Corrupcion YPFB: Santos pactó con firma fantasma

El Gobierno, por decreto, habilitó un fideicomiso que permitió eludir los controles estatales.

Un hombre clave en el volteo trabajó para Catler y el Estado.

La empresa fantasma Catler-Uniservice no presentó boletas de garantía gracias a YPFB.



La socia de la estatal sólo presentó una póliza, en contravención de los términos de la licitación.

Informe especial de diferentes medios:

La Prensa

El Gobierno de Evo Morales habilitó un fideicomiso por el que el convenio suscrito con Catler-Uniservice eludió los controles estatales. La Fiscalía abrió tres causas: asesinato de O’Connor, robo agravado y corrupción pública. La esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina, también fue convocada. Un fiscal recibió denuncia anónima sobre la “coima” en YPFB el 8 de enero.

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Resguardo: efectivos policiales llegan instalaciones de la estatal para apoyar la intervención el lunes

Las garantías debían avalar la seriedad de la propuesta, cumplimiento de contrato y avance de obra. En las charlas de presentación del proyecto se había aclarado que no se aceptarían pólizas.

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez aceptó que el consorcio Catler-Uniservice no presentara las tres boletas de garantía que exigía el proceso de licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande. En su lugar, la firma fantasma a la que se adjudicó el proyecto sólo entregó una póliza de caución.

El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, declaró a la red Unitel que la empresa Catler-Uniservice no existe porque no se encuentra en el registro de comercio firma con ese nombre.

Ramírez pudo haber permitido la omisión de las boletas a pesar de que en una de las reuniones previas a selección de la empresa ganadora de la licitación se aclaró a los interesados y proponentes que no se aceptarían otros documentos, como las pólizas.

El periodista Carlos Valverde, durante su programa Sin letra chica emitido el lunes 2 de febrero, reveló que Catler-Uniservice no contaba con las boletas de garantía porque no las tramitó en un banco como correspondía. Tampoco se hizo a través de una empresa aseguradora porque una, de la cual no mencionó el nombre, con residencia en Santa Cruz se negó a emitirla. “Hubo una empresa aseguradora que les pedía los documentos y los requisitos, y los señores (representantes de Catler-Uniservice) no aparecían”.

La Prensa se comunicó con Mario Cossío Magalén, representante de la compañía y quien estuvo en las reuniones de explicación de los términos de referencia del contrato con YPFB, contacto que se cortó cuando se intentó hacerle la pregunta. De inmediato, el celular fue apagado.

Según la propuesta técnico- económica presentada por Catler-Uniservice para llevar adelante el proyecto de construcción de la planta, la compañía se compromete a presentar las boletas después de adjudicarse la obra.

Esto, de acuerdo con los términos de referencia de la licitación, no estaba permitido porque se trataba de requisitos, pero la omisión fue aceptada por YPFB.

La primera boleta de garantía que debía presentar la firma era la de seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del monto total, que en este caso suponía 1,72 millones de dólares.

La segunda boleta es la de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,27 millones de dólares.

La tercera, de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. Según los documentos revelados en el programa Sin letra chica, Catler-Uniservice sólo presentó una póliza del 1 por ciento del valor de la obra, es decir, 863.500 dólares.

La exigencia de las boletas debió ser rigurosa por parte de YPFB, pero se incumple. En un acta de aclaración del proceso de licitación del 6 de junio de 2008 se hace un recuento de las explicaciones que brindaron a los proponentes el representante de la estatal petrolera Mario Arenas y del ministro de Hidrocarburos, Mario Ávalos.

Parte del documento señala: “Igualmente se volvió a plantear el tema de los impuestos, a lo que el Ing. Mario Ávalos indicó que la propuesta debería estar bajo la exención del GAC y el IVA. Y lo mismo se planteó con el tema de la boleta de garantía y si se permite una póliza”. Sin embargo, se aclaró que respecto “de la póliza lo que se solicita es una garantía del precio de oferta y que se ratificaba la misma. El Ing. Mario Ávalos del MHE indicó que esto está circunscrito a la seriedad de la oferta”.

No se hizo ninguna solicitud sobre la posibilidad de cambiar este requisito, a diferencia del plazo para presentar las propuestas, cuya ampliación piden.

El 10 de julio de 2008, a Catler- Uniservice, compañía representada por Jorge O’Connor, se le adjudica el proyecto, y el 14 se firma el contrato con YPFB. Esto, en un acto público en el mismo campo petrolero donde se edificará la obra.

A pesar de no existir boletas de garantía, YPFB incluso desembolsa los primeros pagos a la contratada. Según Ramírez, fueron cuatro o cinco pagos de al menos 6,8 millones de dólares.

Estos documentos son el aval por el cual una empresa demuestra su solvencia económica para comprometerse a ejecutar una obra. Con la presentación de este documento, la contratante tiene la seguridad de que, en el caso de fallas o incumplimientos, no se pierda el dinero entregado como anticipo.

De acuerdo con la investigación de Valverde, una póliza no requiere un respaldo económico previo que demuestre que la empresa cuenta con un capital y puede responder ante cualquier contingencia.

