Informe: el caso Ramírez se complica y se denuncian tres coimas

El ex titular de YPFB recibía el 10 por ciento de cada desembolso que la estatal hacía a Catler Uniservice. La familia de Ramírez participó en todo el traslado de los $us 450 mil. El asesinato del empresario resultó ser volteo de dinero.

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LA RAZÓN

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, habría recibido dinero de “diezmo” en dos ocasiones previas al martes 27, día en que se suscitó el volteo de 450 mil dólares y el asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, en la puerta de un domicilio en la calle Tejada Sorzano.

La información fue proporcionada ayer por una persona allegada a la familia de Ernesto y Luis Fernando Córdova, acusados de ser los autores intelectuales del hecho.

La mañana del martes, Luis Fernando Córdova (socio del empresario), Jorge O’Connor y Mario Cossío Magalen (ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos) retiraron $us 450 mil del banco Unión para presuntamente pagar un “diezmo” a Ramírez por la adjudicación de Catler Uniservice, presidida por O’Connor, a YPFB, por la instalación de una planta separadora de licuables.

“Ésa no era la primera vez, han sido dos veces en que él (Ramírez) ha recibido un diezmo (…) fueron en casas de la avenida Saavedra (Miraflores). No sé por qué esta vez han querido cambiar de casa, ésa en la Tejada Sorzano”, reveló la fuente.

Al consultarle sobre si Ramírez habría recibido el dinero “en sus propias manos”, la persona contestó: “No, todo era a través de su cuñado o su esposa”.

Según el entrevistado, el diezmo corresponde a una suma de dinero equivalente al 10 por ciento del desembolso que una empresa del Estado realiza a otra que se adjudicó a algún proyecto, “esta última vez, YPFB ha desembolsado cinco millones a Catler, el diezmo era esa plata que le roban (a O’Connor)”, acotó.

La fuente reveló que Ramírez recibía un diezmo de manos de O’Connor cada vez que YPFB realizaba un desembolso a su empresa. Según esta persona, se efectuaron tres desembolsos desde la firma del contrato, el 14 de julio del 2008 .

Ayer, Ramírez dijo que hubo “como cuatro o cinco desembolsos”, y que el último pago a la empresa Catler Uniservice fue de cinco millones de dólares.

“Hay montos de 800 mil, de un millón y de cinco millones”, afirmó Ramírez en las puertas de las oficinas de YPFB en La Paz, sin especificar el monto de los demás dos desembolsos.

La fuente allegada a los acusados dijo que será “difícil” probar que Ramírez está involucrado en el caso, pues, a su criterio, “ya han hecho desaparecer todo de las oficinas y de las casas”. Acotó que los hermanos Córdova “no tienen nada que ver con el asesinato” del empresario y dijo que podría tratarse de una “trampa” de personas interesadas en la caída de Ramírez, pero que conocían los antecedentes.

Un fiscal que indaga el caso afirmó que el domicilio donde se suscitaron los hechos era de la familia de la esposa de Ramírez, Jiovanna Navia Doria Medina. La fuente dijo que ese departamento pertenecía al hermano de ella, Javier Navia, aunque el cuaderno de investigaciones dice que es de un primo. Según la pesquisa, los hermanos Córdova sirvieron de vínculo entre YPFB y el empresario, pues serían sobrinos de Ramírez. Ambas partes lo desmintieron la semana pasada.

Antecedentes

Contrato • Catler Uniservice firmó un contrato con YPFB en julio del 2008. La empresa debía instalar una planta separadora de gas licuado de petróleo y gasolina en Santa Cruz en el lapso de 340 días. El costo sería de 86,35 millones de dólares.

Hermanos Córdova • La Policía halló como autores intelectuales a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova. Según la investigación, los sindicados habrían planificado el asalto al empresario. Ernesto fue detenido dos días después, mientras que Luis Fernando se recupera de una golpiza.

La familia de Ramírez participó en todo el traslado de los $us 450 mil

El empresario Jorge O’Connor D’Arlach llegó al banco Unión acompañado de Luis Fernando Córdova y Mario Cossío Magalen. Cada uno cobró un cheque de 150 mil dólares y llegaron hasta la casa de la Tejada Sorzano en dos vehículos.

