Fuente: HidrocarburosBolivia.com
Jorge Lazarte R. – ¿En qué estamos de acuerdo los que no estamos de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado(NCPE)?. ¿En qué podemos ponernos de acuerdo los que criticamos con firmeza a un gobierno que en nombre de ciertos principios de justicia divide a la población?.
¿En qué debemos ponernos de acuerdo los que encontramos señales de alarma en el “proceso de cambio”, que disloca cada vez más al país y compromete seriamente su futuro? Este documento es un intento de respuesta a estas interrogantes y está dirigido, en primer lugar, a los que votaron por el NO a la NCPE. Este NO necesita expresión y representación política para convertirse en una fuerza con capacidad de acción, de contención, de reversión y de proyección; necesita un horizonte de principios compartidos que convierta el NO en un SÌ a un nuevo proyecto de país. Pero también es una propuesta a los que votaron por el SÌ a falta de una visión alterativa de cambio. Finalmente, esta dirigido a los que aspiran al cambio necesario, pero que empiezan a inquietarse por el experimento en curso que puede dejar al país peor de lo que está.
La justificación profunda de esta propuesta es que la disputa por la construcción de un nuevo país no ha concluido el 25 de enero. El nuevo texto constitucional es una respuesta por el desastre a la crisis del país. Por un lado, no es un texto democrático, porque no garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales; y por el otro, es arcaizante porque se funda en el modelo comunitario del pasado precolonial. Sus inconsistencias internas pueden provocar consecuencias indeseables, como es el caso de lo que se llama “justicia originaria” o comunitaria. En consecuencia, una parte del país, y con base territorial principalmente, no se reconoce en el texto constitucional, que por esta razón no integra sino que divide.
La justificación inmediata es el carácter excepcional de las elecciones de diciembre, en las que no sólo se definirá la titularidad del poder, sino el poder mismo, llamado “plurinacional” en la NCPE . En términos de régimen político lo que estará en juego, y ya lo está, es la preservación lo que aún hay de democracia en Bolivia, o pasar a otro régimen político autoritario con fuertes inclinaciones despóticas. En este sentido será una elección sin parangón en la historia boliviana.
Las raíces profundas de la crisis.
Bolivia está en su peor crisis y enfrentada a uno de sus mayores desafíos y riesgos de toda su historia. La aprobación de una nueva Constitución Política del Estado(NCPE) puede agravar esta situación extremadamente precaria y quebrar la vida de toda la sociedad.
La crisis es el estallido combinado de las fracturas históricas con las cuales siempre ha vivido el país en distintos tiempos y cuya irresolución le han impedido ser un país moderno y democrático. Fracturas regionales-territoriales, entre el norte y el sur que condujo a la guerra civil de fines del siglo XIX; y ahora entre oriente y occidente, en un espacio geográfico que siempre fue más grande que la capacidad del Estado de territorializarlo. Fracturas étnicas entre una mayoría indígena excluida en derecho en la fundación de la República y en los hechos en todo el periodo en la construcción de un país que sea de todos. Fracturas sociales, entre pobres y ricos, cuyas distancias crecieron juntamente con las desigualdades de las dos últimas décadas. Fracturas políticas, entre derecha e izquierda, sobre todo desde la guerra del Chaco, y que no encuentran una base común a partir de la cual se disputen ordenadamente la titularidad del poder. La revolución de 1952 fue el mayor esfuerzo histórico inconcluso y frustrado de cerrar estas fracturas con la organización de un Estado nacional.
Ya en democracia, a partir de mediados de los años 80, estas cuatro fracturas se entrecruzaron y expresaron en una multiplicidad movimientos colectivos de protesta que se apoderaron del espacio público y lo fragmentaron, sobre todo desde principios de los años 2000, produciendo una crisis de todo el sistema institucional, que en su fuerza arrastró al país y a sus principales actores.
La respuesta a la profundidad y magnitud de esta crisis implica la conformación de un país distinto. La cuestión reside en el tipo de país que se quiere a partir del país que se tiene.
La explosividad de la crisis. Las fracturas históricas activadas y expresadas en movimientos colectivos con identidades superpuestas, acciones disruptivas y objetivos no generalizables, hicieron estallar un formidable sacudimiento como no había conocido el país en el pasado. Estalló como crisis profunda de gobernabilidad de la sociedad, que puso en crisis el modelo económico de enclave, el sistema de integración social, todo el sistema de representación política y la forma de organización del Estado, fuertemente cuestionada desde los movimientos autonomistas e indígenistas.