Advirtió que ahora YPFB no podrá recuperar el dinero entregado a Catler -Uniservice.

Una fuente del sector contó que los representantes de Catler-Uniservice, en principio, llegaron al país para presentarse a la licitación del diseño de ingeniería de la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, que luego fue suspendida.

Añadió que buscaban socios bolivianos que pudieran ofrecer las garantías, lo que demostraba el escaso poder económico que tenían para hacerse cargo de una obra de estas dimensiones. Entonces YPFB lanzó la licitación para la planta de Río Grande, que demandaba menor inversión.

Debido a las múltiples irregularidades que rodean al contrato y que se comenzaron a revelar luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor, el 27 de enero, el Poder Ejecutivo decidió intervenir YPFB y destituir, el pasado sábado, a su presidente Santos Ramírez. El lunes se reveló que no hubo protocolización del contrato a pesar de los desembolsos de 6,8 millones de dólares que se hizo a favor de Catler-Uniservice.

Contralor admite que Ramírez no envió contrato y puede ser procesado

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar en un plazo de cinco días el contrato con Catler-Uniservice ante la Contraloría General de la República (CGR).

Así lo admitió el contralor general, Gabriel Herbas, quien adelantó que esta falta significa responsabilidad ejecutiva de la ex autoridad que podría terminar en civil, administrativa y penal, de acuerdo con lo que determine la auditoría que ayer inició la institución a la petrolera.

La autoridad afirmó que en la institución que dirige no se halló ningún documento registrado ni con Catler-Uniservice ni con Uniservice-Catler. “Es una primera constatación”.

YPFB y la compañía mencionada firmaron un contrato para la instalación de la planta de separación de licuables en Río Grande el 14 de julio de 2008 en un acto público realizado en Santa Cruz. La Ley Safco, en su artículo 27, señala que todo contrato suscrito por el Estado o sus instancias dependientes, como YPFB, debe ser registrado en la Contraloría y protocolizado en la Notaría de Gobierno.

Ambos requisitos fueron incumplidos en el contrato que firmó YPFB con Catler-Uniservice.

Herbas informó que la auditoría de la Contraloría se hará en primera instancia al contrato para establecer las responsabilidades y el posible daño económico al Estado.

La firma se adjudicó la obra por un valor de 86,35 millones de dólares, de los cuales se cancelaron por lo menos 6,8 millones en cuatro pagos, según declaraciones hechas el lunes por el ex Presidente de la estatal petrolera.

La Contraloría envió a YPFB a cinco auditores y dos abogados para que inicien la revisión de los documentos.

Herbas explicó que en función de los elementos que se encuentren, el proceso se ampliará en segunda instancia a otros contratos de la estatal petrolera.

Y en tercera instancia a otras reparticiones del Estado como el Ministerio de Hidrocarburos. Éste debió conocer el contrato porque tiene dos representantes en el Directorio de YPFB.

Desde el sábado, Yacimientos está intervenida. El lunes comenzó la investigación legal y financiera a la gestión de diez meses de Santos Ramírez, quien estuvo a la cabeza de la petrolera durante el proceso de licitación y contratación. Esta tarea la realizan en forma conjunta el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía con el apoyo del Ministerio de Defensa Legal.

Además, Herbas fue cuestionado por la independencia que pueda tener el proceso de investigación en relación con el trabajo que realiza el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las comisiones parlamentarias y también desde el Ejecutivo.

Esto debido a su militancia masista y la forma en la que accedió al cargo luego de que se acusase a su antecesor Oswaldo Gutiérrez de no haber entregado las auditorías a las empresas petroleras a tiempo.

“Son cinco los organismos que van a llevar adelante y hay que ver que no exista interferencia entre ellos” y que “en el marco de sus competencias lleven un proceso de lo más transparente”. La auditoría es la práctica consistente en la verificación de las cuentas de una entidad por parte de una instancia especializada con el objetivo de verificar la situación económica real de una determinada empresa.

Un fideicomiso permitió a YPFB eludir fiscalización

Un fideicomiso le permitió al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez eludir los controles del Ministerio de Hacienda para hacer un seguimiento a la ejecución e inscripción en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de los recursos destinados a impulsar el proyecto de extracción de licuables en Río Grande.

El Tesoro General de la Nación (TGN) erogó 85 millones de dólares para que la estatal impulsara la construcción de la planta separadora de líquidos que fue adjudicada al consorcio Catler-Uniservice.

Los recursos no aparecen inscritos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 y menos los 6,8 millones de dólares desembolsados hasta la fecha para emprender las obras.

En la revisión del PGN 2009 se pudo observar que el único proyecto de inversión que tiene inscrito la estatal petrolera es la continuidad de los proyectos de instalación de redes de gas domiciliario.

El contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos fue suscrito entre la firma Catler-Uniservice e YPFB el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente Evo Morales y otras autoridades.

Fuentes del sector señalan que el origen de esta omisión se encuentra en el Decreto Supremo 29635, del 29 de noviembre de 2007, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a suscribir un contrato de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo.

