El costo de la nacionalización

El presidente Evo Morales ha dicho que él toma las decisiones y luego pide a sus abogados que se ocupen de los detalles. Quizá convenga, por lo que se ha visto hasta ahora, que cambie de abogados y contrate a otros que sean más aptos para defender los intereses del país.

laRazon Editorial La Razon

Las nacionalizaciones de los últimos años están dejando un sabor amargo entre los bolivianos, sobre todo por los errores que se han cometido en el proceso de la adquisición de empresas y luego en su manejo.



El caso de Transredes, la empresa creada por la Enron en 1996 y transferida a la Shell y Ashmore, sigue causando sorpresas después de las denuncias que hizo su último presidente, almirante Gildo Angulo, que involucran al presidente interino de YPFB, Carlos Villegas. El militar retirado no fue escuchado por el directorio que le designó en el cargo y fue echado del mismo sin la posibilidad de defensa. Es otro caso en el que el denunciante es destituido del cargo, pese a que en esta oportunidad, y horas antes del alejamiento de Angulo, Villegas aseguró que estaba dispuesto a responder sobre sus acciones en la instancia correspondiente. Tal parece que no habrá esa aclaración.

Las informaciones que ha entregado el Gobierno son confusas. Carlos Villegas dijo que las cuentas pendientes que dejaron las empresas nacionalizadas después de haber recibido 241 millones de dólares de indemnización ascienden a otros 286 millones. Desde el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se dice que todavía no se puede saber cuánto exactamente costará al país esa operación, pues no se tienen todas las cifras reunidas.

Lo más preocupante que dijo Villegas en rueda de prensa es que al cabo de tres meses de haber posesionado a Angulo en el cargo de presidente de YPFB Transporte, comenzó a sospechar de que había sido una mala designación porque el militar retirado no reunía las condiciones para el cargo. ¿Ese es el método que se emplea para designar a los funcionarios para manejar empresas tan importantes? ¿Primero se los designa y luego se los califica? ¿No tendría que ser al revés? ¿No tendría que aplicarse un mejor método, incluso para designar al presidente de YPFB, para evitar que cometa los errores que está cometiendo Carlos Villegas? Con otro método para estas designaciones el país podría esperar que, en este momento, por ejemplo, no sería necesario importar gasolina ni GLP.

Dice Villegas que él decidió que Shell y Ashmore se vayan sin pagar 5 millones de dólares de impuestos devengados, porque de esa manera evitaba que las empresas lleven sus causas ante un tribunal arbitral y exijan 1.000 millones de dólares. Explicó que, según la tradición, los tribunales arbitrales siempre dan la razón a las empresas. Otra cosa hicieron los responsables de la nacionalización de la Bolivian Gulf en 1969, pues consiguieron que la empresa redujera sus pretensiones de indemnización de 110 a 70 millones de dólares.

Lo cierto es que la saga de la nacionalización de Transredes ha dado muchas decepciones sin haberse revelado todavía toda su carga de malos manejos.

El presidente Evo Morales ha dicho que él toma las decisiones y luego pide a sus abogados que se ocupen de los detalles. Quizá convenga, por lo que se ha visto hasta ahora, que cambie de abogados y contrate a otros que sean más aptos para defender los intereses del país y no estén tan dispuestos, como los actuales, a hacer tantas concesiones a las empresas extranjeras. Y tendría también que cambiar el método para designar a quienes van a quedar a cargo de las empresas estatales.