Fiscal aprehenderá a la cúpula cruceña si no declara en La Paz

Costas, Marinkovic y Nayar, serán convocados como sospechosos. El Prefecto anunció que no irá a La Paz. Vinculan al hermano del ‘Vice’.

image Informe: Antonio Quisbert, perito en explosivos, explica los detalles de las sustancias halladas en Santa Cruz

Soza advierte de aprehensiones si cruceños no declaran en La Paz



Costas, Marinkovic y Nayar, entre otros, serán convocados como sospechosos.

Los señalados denuncian una “persecución política” sin precedentes.

La Prensa

El Ministerio Público sostiene que la investigación está bajo control jurisdiccional de La Paz.

La milicia utilizó en el atentado contra el Cardenal los mismos explosivos que los hallados en Cotas

El fiscal Marcelo Soza anunció que convocará a declarar en la ciudad de La Paz a 26 personalidades de la institucionalidad de Santa Cruz, y quienes se resistan a hacerlo serán aprehendidos, aunque los aludidos denuncian una persecución política y anuncian que solamente se someterán a la jurisdicción cruceña.

Así, el prefecto de ese departamento, Rubén Costas; el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, y Carlos Guillén, vicepresidente del club Blooming, entre otras personalidades de esa región, deberán concurrir a declarar en La Paz.

Las demás personalidades bajo sospecha son Horacio D’Arruda, ejecutivo de la empresa de aseo urbano en Santa Cruz; Francisco Cirbián, autoridad de la Prefectura cruceña; Edmundo Farah, oficial mayor de Planificación de la comuna; José Luis Quiroga, ejecutivo de ITS, distribuidora de televisión por cable.

También figuran David Cejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); Pedro Yovhío, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; Zvonko Matkovic, influyente empresario privado y político; Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); Horacio Parada; Orlando Áñez; Lorgio Balcázar, ex gerente del Comité pro Santa Cruz; Rolando Aguilera, secretario general de la Prefectura; Héctor Laguna, asesor de la CAO; Jorge Rivero; Hugo Salas; Alberto Melgar, ex presidente del Comité Cívico del Beni; Víctor Hugo Velasco, dirigente indígena; Mauricio Iturri, activista cívico; Martha Lazo; Sergio Antelo, ex alcalde y dirigente del Movimiento Nación Camba; Juan Carlos Velarde, ex presidente de la cooperativa telefónica cruceña; Gabor Dudog y Daniel Gaspar.

“La ley es clara, una autoridad competente, como es la Fiscalía, emite una citación. Si el convocado no se hace presente sin ninguna justificación, surge el mandamiento de apremio. Eso es lo que dice la ley, para todas las personas que probablemente estuviesen involucradas en un hecho delictivo”.

Soza es el director funcional de la investigación por el presunto caso de terrorismo que fue descubierto por los organismos de inteligencia del Estado y que dio lugar a un operativo la madrugada del jueves 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra.

En aquella oportunidad murieron los supuestos mercenarios Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal

Dwyer, en tanto que Elöd Tóásó y Mario Tádic fueron capturados con vida y están recluidos en el penal de San Pedro en un área de completo aislamiento.

El Fiscal refirió que la mencionada figura legal se aplica también a “los testigos, con quienes ocurre lo propio; si a un testigo se le cita y no viene, se emite el correspondiente mandamiento de aprehensión”.

Consultado en torno a la posibilidad de que tome declaraciones a algunos implicados en Santa Cruz, el representante del Ministerio Público sostuvo que “estamos bajo control jurisdiccional de La Paz. Tienen que tener un justificativo fuerte, para no trasladarse. Es el capricho de estas personas que no quieren venir”.

El matutino cruceño El Deber da cuenta de que David Cejas, ex presidente de la UJC y cuyo nombre aparece en la ampliación de investigación, señaló que estas acciones buscan acallarlo y puntualizó que esperará ser notificado para analizar si irá o no a la sede del Gobierno.

El ex presidente cívico de Beni negó toda posibilidad de ir a La Paz para dar su testimonio. “No hay garantías en La Paz, el departamento se convirtió en un campo de concentración”, dijo Melgar, quien aseveró que no saldrá del país.

A diferencia de Melgar, la dirigente social Martha Lazo, también sindicada por este caso, indicó que se presentará cuando sea convocada porque no teme a la investigación.

Finalmente, Sergio Antelo, desde Brasil, donde dijo estar por razones de trabajo, anunció que no asistirá a declarar a La Paz porque no es la jurisdicción que le corresponde y pidió que los responsables de lo ocurrido den la cara. El líder de la Nación Camba dijo que su labor concluirá en 15 días, entonces analizará “qué hacer”.