De esta manera se obligó a esa cartera de Estado a desembolsar 85 millones de dólares para que fuesen canalizados a YPFB.

El decreto instruye que “YPFB será el beneficiario de los recursos del fideicomiso, que serán utilizados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 28701”, de nacionalización de los hidrocarburos.

Según ex autoridades de Hacienda, con la figura de fideicomiso YPFB dejó de tener la obligación como cualquier entidad del sector público de inscribir sus recursos y desembolsos en el Sistema Integrado de Control de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), donde automáticamente se registran ingresos y gastos, y el Ejecutivo perdió poder de fiscalización.

Esto a pesar de que el decreto ordena a YPFB inscribir en su presupuesto el fideicomiso y la obtención de los recursos que se le asignaron.

Piden investigar el sobreprecio

El proyecto de extracción de licuables en Río Grande, que fue adjudicado a Catler-Uniservice, debe ser sometido a una auditoría técnico- económica para determinar si en su ejecución existe o no un sobreprecio del 10 por ciento.

El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez aseguró que el valor de esta planta, en el peor de los casos, no debería superar los 76 millones de dólares.

Esto, tomando en cuenta que la planta de gas de Vuelta Grande, construida hace 20 años, se ejecutó con una inversión de 38,2 millones de dólares. “Asumiendo los costos actuales y el alza que podría haber ocurrido en 20 años, el valor no debería superar los 76 millones, pero se presupuestó un total de 86,3 millones de dólares”.

La implementación del proyecto de Vuelta Grande tenía el objetivo de incorporar a la producción nacional mayores volúmenes de líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural de exportación.

La idea de esta planta, según Téllez, era la de extraer la humedad del gas natural, volverlo seco para reinyectarlo en los gasoductos y recuperar el GLP y los líquidos para ser almacenados y bombeados a las ciudades a través de un oleoducto.

El proyecto nace de la necesidad que tenía el país de abastecerse de una mayor oferta de líquidos.

Frente a esa urgencia se planteó una disyuntiva: quemar el gas del campo de Vuelta Grande, ventearlo hasta que se disipe en el aire o, en su defecto, reinyectarlo y sólo extraer sus líquidos, que fue la opción que se escogió y se logró impulsar.

Villegas sabía del contrato

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está acosada por denuncias de irregularidades que pueden comprometer a más autoridades. El recién posesionado presidente interino de la estatal, Carlos Villegas, conocía el detalle del contrato entre Yacimientos y la firma argentina Catler-Uniservice cuando él se desempeñó como ministro de Hidrocarburos, en 2008.

Según documentos a los que tuvo acceso El Deber, Villegas conocía en ese entonces que la empresa adjudicataria fue Catler-Uniservice, formada por las empresas Catler, Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R.L. y ENSR Bolivia S.R.L., con domicilio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña y que tenía un financiamiento mediante un fideicomiso del Ministerio de Hacienda.

Llama la atención que la autoridad respondiera incluso al Senado que la experiencia de esta sociedad accidental se apoyaba exclusivamente en la compañía Gulsby (subcontratada), firma que ejecutó 95 proyectos de construcción de plantas de GLP alrededor del mundo; sin embargo, Catler- Uniservice no tiene proyectos de esta envergadura.

Asimismo, Villegas informó que los ejecutivos de la compañía en agosto de 2008 eran Agustín Melano, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga y Mario Cossío Magalén y que, en caso de incumplimiento de contrato, existen tres tipos de garantías: de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato y de buena ejecución de obra. El plazo de entrega de la planta es de 340 días a partir del primer desembolso. Villegas no pudo ser contactado porque se encontraba en reuniones con los directores de área de la estatal. Alrededor de las 20.00 de ayer, fuentes gubernamentales anunciaron que hoy se cambiaría al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y al presidente de YPFB Andina, Mario Arenas, quien era el titular de la Comisión Técnica de YPFB, que evaluó a las firmas que pugnaron por la adjudicación de la instalación de la planta de Río Grande. También se habla de que Manuel Morales Olivera (ex titular de YPFB) podría asumir el Ministerio de Hidrocarburos.

A las 21.10 se confirmó que 50 ejecutivos (gerentes y directores de área de YPFB) fueron retirados.

Antecedentes

El proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos debe entregarse en un plazo de 340 días a partir de la firma del contrato, el 14 de julio de 2008.

La firma informó que la fabricación de los equipos tiene un avance del 30 por ciento.

Sin embargo, el Comité Cívico de Camiri señaló que el proyecto no ha experimentado ningún avance.

El sábado fue posesionado como presidente de YPFB Carlos Villegas en reemplazo de Santos Ramírez, senador del MAS.

Junto con la ex autoridad de la estatal fueron separados otros cinco funcionarios del entorno de Ramírez.

El lunes, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y Villegas procedieron con la intervención física de la estatal.

Anunciaron que harán transparente la información de la empresa y de las investigaciones.

Más datos

El consorcio pretendió ejecutar sin aval un proyecto de 86,3 millones de dólares.

