Desde el poder protagonizó seis escándalos en tres años

Polémico. Ramírez estuvo involucrado en varios casos oscuros, pero salió bien parado gracias a sus influencias políticas.

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Casos. Las visas chinas, la venta de avales para cargos públicos, una carta de recomendación para un narco y el pedido de aportes para una fiesta de cumpleaños fueron los más bullados.



El Deber

Marco Chuquimia

Narcotráfico, extorsión y tráfico de influencias aparecen como los hechos más frecuentes que persiguen al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez Valverde, a los que evadió hábilmente en tres años de gestión como autoridad, legislador y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El primero de los escándalos protagonizado por el ahora ex presidente de la estatal petrolera se remonta a abril de 2006, tres meses después de haber sido elegido presidente de la Cámara de Senadores.

La denuncia surgió desde el municipio potosino de Tinguipaya, donde Ramírez se desempeñó como ‘asesor’. En ese entonces se reveló que el senador masista era accionista de la empresa Viedsa, que fue contratada por el municipio cuando él ya había sido elegido legislador.

Pobladores del lugar arribaron a la sede de Gobierno para denunciar la «manipulación política» de este caso y pedían la destitución por tráfico de influencias.

No habían pasado tres meses de esas acusaciones y en julio de 2006, un desconocido ex funcionario del Congreso, Freddy Terceros Cortez, era apresado en el Aeropuerto Internacional de El Alto con 3,4 kilogramos de cocaína.

Cuando fue apresado, Terceros Cortez portaba una «carta de recomendación» para hacer gestiones institucionales a nombre del Congreso boliviano ante organismos extranjeros. La misiva estaba firmada por el entonces presidente del Senado, Santos Ramírez.

El tercer caso se refiere a las solicitudes de visas chinas que fue denunciado en agosto de 2006 por la propia Cancillería, que aseguró haber descubierto la falsificación de documentos para visas chinas.

Ramírez declaró el 9 de marzo ante el fiscal Edward Mollinedo y admitió que había gestionado el trámite de visas para ocho ciudadanos chinos ese año. Sin embargo, en sus declaraciones aseguró que lo hizo «en el marco de la ley y por promoción cultural».

En agosto de ese mismo año, funcionarios del Senado denunciaron el cobro de una ‘cuota’ para solventar el pago de una fiesta de cumpleaños que se realizó en el Círculo de Oficiales del Ejército; incluso se mencionó que una parte del festejo fue pagado con recursos del propio Senado.

Sin embargo, su oficial mayor y ‘mano derecha’, Guillermo Aruquipa, dijo que el agasajo fue pagado «con aportes de amigos y allegados» a la autoridad. Los amigos eran los funcionarios que habían accedido a un cargo en la Cámara Alta en enero de ese año.

En febrero de 2007 se destapó el escándalo de la venta de avales y nuevamente el ‘hombre fuerte’ y operador político del Gobierno de Evo Morales era implicado en la venta de avales para cargos públicos.

En ese entonces apareció un recibo de mil dólares en el que aparecía el nombre de Santos Ramírez como ‘gestor’ de un cargo en el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cambio de ese dinero.

Finalmente está el sexto caso de pago de supuestas coimas desde una empresa petrolera Catler-Uniservice a la presidencia de la estatal petrolera por la adjudicación de las obras de Río Grande, un negocio de más de $us 86 millones y que costó la vida del  ingeniero tarijeño Jorge O’connor D’arlach Taborga.

Esta vez, Santos Ramírez fue destituido de su cargo y la justicia investiga su caso y sus cuentas para saber el monto de su fortuna personal. Contra él se ha iniciado una minuciosa pesquisa.

Comisión investiga en medio de críticas a Evo

La comisión multipartidaria del Senado comenzará las investigaciones sobre el caso Ramírez este lunes de acuerdo con el plan acordado entre los cinco miembros que la conforman; entre tanto, a pesar de la salida del ahora ex presidente de YPFB, la oposición mantiene sus críticas a Evo Morales.

Los senadores Wálter Guiteras, José Villavicencio, Fernando Romero, Antonio Peredo y Ricardo Díaz integran la comisión investigadora.

Según el senador masista, Antonio Peredo, Santos Ramírez debe someterse a una investigación en la justicia.

“Como cualquier ciudadano en Bolivia tiene que someterse a la justicia, toda vez que hay una acusación seria en su contra y cuando uno es acusado de cualquier cosa, tiene que aclarar su situación en las instancias que correspondan”, dijo.

