El narcotráfico adultera los niveles salariales, con lo que perjudica a cultivos alternativos, comenzando por el café. ¿Existe alguna estrategia nacional para frenar este avance de una actividad económica que representa una amenaza para el país? El Gobierno tendrá que aplicarla.
Editorial La Razón
En el lapso de tres días, la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) logró destruir 120 fábricas de cocaína en el Chapare, mientras los habitantes del Valle Alto de Cochabamba siguen clamando porque la Policía frene a los fabricantes de droga que han invadido la zona de Pantipata.
En las últimas semanas ha quedado confirmado un muy revelador y paradójico dato: los yungueños llegan hasta la ciudad de La Paz para comprar fruta, generalmente cítricos traídos desde el Perú. Eso porque gran parte de la tierra cultivable de los Yungas está ahora destinada a plantar coca.
El cultivo de la hoja, que comenzó en La Paz y Chuquisaca en tiempos remotos, ahora abarca importantes regiones de Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Los “colonizadores” actúan ahora como punta de lanza para abrir caminos a los cultivadores de coca. Los primeros destruyen los bosques y los segundos se ocupan de incrementar las plantaciones ilegales.
La geografía de la coca sigue mostrando a los Yungas de La Paz como la región donde se produce la hoja de mejor calidad para el acullico, mientras el Chapare sigue ostentando el título de la zona más segura para la producción de coca con destino al narcotráfico. Los productores yungueños no tienen rivales en otras regiones para su hoja de primera clase, pero los productores del Chapare tienen muchos competidores en Santa Cruz, el norte de La Paz y el Beni, lo que les ha dado la ventaja de no ser los únicos dedicados a una actividad ilegal.
El Gobierno ha anunciado nuevamente que se propone aprobar una ley para ampliar de 12.000 a 20.000 las hectáreas destinadas a los cultivos legales, en vista de que habría detectado un incremento del consumo no delictivo de la coca.
Las últimas cifras que proporcionó la DEA indican que los cultivos de coca en el país llegaron a 39.000 hectáreas, contando las legales y las ilegales. Ahora, dos años después de ese informe, los cultivos han llegado hasta Yapacaní, han ingresado a los parques nacionales, entraron a Palos Blancos y están cerca de Rurrenabaque.
Los habitantes de Pantipata estuvieron dando una batalla desigual, tratando de poner obstáculos al ingreso de materia prima e insumos a la región alta, donde están instaladas fábricas de cocaína, pero fueron derrotados. Pidieron la ayuda de la Policía, pero fue en vano.
Es desigual la lucha porque los narcotraficantes tienen muchos recursos económicos, que utilizan en todos los frentes. Los campesinos dicen que las aguas de los ríos de la zona han sido contaminadas y que los cultivos de frutas y hortalizas que ellos tienen muestran graves daños, así como han quedado afectados los animales. Ante la situación general que se da en el país, es oportuno preguntarse qué se está haciendo realmente en el país para frenar el avance de la coca y de sus derivados.
Estas actividades ilegales tienen, además de los efectos perniciosos conocidos, un impacto demoledor sobre las actividades económicas legales. El narcotráfico adultera los niveles salariales, con lo que perjudica a cultivos alternativos, comenzando por el café. ¿Existe alguna estrategia nacional para frenar este avance de una actividad económica que representa una amenaza para el país? El Gobierno nacional tendrá que exhibir sus estrategias y explicar cómo se propone aplicarlas.