YPFB ajustó el contrato a la medida de Catler-Uniservice

Después de la firma en julio, YPFB hizo cuatro adendas al documento. De ellas, al menos dos benefician a la Catler-Uniservice.

En su condición de Ministro de Hidrocarburos, el actual presidente de la estatal respondió en agosto del año pasado a una petición de informe del Senado sobre el acuerdo. Ayer dijo que no tenía conocimiento de ello.

image • LA DECLARACIÓN • Carlos Villegas (izq.) ofrece su informe a la comisión de senadores que investiga el caso. Fue ayer.



La Razón

Desde agosto del 2008, el ex ministro de Hidrocarburos y actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conocía el contrato firmado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice.

La Razón accedió a una carta del 26 de agosto del 2008, firmada por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dirigida al presidente Evo Morales.

En la nota, Villegas comunica al Mandatario su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 291/2008, presentada por el senador Carlos D’Arlach, acerca de la adjudicación del proyecto de construcción de una planta de separación de licuables en el país.

El documento da cuenta de que el proyecto se adjudicó a la Asociación Universal Catler-Uniservice —conformada por Catler, Gulsby, Uniservice SRL, Arcan Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL— por $us 86,3 millones y que el financiamiento será otorgado por un fideicomiso del Ministerio de Hacienda por $us 90 millones.

Sin embargo, Villegas negó ayer tener conocimiento sobre la relación contractual entre YPFB y el consorcio. Lo hizo al declarar ante la comisión especial del Senado que investiga el asesinato del ejecutivo de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, y el volteo de $us 450.000, dinero presuntamente destinado a una coima (comisión ilegal) para el ex presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez, por la adjudicación del millonario proyecto.

“Lo primero que se nos ha informado, a través de diferentes notas, es que el Ministerio de Hidrocarburos no tenía conocimiento (del acuerdo) y que, por tratarse de una entidad autárquica, no era parte de las diferentes acciones que realizaba YPFB”, dijo ayer el presidente de la comisión, Wálter Guiteras, en una rueda de prensa en la que Carlos Villegas estuvo a su lado.

Mientras, Villegas admitió que “el Ministerio (de Hidrocarburos) tiene representantes en el directorio de YPFB”; aunque no dio más detalles al respecto. Agregó que “cuando termine la investigación, les vamos a explicar qué pasó con ese directorio”.

El informe presentado por el ex ministro el año pasado señala también que el proyecto para la construcción de la planta se licitó el 24 de mayo del 2008; se adjudicó el 10 de julio y que el contrato con Catler-Uniservice se firmó el 14 de julio de ese año.

Añade que el contrato establece tres tipos de garantía: de correcta inversión del anticipo, de cumplimiento del acuerdo y de buena ejecución de la obra. Pero no aclara si el consorcio hizo efectivas dichas garantías.

En el caso de Catler International Corporation, parte de la Asociación Universal que suscribió el contrato con el Estado boliviano, el informe afirma que la empresa está “organizada bajo las leyes de la República de Panamá del 2003” y que es la principal accionista de otras firmas en Argentina, Brasil, Bolivia y República Dominicana.

Sin embargo, el superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que “es sorprendente” que Catler no tenga una casa propia, ya que su domicilio legal en Panamá es la oficina de un abogado, al igual que en Bolivia.

En su edición digital del miércoles, el periódico argentino El Tribuno (Salta) indica que la sucursal de Catler radicada en la provincia de Salta “no registra empleado en relación de dependencia”. La publicación añade que dos semanas antes de firmar el contrato con YPFB, “a la empresa salteña le rechazaron un cheque por 42.000 pesos (Bs 83.500) por falta de fondos”.

También se lee que “el teléfono de la empresa en Buenos Aires es atendido por un contestador que aclara que no harán declaraciones a la prensa hasta que finalice la investigación (en Bolivia)”.

Morales acotó que el tema de Catler International Corporation “es un tanto oscuro por el momento”. “Hemos tratado de seguirle las huellas e identificar de qué empresa se trata, dónde está ubicada y no lo hemos logrado”.

