¿En qué estamos de acuerdo los que no estamos de acuerdo?

Fuente: HidrocarburosBolivia.com

image Jorge Lazarte R. – ¿En qué estamos de acuerdo los que no estamos de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado(NCPE)?. ¿En qué  podemos ponernos de acuerdo los que  criticamos con firmeza a  un gobierno que en nombre de ciertos principios de justicia divide   a la población?.

¿En qué debemos ponernos de acuerdo los que encontramos señales de alarma en el “proceso de cambio”, que disloca cada vez más al país y compromete seriamente su futuro?    Este documento es un intento de respuesta a estas interrogantes y está dirigido,  en primer lugar,  a los  que votaron por el NO a la NCPE. Este NO necesita expresión y representación política para convertirse en una fuerza con capacidad de acción, de contención, de reversión y de proyección; necesita un horizonte de principios compartidos que convierta el NO en un SÌ a un nuevo proyecto de país. Pero también es una propuesta  a los que votaron por el SÌ a falta de una visión alterativa de cambio. Finalmente, esta dirigido a los que aspiran al cambio necesario, pero que empiezan a inquietarse  por el experimento en curso que  puede dejar al país peor de lo que está. 



La justificación profunda de esta propuesta  es que  la  disputa  por la construcción  de un nuevo país  no ha concluido el 25 de enero. El nuevo texto constitucional   es una  respuesta  por el desastre a la crisis del país.  Por un lado, no  es un  texto democrático, porque no garantiza  el ejercicio de los derechos fundamentales; y por el otro,  es arcaizante  porque se funda en el modelo comunitario del pasado precolonial. Sus inconsistencias internas pueden provocar consecuencias indeseables, como es el caso de lo que se llama “justicia originaria” o  comunitaria. En consecuencia,  una parte del país, y con base territorial principalmente,  no se reconoce en el texto constitucional, que por esta razón no integra sino que divide.

La justificación inmediata es el carácter excepcional  de las elecciones de diciembre,  en las que no   sólo se definirá la titularidad del poder,  sino el poder mismo, llamado “plurinacional” en la NCPE . En términos de régimen político lo que  estará  en juego, y ya lo está,  es la  preservación  lo que aún hay de democracia en Bolivia, o pasar a otro régimen político autoritario  con fuertes inclinaciones despóticas.  En este sentido será una elección sin parangón en la historia boliviana.

Las raíces profundas de la crisis.

Bolivia está en su peor crisis y enfrentada a uno de sus mayores desafíos y riesgos de toda su historia. La aprobación   de una nueva Constitución Política del Estado(NCPE)  puede agravar esta situación extremadamente precaria y   quebrar   la vida de toda la sociedad.

La crisis  es el estallido combinado de las fracturas históricas con las cuales siempre ha vivido el país en distintos tiempos y cuya irresolución le han impedido ser un país moderno y democrático.  Fracturas regionales-territoriales, entre el norte y el sur que condujo a la guerra civil de fines del siglo XIX; y ahora entre oriente y occidente, en un espacio geográfico que siempre fue más grande que la capacidad  del Estado de territorializarlo. Fracturas étnicas entre una mayoría indígena excluida en  derecho en la fundación de la República y en los hechos en todo el periodo en la construcción de  un país  que sea  de todos. Fracturas sociales, entre pobres y ricos, cuyas distancias crecieron juntamente con las desigualdades de las dos últimas décadas. Fracturas políticas, entre derecha e izquierda, sobre todo desde la guerra del Chaco, y que no encuentran una base común a partir de la cual se disputen ordenadamente la titularidad del poder. La revolución de 1952 fue el mayor esfuerzo histórico inconcluso y frustrado de cerrar  estas fracturas con la organización de un Estado nacional.

Ya en democracia, a partir de mediados de los años 80, estas cuatro fracturas se entrecruzaron y expresaron  en una multiplicidad  movimientos colectivos de protesta que se apoderaron del espacio público y lo fragmentaron,  sobre todo desde principios de los años 2000,  produciendo una crisis de todo el sistema institucional, que  en su fuerza arrastró al país y a sus principales actores.