La firma apenas tenía un capital de 50.000 bolivianos, es decir, no más de 7.000 dólares.

La empresa aseguró que tiene experiencia en el sector, pese a que no la conocen.

La Fiscalía allanó su domicilio y lo citó a declarar por corrupción pública para el lunes 9

 

Un hombre clave en el volteo trabajó para Catler y el Estado

LA RAZÓN

Una de las personas que junto al fallecido Jorge O’Connor llevaba los 450 mil dólares a la casa de la avenida Tejada Sorzano, trabajó en la Superintendencia de Hidrocarburos y con la compañía del malogrado empresario tarijeño.

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• DURANTE LA DECLARACIÓN • Cossío aparece rodeado por tres fiscales, que lo sometieron ayer a un interrogatorio.

En una declaración jurada de bienes a la Contraloría, Mario Ángel Cossío Mc Galem aparece como funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos, y en el acta de una reunión con YPFB figura como representante de la empresa Catler Uniservice.

Mc Galem es la persona que el 27 de enero acompañó al fallecido ejecutivo de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, a entregar 450 mil dólares presuntamente destinados a una coima que debía recibir el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

El 14 de julio del 2008, YPFB y Catler Uniservice suscribieron un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos, por un costo de 86 millones de dólares. Hace dos semanas, la empresa nacionalizada hizo el tercer desembolso por ese contrato, de 4,5 millones de dólares.

Según el cuaderno de investigación, los 450 mil dólares eran presuntamente el 10% de una comisión, que el 27 de enero, Jorge O’Connor, Miguel O’Connor, Mario Cossío, Fernando Córdova, Javier Navia y Gonzalo Aramayo (hermano y primo de la esposa de Santos Ramírez), sacaron del Banco Unión y llevaban a una casa ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde un grupo de delincuentes realizó el volteo que tuvo como desenlace la muerte de O’Connor.

Cossío Mc Galem, en esa operación, cobró un cheque por 150 mil dólares. Y más tarde, metía a la casa un maletín, que luego le quitaron los delincuentes, con esa misma cantidad de dinero.

Según el documento titulado “Acta de reunión Aclaratoria II sobre la provisión e instalación llave en mano de una planta de extracción de licuables de gas natural a ser instalada en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz”, realizada el 5 de junio del 2008, más de un mes antes de la firma del contrato, difundida ayer por el portal hidrocarburosbolivia.com, “una persona de nombre Mario Cossío acompañó al señor Julio Jorge Salazar como representantes de la empresa Catler-Uniservice”.

Un extracto del documento, que contiene el acta de un encuentro entre YPFB y varias postulantes a la licitación, indica: ´El señor Miguel Villena C., de la empresa Contreras S.A., efectuó la consulta relativa a la construcción de los tanques de almacenamiento que superan en tiempo los términos elaborados para la construcción de la planta (365 días). Mario Cossío, de la empresa Catler Uniservice, argumentó que para la capacidad solicitada se necesitan aproximadamente 80 tanques para la sección almacenamiento de la planta´.

El 20 de noviembre del 2007, Mario Ángel Cossío Mc Galem realizó una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.

En el portal de esa institución, aparece la Superintendencia de Hidrocarburos como la “entidad a la que pertenece”.

En el resumen de la declaración jurada, se señala que tiene un total de bienes (activos) de Bs 600.000, ninguna deuda (pasivos), mientras que su patrimonio neto es de 600.000, y el total de sus rentas es de Bs 11.000.

Pese a eso, la Superintendencia de Hidrocarburos insistió en una carta enviada al director de este medio, que Cossío Mc Galem “no tuvo, ni tiene ninguna relación laboral” con esa entidad.

En los registros de la Corte Nacional Electoral hay dos inscripciones del ciudadano Mario Cossío. En una que se realizó en Cochabamba, aparece con el apellido “Macgalen”, soltero y estudiante. En otro, realizado en La Paz, como “Galem”, profesional y programador de computación.

El motivo de la reunión

El tema • A las 10.05 del jueves 5 de junio del 2008, se presentaron en el auditorio de YPFB, piso 10, los interesados de las compañías: Tecna Bolivia S.A.; Carlos Caballero SRL, Hanover Bolivia, Equipetrol-Propac; Ferrostaal; Latt Internacional Group; Catler Uniservice; Aesa; Contreras S.A. y Cryoenergy, para una reunión aclaratoria a la ampliación de la convocatoria emitida por YPFB para la implementación de la planta de extracción y fraccionamiento de licuables, que un mes después se adjudicó Uniservice.

La casa de Ramírez y la de Aramayo fueron allanadas

INVESTIGACIÓN • La comisión de fiscales tuvo una reunión con el grupo de senadores que también investiga el caso. Acordaron funciones.

image • DURANTE EL ENCUENTRO • Siete fiscales que investigan el caso (izq.) informan a la comisión de parlamentarios sobre la investigación, ayer, en el Senado Nacional.

La comisión de fiscales que investiga el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach allanaron entre el lunes y ayer los domicilios del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez y del supuesto inquilino de un departamento en la avenida Tejada Sorzano, Gonzalo Aramayo, adonde llegó la víctima para entregar el dinero.