El Senado conformó una comisión multipartidaria para investigar la vinculación existente entre el asesinato de Jorge O’Connor, representante del consorcio Catler Uniservice, con YPFB y el presunto pago de una ‘coima’ de 1,8 millones de dólares de un contrato para la instalación de la planta de separación de líquidos del flujo de gas natural que se exporta a Brasil.

Ayer, después de la destitución de Ramírez, el senador podemista, Róger Pinto, apuntó al presidente Morales como conocedor de las irregularidades que cometió el hombre fuerte del MAS. “No es suficiente con la salida porque el Presidente tiene que explicar al país sus vínculos con estos hechos de corrupción. ¿Quién va a creer que Ramírez le pudo ocultar al Presidente un contrato de más de 80 millones de dólares con una empresa fantasma, que no tenía ni una carretilla en el momento de la firma del contrato?”, preguntó Pinto.

El también podemista Luis Vásquez sugirió que Morales autorice una investigación a fondo por parte de la Fiscalía.

Ramírez, una buena señal de Morales

Tuffí Aré  / Periodista

Finalmente Evo Morales hizo lo que tenía que hacer para no seguir desgastando más a su Gobierno. Echó de YPFB a Santos Ramírez, uno de los pesos pesados de su partido. Nardy Suxo había dado ya la noche del viernes en el programa Buenas y Malas, de la red ATB, señales de que el potosino estaba en la cuerda floja.

El Presidente se había jugado por su compañero de lucha diciendo que era víctima, una vez más, de calumnias de los grupos opositores. De nuevo se ponía desde el poder en duda el rol de los medios de comunicación, que han sido clave para desvelar el escándalo de la planta de Río Grande.

Pero ahora no fue necesario esperar la investigación. Esta vez se ha actuado como debe ser. Son demasiados los indicios que han ido surgiendo sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ramírez, que su salida de YPFB se veía venir. Este ‘niquelado’ del MAS parece haber montado una estructura nociva, en la que participaron algunos de sus parientes políticos.

La destitución de Santos Ramírez no es suficiente para limpiar la imagen de la estatal del petróleo y del propio Gobierno, que subraya siempre en su discurso la ética como la bandera y la fuerza de esta gestión. Ramírez debe ser sometido a proceso y, de comprobarse las denuncias en su contra, reparar todos los daños causados al Estado, en lo civil y en lo penal.

Si Evo Morales es coherente con su mensaje de lucha contra la corrupción debe alentar desde casa incluso la investigación del patrimonio de sus colaboradores. De otro lado, es la oportunidad de reivindicar a YPFB, cuya imagen ha quedado por los suelos en los últimos meses, no sólo por estas denuncias de presunta corrupción, sino por las fallas permanentes de gestión. La posesión de Carlos Villegas puede alentar el inicio de una verdadera refundación de Yacimientos.

Toman YPFB y realizan auditoría para ‘escarbar’ más corrupción

Investigación. El presidente de la República, Evo Morales, ordenó que se destape hasta lo mínimo en la estatal petrolera. La Policía custodia desde ayer las oficinas de la empresa

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Custodia. La Policía tomó ayer las oficinas ejecutivas de YPFB en el barrio Las Palmas; otros tres edificios tienen vigilancia

El Deber

Henrry Ugarte A.

La Policía custodia desde ayer las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en todo el país, para evitar la salida de documentos importantes, y el Viceministerio de Transparencia ejecuta, por orden del presidente de la República, Evo Morales, una auditoría interna, financiera y legal, para detectar más hechos de corrupción en la compañía estatal.

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó  aye de que  las investigaciones en YPFB comenzaron de inmediato, una vez que se produjo la salida de Santos Ramírez, y que por orden del Presidente llegarán hasta los detalles mínimos.

“La instrucción que me ha dado el Presidente es determinante y precisa: hay que investigar todo con la mayor rapidez posible y sin descuidar detalle alguno. También nos ha dicho que hay que llegar hasta el fondo del problema, investigando y brindando detalles hasta lo más mínimo sin tapar nada ni a nadie; esto será caiga quien caiga”, dijo.

Suxo también comentó que dispuso de inmediato que dos abogados y dos auditores inicien las investigaciones y que, en el caso de la empresa Catler Uniservice, se haga una revisión minuciosa del proceso, desde el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato; sobre este documento, indicó que lo revisarán línea por línea.