La respuesta a la profundidad y magnitud de esta crisis implica   la conformación de un país distinto. La cuestión reside en el tipo de país que se quiere a partir del país que se tiene.

La explosividad de la crisis. Las  fracturas históricas activadas  y expresadas en  movimientos colectivos  con identidades superpuestas, acciones disruptivas y objetivos no generalizables,   hicieron estallar un formidable sacudimiento  como no había conocido el país en el pasado. Estalló como crisis profunda de gobernabilidad de la sociedad,  que  puso en crisis el modelo económico de enclave, el sistema de integración social, todo el sistema de representación política y la forma de organización del Estado, fuertemente cuestionada desde los movimientos autonomistas e indígenistas.

Pero la crisis no sólo fue del Estado “ sino también de la “sociedad  civil”. Habían  también entrado en crisis “los de abajo”, cuyos componentes agregados privatizaron  sus intereses y actuaban de manera poco democrática pretendiendo hundir  al poder para ser ellos mismos el poder. Esta crisis de la “sociedad civil” fue el punto ciego de  “antisistémicos”, que opusieron a la crisis de los políticos “corruptos”   la presunta inocencia  de la sociedad civil.   

La fuerza combinada  de esta  crisis profunda     desplomó a dos gobiernos sucesivos, en 2003 y 2004, y fue la que produjo la victoria histórica e inesperada  del Movimiento al Socialismo(MAS) en las elecciones de diciembre de 2005. Es decir, había entrado en crisis el país, que necesitaba   ser “refundado”, recomponiendo su estructura fáctica de poder.

El fracaso  de la Asamblea Constituyente(2006-2007). La Asamblea Constituyente(AC) debió haber sido el escenario de un nuevo pacto constitucional  para “refundar” el país.

El nuevo  gobierno del MAS  salido de las  elecciones de diciembre,  con una fuerza política y social comparables a la magnitud de la crisis,  hizo de la AC su principal apuesta política pero  fracasó en la tarea histórica de reconstruir el país con todo el país. En su lugar, forzó la aprobación de un texto constitucional que no es democrático  y es  un proyecto de poder orientado a imponer un nuevo sistema de dominación en reemplazo del tradicional ya fracasado.

El país-que creyó masivamente que había por fin llegado la oportunidad para reconciliarse consigo mismo y recomponerse- comprueba ahora hasta qué punto se le hizo vivir de ilusiones muy bien alimentadas , y   cómo  retornan  los demonios del pasado pero en peores condiciones .  Lo que debió haber sido una oportunidad histórica para refundar el país entre todos,  se ha convertido en un peligroso experimento  que está destrozando al país. El fracaso de la AC es el fracaso de los que arrastraron al país a esta apuesta a ciegas, y  es el fracaso del proyecto de constitución aprobado  violando las reglas constitucionales, legales y   procedimentales.

La NCPE  no es la respuesta apropiada a las cuatro grandes fracturas históricas, y por tanto, a la crisis. La fractura étnica se pretende resolverla incluyendo a unos y excluyendo a los otros. El Estado “plurinacional” es el Estado de las 36 etnias, consideradas “naciones”, que excluye al 40% de la población que no se reconoce en ninguna de ellas. La NCPE  suma a las discriminaciones de hecho las discriminaciones de derecho.

En cuanto a la fractura regional, el nuevo régimen de autonomías, a pesar de sus significativos avances en términos de autonomía regional,  contiene liberalidades para otro tipo de autonomías que en los hechos  pueden alentar  y reforzar  las tendencias centrífugas del país en un  proceso acelerado  de fragmentación territorial.

La fractura social en principio debería ser favorecida por un Estado más intervensionista y redistributivo, pero la atmósfera de una buena parte de la NCPE , empezando por su Preámbulo, alienta revanchismos sociales  expresados en acciones de hecho que ya se producen, y pueden ser considerados   anticipaciones  de lo que habría que esperar más adelante.