El informe de Villegas apoya en Gulsby —otro miembro del Catler-Uniservice— la experiencia del consorcio para adjudicarse el proyecto de YPFB y para ello anexa el detalle de las 95 plantas similares que ejecutó, pero no así la propuesta específica para el proyecto gasífero en el país.

“El ministerio tiene representantes en el directorio de YPFB… cuando termine la investigación les vamos a explicar qué pasó”.

Carlos Villegas, ex ministro de Hidrocarburos.

El contrato fue ajustado a la medida de la empresa

CAMBIOS • Después de la firma en julio, YPFB hizo cuatro adendas al documento. De ellas, al menos dos benefician a la Catler-Uniservice.

El contrato suscrito el 14 de julio del 2008 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad accidental Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, tiene cuatro adendas posteriores, de las cuales al menos dos se ajustaron a la medida de la empresa contratista.

Una de las adendas permite al consorcio presentar como garantías pólizas de seguro en vez de boletas bancarias. La segunda le faculta para recibir pagos a pesar de que no exista una supervisión especializada de la obra. El contrato y sus adendas fueron publicados ayer en el sitio web de la estatal petrolera.

El martes, La Razón informó, en base a una fuente oficial, que el contrato “se fue ajustando en el camino”, después del acto de la firma en julio del 2008, razón por la que existieron varias contradicciones en la última declaración de Santos Ramírez como presidente de la estatal petrolera.

El contrato con Catler-Uniservice recuerda que éste está sujeto a la normativa prevista por el Decreto Supremo 29506 del 9 de abril del 2008, que da vía libre YPFB para realizar contrataciones directas de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría para el desarrollo de todas las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos.

La primera adenda al contrato data del 8 de agosto del año pasado, a petición de la sociedad accidental Catler-Uniservice. Establece las “reformas al anticipo y emisión de boletas bancarias de forma sindicada con otras entidades bancarias y el plazo de presentación de las boletas”.

El 17 de octubre del 2008 se adjunta al contrato la segunda adenda, en la que el contratista pide que las garantías puedan ser boletas bancarias del Banco Unión y/o pólizas de garantía de cumplimiento de contrato de obras para entidades públicas. YPFB acepta, señala que es procedente y solicita la emisión de un informe legal al respecto.

La tercera adenda fue incluida al contrato el 24 de noviembre. En ella, a solicitud de YPFB se pide que sea una empresa calificada y especializada en el rubro la que realice la supervisión de la obra (construcción, instalación y montaje de la planta separadora de líquidos), en vez de sólo un profesional, como establecía el contrato original.

Finalmente, la última adenda, firmada el 8 de enero, permite el desembolso de pago a Catler- Uniservice, a pesar de que no haya la aprobación de un supervisor especializado que califique el avance y la calidad de la obra.

Este anexo del contrato, además da la facultad a la presidencia ejecutiva de YPFB, que estaba en manos de Santos Ramírez, a designar a la contraparte para que apruebe las certificaciones emitidas (para el pago) por la misma Catler-Uniservice. Una vez contratada, la supervisora deberá revisar todos los pagos, y si hay observaciones, deben ser subsanadas por el contratista.

YPFB garantiza el suministro de combustibles

Las actividades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) volverán a la normalidad en las próximas horas, en función a la conclusión del vaciado de información de las computadoras de la empresa, aseguró el máximo ejecutivo de la estatal, Carlos Villegas, que, además, garantizó el suministro de combustibles.

“No hay desabastecimiento (de combustibles en el mercado interno), eso garantizo”. Agregó que la empresa “está trabajando en las instancias correspondientes para asegurar el suministro de diesel, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

La autoridad también manifestó que el plantel ejecutivo posesionado es interino y que está en constante evaluación, para ver si los funcionarios son ratificados o cambiados. Aún falta el nombramiento de cinco ejecutivos, puesto que fueron nueve los destituidos. Villegas señaló que hoy concluiría el vaciado de datos de todas las computadoras, con lo cual “regularizaremos las actividades a partir del jueves o el viernes a más tardar”. Ayer, el presidente de la estatal brindó un informe a la comisión especial del Senado, encargada de investigar la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de 450.000 dólares, con sus secuelas de corrupción en YPFB. Desde el lunes las actividades en la estatal están detenidas. ANF

El directorio de la estatal no aprobó el documento

ILEGAL • El senador Wálter Guiteras señaló que Santos Ramírez violó su propio decreto.