Pero la crisis no sólo fue del Estado “ sino también de la “sociedad civil”. Habían también entrado en crisis “los de abajo”, cuyos componentes agregados privatizaron sus intereses y actuaban de manera poco democrática pretendiendo hundir al poder para ser ellos mismos el poder. Esta crisis de la “sociedad civil” fue el punto ciego de “antisistémicos”, que opusieron a la crisis de los políticos “corruptos” la presunta inocencia de la sociedad civil.
La fuerza combinada de esta crisis profunda desplomó a dos gobiernos sucesivos, en 2003 y 2004, y fue la que produjo la victoria histórica e inesperada del Movimiento al Socialismo(MAS) en las elecciones de diciembre de 2005. Es decir, había entrado en crisis el país, que necesitaba ser “refundado”, recomponiendo su estructura fáctica de poder.
El fracaso de la Asamblea Constituyente(2006-2007). La Asamblea Constituyente(AC) debió haber sido el escenario de un nuevo pacto constitucional para “refundar” el país.
El nuevo gobierno del MAS salido de las elecciones de diciembre, con una fuerza política y social comparables a la magnitud de la crisis, hizo de la AC su principal apuesta política pero fracasó en la tarea histórica de reconstruir el país con todo el país. En su lugar, forzó la aprobación de un texto constitucional que no es democrático y es un proyecto de poder orientado a imponer un nuevo sistema de dominación en reemplazo del tradicional ya fracasado.
El país-que creyó masivamente que había por fin llegado la oportunidad para reconciliarse consigo mismo y recomponerse- comprueba ahora hasta qué punto se le hizo vivir de ilusiones muy bien alimentadas , y cómo retornan los demonios del pasado pero en peores condiciones . Lo que debió haber sido una oportunidad histórica para refundar el país entre todos, se ha convertido en un peligroso experimento que está destrozando al país. El fracaso de la AC es el fracaso de los que arrastraron al país a esta apuesta a ciegas, y es el fracaso del proyecto de constitución aprobado violando las reglas constitucionales, legales y procedimentales.
La NCPE no es la respuesta apropiada a las cuatro grandes fracturas históricas, y por tanto, a la crisis. La fractura étnica se pretende resolverla incluyendo a unos y excluyendo a los otros. El Estado “plurinacional” es el Estado de las 36 etnias, consideradas “naciones”, que excluye al 40% de la población que no se reconoce en ninguna de ellas. La NCPE suma a las discriminaciones de hecho las discriminaciones de derecho.
En cuanto a la fractura regional, el nuevo régimen de autonomías, a pesar de sus significativos avances en términos de autonomía regional, contiene liberalidades para otro tipo de autonomías que en los hechos pueden alentar y reforzar las tendencias centrífugas del país en un proceso acelerado de fragmentación territorial.
La fractura social en principio debería ser favorecida por un Estado más intervensionista y redistributivo, pero la atmósfera de una buena parte de la NCPE , empezando por su Preámbulo, alienta revanchismos sociales expresados en acciones de hecho que ya se producen, y pueden ser considerados anticipaciones de lo que habría que esperar más adelante.
Finalmente, la fractura política no tenderá a cerrarse sino probablemente a ampliarse no sólo por el discurso poco tolerante desde el poder, sino porque la NCPE tiende a consolidar el poder “total” en favor de una “izquierda indigenista”. Como se sabe, en democracia las reglas básicas de juego son pactadas por los agentes en conflicto, que por ello mismo se obligan a respetarlas . Esta es una condición fundamental de la perennidad de una Constitución.
Entonces, puede decirse que la NCPE es una propuesta fallida para enfrentar democráticamente la crisis; peor aún, de muy alto riesgo, pues si se apelara a la vía no democrática para imponerla las duras resistencias no tardarían en parapetarse. De todos modos ya es muy alto el costo de una crisis abierta que ya dura nueve años y que le consumen a la sociedad energías colosales en ásperas disputas políticas que podrían ser utilizadas en atender los aspectos más apremiantes de la vida cotidiana de la gente.