Finalmente, la fractura política no tenderá a cerrarse sino probablemente a ampliarse no sólo por el discurso poco tolerante desde el  poder, sino porque la NCPE tiende a   consolidar el poder “total” en favor de una “izquierda indigenista”. Como se sabe, en democracia las  reglas básicas  de juego son pactadas  por los agentes  en conflicto, que por ello mismo se  obligan  a  respetarlas . Esta es una  condición fundamental de la perennidad de una Constitución.

Entonces, puede decirse  que la NCPE es una propuesta fallida para enfrentar democráticamente la crisis; peor aún, de muy alto riesgo,  pues  si  se apelara a la vía no democrática para imponerla las  duras resistencias no tardarían en parapetarse. De todos modos ya es muy alto el costo de una crisis abierta que ya dura nueve años y que le  consumen  a la sociedad energías colosales en ásperas disputas políticas  que podrían ser utilizadas en atender los aspectos más apremiantes de la vida cotidiana de la gente.   

El dilema  del presente.-  Por tanto, el dilema que enfrenta el país ahora es más dramático que nunca. La elección no es  entre cambio y no cambio, pues  existe un consenso compartido sobre la necesidad del cambio. La elección es entre democracia o autoritarismo, es decir sobre la forma de realizar los cambios.  Pero si  la  forma es esencial en democracia, aquí forma  es también  contenido.   O se encuentra un proyecto alternativo de país, democrático y concertable,  cuya realización sea  un salto al futuro y no una huida al pasado; o, como ya ocurre,  los viejos y nuevos  demonios pueden despedazar  lo poco que aún queda en pié, levantando  las esclusas de la violencia descontrolada y destructiva.   

Con el presente  documento se pretende afirmar  que existe una visión  distinta  para  enfrentar y resolver  sin traumas,      las grandes fracturas históricas del país.

El  Proyecto  del  país que  queremos

¿Dónde está el problema del país?

Una Constitución, por muy óptima que sea, no va  producir por sí misma un nuevo país, peor  aún si el destino de la nueva Constitución va a ser el de las anteriores  violadas al día siguiente de haber sido aprobadas.

Del mismo modo que sobre   la anterior Constitución se canalizó profundas frustraciones de una buena parte de la población,  ahora  de la  NCPE  se esperan  resultados, que en realidad sólo pueden imputarse a políticas de gobierno .  Al respecto,  la experiencia  de países cercanos al  nuestro no es precisamente estimulante.

De todos modos, sigue pendiente la pregunta central: ¿ cómo y por qué hemos llegado al país que tenemos y que hay que “refundar”?, ¿qué ha fallado y como remediarlo y en qué dirección?.¿ Por qué Bolivia que tiene tantos recursos naturales está peor que muchos otros que no tienen nada?  Estas preguntas, que en realidad son  una,  las podemos reformular diciendo si el problema del país está del lado de las leyes o del lado de los hombres. Qué  problemas del país pueden ser  imputados razonablemente a sus leyes y cuanto a nosotros mismos. La respuesta a esta pregunta  define qué debe cambiar primariamente que permita enfrentar positivamente las grandes fracturas históricas del país. No es cuestión sólo de metodología sino de lucidez desacomplejada.

En nuestra propia visión de las cosas, la clave del problema boliviano no se encuentra en las leyes sino en los hombres, en decir en nosotros, pero  principalmente en las élites que mandaron en el país desde la fundación de la República. Este problema fue ocultado y trasferido a las leyes cada vez que había que enfrentar  un problema real. Esto es lo que podemos llamar “ilusionismo  legalista” consistente en creer que los problemas del país pueden ser resueltos cambiando las leyes.

Los temas centrales en la preocupación colectiva como   las desigualdades sociales, la discriminación, la pobreza, la corrupción o el desempleo no tienen su fuente en la Constitución sino en las políticas públicas que fracasaron en su tratamiento o simplemente los ignoraron. La falacia consistente en atribuir al sistema de reglas e instituciones lo que ha sido responsabilidad de estas políticas, condujo a creer que cambiando la Constitución podía cambiarse de país.  Se descalificó la anterior Constitución  ignorando que con esta   misma constitución fueron posibles políticas estatistas y neoliberales, y nada impedía que bajo  ella misma fuese posible  enfrentar  las fracturas históricas del país sin dividirlo, o que se aprueben  reformas constitucionales importantes como el nuevo régimen de autonomías . Una Constitución durable debe hacer posible políticas alternativas inspiradas en valores compartidos.