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• 11 DE ABRIL • La Razón informó sobre el decreto que da facultades a Yacimientos.

El contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad accidental Catler-Uniservice para la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande, violó el Decreto 29506, que autoriza a la petrolera a adjudicar obras por contratación directa, puesto que el documento no fue aprobado por el directorio de la estatal.

La información la dio a conocer ayer el senador Wálter Guiteras, presidente de la comisión que investiga los hechos de corrupción en Yacimientos.

El legislador explicó que no sólo se violaron las normas básicas de contratación, sino también el decreto que autoriza a YPFB a realizar contratación directa.

“El decreto dice que necesariamente (el contrato) tiene que ser protocolizado, hacerse boletas de garantía, hacerse invitaciones. Pero lo estructural, la principal violación es que ni siquiera ha sido aprobado por el directorio. El contrato ha sido firmado directamente entre Santos Ramírez (ex presidente de YPFB) y Catler-Uniservice y no ha sido aprobado por el directorio”, subrayó el senador Guiteras.

El legislador de Podemos sostuvo que esta afirmación fue confirmada ayer por la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, durante el informe que brindó a la comisión investigadora.

El artículo 4 del capítulo II del Decreto 29506, promulgado el 9 de abril del 2008 —tres meses antes de la suscripción del contrato— a la letra señala que “el procedimiento para la contratación directa… deberá ser propuesto por el presidente ejecutivo y aprobado por el directorio de YPFB mediante resolución expresa, el mismo que se aplicará a partir de su aprobación. Este procedimiento deberá aprobarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente decreto supremo”.

La Razón advirtió en abril del año pasado que el decreto permitía a Yacimientos realizar contrataciones sin licitación.

Además, el documento no fue protocolizado y, sin embargo, ya se realizaron desembolsos para las obras civiles y para las empresas Gulsby de Estados Unidos y SICA Gonella de Argentina, que están construyendo la planta que separará los líquidos (gasolina y GLP) del gas natural que se exporta al mercado brasileño.

El hecho irregular que se investiga de forma interna y externa en YPFB motivó a que el Ejecutivo y el Legislativo, a través de los senadores oficialistas y de oposición, piensen en ajustar el proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz o crear una nueva norma similar para evitar la corrupción en la esfera estatal.

La comisión interventora halla indicios de 4 delitos en YPFB

AVANCE • La viceministra Nardi Suxo señaló que hay elementos que llevan a pensar que hubo daño económico, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

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• Conferencia de prensa • Después de declarar ante la comisión de senadores, Nardi Suxo se dirige a los medios para explicar la información brindada a los legisladores. Ocurrió ayer.

En dos días de labor, la comisión interventora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encontró indicios de cuatro delitos cometidos en la gestión de Santos Ramírez, como presidente de la estatal petrolera: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado y uso indebido de influencias, según informó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

La intervención, que se efectuó tras la posesión de Carlos Villegas como nuevo presidente interino de YPFB, está compuesta por Suxo, por el ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, por fiscales, notarios y un grupo de profesionales informáticos.

Tras emitir su informe a la comisión del Senado que investiga el caso de corrupción en YPFB destapado tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, Suxo señaló que la comisión está en plena revisión del contrato entre la estatal y la empresa Catler-Uniservice, para la construcción de la planta separadora de Río Grande. El grupo también indaga sobre el proceso de adjudicación y licitación, que en este caso sería de “contratación directa”, según explicó anteriormente Ramírez.

“Ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado y uso indebido de influencias. Pero todo eso tenemos que documentar”, manifestó la autoridad.

“De la revisión de alguna documentación, al parecer se habrían cometido estos hechos, sin embargo una vez que tengamos toda la documentación y el respaldo jurídico, vamos a presentar la denuncia correspondiente”.