El dilema del presente.- Por tanto, el dilema que enfrenta el país ahora es más dramático que nunca. La elección no es entre cambio y no cambio, pues existe un consenso compartido sobre la necesidad del cambio. La elección es entre democracia o autoritarismo, es decir sobre la forma de realizar los cambios. Pero si la forma es esencial en democracia, aquí forma es también contenido. O se encuentra un proyecto alternativo de país, democrático y concertable, cuya realización sea un salto al futuro y no una huida al pasado; o, como ya ocurre, los viejos y nuevos demonios pueden despedazar lo poco que aún queda en pié, levantando las esclusas de la violencia descontrolada y destructiva.
Con el presente documento se pretende afirmar que existe una visión distinta para enfrentar y resolver sin traumas, las grandes fracturas históricas del país.
El Proyecto del país que queremos
¿Dónde está el problema del país?
Una Constitución, por muy óptima que sea, no va producir por sí misma un nuevo país, peor aún si el destino de la nueva Constitución va a ser el de las anteriores violadas al día siguiente de haber sido aprobadas.
Del mismo modo que sobre la anterior Constitución se canalizó profundas frustraciones de una buena parte de la población, ahora de la NCPE se esperan resultados, que en realidad sólo pueden imputarse a políticas de gobierno . Al respecto, la experiencia de países cercanos al nuestro no es precisamente estimulante.
De todos modos, sigue pendiente la pregunta central: ¿ cómo y por qué hemos llegado al país que tenemos y que hay que “refundar”?, ¿qué ha fallado y como remediarlo y en qué dirección?.¿ Por qué Bolivia que tiene tantos recursos naturales está peor que muchos otros que no tienen nada? Estas preguntas, que en realidad son una, las podemos reformular diciendo si el problema del país está del lado de las leyes o del lado de los hombres. Qué problemas del país pueden ser imputados razonablemente a sus leyes y cuanto a nosotros mismos. La respuesta a esta pregunta define qué debe cambiar primariamente que permita enfrentar positivamente las grandes fracturas históricas del país. No es cuestión sólo de metodología sino de lucidez desacomplejada.
En nuestra propia visión de las cosas, la clave del problema boliviano no se encuentra en las leyes sino en los hombres, en decir en nosotros, pero principalmente en las élites que mandaron en el país desde la fundación de la República. Este problema fue ocultado y trasferido a las leyes cada vez que había que enfrentar un problema real. Esto es lo que podemos llamar “ilusionismo legalista” consistente en creer que los problemas del país pueden ser resueltos cambiando las leyes.
Los temas centrales en la preocupación colectiva como las desigualdades sociales, la discriminación, la pobreza, la corrupción o el desempleo no tienen su fuente en la Constitución sino en las políticas públicas que fracasaron en su tratamiento o simplemente los ignoraron. La falacia consistente en atribuir al sistema de reglas e instituciones lo que ha sido responsabilidad de estas políticas, condujo a creer que cambiando la Constitución podía cambiarse de país. Se descalificó la anterior Constitución ignorando que con esta misma constitución fueron posibles políticas estatistas y neoliberales, y nada impedía que bajo ella misma fuese posible enfrentar las fracturas históricas del país sin dividirlo, o que se aprueben reformas constitucionales importantes como el nuevo régimen de autonomías . Una Constitución durable debe hacer posible políticas alternativas inspiradas en valores compartidos.
Los dos ejes esenciales del proyecto alternativo de país. Con todo, esto no invalida la posibilidad o la necesidad de promover cambios constitucionales que se ajusten a los cambios en la sociedad. Pero estos cambios deben tener una dirección que es una imagen-idea de país al que se aspira.
País moderno. – El país no puede sustraerse a los desafíos de la modernidad, como cualquier país en cualquier parte del mundo, pero tiene que hacerlo encontrando sus propios caminos y a partir de lo que se tiene, de lo que somos, de nuestra historia presente y pasada. Lo que se llama las “tradiciones” deben servir como un punto de partida para dar el salto y no como obstáculo o refugio para el repliegue. Cuando decimos modernidad no nos referimos a lo que en el pasado fue la búsqueda inútil de parecerse a un modelo ideal de modernidad., que en el fondo fue más bien perverso, sino más bien a generar y fortalecer un país que sea apto para enfrentar sus desafíos internos y externos.
Un país moderno mira hacia adelante y no hacia atrás, es lanzarse al futuro y no un retorno al pasado; es disponer de capacidad para enfrentar los desafíos externos e internos. Una sociedad moderna es proceso de diferenciación funcional y estructural que diferencia instituciones entre sí y separa los niveles político, social, económico y cultural. Modernizarse en sobre todo asumir los “códigos de modernidad”, que implican esencialmente la idea de que la sociedad no está dada sino que resultado de su propia acción. La modernidad es capacidad de producción más que de reproducción; de innovación y tecnología y no de repetición; es sociedad de acción y no de reacción; es sociedad de esfuerzo y no “rentista”, es sociedad abierta y no encapsulada.