Costas sostuvo que de esta manera se desata una persecución política contra la región.

Declaraciones de Suárez

El representante legal de la empresa CorHat, Ronald Alberto Suárez, declaró ayer por espacio de un cuarto de hora.

Explicó que hizo un esfuerzo para llegar a La Paz, pues por prescripción médica no puede vivir en la altura, aunque aclaró que no conoce personalmente a los abogados Alejandro Melgar y Hugo Achá, en tanto que nunca estuvo al tanto de la existencia del grupo La Torre y que tampoco mantuvo relación de tipo alguno con la UJC.

“Me preguntaron si conocía al grupo Rózsa, si conocía al grupo La Torre, si aportaba a esos grupos, si tenía relación con algún grupo político. Dije que entre 1982 y 84 fui ejecutivo del Centro Interno de Derecho y candidato a la FUL en la Universidad René Moreno y desde hace 25 años estoy al margen de toda actividad política”.

Dijo que su participación accionaria en CorHat alcanza al 5,25 por ciento, por lo que no pudo disponer de los recursos y utilidades para hacer aportes al grupo La Torre.

Se confirmó además que Suárez fue convocado como consecuencia de un informe de inteligencia que mencionaba no a Ronald Alberto Suárez Salvatierra, su nombre completo, sino, según su defensor, el abogado Otto Ritter, a Ronald A. Suárez, quien sería “Ronald Álvarez Suárez”.

Entretanto, se conoció que la audiencia de medidas cautelares a la que debe ser sometido el imputado Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, podría llevarse a cabo esta mañana ante la juez Marcela Siles.

Pese a que se le ha imputado el delito de terrorismo, el “Viejo” no fue aprehendido el jueves a causa de su delicado estado de salud, pues padece de diabetes en grado terminal.

Soza anunció, finalmente, que este lunes tendrá los resultados de los peritajes hechos a los computadores, memorias flash y cámaras fotográficas secuestrados a los presuntos milicianos en el hotel Las Américas y en el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) en el campo ferial.

Ese trabajo es desarrollado por un consultor privado en la ciudad de La Paz.

Hay diferencias entre tres figuras legales

El consultor legal Germán López explicó que las figuras legales de anotación preventiva, incautación y confiscación son distintas, aunque se aplican para resarcir el daño civil causado por el propietario del o de los bienes objeto de una acción judicial.

La anotación preventiva es una figura de caución, en la que el acreedor, en el caso de un proceso ejecutivo civil, o la víctima o querellante, en la vía penal, precautela los bienes del deudor o agresor para lograr el cobro de la deuda o el resarcimiento de los daños.

La medida determina gravar en la vía preventiva el patrimonio del procesado para que no lo afecte o enajene y toma la forma de una hipoteca legal hecha con la finalidad de cubrir los daños civiles que la acción pudiera haber causado, aunque aquél mantiene el usufructo de los bienes mientras se sustancia el juicio respectivo.

La incautación es un privilegio privativo del Estado, en tanto y en cuanto el presunto delincuente hubiese atentado contra la colectividad, para prevenir el cubrimiento del daño civil causado. Es aplicado básicamente en los casos de narcotráfico, un delito declarado por una convención internacional como de lesa humanidad, y puede aplicarse en otros casos siempre y cuando se lo haga a través de una ley expresa, no de una disposición de otro tipo.

No es una expropiación per se, pero permite al Estado tomar un bien preventivamente.

La confiscación es otra prerrogativa del Estado por la que éste toma la propiedad de una ius (cosa) para reparar el daño civil causado por determinado delito. Lo hace sin conceder o pagar indemnización alguna, por lo que en este caso se trata de una expropiación propiamente dicha.

Peritaje halla el mismo explosivo

El peritaje sobre los restos del explosivo colectados en la residencia del cardenal Julio Terrazas en Santa Cruz revela que es el mismo que el encontrado en el stand de Cotas. Se trataba de una bomba incendiaria que explotó alrededor de las 00.30 del miércoles 15 de abril.

En una conferencia de prensa ofrecida anoche en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el fiscal Marcelo Soza presentó el informe técnico de este peritaje trabajado por el experto en explosivos Antonio Quisbert, de la Unidad de Bomberos.

Ambos explicaron que tanto en la vivienda del Cardenal como en el stand de la telefónica se encontró dinamita gelatínica de industria nacional, mezcla de dinamita compuesta por nitrato de amonio, fulminantes pirotécnicos, detonadores pirotécnicos, cordones detonantes y mechas de seguridad.

“Se trata de un explosivo de alta potencia y esto implica que existe una estabilización de la base explosiva para lugares calurosos. En las muestras aparece un explosivo con alto contenido nitrogenado. Se observa en las muestras gasolina y componentes de jabón raspado, esto implica la fabricación muy similar a la bomba napalm”.

