 3.000, de La Cuchilla y de la Villa Primero de Mayo.

A raíz de ello, la comuna de Santa Cruz de la Sierra envió a 25 guardaparques del río Piraí para evitar una posible invasión del parque de preservación ecológica Curichi La Madre, que queda muy cerca. 

“Estamos protegiendo al Curichi La Madre de una  posible invasión porque los vecinos de los barrios cercanos se avivaron y ya se metieron en dos hectáreas que son destinadas para una laguna de regulación de lluvias”, indicó Juan Carlos Cenzano, jefe de Protección Ecológica del municipio.

Por su parte, el jefe de Control de Edificaciones, Jamil Morales, expresó que por ningún motivo dejarán que el área tomada sea urbanizada, pues no se puede cambiar el uso de suelo, ya que en un futuro no muy lejano está destinado a ser un colegio o un hospital.

“La comuna defenderá todas las áreas que tiene en custodia, y así como las destinadas para paseos, para equipamiento o de preservación ecológica”, manifestó Morales.

El funcionario tomó contacto con los dirigentes de los barrios cercanos para advertirles de la irregularidad y espera que hoy actúe el Ministerio Público para desalojarlos.

En San Julián se suma otro foco de conflicto por la tierra

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Arribo. En un camión, un grupo de colonizadores llegó hasta el Área 4 del municipio de San Julián. Acusan al propietario de sembrar y cosechar en tierras del Estado

A no más de 72 horas de haber sido aprobada la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el capítulo Tierra ya abrió, en San Julián, otro foco de conflicto por la distribución y la tenencia.

Ahora, en la localidad denominada Área 4, a ocho kilómetros de San Ramón, un grupo de campesinos del lugar se aprestan a ingresar en un predio que supuestamente pertenece a una ex autoridad de Gobierno.

En un informe de la red PAT, los campesinos aseguran que este predio es del Estado y que su extensión de 8.000 hectáreas (ha) no respeta el máximo (5.000 ha) que establece la CPE.

“Estas tierras son del Estado y por eso nos pertenecen. Somos 150 familias que nos sentimos respaldadas por la nueva Constitución”, indicó Elías Mamani, que hacía de representante de los campesinos que iban llegando en camiones y otros caminando. Algunos estaban armados con salones.

   Sobre este nuevo conflicto, el director del INRA Santa Cruz, Víctor Camacho, aseguró no conocer el problema e indicó que se mandará al lugar una comisión técnica para investigar el tema.

“Se debe aclarar que nadie puede apoderarse de la tierra por el sólo hecho de sospechar que es fiscal; hay una, serie de pasos legales que se deben respetar y, de no hacerlo, el INRA es el encargado de denunciarlo a la Justicia”, dijo.

Sobre el conflicto del predio de Palmarito, el Viceministerio de Tierra informó de que en el lugar no existe un avasallamiento sino un conflicto de derecho propietario.

A su vez, el director Nacional de Tierras, Clíver Rocha,  aclaró que el conflicto no se produce por avasallamiento de tierras, sino debido a una pelea de derecho propietario o de superposición  de cuatro predios, los cuales fueron identificados como Palmarito BC, Las Piedras, Las Maras y Santa Gertrudis, y cuyos actores en disputa son seis, entre los cuales, estarían involucrados los colonizadores de San Julián. Remarcó que los asentamientos se produjeron hace dos meses y que no tiene relación con el resultado del referéndum dirimidor. 

Morales no negociará el dirimible

El presidente Evo Morales descartó ayer negociar con la oposición el resultado del referéndum dirimidor que, de acuerdo a la Corte Nacional Electoral, la opción B, de la 5.000 hectáreas, tuvo un apoyo del 79%. De acuerdo con el jefe de Estado esto significa el fin del latifundio y de las estructuras terratenientes.

Morales aseguró que todo el país aprobó las 5.000 ha  como la extensión máxima de tierras que podrá tener una persona.

Indicó que quienes rechazaron la nueva Constitución no están rechazando la nueva Constitución, sino están defendiendo sus predios.

«El referendo dirimible es un resultado que hay que valorar, la obligación del Gobierno nacional es aplicar esta decisión soberana de pueblo boliviano», aseveró. /ABI      

  Accionar del INRA  

Avasallamiento. El INRA define que esta situación se da cuando un grupo entra de forma violenta o pacífica en un predio que esta siendo ocupado por sus dueños o trabajadores .

Toma o ocupación. Esta figura se da cuando un grupo entra en un terreno que no tienen ninguna infraestructura.

Conflicto. Es cuando hay dos grupos o personas interesadas por un mismo predio o terreno y aducen que son los propietarios legales.

¿Qué hace en estos casos el INRA?. Primero recibe la denuncia y luego a las partes demandantes se les pide sus derechos consolidados de propiedad. Si uno de los interesados no puede presentar esas documentación se le pide que desocupe. En caso de conflicto se busca una conciliación antes de actuar apoyados en la fuerza pública.

¿Luego qué sigue?. Una vez notificada una de las partes para que deje el luegar se espera 72 horas, si en ese lapso los infractores continúan en el lugar el INRA tiene la obligación de sacarlos por la fuerza.