Por casi tres horas, la comisión del Senado, compuesta por los senadores Wálter Guiteras (Podemos), José Villavicencio (UN), Antonio Peredo (MAS) y Ricardo Díaz (MAS) recibió a puertas cerradas el informe de Suxo.

Posteriormente, la viceministra informó que las revisiones que está realizando la comisión del Ejecutivo en Yacimientos están siendo contrastadas con la legislación existente y con los decretos que hacen referencia a las adquisiciones públicas.

Nardi Suxo sostuvo que la comisión interventora espera concluir “en las próximas horas” el análisis del contrato y todo el proceso que se siguió hasta la adjudicación a Catler-Uniservice.

Santos Ramírez firmó el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice el 14 de julio del 2008. En representación de la empresa firmaron Agustín Melano y Miguel O’Connor D’Arlach.

MÁS DATOS

Sanciones • Ante los indicios de los posibles delitos cometidos por el ex presidente de Yacimientos Santos Ramírez en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice, según el tipo de responsabilidad en que se enmarquen, las sanciones pueden ser destitución, multa y resarcimiento de daños económicos.

Casos • La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, reveló que desde su despacho también se investigan otros casos de corrupción en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relacionados con el robo de cañerías, robo de turbinas y nepotismo, entre otros.

Villegas designó a un gerente observado

CASO • Róger Uzquiano favoreció a parientes cuando trabajó en el Ministerio de Hidrocarburos.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, designó como Gerente de Administración y Finanzas de la empresa estatal a Róger Uzquiano, pese a que este funcionario había sido sindicado por cometer nepotismo cuando trabajaba en el Ministerio de Hidrocarburos.

Según información del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en octubre del 2007, Róger Uzquiano fue denunciado ante el Ministerio Público por el delito de uso indebido de influencias, por haber contratado a sus sobrinos Wálter Rodrigo Narváez Fernández y Daniela Narváez Vargas.

La denuncia fue realizada por la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, e incluso fue puesta en conocimiento del vicepresidente Álvaro García Linera.

“El licenciado Róger Uzquiano no tiene ningún impedimento legal para hacerse cargo de la gerencia. Él tuvo una denuncia el 2007 y fue absuelto, declarado inocente, en un pronunciamiento jurídico penal. Por lo tanto, él está liberado de cualquier culpa”, manifestó Villegas en la tarde, luego de declarar ante la comisión del Senado que investiga el caso de corrupción en YPFB.

Consultada sobre el caso de Uzquiano, Suxo explicó que se salvó de responsabilidad al Gerente de la estatal, “porque habría subsanado (es decir que se suspendió el proceso penal) el hecho por el cual se hizo la denuncia”.

Con respecto a Gary Medrano, nuevo Gerente de Comercialización, cuya designación también ha sido cuestionada, Villegas indicó que el funcionario tuvo un problema interno en YPFB, que ameritó una sanción de 30 días. “Él cumplió la sanción y está en condiciones de asumir la Gerencia de Comercialización”, concluyó la autoridad.

La Prefectura dice que no firmó con Catler

TARIJA

La Prefectura de Tarija aclaró que los contratos que firmó para la ejecución de seis proyectos fueron con la empresa Uniservice SRL y no con el consorcio Catler International ni con la sociedad accidental Catler-Uniservice, implicada en el caso de corrupción en la estatal petrolera.

A través de un comunicado, la Prefectura precisó que de 1.000 contratos por proyectos de inversión que suscribió con unas 200 empresas “legalmente constituidas”, la empresa Uniservice SRL ejecuta seis proyectos: el sistema de riego San Antonio-Santa Clara; la electrificación rural en la segunda sección de la provincia Gran Chaco; la electrificación rural en los cantones San Diego, Narváez y Huayco; la electrificación de Chaco Seco y el programa de saneamiento y riego Guadalquivir-Primera Fase.

La directora jurídica del gobierno departamental de Tarija, Teresa Paz, indicó que se desembolsó el 20% del valor de cada uno de los proyectos, como establecen las normas vigentes.