Se debilitó la lucha contra el narcotráfico

¿De dónde sacaron tanto dinero tres personas supuestamente de economía modesta? ¿A quién o quiénes estaba destinada la droga?

Editorial La Prensa



Ya no es un misterio para nadie que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia se haya debilitado y que la drástica Ley 1008, como otras muchas del país, no tenga efecto porque ha dejado de ser aplicada.

No otra cosa significa el hecho de que un juez de Villa Tunari, capital de la provincia Chapare, el mayor centro productor de coca del país, hubiera dispuesto la libertad de tres integrantes del denominado “clan Terán”, ante la sorpresa de todo el mundo y con el mayor desprecio por la Ley 1008.

Lo propio sucede con la sui géneris política antidrogas aplicada por el Gobierno mediante los denominados controles sociales, que consiste en erradicar cocales de cocaleros que tienen pozas de maceración para fabricar cocaína o que están inmersos en la delictiva actividad del narcotráfico.

Dejar en libertad a las dos hermanas Terán y al esposo de una ellas, a los que encontraron nada más ni nada menos con 147 kilogramos de cocaína, es un grave error que genera una serie de conjeturas razonables que no le hacen ningún bien al Gobierno del MAS. Por un lado, Juana y Elba Terán son hermanas de Margarita, aquella militante del MBL que para ser elegida constituyente se integró al movimiento político oficialista del MAS, lo que sugiere que las ahora liberadas podían contar con una importante influencia en el Gobierno.

Por otro, porque la jurisdicción para el juicio debió ser Tiraque, por decisión no acatada de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, y no Villa Tunari, el bastión más poderoso del partido en el Gobierno.

Además de la cocaína que se les incautó a las hermanas Terán y al esposo de una de ellas, se les decomisaron 15.000 dólares, joyas, dos vehículos que, junto al valor de la casa donde se hallaba la droga, hacían algo así como 300.000 dólares. Si a ellos se añaden los 150.000 bolivianos pagados por la fianza, son casi 322.000 dólares que tenían los presuntos narcotraficantes.

¿De dónde sacaron tanto dinero tres personas supuestamente de economía modesta? ¿A quién o quiénes estaba destinada la droga? ¿Cuántas veces comercializaron cocaína? ¿Quiénes más estaban involucrados en la fabricación de cocaína? Estas preguntas y otras que bien saben hacer los jueces e investigadores podrían quedar sin respuesta si aprovechan su libertad para escapar y disfrutar de su fortuna.

Por otra parte, la nueva política antidrogas aplicada por controladores sociales y avalada por el Viceministerio del ramo constituye, cuando menos, una presunta complicidad o protección a la ilícita actividad. Es cierto que quienes integran los controles sociales no están facultados para apresar a nadie, pero no menos cierto es que su obligación era denunciar a cada uno de los 77 presuntos delincuentes en cuyas tierras se encontraron pozas de maceración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Con esta forma de actuar, la lucha contra el narcotráfico se torna generosa, en tanto que la lucha contra los adversarios políticos del Gobierno se hace inclemente, aunque para ello se tenga que sobrepasar las leyes.