El Gobierno español regulariza la situación del boliviano que perdió un brazo

La vicepresidenta de España dijo que el gobierno tomó la decisión por razones humanitarias. La empresa panificadora, ahora clausurada, tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal.

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Caso. El ciudadano boliviano fue abandonado por su patrón luego del accidente



Por Efe | – Agencia – 12/06/2009

MADRID. El Gobierno español ha regularizado la situación en el país de Frans Melgar Vargas, el ciudadano boliviano que perdió un brazo en un accidente laboral cuando estaba trabajando en situación ilegal en una panificadora.

El anuncio lo hizo hoy la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa que ofreció tras la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros.

Fernández de la Vega señaló que su Gobierno ha regularizado al trabajador boliviano «por razones extraordinarias».

El Gobierno también ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia «graves deficiencias de seguridad e higiene» en la panificadora donde trabajaba.

El pasado 28 de mayo, Franns, de 33 años, sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando en una panificadora ubicada en la localidad de Real de Gandia, en la mediterránea provincia de Valencia.

Su jefe le llevó al hospital, pero le dejó a 200 metros del centro y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral, tras lo cual volvió a la empresa y tiró el brazo a un contenedor de basura, lo que impidió la reimplantación del miembro a Franns.

Nada más tener conocimiento de los hechos, Fernández de la Vega aseguró que el Ejecutivo puso en marcha «todos los medios» para averiguar lo sucedido y «exigir el cumplimiento estricto de la ley».

Explicó que la Inspección de Trabajo acudió «de forma inmediata» a la empresa panificadora y emitió un informe en el que se «aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene».

Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.

La vicepresidenta española recordó que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos «contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia».

De hecho, un juzgado de Valencia ha citado como imputados a los dos hermanos responsables de la panificadora y les tomará declaración sobre los hechos en una fecha aún por determinar.

El ciudadano boliviano estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros mensuales (unos 980 dólares), según sus declaraciones.

La empresa panificadora tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal, según confirmó hoy el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta.