La sombra de la duda

image El Nuevo Día.

Intervenir directamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el propósito de realizar una auditoría económica y financiera ha sido lo menos que podía hacer el Gobierno frente a las acusaciones de corrupción dirigidas al ahora ex presidente de la empresa estatal petrolera Santos Ramírez. Sin duda, ha sido una buena señal política  de parte del Ejecutivo, ante la creciente sospecha de estar involucrado en graves hechos irregulares, incluso vinculados al asesinato del empresario petrolero O’Connor D’Arlach.

Con la destitución de Santos Ramírez se abre una etapa de investigación que se espera arroje luces sobre el manejo de YPFB y establezca responsabilidades sobre hechos que se califican de delictivos, dados los antecedentes y las circunstancias que rodean el asunto. Se ha percibido de manera cada vez más evidente que ha sido la inmensa sombra de la duda caída sobre uno de sus más cercanos colaboradores, la que ha pesado sobre la decisión del presidente Morales. Por eso ahora sólo resta que la intervención de YPFB tenga la celeridad y la transparencia que el caso aconseja.



Sin embargo, nadie podrá negar que la corrupción al interior de las empresas estatales no es otra cosa que una realidad lacerante que carcome la institucionalidad. Ha sido una constante en los gobiernos anteriores y tampoco el actual puede presumir haberse librado de sus garras. Es más, todavía siguen pendientes de esclarecimiento o de divulgación otros hechos calificados de irregulares sobre los cuales el Gobierno no se ha pronunciado con la claridad exigida. Si presume de inocencia, está obligado a demostrarlo con hechos irrebatibles.

Hay que reconocer la sensatez de una oposición política que celebra se haya dado un paso concreto para esclarecer lo que se supone una red de corrupción que coloca bajo el manto de la sospecha a la totalidad de la propia administración gubernamental. También se hace preciso reconocer que la destitución de una autoridad no soluciona prácticamente nada y que tampoco es suficiente dada la gravedad de los hechos que deben ser esclarecidos. Se hace imperioso establecer claramente las responsabilidades individuales para aplicar las correspondientes sanciones.

El hecho que el Gobierno maneje una amplia lista de funcionarios que dejarán sus cargos para ser investigados resulta al menos alentador. La opinión pública sabe que el asesinato de un empresario petrolero que tenía vínculos contractuales con la empresa petrolera estatal nacional, coloca en el banquillo de la sospecha a altos funcionarios de YPFB y al propio Gobierno. Es más, es un asunto crucial que sin duda no tiene punto de retorno.

O se aclara todo a la brevedad o el Gobierno cargará con una mancha imborrable que afectará en grado superlativo su ya venida a menos imagen pública. La investigación debe ser encarada con la mayor celeridad posible y rodeada de la más amplia transparencia que se pueda ofrecer. Al mismo tiempo, corresponde dejar en claro que una vez establecidas las responsabilidades debe procederse al castigo ejemplar de quienes abusando del poder, han pretendido enriquecerse a costa del bien público. Y han querido hacerlo cuando lo suyo era la celosa custodia.. de los mismos.

O se aclara todo a la brevedad o el Gobierno cargará con una mancha imborrable que afectará  su ya venida a menos imagen pública.