De acuerdo con el fiscal de Distrito Jorge Gutiérrez, el lunes en la noche se allanó la casa de Ramírez. Lo que se pudo recoger del lugar “se sabrá en la investigación”, manifestó la autoridad.

La tarde de ayer, la comisión de fiscales se reunió con el grupo de senadores que también investiga el caso. Después del encuentro, el congresista Wálter Guiteras informó que se intervinieron las casas de Ramírez, de Aramayo y otras más.

“Nos informaron que se sacó información importante, pero que no fue procesada aún”, señaló el senador. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación revelaron a La Razón que en el domicilio de Aramayo no se encontró datos relevantes, pero en el de Ramírez se secuestró dos computadoras portátiles, documentos importantes y otros objetos que tienen relación.

La reunión entre los fiscales y los senadores duró aproximadamente dos horas. Fuentes cercanas contaron que el encuentro fue tenso. El fiscal Gutiérrez comentó que fue una reunión en la que se acordaron las funciones de ambas instancias.

Guiteras explicó en una conferencia de prensa, tras concluir la sesión, que se acordó que el Ministerio Público sea la cabeza de la investigación y que el Senado se encargará de complementar y coadyuvar en la indagación. “Hemos definido hacer los esfuerzos conjuntos para seguir con la investigación”, señaló.

Como atribución de los senadores, se determinó realizar viajes al exterior para corroborar información. Guiteras indicó que se tiene pensado ir a Panamá, Argentina, entre otros, lugares en los que se tratará de conseguir información adicional sobre el caso. Sin embargo, no especificó qué datos precisos se pretende recabar de esos países.

Mientras tanto en La Paz, la investigación por parte de la Fiscalía y del Senado continuará.

Hoy se prevé que la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, declare en la comisión de la Cámara Alta.

El Fiscal de Distrito de La Paz adelantó que el lunes a las 14.00 declarará Santos Ramírez ante los representantes del Ministerio Público y se prevé los informes orales de otros involucrados en el volteo, la próxima semana.

Los O’Connor se querellan

Los abogados de la familia del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, asesinado el 27 de enero, presentarán en las próximas horas una querella por asesinato, sin embargo no adelantó quiénes serán los denunciados.

“Vamos a presentar la querella, luego (vamos) a munirnos de toda la documentación, de todos los informes, y en el curso del día vamos a hacer las gestiones para apersonarnos ante las autoridades competentes”, afirmó el abogado Iván Alemán.

Sin embargo, no especificó contra quiénes se presentará la querella. “En base a todo el trabajo de la investigación, vamos a determinar quiénes son los autores de la comisión del delito”.

Explicó que el trabajo que le encomendaron tiene que ver exclusivamente con el asesinato de O’Connor D’Arlach, no así con el origen ni el destino de los 450 mil dólares que llevaba la víctima para entregar a alguien. “Ése no es nuestro tema de proceso penal”.

El hermano de Jorge, Miguel O’Connor D’Arlach, se presentó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) acompañado de su esposa. No quiso declarar ante los medios de comunicación y se retiró.

YPFB violó la Ley Safco al no enviar contrato a la CGR

OMISIÓN • La estatal debía mandar una copia del documento cinco días después de que éste fuera perfeccionado. La Contraloría aún espera.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) violó la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco) al omitir el envío a la Contraloría General de la República (CGR) de una copia del contrato con la empresa Catler-Uniservice, para la construcción e instalación de la planta separadora de Río Grande.

El contralor interino, Gabriel Herbas, informó ayer que la estatal petrolera no hizo llegar ninguna copia de este documento después de los cinco días de su perfeccionamiento (14 de julio del 2008), como lo establece la Ley 1178, por lo que se incurrió en el delito de omisión con “responsabilidad ejecutiva”.

En caso de hallarse responsabilidad ejecutiva, la sanción es la suspensión o destitución de la principal autoridad. El delito y sanción definidos en los artículos 30 y 42 de la norma establecen la destitución; lo que ya ocurrió con el ahora ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, aunque no en cumplimiento de la Ley Safco, sino por una determinación del presidente Evo Morales.

Herbas calificó a la omisión de “irregularidad”, ya que después de seis meses de la firma del contrato, la Contraloría aún no recibió la copia del contrato para la construcción de la planta de Río Grande, caso en el que ya se presentan indicios de corrupción.

“Hemos verificado que ni Uniservice Catler o Catler Uniservice, ni SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), ni sociedad accidental, ninguna de esas figuras está registrada en la Contraloría, eso es irregular, lo dice la Ley 1178. Todos los contratos a partir de su perfeccionamiento tienen cinco días para ser depositados en la Contraloría. Por lo tanto, en este caso ha sido una irregularidad que da para responsabilidad ejecutiva”.

Herbas anunció que la CGR realizará una auditoría a YPFB, sobre todo al proceso para llegar al contrato con Catler-Uniservice. Explicó que ayer se envió a un equipo de siete personas (cinco auditores y dos abogados) para dar inicio a este trabajo.

