García Linera cierra la puerta a designaciones para el Tribunal

La autoridad gubernamental celebró la renuncia de magistrada Salame. Octubre: Abogados de militares piden suspender juicio tras renuncia de Salame.

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Dimisión: la magistrada Salame, durante la conferencia de prensa que ofreció el martes en Sucre, en la que confirmó su renuncia al Tribunal



La Prensa

La nueva Constitución Política del Estado señala que los nuevo tribunos serán elegidos por voto.

El vicepresidente Álvaro García Linera cerró ayer la puerta para las designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional y afirmó que, con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Congreso Nacional no tiene atribuciones para nombrar a las autoridades de esta institución ni llenar las acefalías que tiene el Poder Judicial.

Después de que la única magistrada del Tribunal, Silvia Salame, renunciara a su cargo, lo que deriva en el cierre “de facto” de la entidad de control jurídico, García Linera descartó una sesión del Parlamento para reemplazarla como señala la Ley del Tribunal Constitucional.

El dignatario de Estado, en contacto con los medios de comunicación, dijo que la elección de autoridades se realizará el próximo año, cuando se instale la Asamblea Legislativa Plurinacional, y mediante el voto universal y no por el “cuoteo político”.

“Quiero adelantarles que no habrá Congreso, porque constitucionalmente ya no puede designar a los nuevos magistrados; ya no serán cuatro políticos los que se distribuyan la justicia, sino será una tarea que le competerá al pueblo y eso será el siguiente año”.

El Tribunal Constitucional consta de diez miembros que desde 2006 fueron renunciando progresivamente por diferentes razones, entre ellas las presiones del Órgano Ejecutivo, hasta que quedó solamente Salame.

Con la salida de esta magistrada, el Poder Judicial quedó prácticamente desmantelado, pues en otras instancias como la Suprema apenas existen siete ministros de los 12 que indica la norma y el Consejo de la Judicatura funciona con dos consejeros de los cinco.

La autoridad gubernamental celebró la dimisión de Salame. “La ciudadanía no tiene por qué temer nada, al contrario, quizá (tendría que estar) más contenta porque hay un cargo político menos”.

Dijo que la renuncia de la única magistrada no afecta la imparcialidad de la justicia. “Salame mandó su renuncia y dice que (dejará su cargo) el 21 de junio. Entonces, esperaré hasta entonces”.

El cese de actividades del Tribunal Constitucional afecta a la resolución de causas constitucionales, pues los recursos y demandas que salen de las cortes de distrito quedarán archivados hasta que se renueve esta institución con la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El senador del MAS Antonio Peredo advirtió de que no se puede hacer designaciones porque eso implicaría buscar acuerdos, y de convocarse a una sesión, en ella se deberá tratar la ley anticorrupción y no la designación de magistrados para el Tribunal.

De manera sorpresiva, la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, renunció el martes a su cargo en medio de denuncias de “intervención” del Consejo de la Judicatura, órgano que dispuso un recorte en el presupuesto de esa institución; sin embargo, el único consejero de esa entidad, Rodolfo Mérida, dijo que la reducción se debió a razones estrictamente técnicas, pues al no contar con el quórum reglamentario, esta oficina trabajaba solamente con personal administrativo y de consultoría.

Ayer, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón rechazó el análisis del Vicepresidente de que el Congreso actual no tiene atribución para efectuar designaciones con la nueva Constitución, pues no existe un solo artículo que impida hacerlo, sino que es una inferencia de la autoridad.

El Tribunal Constitucional, durante esta coyuntura de aplicación de la nueva CPE, debe realizar la vigilancia jurídica de las normas y decretos que se aprueben para su implementación; sin su punto de vista, todos los actos podrían ser considerados legales.

La nueva Carta Magna estipula en el artículo 198 que las autoridades del Tribunal Constitucional serán elegidas mediante sufragio universal, al igual que los miembros de otras instituciones como el Tribunal Supremo y el Tribunal Agrario.

Salame abandonará la institución en 30 días

La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, quien oficializó el martes su renuncia, ratificó ayer que aún estará al frente de esa institución por 30 días, plazo establecido por ley para que el Congreso designe de manera obligatoria a un tribunal transitorio de magistrados para que entregue la institución. Entretanto ella seguirá recibiendo las causas y las archivará hasta que exista quórum en esa instancia.

En contacto con los medios, dijo: “No quiero prestarme a ser cómplice del Gobierno para decir que existe el Tribunal y hacer una tarea prácticamente decorativa y ganar un sueldo sin hacer nada, por eso he tomado la decisión de renunciar”.

Salame señaló que se quedó sola en esa entidad sabiendo que no podía hacer control de constitucionalidad, pero con la esperanza de que haciendo respetar la jurisprudencia obligatoria y vinculante se iba a salvar el proceso democrático en el país. “Lamentablemente, esta jurisprudencia ha sido reiteradamente violada por todos los órganos”.

Según la magistrada, el Ejecutivo llevó adelante el referéndum revocatorio con el conocimiento de que un recurso incidental lo paralizaba; el Legislativo no cumplió con la patria ni con la Constitución, cuando, según la ley, tiene 30 días para cubrir una acefalía en la entidad de control constitucional, que funciona en Sucre.

Octubre: Abogados de militares piden suspender juicio tras renuncia de Salame

La Patria

Abogados de la defensa del ex mando militar en el juicio de responsabilidades por el caso “octubre negro” consideraron este martes que la renuncia de la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, supone una “decapitación” de ese órgano y privan de garantías al proceso, por lo que sugieren que el mismo debería ser suspendido.

El abogado Erick Seifert dijo que el alejamiento de Salame del cargo “pone de manifiesto la falta de garantías constitucionales” en el juicio de responsabilidades, y sostuvo “que mientras se tenga una Fiscalía que actúe bajo las órdenes del Poder Ejecutivo”, el proceso debería quedar en suspenso.

“Estas palabras sólo nos comprueban que el Poder Judicial está herido de muerte y mientras esta situación exista, nadie tiene garantías constitucionales y mucho menos los imputados en este juicio”, dijo Seifert al referirse a la renuncia de Salame, quien aseguró que el país está siendo gobernado “de facto”.

Por su parte, la defensora de oficio de los ex jefes militares, Elizabeth Vargas, manifestó que el Tribunal Constitucional tenía un rol “tutelar” en los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre toda la Constitución.

“Este principio es actualmente una utopía porque materialmente no funciona gracias a la decapitación del Tribunal Constitucional por la acción política del gobierno, lo que nos sitúa a los bolivianos en un estado de absoluta indefensión”, sostuvo.

La abogada denunció una “situación de desestabilización” en el órgano de control constitucional, y también acusó al gobierno por “permanente asedio” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

“Si esto es así, ante la evidencia que el Tribunal del Juicio no puede otorgarse garantías asimismo, menos podrá otorgar garantías a los imputados en este caso, por lo que se demuestra claramente que el presente Juicio de Responsabilidades está desprovisto de seguridad jurídica”, manifestó Vargas.

El juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, continúa desa-rrollándose en la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en la fase de lectura de la acusación, luego de sortear los incidentes procesales que se presentaron al iniciarse el proceso, la pasada semana.