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• LA SALIDA DE YPFB • Luego de entregar la documentación requerida, Santos Ramírez se aleja de las oficinas junto a sus colaboradores “como un ciudadano más”, dijo ayer a los medios.

“Sólo era quitarle la plata y nos íbamos a ir”, se lee en una parte de la declaración de Franz Michel Rodríguez Calero, uno de los presuntos delincuentes que participó en el robo de 450 mil dólares y en el posterior asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero en La Paz.

Al parecer, el volteo del dinero no salió como estaba planificado. La muerte de O’Connor D\’Arlach destapó un posible nido de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vinculado a su ahora ex presidente, Santos Ramírez.

La Razón tuvo acceso al cuaderno de investigaciones del caso, en el que se pudo evidenciar que el cuñado de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, y otro de sus familiares, Gonzalo Aramayo, participaron en todo el traslado de los 450 mil dólares desde que salieron del banco Unión hasta la llegada a la casa de la avenida Tejada Sorzano, en Miraflores.

El martes 27 de enero pudo haber sido un día como cualquier otro. El empresario llegó a La Paz sin pensar que dos horas después iba a perder la vida.

Antes de las 10.00, O’Connor D\’Arlach llegó a la entidad financiera, sobre la avenida Camacho. Fuentes de la investigación explicaron que Luis Fernando Córdova, Mario Cossío Magalen y la víctima cobraron tres cheques, cada uno de 150 mil dólares. Una vagoneta los esperaba en la calle Loayza, entre la calle Mercado y la avenida Camacho, con Miguel O’Connor D\’Arlach en su interior.

La suma de dinero retirada pertenecía a una cuenta personal de la víctima, revelaron las fuentes de la investigación.

Tras sacar el dinero se dirigieron a la vivienda, sobre la avenida Tejada Sorzano. Córdova manejaba, Jorge estaba a su lado; Miguel, su hermano, estaba detrás junto a Cossío Magalen.

“Los empresarios tenían que entregar ese dinero a una tercera persona”, contó Rodríguez Calero en su declaración ante las autoridades policiales y judiciales.

El momento de recoger el dinero del banco Unión, Javier Navia Doria Medina, cuñado de Santos Ramírez; y Gonzalo Aramayo, primo de Navia, según reportaron medios de prensa, esperaban en otro coche.

En el cuaderno de investigaciones se explica que Aramayo es el inquilino de la casa ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde O’Connor D\’Arlach tenía que entregar el dinero.

El fiscal del caso, Luis Mamani, aseveró que la víctima debía recoger un proyecto de ese lugar, sin embargo esa información aún no está confirmada.

Tras arribar a la casa, Jorge O’Connor D\’Arlach bajó del vehículo junto a Cossío, quien iba metros más atrás. Del otro vehículo descendió Aramayo para abrir la puerta, ingresar a la vivienda y realizar el trámite.

Aramayo recibiría el dinero acordado, explicaron las fuentes de la investigación. Javier Navia lo acompañó, sin embargo luego del volteo del dinero desapareció. Actualmente no se sabe de él.

“El dinero era destinado a una cuenta para el señor Santos Ramírez. (Nos dijeron que) no iba a pasar nada, solamente era quitarle la plata y nos íbamos a ir”, declaró Franz Rodríguez, presunto autor material del hecho.

La víctima llevaba en un maletín 300 mil dólares y una computadora portátil, y Cossío Magalen iba con 150 mil en otro maletín, explicó el fiscal Mamani, en la audiencia del viernes.

“El momento que Aramayo y la víctima llegaron a la puerta y estaban por entrar, llegó la motocicleta. Rufino Rodríguez se bajó y fue directamente a quitarle el maletín a Jorge, éste se resistió y le disparó”, contó una fuente que investiga este caso.

Mario Cossío Magalen no corrió la misma suerte. Al ver la intimidación de los agresores soltó el maletín y corrió hacia la calle Monje, se cayó y rodó algunos metros. Los delincuentes tomaron el maletín y escaparon. Cossío salió con vida y es actualmente uno de los testigos clave del hecho delictivo.