Pidió que haya coordinación entre todas las entidades que auditarán a YPFB (Gobierno, Fiscalía, Senado y Contraloría) para que no se produzcan interferencias que retrasen el proceso.

LA CONTRALORÍA

Auditoría • La auditoría que inició la Contraloría General de la República en YPFB será independiente de las otras y se remitirá a los tópicos financiero y jurídico, explicó el contralor interino, Gabriel Herbas.

Ampliación • Debido a que la empresa Catler Uniservice, que suscribió un contrato con YPFB, también tiene relación con otras entidades estatales como prefecturas y alcaldías, la auditoría podría ampliarse.

El contenido del documento es un misterio

El contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Catler Uniservice, para la construcción de la Planta Separadora de Río Grande en Santa Cruz, es un misterio, puesto que la estatal petrolera se ha negado a entregar copias del documento. Otras reparticiones estatales aseguran que tampoco tuvieron acceso al mismo.

El 14 de julio del 2008, cuando se firmó el contrato, no se repartieron copias del documento a la prensa, como suele hacerse en ocasiones similares. El documento tampoco aparece en ninguna página web del Gobierno.

El 30 de enero, aún en calidad de presidente de YPFB, Santos Ramírez brindó una conferencia de prensa para hacer aclaraciones sobre la firma y el avance de la obra. Ramírez mostró un legajo de papeles, que supuestamente era el contrato; no obstante, a pesar de la insistencia de los periodistas, tampoco se entregaron copias del documento.

Ayer, el jefe de bancada de Podemos en Diputados, Antonio Franco, señaló que hace cinco meses solicitó copias del contrato y documentación que respalde la sociedad de YPFB con Catler Uniservice, y denunció que a la fecha no recibió ninguno de los papeles demandados.

Desde la semana pasada, este medio trató sin éxito de conseguir una copia en el Ministerio de Hidrocarburos y en YPFB. En la Contraloría General de la República, en el Viceministerio de Transparencia y en la comisión del Senado se argumentó que tampoco tenían el documento.

La Fiscalía investigará a la empresa en otros países

CATLER • El Fiscal de Distrito de La Paz hizo el anuncio después de declarar en el Senado.

La Fiscalía boliviana investigará en varios países a la empresa Catler Uniservice, que tiene socios argentinos, dentro de las indagaciones sobre el presunto caso de corrupción en la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La investigación fue anunciada por el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, después de dar un informe sobre su trabajo en el caso ante la comisión del Senado que investiga el tema.

La petrolera YPFB fue intervenida el lunes por el Gobierno y un grupo de fiscales para esclarecer las denuncias de corrupción que el fin de semana pasado causaron el relevo del presidente de la estatal, Santos Ramírez, y su reemplazo por el entonces ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas.

Gutiérrez no precisó en qué países se investigará a la empresa, pero ésta tiene una sede en Salta (Argentina) y operaciones en Brasil y República Dominicana.

Catler Uniservice firmó en julio del 2008 un contrato con YPFB por $us 86 millones para la construcción de una planta petrolera en Santa Cruz. Según diversas autoridades, no tiene sus papeles en orden en Bolivia. EFE

Uniservice tiene proyectos con la Prefectura y Alcaldía

Tarija • Si la empresa no presenta las boletas de garantía, no se podrá suscribir los contratos.

La observada empresa Uniservice tiene nueve proyectos con la Prefectura y la Alcaldía de Tarija. El alcalde de esa ciudad, Óscar Montes Barzón, indicó que una obra fue concluida por la contratista, otra está en etapa de ejecución y otras dos fueron adjudicadas recientemente.

Uniservice tiene dos licitaciones ganadas para la construcción de una piscina en una zona de Tarija y para construir un jardín de niños en el barrio de Lourdes; aunque el Gobierno Municipal y la empresa Uniservice SRL aún no suscribieron los contratos.

“Tenemos información extraoficial de que van a tener dificultades (Uniservice) para las boletas de garantía, porque pareciera que habrá una dificultad bancaria para extender las boletas”, afirmó la autoridad edil.

Montes agregó que si la empresa adjudicataria no presenta las boletas de garantía, no se podrá suscribir los contratos.

El consorcio Catler Uniservice se adjudicó un proyecto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), superior a los 86 millones de dólares, para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.

La semana pasada fue asesinado el gerente de la empresa, Jorge O\’Connor D\’Arlach, hecho que permitió que salieran a la luz hechos de corrupción en YPFB.

Uniservice es una empresa que desarrolla actividades en el departamento de Tarija. Participó en varios procesos de licitación y logró adjudicarse cinco proyectos con la Prefectura y cuatro con el municipio de Cercado.

Montes indicó que la Alcaldía de Tarija está tomando los recaudos respectivos ante la eventualidad de que Uniservice no cumpla con la presentación de boletas de garantía. Si ello ocurriera, las empresas que quedaron en segundo lugar podrían adjudicarse las obras.