Pais democrático.- País moderno es también un país democrático, es decir, integrado internamente y construido por todos y para todos. Lo mismo que la modernidad, la democracia es un código, que traduce valores, principios y reglas de convivencia, la principal de las cuales es la posibilidad de vivir juntos resolviendo las diferencias y conflictos sin recurrir a la violencia. La modernidad política es la democracia como una forma de pensar, decir y hacer las cosas, y no simplemente el hecho de votar. La modernidad política es idea de ciudadanía y de igualdad. Es universalismo por encima de los particularismos. Es separación entre espacio público y privado. Es un Estado del “demos”, es decir de base ciudadana, y no del “etnos” . Democrático es un país en el que cada cual encuentre una oportunidad para realizar el proyecto de vida que estime valioso.
Tener un país moderno y un país democrático representan profundas aspiraciones colectivas en Bolivia y compartidas aún por los que a pesar de haber sido excluidos, no renuncian a ellas . La NCPE es su contrapunto porque representa un modelo de país arcaizante y una forma de organización institucional fuertemente autoritaria. Con todo, el propósito esencial de la nueva Constitución no parece ser precisamente construir Estado sino producir poder, que en su sentido jacobino es guillotina, y que contaminado por costumbres premodernas y patrimoniales, alienta la corrupción.
Por todas estas razones fundamentales, la NCPE debe ser cambiada sustancialmente desde dentro para que se constituya en un pacto de la sociedad.
Los cambios necesarios en la Nueva Constitución Política del Estado(NCPE)
Estas dos dimensiones esenciales de modernidad y democracia deben orientar la estructuración y funcionamiento de las instituciones, los comportamientos de la sociedad y los cambios que deben incorporarse en la NCPE. Estos cambios deben incluir a la otra visión de país, reincorporar los valores esenciales de la democracia ausentes en la NCPE y, por esta vía, neutralizar los componentes hegemonistas e ideológicos de poder “plurinacional” que impiden una respuesta apropiada a los grandes problemas históricos del país. En esta dirección debe estar claro que la unidad del país no será lograda con el aplastamiento de una parte del país por la otra sino con la convergencia de ambas en aspiraciones compartidas.
Por ello es que en la base de los cambios deben situarse lo que podemos llamar los fines colectivos del país como país y compartidos por los bolivianos, por encima de las diferencias. Reconocer las diferencias culturales, bajo cualquiera de sus formas, principalmente de los pueblos indígenas, no es lo mismo que construir un Estado asentado en las diferencias, que potencie las corrientes centrífugas de la sociedad. El Estado Plurinacional, asentado en las “naciones originarias” debilita la unidad del país, y refuerza los particularismos étnicos.
Lo aconsejable es una Constitución-principios(corta) y no una Constitución- programa( que lo abarca todo y se hace reglamentarista). Una eficaz Constitución debe permitir alternancias de programas de gobiernos de distintos signos sin que ella misma sea violada por cada uno de ellos. Esta es la garantía de su perennidad. Sobre la base de principios colectivos, la población debe poder decidir en cada ocasión qué proyecto de gobierno apoya de tal modo que todos ellos se equilibren en el tiempo. La Constitución debe ser de avanzada respecto de los valores humanos fundamentales, pero no ser de izquierda o de derecha- hablando en términos políticos clásicos-, pero debe haber posible esa alternancia de manera pacífica.
1.- En primer lugar, se debe reestablecer la democracia en el texto constitucional, reponiendo el Estado de Derecho como principio, en lugar del Estado de Derecho Plurinacional”, que no existe en el derecho constitucional, y es fruto de una transacción política para debilitar a la oposición. El Estado de Derecho que quiere decir limitado por los derechos fundamentales de los ciudadanos, es también Estado basado en el principio de legalidad, cuya violación permanente es una de las fuentes de la corrupción generalizada.
El Estado moderno es igualmente Estado democrático que incorpora el componente social y participativo. Es la incorporación central del principio de igualdad y equidad, este último con el fin de beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y de este modo reestablecer ciertos equilibrios sociales hoy quebrados por el crecimiento de las desigualdades sociales, entre ellos y primordialmente en perjuicio de los grupos indígenas y originarios. Sobretodo este último desafío hace necesario un Estado que sea garantía de cohesión social, es decir un Estado activo pero no un Estado absorbente.