Los dos ejes  esenciales del proyecto alternativo  de país. Con todo, esto no invalida la posibilidad  o  la necesidad de promover   cambios constitucionales que se ajusten a los cambios en la sociedad. Pero estos cambios deben tener  una dirección que es  una imagen-idea de país al que se aspira.

País moderno. – El país no puede sustraerse a los desafíos de la modernidad, como cualquier país en cualquier parte del mundo,  pero tiene que hacerlo encontrando sus propios caminos  y a partir de lo que se tiene, de lo que somos, de nuestra   historia presente y pasada. Lo que se llama las “tradiciones” deben servir como un punto de partida  para dar el salto y no como obstáculo o refugio para el repliegue. Cuando decimos modernidad no nos referimos a lo que en el pasado  fue la búsqueda inútil  de parecerse a un modelo ideal  de modernidad., que en el fondo fue más bien perverso, sino  más bien a generar y  fortalecer  un país que sea apto para enfrentar sus desafíos internos y externos.

Un país moderno  mira hacia adelante y no hacia atrás, es lanzarse al futuro y no un retorno al pasado; es disponer de  capacidad para enfrentar los desafíos externos e internos. Una sociedad moderna es proceso de diferenciación funcional y estructural que diferencia  instituciones entre sí  y separa    los niveles  político, social, económico y cultural.     Modernizarse en sobre todo asumir los “códigos de modernidad”, que implican esencialmente la idea de que la sociedad no está dada sino que resultado de su propia acción. La modernidad es capacidad  de producción más que  de reproducción;   de innovación y tecnología y no de repetición;  es sociedad de acción y no de reacción;  es sociedad de  esfuerzo  y no “rentista”, es sociedad abierta y no encapsulada.

Pais democrático.- País moderno es también un país democrático,  es decir, integrado internamente y  construido por todos y para todos. Lo mismo que la modernidad, la democracia es un código, que traduce valores, principios y reglas de convivencia, la principal de las cuales es la posibilidad de vivir juntos resolviendo las diferencias y conflictos sin recurrir a la violencia. La modernidad política es la democracia como una forma de pensar, decir y hacer las cosas, y no simplemente el hecho de votar. La modernidad política es idea de ciudadanía y de igualdad. Es universalismo por encima de los particularismos. Es separación entre espacio público y privado. Es un Estado del “demos”, es decir de base ciudadana, y no del “etnos” .    Democrático es un país en el que  cada cual encuentre una oportunidad para realizar el proyecto de vida que  estime valioso.

Tener un país moderno y un país democrático  representan profundas aspiraciones colectivas en Bolivia y compartidas  aún por los  que a pesar de haber sido excluidos,  no renuncian  a ellas . La NCPE es su contrapunto porque representa un modelo de país arcaizante y una forma  de organización institucional fuertemente autoritaria. Con todo, el  propósito esencial de la nueva Constitución  no parece ser  precisamente construir Estado sino producir poder, que en su sentido jacobino es guillotina, y que contaminado por costumbres premodernas y patrimoniales,  alienta la corrupción. 

Por todas estas razones fundamentales, la NCPE debe ser cambiada sustancialmente  desde dentro para que se constituya en un pacto de la sociedad.  

Los cambios necesarios en la Nueva Constitución Política del Estado(NCPE)

Estas dos dimensiones esenciales de modernidad y democracia  deben orientar la   estructuración y funcionamiento de  las instituciones, los comportamientos de la sociedad y los cambios que deben incorporarse en la NCPE. Estos cambios  deben incluir  a la otra visión de país, reincorporar  los valores esenciales  de la democracia ausentes en la NCPE  y, por esta vía,  neutralizar los componentes hegemonistas e ideológicos de poder “plurinacional” que impiden una respuesta apropiada a los grandes problemas históricos del país. En esta dirección debe estar claro que la unidad del país no será lograda con el aplastamiento de una parte del país  por la otra sino con la convergencia de ambas en aspiraciones compartidas.