El costo de la piscina supera los Bs 2 millones y la construcción del jardín requiere Bs 3,5 millones. Las boletas de garantía son el equivalente al 20% de anticipo que se desembolsa cuando se firma el contrato. ANF

LA EMPRESA

Empresa • Uniservice SRL hizo una sociedad accidental con la empresa argentina Catler para adjudicarse la construcción e instalación “llave en mano” de la planta separadora de líquidos del gas natural de Río Grande de YPFB, en Santa Cruz.

Servicios • De acuerdo con el diario tarijeño El Nuevo Sur, Uniservice SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa de Tarija que opera y brinda servicios en diferentes áreas. Entre ellas, efectúa construcciones civiles, carreteras y obras de infraestructura.

      

LA ESTRELLA DEL ORIENTE

image VINCULOS. El hermano del prefecto Mario Cossío es socio del representante de Uniservice, O’Connor, quien está implicado en el caso de corrupción con YPFB y en otros con la Prefectura tarijeña.

Existe una evidente protección a Catler Uniservice, cuyo socio principal es el hermano del prefecto del departamento de Tarija, Mario Cossío, puesto que al menos nueve contratos de obras han sido incumplidos en el departamento chapaco.

Unos nueve contratos firmados con la Prefectura de Tarija han sido incumplidos por la empresa Uniservice, comprometida en el escándalo de corrupción en YPFB, y hasta ahora el prefecto Mario Cossío no procesa a esta compañía, de la que su hermano, Pablo Cossío, es socio de O’Connor, denunció el representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Tarija, Tamer Medina.

Medina manifestó que Uniservice ya tenía antecedentes de incumplimiento de obras antes de que YPFB le adjudique la construcción de la planta separadora de licuables en Río Grande.

“Las acciones legales adecuadas que la Prefectura tendría que tomar para que la empresa pueda cumplir el contrato (o con los contratos), como un juicio por incumplimiento de obras, la Prefectura no las hace, más aún en este caso si consideramos que Miguel O’Connor D’Arlach es socio del hermano del prefecto Cossío”, sostuvo Medina.

Indicó que la Prefectura tarijeña no inició ninguna acción legal contra la empresa Uniservice, pese a que la denuncia del incumplimiento de obras fue realizada por los mismos representantes de la administración departamental en las provincias.

Asimismo, se cuenta con el antecedente de que esta empresa tenía un juicio pendiente con la anterior administración departamental, a cargo del ex prefecto Adel Cortez, quien entabló un proceso a Uniservice por incumplimiento de obra siendo que ya había ejecutado desembolsos.

Sin embargo, cuando asume en la Prefectura Mario Cossío, éste frena el proceso y “premia” a Uniservice con al menos 9 adjudicaciones de obras importantes para el desarrollo de la región chapaca, las mismas que se encuentran sin avance y en algunos casos ni siquiera se ha comenzado, siendo que los depósitos ya fueron entregados a Miguel O’Connor, representante de Uniservice.

Medina citó el caso del sistema de riego San Antonio-Santa Clara, donde se habría identificado una serie de irregularidades.

“En ese caso, tenemos documentación de la misma subprefectura de Patcaya, que establece que la empresa cobró el 55% del monto total del contrato, sin embargo, sólo avanzó el 5%, eso ya es irregular, lo que entendemos es que la mayoría de las obras que tiene la empresa está con poco o ningún avance”, afirmó.

Según Medina, fue confirmado por funcionarios de la Prefectura, a través de un comunicado, que la gobernación tarijeña tendría otras relaciones contractuales con la empresa Uniservice, como la construcción del sistema de electrificación rural en la segunda sección en la provincia Gran Chaco, electrificaciones en tres cantones en O’Connor, electrificación en el Chaco y la construcción de la Presa el Molino en la provincia Méndez.

Asimismo, Medina denunció que por la construcción de la presa el Molino, adjudicado por un costo de 63 millones de bolivianos, además de otros proyectos, existe una denuncia formal en la Fiscalía General de la República.

“Es uno de los juicios que tiene Cossío con requerimiento acusatorio ante la Corte Suprema de Justicia y está en espera de que el Congreso autorice, por otra parte, la Contraloría está haciendo auditorías que va abarcar no sólo estos contratos, sino también otras”, enfatizó.

Al finalizar, Medina también indicó que se está proponiendo que la Contraloría pueda hacer auditorías a los contratos que tienen Mario Cossío Cortez como prefecto con Miguel O’Connor D’Arlarch.

LA PRUEBA

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, solicitó a Fundempresa el registro de comercio de la empresa Translogic SRL, que también se encuentra registrada en la Asociación Accidental “Consorcio Tarija”.

En dicho registro, se constató que están inscritos los ciudadanos Pablo Fabián Cossío Cortez y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga como socios, representantes y accionistas.

Según la investigación, en el 2005 Miguel O’Connor sólo poseía una empresa medianamente conformada de obras civiles. Sin embargo, en la actualidad tiene al menos 8 empresas gigantes como Energytel Bolivia SRL, Petrocom SRL, Centro Educativo del Sur, Corporación Educativa Tarija SRL, Unitec SRL, Translogic SRL, además es el representante legal de Unimax Tv SRL y las empresas Radios y Frecuencias de Televisión Red Quillacollo y Full Tv Tarija, asimismo, posee la franquicia de la Domingo Savio Tarija, siendo el propietario del mismo edificio.