Soza presentó además la definición del mapa de puntos estratégicos en Santa Cruz que habían establecido como blancos los integrantes del presunto grupo irregular.

Los puntos estratégicos para ser objeto de explosiones eran puentes, vías aéreas y terrestres, distribuidores de energía eléctrica, represas de agua, cruce de ríos, ferrocarriles, industrias, plantas de generación eléctrica, aeropuertos, lugares religiosos, intersección de carreteras, instalaciones de producción hidrocarburífera, estaciones de bombeo y otros.

Según el Fiscal, los presuntos terroristas pretendían tomar Santa Cruz, cerrar todo acceso para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad nacional y así separar la región de Bolivia para crear un nuevo Estado en el oriente del país.

Los autoexiliados

ALEJANDRO MELGAR, abogado conciliador de la Cainco. La Fiscalía asegura que en la milicia era conocido como Lucas. Se asegura que está en Uruguay.

HUGO ACHÁ MELGAR, presidente de Human Rights Foundation Bolivia. Se encuentra en Nueva York, Estados Unidos.

LUIS ALBERTO HURTADO, presunto financiador. Contrató y pagó el hospedaje del grupo. Se desconoce su paradero actual.

ENRIQUE VACA PEDRAZA, ex funcionario de la Feria Exposición. Presunto financiador del grupo irregular de Eduardo Rózsa.

LUIS ORLANDO JUSTINIANO. Era el responsable de finanzas del grupo La Torre, que articuló el movimiento autonomista cruceño.

LORGIO BALCÁZAR, ex gerente del Comité pro Santa Cruz. Renunció y salió del país. Propietario de tres radios.

JUAN CARLOS VELARDE, presidente del Consejo de Administración de Cotas.

SERGIO ANTELO, ex alcalde de Santa Cruz y líder del Movimiento Nación Camba. Está en Brasil.

MAURICIO ITURRI y su esposa se encuentran en Miami, Estados Unidos, desde que la movilización autonomista fue controlada por los organismos estatales.

Datos

La comisión investigadora de Diputados logró las primeras conclusiones de su trabajo.

El presidente de la comisión dijo que Luis Hurtado era el nexo entre Rózsa y los cruceños.

César Navarro volvió a señalar al abogado Carlos Guillén como miembro del grupo.

Amplían investigación contra otras 26 personas

Terrorismo. Rubén Costas y Branko Marinkovic serán citados. El prefecto adelantó que no irá a La Paz. El fiscal Sosa estableció una supuesta relación entre el atentado a la casa del Cardenal y el grupo de Rózsa

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Familiares. El padre, la esposa, la hermana y el abogado de Hugo Achá se presentaron ayer ante la comisión de Diputados

El Deber

M. Chuquimia / C. Peña y Lillo

La lista de los investigados en el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz fue ampliada a 26 personas más. Entre ellas aparecen el prefecto cruceño, Rubén Costas, y el ex líder cívico Branko Marinkovic, que en las siguientes semanas serán convocados por el Ministerio Público para que declaren en La Paz.

La nómina fue presentada horas antes de que el fiscal asignado al caso, Marcelo Sosa, asegurara en una conferencia de prensa que el explosivo colocado en el domicilio del cardenal Julio Terrazas coincidía con el encontrado en el stand que ocupa Cotas en la Feria Exposición y que supuestamente pertenecía al grupo  que dirigía Eduardo Rózsa.

Ayer se conoció que la ampliación fue solicitada por Sosa el 4 de mayo ante el juez que conoce la causa. Sin embargo, la información se hizo pública cuando el fiscal anunció que se prepara una tercera ampliación en contra de más personas, cuyos nombres se mencionaron en el testimonio de las personas que asistieron a la convocatoria del Ministerio Público.

De la lista que fue entregada al juez Álvaro Melgarejo, además de Costas y Marinkovic,  destaca la presencia del líder regional de los empresarios privados, Pedro Yhovío; el vicepresidente cívico, Guido Nayar, el ex prefecto cruceño Zvonko Matkovic, el ex líder cívico beniano Alberto Melgar y el dirigente de la Nación Camba, Sergio Antelo, entre otros.

El secretario general de la Prefectura cruceña, Roly Aguilera, que también aparece en la lista de los 26 nuevos implicados, señaló que Costas está dispuesto a colaborar en las investigaciones, aunque aclaró que primero se debe respetar la jurisdicción en la que se debe investigar este caso.