Por ello es que en la base de los cambios deben situarse lo que podemos llamar los fines colectivos del país como país y compartidos por los bolivianos, por encima de las diferencias. Reconocer las diferencias culturales, bajo cualquiera de sus formas, principalmente de los pueblos indígenas, no es lo mismo que construir un Estado asentado en las diferencias, que potencie las corrientes centrífugas de la sociedad. El Estado Plurinacional, asentado en las “naciones originarias” debilita la unidad del país, y refuerza los particularismos étnicos.

Lo aconsejable es una Constitución-principios(corta) y no una Constitución- programa( que lo abarca todo y se hace reglamentarista).   Una eficaz Constitución debe permitir alternancias de programas de gobiernos de distintos signos   sin que ella misma sea violada por cada uno de ellos. Esta es la garantía de su perennidad. Sobre la base de principios colectivos, la población debe poder decidir en cada ocasión qué proyecto de gobierno apoya de tal modo que todos ellos se equilibren en el tiempo. La Constitución debe ser de avanzada respecto de los valores humanos fundamentales, pero no ser de izquierda o de derecha- hablando en términos políticos clásicos-,  pero debe haber posible esa alternancia de manera pacífica.

1.- En primer lugar, se debe reestablecer la democracia en el texto constitucional, reponiendo    el Estado  de  Derecho como principio,  en lugar del Estado de Derecho Plurinacional”, que no existe en el derecho constitucional, y  es fruto  de una transacción política  para debilitar a la oposición. El    Estado de Derecho que quiere decir limitado  por los derechos fundamentales de los ciudadanos,  es también   Estado basado en el principio de legalidad, cuya violación permanente es una de las fuentes de la corrupción generalizada.

El Estado moderno es igualmente Estado democrático que incorpora el componente social y participativo.  Es la incorporación  central del principio de igualdad y equidad, este último con el fin de beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y de este modo reestablecer  ciertos equilibrios sociales hoy quebrados por el crecimiento de las desigualdades  sociales, entre ellos y primordialmente en perjuicio de los grupos indígenas y originarios. Sobretodo este último desafío hace necesario un Estado que sea garantía de cohesión social, es decir un Estado activo pero no un Estado absorbente.

2.- La primera consecuencia de esta formulación de principios, es la necesidad  de eliminar  la dimensión étnica fuerte  en la organización de los poderes del Estado, que sólo puede ocasionar a etnización de la política, devaluando cada vez más la democracia de ciudadanos. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas no es lo mismo  que estatizar a estos pueblos,  que es lo mismo que  anularlos  en su libredeterminación; ni convertirlos en objeto de manipulación, que es otra manera de reproducir las practicas denunciadas como “neocoloniales”. Reparar una tradicional exclusión quiere decir   adoptar políticas públicas adecuadas y  consistentes en el tiempo, que reequilibren las enormes disimetrías entre unos y otros. No había nada en la anterior Constitución que impida esta justa y necesaria  reparación histórica.

El haber convertido el deber de reconocimiento estatal  de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,  en principio diferencial  de organización del Estado, ha contaminado todo el texto constitucional,  cambiando desde sus fundamentos todo el régimen político democrático para reemplazarlo por  otro no democrático  fundado en una combinación contranatura de arbitrariedad con legalidad. Este mismo principio contamina todo el régimen de derechos, reducidos en su cumplimiento a la  voluntad   de los que gobiernan o a la presión de los más fuertes.        

3.- De ello se sigue  la tarea de restituir  los derechos fundamentales internacionalmente aceptados , que recupere esta condición para los derechos políticos y civiles más importantes, tratados secundariamente  en la NCPE.   Debe reestablecerse la igualdad efectiva de derechos inherentes a  la dignidad humana   por encima  de los derechos diferenciales, y que se compatibilice con el principio de equidad para los más desfavorecidos. Pero sobre todo, establecer plenas garantías en el ejercicio de esos derechos,  cuyo listado en la  NCPE parece ser más importante que  su cumplimento.

