Bolivia: El Evogate ya salpica a la Argentina

El escándalo en Bolivia por las coimas en YPFB, el Evogate, para la construcción de una planta separadora de líquidos llega a la Argentina a través de la empresa Catler, que habría sido beneficiada junto a su socia boliviana, Uniservices con la adjudicación del millonario proyecto.

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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) – El escándalo desatado en Bolivia tras el asesinato de un empresario que tenía en su poder el dinero para pagar una presunta coima por la instalación de una planta separadora de gas está tocando no sólo a las altas esferas del gobierno de Evo Morales, sino que tambien llega a la Argentina.

Según publica el diario paceño La Razón, en su condición de Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, el actual presidente de la estatal respondió en agosto del año pasado a una petición de informe del Senado sobre el acuerdo. Sin embargo, este miércoles dijo que no tenía conocimiento de ello.

Desde agosto del 2008, el ex ministro de Hidrocarburos y actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conocía el contrato firmado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice, asegura La Razón.

El diario accedió a una carta del 26 de agosto del 2008, firmada por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dirigida al presidente Evo Morales.

En la nota, Villegas comunica al Mandatario su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 291/2008, presentada por el senador Carlos D’Arlach, acerca de la adjudicación del proyecto de construcción de una planta de separación de licuables en el país.

El documento da cuenta de que el proyecto se adjudicó a la Asociación Universal Catler-Uniservice —conformada por Catler, Gulsby, Uniservice SRL, Arcan Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL— por US$ 86,3 millones y que el financiamiento será otorgado por un fideicomiso del Ministerio de Hacienda por US$ 90 millones.

Sin embargo, Villegas negó el miércoles tener conocimiento sobre la relación contractual entre YPFB y el consorcio. Lo hizo al declarar ante la comisión especial del Senado que investiga el asesinato del ejecutivo de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, y el robo de US$ 450.000, dinero presuntamente destinado a una coima para el ex presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez, por la adjudicación del millonario proyecto.

“Lo primero que se nos ha informado, a través de diferentes notas, es que el Ministerio de Hidrocarburos no tenía conocimiento (del acuerdo) y que, por tratarse de una entidad autárquica, no era parte de las diferentes acciones que realizaba YPFB”, dijo ayer el presidente de la comisión, Wálter Guiteras, en una rueda de prensa en la que Carlos Villegas estuvo a su lado.

Mientras, Villegas admitió que “el Ministerio (de Hidrocarburos) tiene representantes en el directorio de YPFB”; aunque no dio más detalles al respecto. Agregó que “cuando termine la investigación, les vamos a explicar qué pasó con ese directorio”.

El informe presentado por el ex ministro el año pasado señala también que el proyecto para la construcción de la planta se licitó el 24 de mayo del 2008; se adjudicó el 10 de julio y que el contrato con Catler-Uniservice se firmó el 14 de julio de ese año.

La oscuridad alrededor de Catler

Catler International Corporation es la empresa argentina asociada con Uniservices que ganó la consesión de la construcción de la polémica planta separadora de líquidos.

En el caso de Catler International Corporation, parte de la Asociación Universal que suscribió el contrato con el Estado boliviano, el informe afirma que la empresa está “organizada bajo las leyes de la República de Panamá del 2003” y que es la principal accionista de otras firmas en Argentina, Brasil, Bolivia y República Dominicana.

Sin embargo, el superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que “es sorprendente” que Catler no tenga una casa propia, ya que su domicilio legal en Panamá es la oficina de un abogado, al igual que en Bolivia.

En su edición digital del miércoles, el periódico argentino El Tribuno (Salta) indica que la sucursal de Catler radicada en la provincia de Salta “no registra empleado en relación de dependencia”. La publicación añade que dos semanas antes de firmar el contrato con YPFB, “a la empresa salteña le rechazaron un cheque por 42.000 pesos (Bs 83.500) por falta de fondos”.

También se lee que “el teléfono de la empresa en Buenos Aires es atendido por un contestador que aclara que no harán declaraciones a la prensa hasta que finalice la investigación (en Bolivia)”.

Morales acotó que el tema de Catler International Corporation “es un tanto oscuro por el momento”. “Hemos tratado de seguirle las huellas e identificar de qué empresa se trata, dónde está ubicada y no lo hemos logrado”.

El informe de Villegas apoya en Gulsby —otro miembro del Catler-Uniservice— la experiencia del consorcio para adjudicarse el proyecto de YPFB y para ello anexa el detalle de las 95 plantas similares que ejecutó, pero no así la propuesta específica para el proyecto gasífero en el país.

Una nota publicada por el diario santacruceño El Deber, con información del salteño El Tribuno, da cuenta de la relación turbia que llevan adelante la empresa boliviana y su socia argentina, que tarde o tempran será investigada en el caso.

Catler, la empresa argentina socia de Uniservice opera desde el estudio jurídico de su abogado en la ciudad de Salta. El portal de esta empresa da cuatro direcciones internacionales; en Argentina, Brasil, Bolivia y república Dominicana.

La de Bolivia es donde funciona Uniservice en Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Busch entre el tercer y cuarto anillo, calle cinco Nº 100.

La de Argentina,  la dirección es en la ciudad de Salta, calle Juan M. Leguizamon 752.

Según información del diario El Tribuno, de salta, proporcionada para el diario El Deber, comprobó que en esa dirección no existe ninguna empresa con ese nombre, no hay ningún cartel que la identifique y tampoco hay funcionarios que estén trabajando para ella.

De acuerdo con este medio escrito salteño, ese lugar es el domicilio y, donde también tiene su estudio jurídico, el abogado de Catler, Jesús Cornejo. A El Tribuno le indicaron ayer que Cornejo estaba de vacaciones y que en 15 días llegaría.

Por si fuera poco, este medio escrito salteño comprobó que el número telefónico que se da en ese portal, es de la ciudad de Buenos Aires y no de Salta, tal como publicó El Deber, el sábado pasado.

A El Tribuno le contestó un señor de nombre Jaime Foster.

En cambio a El Deber, que hizo otra conferencia telefónica ayer, le siguió contestando un señor que dice tener por nombre Javier Montes y que manifiesta ser el secretario de la empresa.

Ayer, Montes volvió a indicar que el ejecutivo de Catler, Agustín Melano, no se encuentra y que la decisión de la compañía es no hacer declaraciones mientras las investigaciones de la Fiscalía no concluyan.

Una versión similar ofreció Foster a El Tribuno en ese mismo número telefónico.

Cuando a Montes le indicamos si era posible que su empresa recibiera a un equipo periodístico de nuestro diario, esto fue lo que respondió: “Señor, pierde su tiempo, nadie los va a recibir”.

Posteriormente se insistió para conocer cuáles son los trabajos que de manera específica hace Catler en Argentina, y esto fue lo que dijo: “Esta es una empresa privada, no es una empresa pública, no se publican los negocios y tampoco se publican los clientes”.

Con relación a Uniservice, la socia boliviana de Catler, sus ejecutivos principales optaron por no dar la cara.

Tanto Miguel O’Connor como Mario Cossío McGalem no fueron ubicados en la oficina central en Santa Cruz de la Sierra, ni por teléfono en la ciudad de Tarija.

En la oficina de Santa Cruz ayer sacaron el aviso de que estaba ‘cerrado por duelo’. Un guardia de seguridad dijo que no había atención al público, aunque al interior del edificio se encontraban varias personas.

Por otra aparte la agencia Fides, informó que Catler Uniservice ya recibió un desembolsó de US$ 6,8 millones, en tres cuotas, por parte de YPFB para la construcción de la planta en Río Grande.