2.- La primera consecuencia de esta formulación de principios, es la necesidad de eliminar la dimensión étnica fuerte en la organización de los poderes del Estado, que sólo puede ocasionar a etnización de la política, devaluando cada vez más la democracia de ciudadanos. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas no es lo mismo que estatizar a estos pueblos, que es lo mismo que anularlos en su libredeterminación; ni convertirlos en objeto de manipulación, que es otra manera de reproducir las practicas denunciadas como “neocoloniales”. Reparar una tradicional exclusión quiere decir adoptar políticas públicas adecuadas y consistentes en el tiempo, que reequilibren las enormes disimetrías entre unos y otros. No había nada en la anterior Constitución que impida esta justa y necesaria reparación histórica.
El haber convertido el deber de reconocimiento estatal de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en principio diferencial de organización del Estado, ha contaminado todo el texto constitucional, cambiando desde sus fundamentos todo el régimen político democrático para reemplazarlo por otro no democrático fundado en una combinación contranatura de arbitrariedad con legalidad. Este mismo principio contamina todo el régimen de derechos, reducidos en su cumplimiento a la voluntad de los que gobiernan o a la presión de los más fuertes.
3.- De ello se sigue la tarea de restituir los derechos fundamentales internacionalmente aceptados , que recupere esta condición para los derechos políticos y civiles más importantes, tratados secundariamente en la NCPE. Debe reestablecerse la igualdad efectiva de derechos inherentes a la dignidad humana por encima de los derechos diferenciales, y que se compatibilice con el principio de equidad para los más desfavorecidos. Pero sobre todo, establecer plenas garantías en el ejercicio de esos derechos, cuyo listado en la NCPE parece ser más importante que su cumplimento.
4.- Se debe revalorizar la democracia representativa y reexaminar la democracia participativa de la NCPE. Devaluar la democracia representativa es confundir el sistema que puede tener distintos diseños, con los representantes, que ciertamente creen que su elección los exime de la obligación de rendir cuentas. La NCPE confunde ambos niveles y privilegia la democracia “participativa” al reconocer constitucionalmente a los cabildos, asambleas, controles sociales, que es dar licencia para todos los excesos. El participacionismo, no es la participación ciudadana, sino un recurso de los autoritarismos plebiscitarios.
5.- El problema central de la justicia no es principalmente el sistema de normas-que siempre puede ser corregido- sino de la debilidad de los operadores de justicia. La solución no es elegirlos por voto universal, que agravaría el problema, sino establecer procesos de designación que no esté monopolizado por ningún nivel institucional.
Lo que la NCPE llama jurisdicción indígena, que es lo mismo que justicia comunitaria- que en los hechos son muchas según sean los que la hacen existir - debe ser codificada para saber en qué consiste, y evitar todos los abusos. En su ejercicio debe tener como límites los derechos humanos universales, los derechos constitucionales, y estar sujeta en sus decisiones a control de constitucionalidad, reconociendo el derecho de apelación a los mismos indígenas, para que no se conviertan en sus primeras victimas.
No es admisible que un país funcione con dos sistemas de justicia de igual jerarquía, como establece la NCPE ; y peor aún que las decisiones de la justicia indígena sean de cumplimiento obligatorio. Un país es un sistema judicial compatible con varios subsistemas.
6.- Todo el sistema de derechos- que es el componente más avanzado de la NCPE-, descansa sobre la existencia de un Tribunal Constitucional independiente e imparcial habilitado para precauteler el respeto de los derechos y sobre todo garantías constitucionales. La etnización “plurinacional” del Tribunal Constitucional y la designación de sus miembros por voto universal, no son compatibles con este propósito.
Es profundamente discriminante y vejatorio suponer que un Tribunal “plurinacional” será mejor que un Tribunal no “plurinacional”. Este componente étnico de la máxima instancia jurisdiccional- que es el coronamiento del propósito de asegurar el control “constitucional” de todo el sistema judicial, es decir de su sistema de garantías- es la muestra más elocuente de lo regresivo y peligroso que hay en la NCPE.