 

Lea Plaza: Uniservice s.r.l. tiene contratos con la Prefectura

EL PAÍS, Tarija

Luego de que la viceministra Nardy Suxo anunciara la investigación a la empresa Uniservice de la que afirmó que tiene como socio a un hermano del prefecto Mario Cossío, el Secretario General Mauricio Lea Plaza  confirmó que la Prefectura tiene contratos con Uniservice pero que  la misma – de acuerdo a los documentos legales que posee la prefectura- no tiene vínculos familiares con el prefecto.

El pasado año la prefectura  dejó sin efecto el contrato de obra vial Bermejo San Antonio, adjudicado a un consorcio que incluía a Uniservice, luego de denuncias sobre vínculos comerciales y de negocios entre Miguel O’Connor D’arlach y Pablo Cossío Cortez. En su momento, autoridades prefecturales negaron nexo familiar alguno, aunque de todos modos el prefecto prefirió no firmar el contrato y ejecutar la obra por administración directa.

Declaraciones de Suxo como de Tamer Medina, vuelven a hacer referencia a los vínculos familiares, aunque según Lea Plaza, documentalmente no existen evidencias de los hechos.

El País entrevistó ayer al Secretario General de la Prefectura, para aclarar estos aspectos.

El País (EP).- en el marco de las investigaciones encargadas a la Viceministra Nardy Suxo sobre el caso de corrupción en YPFB, la viceministra afirmó que Pablo Cossío, hermano del prefecto, es copropietario de la empresa Uniservice, ello cambia la figura del contrato y licitación  entre la prefectura y esta empresa para el camino San Antonio Bermejo.

Mauricio Lea Plaza (MLP).-  Mire las composiciones societarias de las empresas corresponde aclarar a los individuos. Lo que nosotros hacemos notar es  que tenemos obras con una empresa que se llama Uniservice y que  en ningún caso existe ninguna incompatibilidad en su régimen societario con ningún funcionario prefectural. Lo que la Viceministra  Suxo está tratando de hacer es distraer la atención del  hecho más grande de corrupción que se pudo establecer en todos los tiempos, un  hecho que cegó la vida de una personas y que involucra a la mano derecha del propio presidente, hecho que está evidenciado suficientemente y que me parece absolutamente irrelevante lo que está planteando la Viceministra además de no tener ningún sustento.

El tema de fondo – y creo que la prensa no se debe dejar confundir – es el tema de YPFB y el asesinato del Sr. O’Connor. Ese es el hecho de fondo y es el hecho principal y si se afirma alguna relación societaria entre el Sr. Pablo Cossío y la empresa Uniservice es bueno que lo demuestre  o en su caso  sea el Sr. Pablo Cossío o el Sr. O’Connor los que aclaren ese tema. No nos corresponde a nosotros como prefectura hacer ese tipo de aclaraciones.

Los contratos que tenemos con Uniservice, en todos los casos no incluyen en ningún momento la participación accionaria del Sr. Pablo Cossío y por lo que entiendo no es parte de esa empresa.

EP.- Pero con  las afirmaciones de Suxo, la figura relativa a Uniservice y su relación con el contrato para la Carretera San Antonio Bermejo cambia, nosotros insistimos en la composición accionaria de la empresa cuando realizamos el reporte de la licitación

MLP.- Las afirmaciones de Suxo deberían de tener un crédito mínimo. Yo escuché al Sr. Medina hablar barbaridadades; dijo que el  Sr. Mario Cossío tenía que ver con esto y que debería de investigarse, acerca de los viajes,  por lo tanto esas afirmaciones son irresponsables y temerarias, no están midiendo en esta campaña de desprestigio nada, intentando distraer la atención. No hay que dejarse confundir, ellos tienen que explicar por qué la Sra. Suxo teniendo ya hace varios meses la denuncia de YPFB y no hizo nada, ella podía haber evitado un asesinato.

EP.- ¿O’connor podría ser un palo blanco para que los recursos lleguen a Cossío?

MLP.- ¿Usted está afirmando eso?

EP.- No. Esto se dijo esto en el marco de las declaraciones de la Viceminsitra Suxo en una radio nacional.

MLP.- La Sra. Suxo dijo  expresamente que la empresa Uniservice tiene antecedentes de incumplimiento contractual con la prefectura y que O’Connor y Pablo Cossio serían socios en la empresa. Nada más. Me parece importante que si ustedes tiene alguna duda de la composición accionaria de la empresa Uniservice hablen con el Sr. Pablo Cossío o con el Sr. O’Connor. Nosotros no estamos en la misión de otorgar personería a las empresas ni de registrar su régimen accionario. Lo que sí le puedo dar con absoluta garantía es que los contratos que tienen suscritos la prefectura con la empresa Uniservice en ninguno de ellos aparece el Sr. Pablo Cossío  como socio de la misma.