4.-  Se debe revalorizar  la democracia representativa y reexaminar  la democracia participativa de la NCPE.  Devaluar la democracia representativa es confundir el sistema que puede tener distintos diseños, con los representantes,  que ciertamente creen  que su elección los exime de la obligación de rendir cuentas.      La NCPE confunde  ambos niveles y privilegia la democracia “participativa” al reconocer constitucionalmente a los cabildos, asambleas,  controles sociales,  que es dar licencia para todos los excesos. El participacionismo, no es la participación ciudadana, sino un recurso de los autoritarismos plebiscitarios.  

5.- El problema central de la justicia no es principalmente  el  sistema de normas-que siempre puede ser corregido- sino de la debilidad de los operadores de justicia. La solución no es elegirlos por voto universal, que agravaría el problema, sino establecer  procesos  de designación  que no esté monopolizado por ningún nivel institucional.

Lo que la NCPE llama jurisdicción indígena, que es lo mismo que justicia comunitaria- que en los hechos son muchas según sean los que  la hacen existir -     debe ser codificada para saber en qué consiste, y evitar todos los abusos. En su ejercicio  debe tener como límites los derechos humanos universales, los derechos constitucionales, y estar sujeta en sus decisiones  a control de constitucionalidad,  reconociendo el  derecho de apelación a los mismos indígenas, para que no se conviertan en sus   primeras victimas.

No es admisible que un país funcione con dos sistemas de justicia de igual jerarquía, como establece  la NCPE ; y peor aún que las decisiones de la justicia indígena sean de cumplimiento obligatorio. Un país es un sistema judicial compatible con varios subsistemas. 

6.- Todo el sistema de derechos- que es el componente más avanzado de la NCPE-, descansa sobre la existencia de un Tribunal Constitucional   independiente e imparcial habilitado para precauteler el respeto de los derechos y sobre todo garantías constitucionales.  La etnización “plurinacional” del Tribunal Constitucional   y  la designación de sus miembros por voto universal,  no son compatibles con este propósito. 

Es profundamente discriminante y vejatorio  suponer  que un Tribunal “plurinacional”  será mejor que un Tribunal no “plurinacional”. Este componente étnico de la máxima instancia jurisdiccional- que  es el coronamiento del propósito de asegurar el control “constitucional” de todo el sistema judicial, es decir de su sistema de garantías-  es la muestra más elocuente de lo regresivo y peligroso que hay en la NCPE. 

Todo este dispositivo no garantista ayuda a explicar que   la garantía de los derechos fundamentales se encuentre fuera de la Constitución, en lo que denomina “bloque de constitucionalidad”.    Por ello no deja de ser pertinente preguntarse  si es deseable que un Tribunal con esas características sea conformado, teniendo en cuenta la “perversidad” inherente del texto constitucional. 

7.- Se debe reexaminar los principios del todo el régimen de autonomías, que evite una  eventual fragmentación territorial, viabilice las autonomías departamentales e incluya a las autonomías indígenas, sin las liberalidades concedidas constitucionalmente.

8.- La educación debe estar orientada a formar ciudadanos con aptitud para enfrentar los desafíos del presente y el futuro, y no ser una máquina de propaganda “descolonizadora”. La interculturalidad debe ser a la vez transculturalidad. La interculturalidad de la “revolución educativa” refuerza las diferencias étnicas, que deben ser neutralizadas en su potencial segregador con el refuerzo transculturalizador   de  valores compartidos.

9.- La economía debe sostenerse en principios supraeconómicos, que dé lugar a modelos distintos, sin privilegiar la economía “social-comunitaria” hacia abajo, ni el estatismo hacia arriba.    Estado activo no es lo mismo que Estado total . Aceptar el mercado no es dejar todo al mercado. 