Todo este dispositivo no garantista ayuda a explicar que la garantía de los derechos fundamentales se encuentre fuera de la Constitución, en lo que denomina “bloque de constitucionalidad”. Por ello no deja de ser pertinente preguntarse si es deseable que un Tribunal con esas características sea conformado, teniendo en cuenta la “perversidad” inherente del texto constitucional.
7.- Se debe reexaminar los principios del todo el régimen de autonomías, que evite una eventual fragmentación territorial, viabilice las autonomías departamentales e incluya a las autonomías indígenas, sin las liberalidades concedidas constitucionalmente.
8.- La educación debe estar orientada a formar ciudadanos con aptitud para enfrentar los desafíos del presente y el futuro, y no ser una máquina de propaganda “descolonizadora”. La interculturalidad debe ser a la vez transculturalidad. La interculturalidad de la “revolución educativa” refuerza las diferencias étnicas, que deben ser neutralizadas en su potencial segregador con el refuerzo transculturalizador de valores compartidos.
9.- La economía debe sostenerse en principios supraeconómicos, que dé lugar a modelos distintos, sin privilegiar la economía “social-comunitaria” hacia abajo, ni el estatismo hacia arriba. Estado activo no es lo mismo que Estado total . Aceptar el mercado no es dejar todo al mercado.
10.- Establecer un Estado laico no es laicismo que predique la no-religión. Pero tampoco debe ser una coartada para arropar al Estado de un confesionalismo ancentral, cuyas “cosmovisiones” han sido convertidas en la nueva religión oficial.
11.- La constitucionalización irresponsable de Asamblea Constituyente, “originaria” y “plenipotenciaria” representa un elevado riesgo de graves incertidumbres institucionales asentados provocados por procesos de “refundación” permanente. Dado que será más fácil convocar a este tipo de AC, que reformar parcialmente la CPE, podemos decir que una constitución que contiene los medios para autodestruirse es una constitución suicida. El carácter irreflexivo del texto constitucional conduce a estos extremos, que deberían ser corregidos. Un buen texto constitucional es el que prevé los mecanismos de su propia reforma y su perdurabilidad, pero no las de su propio deceso.
Otra historia es necesaria y debemos hacerla posible.
El corolario de toda esta propuesta es sostener firmemente que ponernos de acuerdo en el país que queremos, tiene como condición previa vencer a las corrientes corporativas dominantes y reforzar los valores y reglas comunes que cohesionen a la sociedad. La unidad no es la diversidad. De sumas negativas no sale una suma positiva. La unidad debe construirse con las diferencias pero no para las diferencias. La unidad de un país es siempre es algo distinto de la composición de sus partes. Lo que una a los bolivianos deben ser esos valores comunes y no los valores que dividen. No es coherente reclamar la unidad del país y a la vez apoyar la NCPE que divide.
En suma, necesitamos más país y menos parcialidades; más república y menos republiquetas; más patria grande y menos patrias chicas; un país con diferencias pero no divisiones.
Necesitamos más democracia que privilegios ; más legalidad que arbitrariedad; más libertad responsable y menos atropello consentido; más equidad y menos desigualdades sociales ; más riqueza para más y menos pobreza para menos.
Necesitamos más derechos y no menos deberes(el autoritarismo en más obligaciones que derechos; el populismo es más derechos que obligaciones, la democracia es derechos más obligaciones) .
Necesitamos más autoridad que autoritarismo; más pueblo que populismo. Necesitamos construir más Estado y menos poder; más política institucional y menos política de alcantarilla.
Necesitamos élites con más sensibilidad y menos indolencia ante el sufrimiento humano; con más grandeza y menos egoísmo; nuevas élites con más visión de país y con menos ambición de poder ; más auténticamente modernas y menos falsamente modernizantes ; más serias y menos frívolas.
Necesitamos políticos con más sentido de Estado y menos sentido de intereses ; políticos con más sentimientos colectivos compartidos y menos pulsiones manipuladoras . Necesitamos funcionarios con más sentido del deber colectivo y menos sentido de apropiación individual.
Necesitamos más lucidez y menos autocomplacencia ; más esperanzas y menos ilusiones; más realidades y menos espejismos; más ser que no ser.
Necesitamos creer más en nosotros mismos y menos en redentores aprendices de brujo. Necesitamos más ciudadanía y menos corporatismo. La solución de los grandes problemas depende más de que cambiemos nosotros para cambiar el país y menos en atribuir a los otros lo que es imputable a nosotros mismos.
