Inseguridad democrática en Colombia

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clip_image001Diario de América Latina – La Vanguardia

Joaquim Ibarz – Corresponsal en América Latina



La inseguridad democrática del presidente Álvaro Uribe

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AP Emilia Rosa Mora marhcó por las calles de Bogotá en protesta por el asesinato en Ocaña de su hijo Javier por tropas del Ejército.

En septiembre de 2008, en el depósito de cadáveres de Ocaña, a 610 kilómetros al norte de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Álvaro Uribe calificó a esos muertos como delincuentes "que no estaban precisamente recogiendo café en una finca". Eran muchachos con edades entre 17 y 32 años, muchos desempleados, algunos trabajaban en construcción o mecánica, había quien tenía antecedentes de consumidor de droga. Chicos de origen humilde que vivían en Soacha, una población marginal aledaña a la capital colombiana; 19 desaparecieron sin dejar rastro.

Apenas dos días después, el Ejército informó que habían muerto en combate en Ocaña. En realidad, fueron asesinados por los propios militares para demostrar que eran buenos cumplidores de la política de Seguridad Democrática que impulsa el presidente Uribe. En premio a su eficacia, lograban ascensos y recompensas.

Reclutadores pagados por el Ejército los llevaban engañados a zonas con presencia guerrillera; una vez indicaban su ubicación, los militares los mataban y exhibían como trofeos de guerra. Canallada de tal calibre sólo era posible por el sistema de recompensas de la presidencia. Aunque los falsos positivos causaron debate y consternación en Colombia, este capítulo horrible del conflicto interno colombiano ha pasado casi desapercibido en el exterior.

En jerga militar las bajas de guerrilleros se llaman positivos, y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, se pretendieron tapar con este eufemismo. Algunos oficiales mataban u ordenaban matar a chicos inocentes para mejorar su hoja de servicios y, por esta vía, obtener ascensos en su carrera. En más de una ocasión se asesinó simplemente por unos días de permiso.

Amnistía Internacional denuncia el escándalo de los jóvenes asesinados

Amnistía Internacional denunció que "a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como "guerrilleros muertos en combate".

El presidente Uribe apenas ha prestado atención a los asesinatos perpetrados u ordenados por oficiales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las investigaciones de agentes de la fiscalía y de los juzgados han logrado aclarar cientos de desapariciones de jóvenes. Gracias a la actuación independiente de estos profesionales del Derecho se puede afirmar que en Colombia todavía existen instituciones que, superando mil dificultades, imparten Justicia.

El trabajo de jueces y fiscales ha podido sacar a la superficie el terrorismo de Estado que durante años se ejecutó con premeditación y mucha alevosía. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa cuando se cometieron los crímenes, y que ahora aspira a suceder a Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia, no asumió ninguna responsabilidad política. En Francia, un ministro de Defensa dimitió hace unos meses porque durante unas maniobras se produjo un herido por el error de un suboficial.

No son uno ni diez. Hasta ahora, los organismos de derechos humanos han recogido 1.666 denuncias formales de jóvenes -51 eran menores de edad- presuntamente asesinados por militares. Los registros de las entidades de defensa de los derechos humanos muestran que hay "más de 1.500 casos (de ejecuciones) aún sin denunciar". En su gran mayoría son jóvenes que sufrieron las consecuencias de la política de recompensas instaurada por el gobierno de Uribe para premiar la detención o muerte en combate de terroristas de las FARC. Muchachos que fueron reclutados con engaños, ofreciéndoles empleo legal, bien remunerado, pero a quienes luego asesinaron a sangre fría e hicieron aparecer como narcos o guerrilleros muertos en combate. Antes de desaparecer, los chicos informaron a sus familiares que habían recibido ofertas de trabajo. Prácticamente acababan de bajarse del autobús en el que viajaron desde Bogotá cuando ya se informaba de su muerte en combate.

La Fiscalía de Colombia ha confirmado que en el Ejército existe una organización criminal que se ha dedicado a realizar ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que después presentaban como guerrilleros muertos en combate. El fiscal Emidio Vargas Gil reveló que, según las pruebas reunidas, se ha podido determinar que algunos de los jóvenes asesinados fueron previamente contactados con ofertas de trabajo falsas que ofrecían reclutadores contratados por oficiales.

547 militares detenidos por ejecuciones extrajudiciales

La fiscalía investiga a más de 1.000 miembros de la fuerza pública involucrados en estos homicidios; al Ejército se le atribuye el 72% de las muertes. Hasta el momento hay 547 militares detenidos por ejecuciones extrajudiciales; 60 ya han sido condenados, al igual que cinco agentes de la policía política DAS. Entre los que están entre rejas se cuentan coroneles y comandantes de guarniciones de distintos puntos del país.

El escándalo de los falsos positivos y los millares de asesinatos cometidos por grupos de extrema derecha no son patrañas propaladas por las guerrillas narcobandoleras de las FARC ni por los carteles de la droga, que configuran la encrucijada de violencia que desangra a Colombia. Hay que tener presente que cerca de un centenar de legisladores –la mayoría incondicionales de Uribe- están presos o procesados por haber dado financiamiento y apoyo político a bandas de paramilitares responsables de matanzas atroces.