10.- Establecer un Estado laico no es laicismo que predique  la no-religión. Pero tampoco debe ser una  coartada    para arropar al Estado  de un  confesionalismo ancentral, cuyas “cosmovisiones” han sido convertidas  en la nueva religión oficial. 

11.-  La constitucionalización  irresponsable de   Asamblea Constituyente, “originaria” y “plenipotenciaria”  representa  un elevado  riesgo de graves incertidumbres institucionales asentados provocados por   procesos de “refundación” permanente.  Dado que será más fácil convocar a este tipo de AC, que reformar parcialmente la CPE, podemos decir que   una constitución que contiene  los medios para autodestruirse es una constitución suicida. El carácter irreflexivo del texto constitucional conduce a estos extremos, que deberían ser corregidos. Un buen texto constitucional  es el que prevé los mecanismos de su propia reforma y su perdurabilidad,  pero no las  de su propio deceso.

Otra historia es necesaria y debemos hacerla posible.

El corolario de toda esta propuesta es sostener firmemente que  ponernos de acuerdo en el país  que queremos,  tiene como condición previa vencer   a las corrientes corporativas dominantes  y reforzar los  valores y reglas comunes que cohesionen a la sociedad. La unidad no es la diversidad. De sumas negativas no sale una suma positiva. La unidad debe construirse con las diferencias pero no para las diferencias. La unidad de un país es  siempre es algo distinto de la composición de sus partes. Lo que  una a  los bolivianos deben ser esos valores comunes y no los valores que  dividen. No es coherente reclamar la unidad del país y a la vez apoyar la NCPE que divide. 

En suma, necesitamos  más país y menos  parcialidades; más república  y menos republiquetas; más patria grande y menos patrias chicas; un país con diferencias pero no divisiones.

Necesitamos más democracia que privilegios ; más legalidad que arbitrariedad;  más libertad responsable  y menos atropello consentido; más equidad y menos desigualdades sociales ; más riqueza para más y  menos pobreza para menos.   

Necesitamos más derechos y no menos deberes(el autoritarismo  en más obligaciones que derechos;  el populismo es más derechos que obligaciones, la democracia es derechos más obligaciones) .

Necesitamos   más autoridad que autoritarismo; más pueblo que populismo.  Necesitamos construir más Estado y menos  poder; más política institucional y menos política de alcantarilla.

Necesitamos élites con más sensibilidad y menos indolencia ante el sufrimiento humano; con más grandeza y menos egoísmo; nuevas élites con más visión de país y con  menos ambición de poder ; más auténticamente   modernas y menos falsamente modernizantes ;    más serias y menos frívolas.

Necesitamos  políticos con más sentido de Estado y menos sentido de intereses ; políticos  con más sentimientos colectivos compartidos y menos pulsiones manipuladoras . Necesitamos  funcionarios  con más sentido  del deber colectivo  y menos sentido  de apropiación individual.  

Necesitamos  más lucidez y menos  autocomplacencia ; más esperanzas y menos ilusiones;  más realidades y menos espejismos; más ser que no ser.

Necesitamos  creer  más en nosotros  mismos y menos en redentores aprendices de brujo. Necesitamos  más ciudadanía  y menos corporatismo. La solución de los grandes problemas  depende  más de que cambiemos  nosotros  para cambiar el país y  menos en atribuir a los otros lo que  es imputable a nosotros mismos.      

Los cambios que deben hacerse son necesarios para tener más democracia y no menos ; y deben ser  progresivos y no regresivos; ser integradores y menos excluyentes.  La democracia es equilibrio razonable y no  un sistema de nuevas dominaciones de unos sobre otros. 

Es decir,  necesitamos  más  justicia social y no menos, con más  Estado de Derecho y no menos. La justicia social contra el Estado de derecho, o el Estado de Derecho sin justicia social, es la muerte de la democracia . Uno de los dramas históricos mayores  del país ha sido la separación y  hasta incompatibilidad entre los reclamos liberales calificados de derecha, que  descuidan  la justicia social, y   la exigencia de la justicia social  de una  izquierda “populista”,  que desprecia el Estado de Derecho y la legalidad.