Los cambios que deben hacerse son necesarios para tener más democracia y no menos ; y deben ser progresivos y no regresivos; ser integradores y menos excluyentes. La democracia es equilibrio razonable y no un sistema de nuevas dominaciones de unos sobre otros.
Es decir, necesitamos más justicia social y no menos, con más Estado de Derecho y no menos. La justicia social contra el Estado de derecho, o el Estado de Derecho sin justicia social, es la muerte de la democracia . Uno de los dramas históricos mayores del país ha sido la separación y hasta incompatibilidad entre los reclamos liberales calificados de derecha, que descuidan la justicia social, y la exigencia de la justicia social de una izquierda “populista”, que desprecia el Estado de Derecho y la legalidad.
La disyunción profunda entre ambos valores sólo puede conducir a que el potencial inflamable de las cuatro fracturas explosionen el país. Una nueva visión “progresista” de país debe conjugar justicia social con Estado de Derecho, más una élite gobernante que asuma con convicción esta fórmula democrática para aproximar a las “dos Bolivias”.
En esta dirección, las reformas que proponemos tienden a resolver de una nueva manera los problemas históricos y no ha agravarlos con nuevos excluidos y nuevas dominaciones. La NCPE ha sido aprobada pero no es democrática. Acatar no es apoyar. Sólo democratizando el nuevo texto constitucional podrá decirse a la larga que representa verdaderamente al país y que en sus marcos puede construirse un nuevo destino.
Esta propuesta alternativa de visión de país intenta ser la expresión de la sensatez y de lo razonable contra los excesos de todos los lados, abriendo el camino hacia un nuevo comienzo en la historia de Bolivia a través de un pacto de sociedad que nos cambie a todos para cambiar el país. Es decir, un país respetado y no compadecido. Un país que no sea simplemente un agregado de individuos sino una asociación fundada en el consenso sobre valores democráticos y principios constitucionales; asentada en intereses compartidos y con un destino común del que todos sientan que es el resultado de su participación. El camino pasa por un pacto de convivencia entre distintos. La presión y la violencia no producirán jamás un acuerdo libremente consentido de voluntades.
En esta hora que como nunca en la historia de Bolivia ha estado en juego su propia preservación, los bolivianos sólo mereceremos el país que estemos dispuestos a construir. Las generaciones futuras nos juzgarán sin apelación por lo que hagamos ahora y no acertemos, pero serán más duras si pudiendo hacer algo nos abstuviéramos de hacerlo, faltando a nuestros deberes cívicos. Ante un país que se deshace, la contemplación es una falta moralmente culpable. El presente no es una fatalidad ni el futuro una sanción. Hacer historia ahora quiere decir hacer otra historia, que no sea la desgarrante del pasado ni la desesperante del presente. Otra historia constructiva es necesaria y debemos hacerla posible.
Esta Declaración es una convocatoria a los bolivianos que en su condición de ciudadanos no renuncian a abrir una nueva esperanza en un cambio distinto del actual. En términos ya conocidos, el lugar desde el cual debe conformarse una fuerza colectiva alternativa no puede no ser de centro izquierda. De centro, para reequilibrar una sociedad afectada por sus graves fracturas históricas y polarizaciones desintegradoras ; y dc izquierda porque moralmente no se puede ser de derecha en un país con tanta pobreza y desigualdades sociales inadmisibles.
Una sociedad democrática no se expresa en un modelo piramidal, donde los pocos aplastan a los más; pero tampoco es el modelo invertido, con el despotismo de la multitud en la cima contra todos los demás. Una sociedad democrática es la figura geométrica romboidal, con un centro más fuerte y ampliado, y débiles sus extremos, al modo aristotélico.
Esta Declaración es también una apelación a los intelectuales a no abdicar de su responsabilidad de ser una reserva moral en momentos cruciales. Sin lugar a dudas, no basta tener ideas. Las ideas sin fuerza social son impotentes, mientras que la fuerza social sin ideas es ciega , pero también la fuerza con ideas delirantes puede ocasionar desastres. En política las ideas deben convertirse en acción y una propuesta razonable necesita de un liderazgo- que no es lo mismo que caudillo- que haga creíble lo que se propone.
Esos son los fines, las tareas pendientes y los escarpados caminos a recorrer. En ellos podemos y debemos ponernos de acuerdo. Si cada uno hiciera lo que debe hacer desde el lugar en el que está y asume su parte de responsabilidad que deriva de vivir en el país que tenemos, entonces mereceremos el país que queremos.