Proceso. Citaron a Ernesto Suárez. Canelas quiere ver preso a Cossío.
Denunciados. Del grupo de prefectos opositores al Gobierno, sólo el cruceño Rubén Costas se libra, por el momento
El Deber
Henrry Ugarte A.
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El Gobierno y el Ministerio Público arremeten contra los prefectos Mario Cossío, de Tarija, y Ernesto Suárez, de Beni, por supuestos hechos de corrupción y el MAS intenta abrir un proceso contra el magistrado Eddy Fernández, para descabezar la Corte Suprema.
En base a una auditoría que data de 2006, el Contralor de la República a.i, Gabriel Herbas, acusó al prefecto tarijeño, Mario Cossío, de haber consumado un negociado, en complicidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la adquisición de bienes y servicios.
Sobre la denuncia de Herbas, la oficina boliviana del PNUD aclaró que no es una agencia de empleos de la Prefectura de Tarija y que los cinco convenios firmados se refieren principalmente al apoyo en la adquisición de bienes y servicios y asistencia técnica.
El nuevo ataque del Gobierno se produce justo cuando el prefecto Cossío se encuentra en Europa cumpliendo una misión oficial.
Sin embargo, el secretario general Mauricio Lea Plaza, en su visita a Santa Cruz, aclaró que los ataques del Gobierno responden a intereses políticos y que todos las procesos abiertos por la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, fueron debidamente descargados. Es más, dijo que el juiciode responsabilidades que inició Cossío contra el Presidente de la República, por su supuesta participación en el caso de corrupción de YPFB es la causa de la persecución del Gobierno contra autoridad tarijeña.
Mientras la Contraloría de Tarija inició el lunes, una auditoría para comprobar la cantidad de recursos que se destinó para el referéndum por los estatutos tarijeños, ayer, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, se mandó una frase contundente contra Cossío: “El prefecto de Tarija ya debería estar preso”.
La asesora de la Prefectura de Tarija, María Teresa Paz, lamentó ayer que el Gobierno se refiera de esa forma contra Cossío y dijo que cuando el prefecto retorne analizarán la posibilidad de querellarse contra Canelas.
En Trinidad, el Ministerio Público notificó el pasado miércoles al prefecto de Beni, Ernesto Suárez, y a cuatro funcionarios de esta entidad por supuestos actos de corrupción en la adquisición de seis motores generadores de energía eléctrica.
La representante de la oficina de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, María del Carmen Castelo, dijo que los funcionarios prefecturales compraron motores en desuso para distribuirlos en siete poblaciones y presentarlos como nuevos.
Los funcionarios notificados son: el prefecto Suárez, el secretario general Clemente Cárdenas, el asesor jurídico Rafael Saavedra, y el jefe de Inversión Jorge Pinedo.
Al respecto, el prefecto Ernesto Suárez minimizó ayer las denuncias en su contra y dijo que presentará todas las pruebas de descargo que sean necesarias.
Con el prefecto pandino Leopoldo Fernández preso y Suárez y Cossío procesados, sólo resta el cruceño Rubén Costas.
Buscan descabezar a la Suprema
El anuncio de un juicio de responsabilidades contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, hecho ayer por una comisión del Congreso, pone en riesgo la normalidad de las actividades en el máximo Tribunal, pues a ello se suma el abandono que el próximo martes deberán hacer tres magistrados que cumplen su periodo constitucional de diez años.
De momento, Fernández no hizo ninguna declaración sobre el inicio de un proceso en su contra impulsado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y tampoco hubo ningún comunicado oficial por parte de la oficina de Prensa de la Corte.
Antes de conocerse el anuncio, la Corte Suprema preparaba para los próximos días una recomposición de salas ante la culminación de su gestión de los ministros Héctor Sandoval Parada, Jaime Ampuero García y Emilse Ardaya Gutiérrez, que permanecieron en sus cargos por diez años.
La Suprema está compuesta normalmente por doce miembros, el año pasado renunció el ministro Juan José González y la Sala Plena quedó con once, pero ante el cumplimiento de funciones de otros tres ministros la Corte quedará con ocho miembros.
Sin embargo, en caso de prosperar un proceso contra Fernández, éste deberá abandonar su cargo mientras el juicio se sustancia en las comisiones del Parlamento. /ANF
Contra el máximo tribunal
Proceso. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó una sesión, con el fin de abrir un proceso contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández,
Denuncia. Según el presidente del Senado, Óscar Ortiz, el MAS quiere procesar a Fernández para descabezar la máxima instancia de justicia del país y con ello manejar todo desde Palacio Quemado.
Abuso. Óscar Ortiz calificó como un abuso de poder el hecho de que el Gobierno esté tras los pasos de los prefectos opositores y del presidente de la Suprema. “Quieren acabar con los que le estorban”, dijo.