General Padilla: "Casos que nos llenan de vergüenza y horror"

El general Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa encargado, admitió con palabras duras la barbarie que perpetró la institución a su cargo: "Hemos tenido problemas, incluyendo algunos graves, y enfrentamos las consecuencias de casos que jamás hubiéramos imaginado posibles, como los registrados en Soacha el año pasado. Casos que nos llenan de vergüenza y horror porque contradicen lo que somos y lo que representamos, porque hieren en lo más profundo nuestro honor militar. Son hechos horrorosos que avergüenzan a las Fuerzas Militares de Colombia".

En el V Congreso de Víctimas del Terrorismo que acaba de celebrarse en Medellín, con asistencia del presidente Uribe y de los príncipes de Asturias, los familiares de los jóvenes muertos por militares no tuvieron muchas oportunidades de exponer su tragedia. Su drama habría pasado inadvertido a no ser por el revuelo causado por la petición de Naciones Unidas para que se incluya a las víctimas del Estado en la ley que se discute en el Congreso colombiano. El delegado de Naciones Unidas, Cristian Salazar, dijo que esta iniciativa es "un pilar fundamental en la protección de los afectados". Explicó que la principal preocupación es que los legisladores excluyan la reparación a las víctimas de crímenes de Estado. "Esperamos que la versión final de la ley realmente esté siguiendo unos estándares internacionales de no discriminación", explicó Salazar.

"En el caso de los llamados falsos positivos, cómo explicarle a una madre cuyo hijo fue desaparecido y luego supuestamente ejecutado por miembros del Estado que su sufrimiento en términos legales no es el mismo que el de una madre que perdió a su hijo por parte de un grupo paramilitar o guerrillero. Excluir de la ley ese artículo constituiría discriminación legal y ética, ya que sería definir a la víctima dependiendo del victimario", subraya el representante de la ONU.

El presidente Uribe contra "las falsas denuncias"

En una ceremonia militar celebrada el pasado 3 de junio, Uribe dijo que un falso positivo que esté comprobado "lo tenemos que sancionar con toda la fuerza, y así se ha demostrado". Sin embargo, el presidente colombiano subrayó más la necesidad de combatir las falsas acusaciones contra el Ejército que acabar con las prácticas de terrorismo de Estado.

"Así como hemos sido prontos y solícitos; diligentes para sancionar los falsos positivos, tenemos que ser más beligerantes para denunciar las falsas acusaciones. Nos morimos de miedo, nos morimos de miedo. ¿Por qué?", recalcó Uribe.

En vez de mostrarse avergonzado, como el general Freddy Padilla, el presidente Uribe sostiene que muchos de los falsos positivos son "falsas denuncias" de abogados remunerados por ONG internacionales.

A principios de junio fueron condenados un mayor, un capitán y cuatro soldados profesionales por homicidio agravado. Este caso, que se remonta a 2006, tiene similitudes con los militares procesados por los falsos positivos de Soacha. Reclutamiento de jóvenes de bajos recursos a los que trasladaron a zonas rurales para convertirse en guerrilleros muertos en combate por el Ejército. La investigación de la fiscal de Derechos Humanos señala que el 5 de marzo de 2006, dos jóvenes fueron llevados desde Caucasia (Antioquia) a Montería con la promesa de trabajo. Una vez en la capital de Córdoba las víctimas fueron asesinadas tras haberlas metido en una camioneta del Ejército. Sus familiares volvieron a saber de ellos cuando ya estaban muertos. En otros casos, después de años de búsqueda, no han logrado darles sepultura.

Uno de los desaparecidos era Jonathan Soto. Tenía 17 años, decían que andaba en malos pasos. Le ofrecieron un trabajito en Ocaña. Se lo llevaron y lo mataron. Le pusieron un uniforme de las FARC. Lo anotaron como baja en combate. Lo enterraron sin identificarlo. En Ocaña se vivieron escenas de dolor cuando, en presencia de sus madres, la fiscalía pudo desenterrar a 11 jóvenes desaparecidos. Flor Hilda Hernández no soportó ver el cadáver de su hijo Elkin Verano, de 25 años. Los 11 habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en una fosa. Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, desapareció el 8 de enero. Cuatro días después, el Ejército informó de su muerte en combate. Los informes militares decían que Elkin Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27, empleados en un taller mecánico, amigos inseparables, habrían muerto con uniforme guerrillero el 15 de enero, dos días después de su llegada a Ocaña. La fiscalía ha probado que no hubo combates y que fueron asesinados por quienes debían velar por sus vidas.

Clara López, secretaria de gobierno de Bogotá, dijo que lo ocurrido con estos jóvenes fue una "desaparición con fines de homicidio y no un reclutamiento".

Las conductas anómalas de miembros del Ejército lejos de desaparecer están entronizadas en segmentos del aparato estatal y amenazan con convertirse en el derrumbe moral de la política de seguridad de Uribe. Los falsos positivos erosionan poco a poco la legitimidad de la fuerza pública y de la política de seguridad. Y, además, ponen un interrogante sobre la veracidad de las cifras de bajas de la guerrilla que ha venido ofreciendo el Gobierno desde que Uribe ocupa la Casa de Nariño.