Centa Reck
Hay cuentos que resultan truculentos, y que le ponen los pelos de punta a los niños cuando sin saberlo a ciencia cierta se dan cuenta que en el mundo no todos son buenos ni justos, que existen genios del mal que van sembrando engaños y hechos de violencia por doquier, convirtiendo así a este planeta en un espacio de injusticias, en la medida que dominan a fuerza de engaños, manipulaciones e imposiciones.
De esto da cuenta la cuestionable fundamentación que hizo el Fiscal General en el juicio de responsabilidades que se ventila contra Gonzalo Sánchez de Lozada, su gabinete y los militares que participaron de los sangrientos sucesos de octubre del 2003, hechos que terminaron por derrocar al entonces presidente electo y dieron inicio a un periplo de toma del poder que favoreció al actual presidente Evo Morales.
La actuación del Fiscal, censurable por unilateral y por la insustentable fundamentación de las acusaciones que brindó el miércoles en Sucre, fue una exposición que se puede calificar no sólo de ambigua sino audaz por la forma en que el funcionario pretendió convencer que las FFAA que actuaron en el llamado “octubre negro” actuaron más allá de sus atribuciones.
Lo sesgado del caso es que la Fiscalía fundamenta responsabilidad en los miembros de las FFAA y el gobierno en ejercicio en el año 2003, sin embargo hasta el momento nunca ha visto responsabilidades en hechos que en igualdad de condiciones han contado con la participación de miembros militares y del Ejecutivo actual, en situaciones que han desembocado en graves episodios de violencia y pérdidas de vidas humanas.
Cada vez nos intriga en mayor medida la relatividad y ambigüedad con la que actúan funcionarios que más parecen comprometidos con el partido en función de gobierno que con la distribución de justicia como un principio rector.
Las argumentaciones del Fiscal Uribe fueron una suerte de explicaciones contradictorias, de idas y vueltas ambiguas que se pasearon por conceptos de derecho primitivo a fin de forzar una figura que demuestre que la ley es la que ordena (aunque en este caso seria la que desordena) la convivencia civilizada (en este caso violentamente incivilizada y la ley del mas fuerte y abusivo). Estas argumentaciones silogísticas convierten a la ley- no ley en el arma que se puede esgrimir o manipular para condenar al que el poder de turno define que se debe acusar o premiar por los mismos hechos incivilizados, salvajes y que desregulan y violentan la convivencia humana convulsionada por la imposición de recursos leguleyescos a favor de los gobernantes de turno.
La fiscal de recursos Mirna Arancibia, se sumó a los argumentos buscando convencer al Tribunal que las Fuerzas Armadas de la Nación obedeciendo instructivas presidenciales, fueron más allá del cumplimiento de sus deberes y usaron la fuerza en exceso ocasionando muertos, heridos e inclusive deteniendo ciudadanos durante los hechos de octubre. Pero resulta que las FFAA han hecho exactamente lo mismo en los episodios de La Calancha en Sucre, en Huanuni, en Pando, y los fiscales hablan como si estos hechos no hubieran existido, planteando un paralelo insostenible en el que la historia pretende ir por rieles que supuestamente no se tocarán nunca. Los fiscales están pensando en el caso Goni como un hecho único y aislado, privado de la continuidad histórica, criminalizando así a Goni, sus ministros y los militares que cumplieron ordenes y fueron supuestamente más allá de estas, pero justificando a la vez los desmanes provocados por las llamadas organizaciones sociales a las que calificaron como fuerzas pacíficas en sus demandas, pasando por alto las acciones de fuerza que desarrollaron durante los días de octubre de 2003, amén de hechos similares que de ahí en más han seguido ocurriendo y que dieron lugar a la muerte de Christian Urresti en Cochabamba, a los hechos sangrientos de La Calancha y al violento episodio de hostigamiento a la población pandina que acabó también con muertos, exiliados, presos y perseguidos políticos, episodio en los que se puede ver que hubieron acciones planificadas desde el Ejecutivo que llevaron a que se desate esta grave confrontación.
Los fiscales sólo miran a octubre del 2003, sin medir que este fallo será un precedente para seguir juzgando los hechos subsiguientes de esta revolución con cuadros milicianos-militares, una guerra de baja intensidad que vive actualmente Bolivia y que se precipitó en febrero-octubre del 2003 y tuvo su génesis visible en la guerra del agua del 2000, pero que ha seguido teniendo episodios con muertes y episodios de violencia.
De lo dicho en la exposición de la fiscalía, de lo que se ha deducido que se condujo más como una dirigencia sindical acusando a las Fuerzas Armadas de haber baleado a los ciudadanos de El Alto mientras estos hacían sus actividades cotidianas, en la que la ficción armada por los fiscales supera cualquier realidad imaginable y sobre todo desconoce y pasa por alto todo lo que los ciudadanos vieron con sus propios ojos, escucharon y se enteraron en tanto y en cuanto son testigos presénciales de estos episodios lamentables de nuestra historia.
Sólo faltó que se le preguntara a los fiscales porqué tienen las orejas tan largas y la boca tan grande… para que el delito de genocidio sea selectivo y unos sean criminales y otros héroes por los mismos hechos y las mismas razones, salvo que nadie se ha enterado que es el espejito mágico quien dictamina a capricho quienes son buenos y malos, héroes o asesinos genocidas, mientras el rey de turno se mira todos los días invocando al tan voluble espejito.