El primer informe de Suxo, sobre la negativa de Santos Ramírez para presentar informes y documentos de respaldo sobre la contratación de la empresa Catler Uniservice, fue determinante y contundente para que Evo Morales opte por relevar al ahora ex presidente de la estatal petrolera; a Ramírez la oposición también lo implica con el asesinato del empresario Jorge O’Connor.

En el marco del proceso de investigación ordenado por el Presidente y ejecutado por el Viceministerio de Transparencia, la Policía intervino ayer las cuatro oficinas de YPFB en Santa Cruz.

Las oficinas ejecutivas del barrio Las Palmas, la gerencia general de Fiscalización y Administración de Contratos, ubicadas en la doble vía La Guardia y tercer anillo externo, el Distrito Comercial Oriente, del barrio Petrolero Sur, y la administración de la zona del parque urbano, tienen custodia policial desde las 16:00 del sábado.

“Hemos recibido la orden de la superioridad en La Paz para custodiar y reforzar la vigilancia de las oficinas de YPFB en Santa Cruz. Vamos a ciudar que no salga ni entre nadie”, dijo ayer el comandante de la Policía departamental, Franz Lea Plaza. 

Evo mostró una lista de los despedidos

El presidente de la República, Evo Morales, luego de la posesión de Carlos Villegas, se refirió a los cambios que se producirán en YPFB y a su decisión de continuar la lucha contra la corrupción. En ese instante mencionó que también otros diez funcionarios serán destituidos porque hay denuncias de presuntas irregularidades. Dijo que tienen el derecho de defenderse.

Lo que no indicó el mandatario es que en esa lista están incluidos viceministros del Ministerio de Hidrocarburos, directores y empleados de YPFB.

Los funcionarios que serán destituidos son, según la lista que el Gobierno proporcionó: viceministro de Desarrollo Energético, Michel Gemio; directora Jurídica de YPFB, Esther Carmona; gerente nacional de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco; gerente de la empresa de Servicios YPFB, Rogelio Ashimine (es la segunda vez que lo destituyen en este Gobierno, la primera fue el 8 de febrero de 2006, cuando se desempeñaba de viceministro de Transportes en la gestión de Salvador Ric); gerente nacional de Fiscalización, José Baldiviezo; vicepresidente de Operaciones, Nelson Cabrera; gerente de Planificación, Juan carlos Arellano; jefe de Recursos Humanos, Sabino Carme, y los dos cuñados de Santos Ramírez: Juan Carlos Navia Doria Medina y Mario Cristhian Navia Doria Medina./ DM

Cambio resistido que sacó chispas al gabinete

Según trascendió ayer en la sede de Gobierno, el ministro de Planificación, Carlos Villegas, se resistió en primera instancia a hacerse cargo de YPFB porque estaba en plena ejecución del plan de desarrollo que le había encomendado el presidente de la República, Evo Morales.

Al interior del gabinete de ministros se sabía que el Presidente había decidido la salida de Santos Ramírez a la media  noche del viernes y que convocó a Villegas para las 7:00 del sábado.  En la residencia presidencial, Morales se pasó dos horas tratando de convencerlo, pero Villegas no dijo Sí; a las 11:30 se fue en su vehículo sin dar explicaciones y visiblemente molesto.

Minutos antes del mediodía, entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana, finalmente persuadieron a Villegas para que acepte su nuevo cargo. En la reunión del Presidente con los ministros hubo una fuerte llamada de atención y hasta se especuló con una crisis de gabinete; la cara de los ministros en el acto de posesión reafirmó la versión. 

    Los ex presidentes de YPFB  

Jorge Alvarado

Ingresó el 26 de enero de 2006 y salió el 27 de agosto de ese año. Fue acusado de hacer un mal contrato con una petrolera.

Juan Carlos Ortiz

Asumió el 28 de agosto de 2006 y renunció el 26 de enero de 2007 en protesta por el manoseo político del cual dijo, estaba siendo objeto.

Manuel Morales Olivera

Entró el 29 de enero de 2007 y fue destituido el 24 de marzo. El Congreso lo cuestionó por hacer mal 44 contratos petroleros.

Guillermo Aruquipa

Subió el 24 de marzo de 2007 y fue obligado a renunciar el 12 de marzo de 2008. Fue acusado de nepotismo y de pésima gestión.

Santos Ramírez

Dejó su curul en el Senado y asumió el 12 de marzo de 2008 hasta el día de ayer. Lo vinculan a una presunta coima de $us 450.000.