Un vehículo, marca Caldina, de color verde, esperaba a los delincuentes unos 30 metros más arriba dos horas antes del volteo del dinero. En él se encontraban Sandra Verónica Mamani Quispe, detenida por la Policía un día después, y dos presuntos delincuentes. Luego del robo, Rufino Rodríguez corrió hacia ese coche y escaparon hacia la zona de Villa Fátima.

En cambio Franz Rodríguez, que manejaba la motocicleta, dobló hacia la izquierda y se dirigió hacia la Periférica.

Rodríguez Calero, Rodríguez Coca y Mamani Quispe fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva.

Tanto el cuaderno de investigaciones como la declaración de Franz Rodríguez confirmaron que los autores intelectuales del volteo y del posterior asesinato de Jorge O’Connor D\’Arlach habrían sido los hermanos Fernando y Ernesto Córdova.

“Esto (el volteo) tenía que ser el lunes (26), pero nos tenía que llamar ‘el Ticoco’ (Luis Fernando Córdova) para decir cuándo iban a realizar el plan”, relató Franz Rodríguez.

Personas cercanas a la familia Córdova afirmaron que Santos Ramírez es tío de los presuntos autores intelectuales.

Luis Fernando Córdova, representante legal de la empresa Catler Uniser- vice, cuyo presidente era Jorge O’Connor D\’Arlach, se puso en contacto con su hermano Ernesto para planificar el volteo, según fuentes de la investigación.

“Los únicos que se comunicaban eran Ernesto y ‘El Rufo’ con celulares y quien pasaba la información era ‘el Ticoco’ (Luis Fernando Córdova)”, explicó Franz Rodríguez.

Es decir, que éste último comentó a su hermano sobre todo el proceso del retiro del dinero y lo que pasaría después, “le contó del dinero, de la coima y también de lo fácil que iba a ser quitarles la plata”, se lee en el cuaderno de investigaciones.

Su hermano Ernesto jugó un papel central en la planificación del volteo. Contactó a la banda de atracadores y los alojó en su casa. “El día del atraco estaba esperando media cuadra arriba”, reveló Rodríguez Calero. Esa información no fue corroborada por la Fiscalía ni por la Policía.

El ex presidente de la estatal petrolera negó cualquier vinculación con los hermanos Córdova. Aseguró que para ser un familiar suyo hay que hablar quechua y “no saber matar”.

Rodríguez Calero sostuvo que el dinero que llevaba O’Connor D’Arlach era pagar una coima para Santos Ramírez por la adjudicación de la empresa Catler Uniservice en la construcción de una planta de licuables. El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez de su cargo el sábado y pidió que 10 personas más, involucradas en actos de corrupción al interior de Yacimientos, sean investigadas, entre ellas los cuñados de Ramírez.

DATOS

Implicados • Los investigados son Misael Gemio, Esther Carmona, Rodrigo Carrasco, Rogelio Ashimine, José Baldivieso, Nelson Cabrera, Juan Carlos Arellano y Juan Carlos y Mario Navia Doria Medina, cuñados de Santos Ramírez.

Declaraciones • Los hermanos Córdova negaron ser familiares de Santos Ramírez y éste aseveró que no hay ningún vínculo familiar con ellos.

Posición • El ex presidente de Yacimientos aseveró que tiene el respaldo del presidente Evo Morales. Ayer dijo que seguirá siendo un soldado del proceso de cambio, que es un ciudadano más y que se defenderá de las acusaciones.

“El dinero era destinado a una cuenta para el señor Santos Ramírez, nos dijeron que no iba a pasar nada”

Franz Rodríguez, autor material

En un segundo vehículo iban Javier Navia Doria Medina, cuñado de Santos Ramírez; y Gonzalo Aramayo, primo de éste.

Cuaderno de investigaciones

Un crimen destapó un hecho de corrupción

El robo de $us 450 mil y el asesinato del empresario Jorge O’Connor dio pistas sobre una presunta coima destinada al ex jefe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.