La  disyunción profunda entre ambos valores  sólo puede conducir  a que el potencial inflamable  de las cuatro fracturas explosionen el país.  Una nueva visión “progresista” de país  debe conjugar  justicia social  con Estado de Derecho,  más una  élite gobernante que asuma con convicción esta  fórmula democrática  para aproximar   a las “dos Bolivias”.

En esta dirección, las reformas que proponemos tienden a resolver de una nueva manera los problemas históricos y no ha agravarlos con nuevos excluidos y nuevas dominaciones. La NCPE ha sido aprobada pero  no es  democrática. Acatar no es apoyar.  Sólo democratizando el nuevo texto constitucional  podrá decirse a la larga que representa verdaderamente al país y que en sus marcos   puede construirse un nuevo destino.

Esta propuesta alternativa de visión de país   intenta ser la expresión  de la sensatez y de lo razonable contra los excesos de todos los lados, abriendo  el camino hacia un nuevo comienzo en la historia de Bolivia a través de un  pacto de sociedad   que nos cambie a todos para cambiar el país.  Es decir, un país   respetado y no compadecido.  Un país que no sea simplemente un agregado de individuos sino una asociación fundada   en el consenso sobre  valores democráticos  y principios  constitucionales; asentada  en intereses compartidos  y con   un destino común del que todos sientan que es el resultado de su participación.  El camino pasa por un pacto de convivencia  entre distintos. La presión y la violencia no producirán jamás un acuerdo libremente consentido de voluntades.

En esta hora que como nunca en la historia de Bolivia ha estado en juego su propia preservación, los bolivianos sólo mereceremos el país que estemos dispuestos a construir. Las generaciones futuras nos juzgarán sin apelación   por lo que hagamos ahora  y no acertemos, pero serán más duras si pudiendo hacer algo nos abstuviéramos de hacerlo,  faltando a nuestros deberes cívicos. Ante un país que se deshace,  la contemplación es una falta moralmente culpable. El presente no es una fatalidad ni el futuro una sanción. Hacer historia ahora quiere decir hacer otra historia, que no sea la  desgarrante del pasado   ni la desesperante    del presente.   Otra historia constructiva  es necesaria y debemos hacerla posible.

Esta Declaración es una convocatoria a los bolivianos  que en su condición de ciudadanos   no renuncian a abrir una nueva esperanza en un cambio distinto del actual.   En términos ya conocidos, el lugar  desde el cual debe conformarse una fuerza colectiva alternativa     no puede no ser de centro izquierda.  De centro, para reequilibrar una sociedad afectada por sus  graves fracturas históricas  y polarizaciones desintegradoras ;   y dc izquierda porque moralmente no se puede ser de derecha en un país con tanta pobreza y desigualdades sociales inadmisibles.

Una sociedad democrática no se expresa en un modelo piramidal, donde los pocos aplastan a los más; pero tampoco es el modelo invertido, con el despotismo de la multitud en la cima contra todos los demás. Una sociedad democrática es la figura geométrica romboidal,     con un centro más fuerte y ampliado,   y débiles  sus extremos, al modo aristotélico. 

Esta Declaración es también una apelación a los intelectuales a no abdicar de su responsabilidad de ser una reserva moral  en momentos cruciales.  Sin lugar a dudas,   no basta tener ideas. Las ideas sin fuerza social son impotentes, mientras que la fuerza social  sin ideas es ciega , pero también  la fuerza con ideas delirantes puede ocasionar desastres.  En política las ideas deben convertirse en   acción y una propuesta razonable necesita  de  un liderazgo- que no es lo mismo que caudillo-  que haga creíble lo que se propone.

Esos son los fines,  las tareas pendientes y    los escarpados  caminos a recorrer. En ellos podemos y debemos ponernos de acuerdo.  Si cada uno   hiciera  lo que debe hacer desde el lugar en el que está  y asume su  parte de responsabilidad  que deriva de vivir en el país que tenemos, entonces mereceremos  el país que queremos.