A su vez, Sosa advirtió que si las autoridades y los dirigentes cívicos no se presentan a declarar en La Paz, éstos pueden ser detenidos. “La ley es clara frente a una convocatoria de autoridad competente, lo que corresponde si no se hacen presentes, es un mandamiento de aprehensión” precisó el fiscal.

David Sejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista y cuyo nombre aparece en la ampliación de investigación, señaló que estas acciones buscan acallarlo y puntualizó que esperará ser notificado para analizar si va o no a La Paz.

El ex cívico de Beni negó cualquier posibilidad de ir a la sede de Gobierno para dar su testimonio. “No hay garantías en La Paz, el departamento se convirtió en un campo de concentración”, dijo Melgar, que aseveró que no saldrá del país.

A diferencia de Melgar, la dirigente social Martha Lazo, también sindicada, por este caso, indicó que se presentará cuando sea convocada porque no teme a la investigación.

Finalmente, Sergio Antelo, desde Brasil, donde dijo estar por razones de trabajo, afirmó que no asistirá a declarar a La Paz porque no es la jurisdicción que le corresponde y pidió que los responsables de lo ocurrido den la cara. El líder de la Nación Camba dijo que su labor concluirá en 15 días, “entonces analizará qué hacer”.

Sosa informó de que hasta mañana esperan el resultado del perito informático que examina las cinco computadoras incautadas en el operativo policial en el hotel Las Américas.

Asimismo, la Fiscalía tendrá la próxima semana el informe sobre el flujo de llamadas del supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa.

Entre tanto, la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el caso de supuesto terrorismo, a la par del Ministerio Público, concluyó ayer su trabajo en Santa Cruz. En esta última jornada asistieron sólo dos de los seis invitados, Edgardo Cuéllar y Ronald Castedo.

Uno de los que no asistieron, porque está en Estados Unidos, es Hugo Achá. Sin embargo, sus familiares y su esposa, Roxana Gentile, acudieron al llamado de la comisión para pedir que se acepte una declaración, por video conferencia, del implicado. Los diputados les negaron este planteamiento.

Vinculan al hermano del ‘Vice’

El abogado de Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, Denver Pedraza, denunció que sus traslados desde Santa Cruz a La Paz son pagados por la Vicepresidencia y que los documentos que él presentó están en poder de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente de la República.

Pedraza no reveló por qué la Vicepresidencia paga sus pasajes y desde cuándo lo hace, tampoco presentó documentación sobre estas denuncias y se negó a revelar si existen conversaciones con el dignatario de Estado.

EL DEBER intentó comunicarse con el aludido, pero en la Vicepresidencia informaron que era “imposible” encontrar a Raúl García Linera.

El abogado dijo que si las autoridades quieren que él declare el lunes, tendrán que pagar los pasajes de avión y su estadía en La Paz. La Fiscalía lo citó para que preste sus declaraciones y se negó a recibir las mismas ayer, cuando el jurista solicitó ‘adelantar’ su testimonio.

Ante el fiscal también se presentó el representante legal de la empresa Cor Hat, Ronald Suárez Salvatierrra, que supuestamente suministró los equipos de comunicación a los miembros del presunto grupo terrorista, pero el empresario negó este vínculo y dijo que el negocio de telecomunicaciones fue superado hace dos años.

Su abogado, Otto Ritter, señaló que su cliente fue convocado por un informe supuestamente emitido por Inteligencia de la Policía, pero que “es un informe realizado por Lotex y entregado para perjudicar a Suárez”. Ese reporte informa que su cliente habría armado un grupo denominado ‘la frater,’ que se reunía con personas conocidas, pero Ritter afirmó que todas esas denuncias vienen de la competencia de Cor Hat.

   Más detalles  

Los nombres de los nuevos investigados por la Fiscalía son: Horacio D’Arruda, Francisco Cirbián, Guido Nayar, Edmundo Farah, José Luis Quiroga, David Sejas, Pedro Yhovío, Branko Marinkovic, Zvonko Matkovic, Mauricio Roca, Rubén Costas, Horacio Parada, Orlando Áñez, Lorgio Balcázar, Roly Aguilera, Héctor Laguna, Jorge Rivero, Hugo Salas, Alberto Melgar, Víctor Hugo Velasco, Mauricio Iturri, Martha Lazo, Sergio Antelo, Juan Carlos Velarde, Gavor Dudog y Daniel Gaspar.

Anoche, el fiscal Marcelo Sosa y el mayor de la Policía Eugenio Quisbert indicaron que luego de los análisis del explosivo que reventó en la casa del cardenal Julio Terrazas y lo encontrado en el stand que Cotas tiene en la Feria Exposición de Santa Cruz, se puede precisar que ambos artefactos son similares por las características de su fabricación y composición química.