El robo de $us 450 mil, en el que el empresario Jorge O\’Connor D’Arlach perdió la vida por un impacto de bala, dio pistas de una coima (comisión ilegal) para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, por la adjudicación de un contrato millonario.

Según fuentes cercanas a la Fiscalía, una semana antes del martes 27 de enero, la víctima habría tenido una reunión con Luis Fernando Córdova, representante legal de su empresa, —Catler Uniservice SRL— en un café de la ciudad de La Paz para concretar el pago por la licitación con YPFB.

En julio del 2008, Ramírez y el ejecutivo de Catler Uniservice firmaron un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos por un monto de $us 86 millones. Entonces, O’Connor estuvo en el acto como representante de la empresa en Bolivia.

Si bien el contrato se firmó en julio del 2008, el 30 de septiembre de ese año se depositó Bs 50 mil para que la planta de líquidos comience a funcionar, de acuerdo con fuentes de la investigación. Lo que nadie explica es por qué después de dos meses se efectivizó el contrato y se pagó ese monto que para un proyecto de esa magnitud resultaría pequeño.

Por otra parte, La Razón accedió a una carta anónima, del 5 de enero de este año, dirigida al fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez. En ella se denuncia que la empresa Catler Uniservice SRL “no cuenta con domicilio constituido en Bolivia y que la dirección que señalaron, ubicada en Cochabamba, corresponde a una persona particular de nacionalidad argentina, quien habría prestado su departamento a la empresa mientras se adjudiquen el contrato con el Estado”.

Días antes de producirse el asesinato de O’Connor, la estatal petrolera hizo un desembolso por 4,5 millones de dólares en favor de la mencionada empresa, según ANF.

Cerca de las 10.00 del martes 27 de enero, O’Connor arribó a La Paz proveniente de Santa Cruz y luego se encontró con Córdova, su hermano Miguel O’Connor D’Arlach y Mario Ángel Cossío Magalen, ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y a bordo de una vagoneta llegaron, alrededor de las 11.00, al inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano (Miraflores).

El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de forma oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar para “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”.

De acuerdo con fuentes de la indagación, al mismo tiempo arribaron en otro vehículo el inquilino del inmueble, Gonzalo Aramayo, y Javier Navia Doria Medina.

La Prensa reportó que el primero es primo y el segundo es hermano de Jiovanna Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y esposa de Ramírez.

Cuando la víctima y el inquilino se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales —que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja— aprisionaron a Aramayo contra la reja; le dispararon a O’Connor en el cuello para luego arrebatarle un maletín con $us 300 mil y una computadora personal; y persiguieron a Cossío, quien les entregó otro maletín con $us 150 mil.

Los delincuentes huyeron en los vehículos ya descritos y Luis Fernando Córdova, quien salió ileso del hecho, socorrió a O’Connor. El empresario fue trasladado al hospital Arco Iris, donde falleció.

Un día después, el miércoles, Fernando Córdova denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado al sector de La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal.

En menos de 48 horas, la madrugada del jueves, la Policía detuvo en Cochabamba a Rufino Rodríguez y a su esposa Sandra Mamani; y a Franz Rodríguez, en posesión de 50 mil dólares. A las 8.00, los tres acusados fueron trasladados en un avión comercial desde el Valle hasta La Paz.

Asimismo, a las 3.00 del jueves, la Policía aprehendió en La Paz a Ernesto Córdova, hermano de Fernando, y Miguel que —según fuentes allegadas a la investigación— trabajaba cerca de Ramírez.

En Cochabamba, también se conoció que Yerko Soto Camacho y Ariel Carlos Montaño (prófugos) participaron del robo y asesinato. Mientras que en La Paz, en El Caballito —prostíbulo de propiedad de Ernesto Córdova— se detuvo a Santos Zelaya, Marcelo Quiroga y Avelino Queso; liberados al no hallarles indicios de culpabilidad. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Fernando Figueredo, aseguró que las tres personas aprehendidas en Cochabamba informaron de manera “enfática” que Fernando y Ernesto Córdova organizaron el crimen.

Según el acta de declaración de Rufino Rodríguez, difundida por la red Bolivisión y Cadena A, Ernesto Córdova fue quien planificó, en su domicilio, el hecho delictivo.

Fuentes de la Fiscalía revelaron, por su parte, que Rodríguez se contactó con Fernando Córdova para concretar el crimen y los resultados de laboratorio establecieron que él le disparó a O’Connor.

En respuesta, Ramírez se limitó a decir que el contrato con Catler Uniservice era “legal” y negó todo vínculo con los Córdova.

El sábado, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez y ordenó la intervención de YPFB. “Tengo una nómina de 10 funcionarios, algunos ya denunciados ante la Viceministra de Lucha Contra la Corrupción, luego pasaré la nómina para que el nuevo presidente ejecutivo (Carlos Villegas) de manera inmediata aleje a estos señores y que también se defiendan y se investigue”, dijo.

“(Jorge O’Connor llegó al inmueble de la Tejada Sorzano) para hacer una transferencia de información”.

Luis Mamani, fiscal asignado al caso

“Tengo una lista de 10 funcionarios, algunos ya denunciados ante la Viceministra Anticorrupción”.

Evo Morales, presidente de Bolivia

Otros datos sobre el crimen

Imágenes • De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien lo recibió. Nadie confirmó si los $us 450.000 salieron de las bóvedas o de las cajas.

La moto • La FELCC encontró la motocicleta Honda 250R, que fue utilizada por los delincuentes que asesinaron al empresario y le robaron. La moto es de color de rojo y tiene franjas y el asiento de color negro. La banda criminal la abandonó en la zona de Villa Fátima.

Antecedentes • El director nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo, confirmó que Luis Fernando Córdova y su hermano Ernesto tienen antecedentes penales por el delito de trata de personas a raíz del negocio de prostíbulos que tienen en distintos barrios de la ciudad.

Operativo • Los efectivos policiales que requisaron el local nocturno El Caballito y arrestaron a Ernesto Córdova encontraron en el lugar un revólver calibre 29 y una laptop con abundante información. Además de documentación con membrete de la estatal petrolera.

Dinero • Según Figueredo, las pesquisas determinaron que una persona no identificada depositó 38 mil dólares en una de las sucursales de FIE en La Paz, dinero que luego fue retirado en Cochabamba. “El destino del dinero se encuentra en etapa de investigación”, acotó.

Audiencia • El juez 5º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, determinó la detención preventiva de Rufino Rodríguez Coca, Franz Michael Rodríguez Calero, Sandra Verónica Mamani Quispe (supuestos autores materiales); y de Ernesto Córdova (presunto autor intelectual).

Prisión • Por su parte, el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, determinó enviar a Luis Fernando Córdova al penal de San Pedro, luego que sea dado de alta de la clínica Virgen de Copacabana. El acusado fue hospitalizado tras ser supuestamente secuestrado.

Investigación • El Senado conformó una comisión para apoyar la indagación iniciada por el Ministerio Público.

Frases

Autores • “Hemos realizado diferentes operativos en La Paz, Cochabamba y en otras ciudades para determinar cuál era el vínculo que existía entre los delincuentes que habrían protagonizado este hecho. Franz Rodríguez Calero y Verónica Mamani indicaron que los autores intelectuales son Fernando Córdova y Ernesto Córdova”, informó el director nacional de la FELCC, Fernando Figueredo.

Nexos • “Hay que explicar cómo es que un empresario —Jorge O\’Connor D\’Arlach— tenía tanto dinero y, después, se relaciona de esta manera al presidente de YPFB; todo ello está dentro de la investigación que hace la Fiscalía; nosotros investigamos los hechos que tienen que ver con recursos (dinero) y si éstos son del Estado”, sostuvo la viceministra Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

Participación • “Estaban presentes en el momento del hecho. Creo que en uno de los vehículos, o al interior de la casa, o esperando el dinero, la verdad no sé muy bien este punto, pero los que declaran dicen que él (Javier Navia Doria Medina) estaba ahí, porque han ido a la casa de él”, precisó el fiscal Marcos Vidal sobre la participación del cuñado del presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Defensa • “Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, esa es responsabilidad de intuito persona, yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de otras personas, no siendo mis parientes”, afirmó el ex presidente de la estatal petrolera.

Dinero • “Tienen que preguntarle a mi hermano, hablen con él, al fin y al cabo si a nosotros nos han querido involucrar en esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y decirles de la plata; mi hermano sabe y Mario (Cossío) también”, respondió Ernesto Córdova.

Procedencia • “Es muy lamentable lo que ha pasado (en YPFB). Sabemos de dónde viene la plata que manejaba (O’Connor), es la plata del Estado, de los contratos que hizo YPFB. Queremos saber dónde va esa plata (…) No faltan funcionarios en alcaldías, ministerios y otros que no están preparados para servir al pueblo, por un tema de corrupción”, dijo el presidente Morales.

El asesinato del empresario resultó ser volteo de dinero

DELITO • En un atraco, los delincuentes no saben el monto de dinero que robarán; pero en un volteo, terceras personas conocen los detalles del hurto.

El asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, a quien se le arrebató 450 mil dólares presuntamente destinados al pago de una coima, pasó de ser un aparente atraco a un caso de volteo de esa cantidad de dinero por terceros.

“Ese dinero ($us 450 mil) tenía un destinatario y la gente (que lo sustrajo) sabía que se le iba a dar cierto destino ilícito y que nadie iba a reclamar y por ello lo arrebata”, dijeron fuentes policiales consultadas por este medio.

Agregaron: “Difícilmente el criminal va a ir a la Policía o a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a denunciar que le voltearon algo y que presume quién fue el autor del delito”.

Explicaron que el “volteo” se produce cuando terceras personas se enteran que un determinado bien tiene un destinatario y lo interceptan en el camino empleando la violencia u otros recursos.

En un atraco, indicaron, el delincuente “no sabe cuánto dinero va a obtener, calcula el monto pero la posibilidad de que sea más o menos está latente. En el caso del volteo, precisaron, “se va a lo seguro, se sabe exactamente cuánto se va a conseguir en el hecho”.

Según revelaron las fuentes, otra de las características del volteo es que existe una persona que da el “pitazo”, es decir, los datos sobre el día, la hora, el lugar y la forma exacta en la que cierto producto va a ser entregado.

Señalaron que normalmente se da en delitos relacionado al narcotráfico. Contaron que, por ejemplo, en Cobija (capital de Pando), “hay grupos especializados de volteadores que saben que la droga está llegando para cierta persona, se adelantan a ésta, esperan la mercancía en el camino y normalmente matan para llevársela”.

EL HECHO

Producto • El empresario Jorge O’Connor D’Arlach retiró, junto a otras dos personas, $us 450.000 del Banco Unión en La Paz con rumbo a una vivienda de la avenida Tejada Sorzano.

Destino • Según fuentes allegadas a la investigación del hecho, ese dinero estaba destinado al pago de una coima (comisión ilegal) por la adjudicación de un contrato con la estatal YPFB.

Villegas cambia autoridades e inicia una auditoría en YPFB

Dos gerentes fueron hallados in fraganti cuando trataban de hacer desaparecer información. Se creó una comisión interministerial que investigará los hechos de corrupción en la estatal.

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• CAMBIOS EN LA ESTATAL • Carlos Villegas (izq.) toma juramento a las nuevas autoridades de YPFB. La viceministra Nardy Suxo (centro) y el ministro Héctor Arce estuvieron en el acto.

El cambio de cuatro autoridades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el inicio de una auditoría legal financiera en la estatal petrolera fueron las primeras acciones emprendidas ayer por el nuevo presidente de la empresa, Carlos Villegas.

El fin de semana, el presidente Evo Morales destituyó del cargo a Santos Ramírez, envuelto en un escándalo de corrupción que estalló la semana pasada, tras el robo de $us 450.000 y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Se presume que el dinero era parte de un soborno por la firma del contrato entre YPFB y la empresa Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.

Por el caso, también se determinó el cambio de dos gerentes, un vicepresidente y una directora. A las 17.00, Carlos Villegas posesionó a las nuevas autoridades.

Así, Rodrigo Carrasco fue reemplazado por Gary Medrano en la gerencia de Comercialización y Julio Anagua por Róger Uzquiano en la de Administración y Finanzas. José Luis Gutiérrez fue posesionado como vicepresidente de Operaciones en lugar de Nelson Cabrera y Jenny Medinacelli sustituye a Esther Carmona en la Dirección Jurídica de la estatal.

El sábado, el Ejecutivo también decidió intervenir las oficinas de YPFB. A las 7.00 de ayer, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, fiscales y 10 notarios procedieron a levantar un inventario de toda la documentación existente en Yacimientos.

Esta acción fue acompañada por un contingente policial. Minutos después de que comenzara el procedimiento, Santos Ramírez se presentó en YPFB.

La red ATB informó que el ex presidente de la estatal tuvo que esperar durante unos minutos en el hall de Yacimientos antes de poder subir al que fuera su despacho. En la tarde, Carlos Villegas explicó que la presencia de Ramírez había sido coordinada.

“Él vino a hacer entrega del despacho de la presidencia de YPFB y a llevar sus pertenencias personales. Este hecho no fue circunstancial. Él estuvo en dependencias el tiempo suficiente para la entrega del despacho y para retirar sus pertenencias”.

Adicionalmente, el Gobierno tomó la determinación de realizar una auditoría legal financiera a la empresa estatal. Para ello, se conformó una comisión en la que trabajarán YPFB, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.

Tras la posesión de autoridades, Nardy Suxo prometió que “no se va a dejar un solo hecho de corrupción en la impunidad”

Mientras, Villegas sostuvo que su misión será hacer de Yacimientos “la primera empresa estatal verdaderamente transparente”. La autoridad anunció que una vez que se tenga los resultados de la auditoría y se los presente a la población, habrá un relanzamiento de la estatal.

La autoridad indicó que uno de sus retos al frente de YPFB será incrementar la producción de combustibles y encarar la industrialización de los energéticos.

“Para tal efecto, el Gobierno tomó la decisión de dar un soporte financiero a YPFB de $us 1.000 millones. Ese monto será administrado con total transparencia”, afirmó Villegas.

Durante la intervención a las oficinas de la empresa, Rodrigo Carrasco y Julio Anagua, los dos gerentes destituidos, fueron arrestados por haber tratado de ocultar información, señaló el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez.

Al respecto, el presidente de YPFB precisó que ambos hechos ocurrieron mientras las autoridades hacían el inventario de la documentación y el precintado de las computadoras en cada una de las oficinas de la empresa.

“Cuando se estaba haciendo esto, se encontró in fraganti al ex gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco, tratando de sacar información de una computadora. En consecuencia, la Fiscalía, que estuvo presente, inmediatamente tomó las decisiones que el caso aconseja”, manifestó el ex ministro.

En cuanto a Anagua, Villegas afirmó que “se le encontró in fraganti destrozando un papel”. “En la reconstrucción de ese papel hay unas notas que a la Fiscalía le llaman poderosamente la atención y por eso fue detenido”.

Según ATB, los ex gerentes fueron llevados a la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para declarar. Posteriormente, fueron liberados.

APUNTES

Contrato • El 14 de julio del 2008, YPFB firmó un contrato llave en mano con la empresa Catler Uniservice para la construcción e instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Avance • Según la ANF, las obras en el mismo campo aún no han comenzado. Los equipos que se instalarán en la planta están en proceso de fabricación en Estados Unidos y en Argentina.

Posición • Carlos Villegas prefirió no adelantar criterios sobre la continuidad del trabajo con Catler Uniservice. Sin embargo, una fuente oficial informó a La Razón que el Ejecutivo estudia la rescisión del contrato por lo ocurrido.

Preocupación • El presidente de la Cainco cruceña, Eduardo Paz, consideró que los indicios de corrupción en Yacimientos se constituirán en un retraso para las inversiones en hidrocarburos.

El contrato con Catler fue ajustado tras la firma

Una fuente oficial informó que el Ejecutivo se vio presionado por la falta de carburantes y que después del 14 de julio hubo ajustes “en el camino”.

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• LA INTERVENCIÓN DE YPFB • Un grupo de policías ingresa el lunes al edificio principal de la estatal petrolera para acompañar la labor que realiza la Viceministra de Transparencia.

El contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la asociación accidental Catler Uniservice para la construcción de la planta separadora de Río Grande “se fue ajustando en el camino”, informó a La Razón una fuente oficial.

Según el informante —cuyo nombre se mantiene en reserva—, el documento se suscribió el 14 de julio del 2008 con premura, por la presión que tiene el Ejecutivo de aumentar el volumen de producción de combustibles (Gas Licuado de Petróleo – GLP y gasolina) para el mercado interno, frente a la actual crisis provocada por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

La misma fuente indicó que ese apuro sería la razón por la que el contrato lleva la firma de Miguel O’Connor, quien tiene el poder notarial, cuando en el acto de la suscripción del documento no estuvo él, sino Agustín Melano. Agregó que esa premura también explica el hecho de que en principio se haya hablado de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y luego de una sociedad accidental, con la que finalmente se firmó el contrato.

El informante sostuvo que fue la misma presión por subir la producción para el mercado interno la que llevó al Gobierno a emitir el Decreto 29506 (9 de abril del 2008), norma que permite a YPFB que realice contrataciones directas, a fin de reducir el tiempo que podría tomar una licitación. Así, el decreto permitió la adjudicación de la construcción de la planta a Catler Uniservice, que habría hecho la mejor oferta.

La construcción fue adjudicada a Catler Uniservice por $us 86 millones, de los cuales 45 millones se depositaron el 2008 en el Banco Unión. La misma fuente recordó que este año se debería depositar el resto del dinero.

“Esta sociedad es la responsable de la instalación de la planta separadora de Río Grande, la misma que contrató a otras empresas para su construcción. Del total del costo, $us 56 millones están destinados para la empresa Gulsby de Estados Unidos, que es la que fabrica la planta criogenia y es la que integrará los equipos fabricados. Por otra parte, 15 millones se pagarán a las empresas argentinas Sica y Gonella, que fabrican los recipientes de alta presión”, añadió el informante.

El resto del dinero, cerca de 15 millones, está destinado a las obras civiles, agregó, y aclaró que el movimiento del dinero, con las empresas extranjeras, es a través de bancos, y el que se gasta en el país sólo puede ser desembolsado con póliza de seguro.

Ayer, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez explicó que la estatal petrolera desembolsó hasta el momento 6,8 millones de dólares en tres cuotas: la primera fue de 800.000 dólares, la segunda de un millón de dólares y la tercera de cinco millones.

Cuando el contrato se firmó, se habló de un primer desembolso de $us 4,5 millones. El dinero robado a Jorge O’Connor asciende a $us 450.000, provenientes de YPFB, según el Jefe de Estado.

VERSIONES

Sociedad • El ex presidente de YPFB Santos Ramírez señaló ayer que debió haber un error cuando la información institucional de la estatal hacía referencia a Catler Uniservice como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y no como una sociedad accidental.

Registro • Una fuente de la estatal petrolera explicó a este medio que no hay irregularidad en el hecho de que la sociedad accidental no esté registrada en Fundempresa, porque la norma no exige este requisito, sólo demanda que la compañía esté registrada ante un notario.

Micros

Prefectura tarijeña tiene contratos con Uniservice

De cerca de 1.000 contratos suscritos por la Prefectura de Tarija, la empresa Uniservice SRL ejecuta cinco, señala un informe de esta entidad. Se trata del sistema de riego “San Antonio – Santa Clara, la construcción de electrificación rural de la Segunda Sección de la provincia Gran Chaco, cantones San Diego, Narváez y Huayco, y Chaco Seco, además de la construcción de la presa El Molino”.

El documento aún no fue registrado en la CGR

A más de seis meses de suscrito el contrato llave en mano entre YPFB y Catler Uniservice, aún no fue registrado en la Contraloría General de la República, ni protocolizado en la Notaría de Gobierno, según información gubernamental. Al respecto, el ministro Héctor Arce Zaconeta señaló que la comisión interventora tendrá que “evidenciar” el registro del contrato en ambas instancias. ANF