La Fiscalía aún tiene testigos sin prestar declaraciones. Audiencia de O’Connor se suspendió. Fiscales hallan carta referida a Catler.
Ramírez es sacado del Juzgado, donde Marcela Siles determinó su reclusión preventiva en febrero pasado. (Foto archivo)
La Prensa
La defensa de O’Connor solicitó que el caso retorne al Juzgado Décimo en lo Penal Cautelar.
Ayer, el juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, Carlos Guerrero, decidió que continúe la detención preventiva del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez Valverde debido a que la Fiscalía aún tiene testigos sin prestar declaraciones.
La decisión fue apelada por la defensa de Ramírez y pasó a conocimiento de la Corte Superior de Distrito, que definirá en una audiencia la ratificación o reversión de la decisión.
La encarcelación que lleva 120 días en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 13 de febrero, está relacionada con la investigación del contrato presuntamente irregular entre YPFB y la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz.
El abogado de la defensa, José Paredes Ayllón, explicó que la decisión judicial no tiene fundamento porque el argumento se basa en que “mientras existan personas para que declaren, estén o no identificadas, tiene que mantenerse la detención”. Es decir, si en el proceso de investigación la Fiscalía requiere que se tome declaración a diez personas, mientras se cumpla la solicitud continuará Ramírez en la cárcel, en el caso de que la lista se amplíe, continuará hasta terminar.
Con esta determinación, Paredes señaló que “le han cerrado la puerta, nunca va a salir”, por lo tanto, “es una condena anticipada”. De acuerdo con la Red Erbol, la abogada de YPFB, Mónica Ramírez, dijo que el juez actuó con total parcialidad porque la defensa de la ex autoridad no demostró nuevos elementos que puedan dar lugar a la cesación.
La acusación contra Santos Ramírez le atribuye cinco delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.
La audiencia inició a las 14.30 y concluyó al cabo de una hora, en el piso cuatro de la Corte de Distrito de La Paz. La seguridad del juzgado impidió la toma de imágenes y grabaciones, supuestamente a solicitud de Ramírez. Sin embargo, Paredes negó esa situación porque fue una decisión de oficio del Juez.
Una segunda audiencia se debió realizar también para pedir la cesación de detención de Miguel O’Connor D’Arlach, representante legal de Catler-Uniservice y quien firmó en esa calidad el contrato con YPFB.
Según su abogado, Carlos Camacho, fue la defensa la que pidió la suspensión de la audiencia porque se solicitó que el caso retornara a conocimiento de la juez Décima de Instrucción Penal en lo Cautelar, Marcela Siles, quien vio desde el inicio el caso.
Esta juez fue recusada por YPFB bajo el argumento de parcialización a favor de O’Connor, entonces el caso pasó a conocimiento de Guerrero.
Junto con Ramírez, a ambos se les imputaron irregularidades en el contrato con Catler-Uniservice por 86 millones de dólares, de los los cuales se pagaron 35 millones.
Fiscales hallan carta referida a Catler
El fiscal Edward Mollinedo, quien investiga la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó del hallazgo de una carta en el domicilio del ex presidente de la estatal Santos Ramírez en la que se le advertía del caso Catler-Uniservice 20 días antes del asesinato del empresario Jorge O’Connor, en enero.
La misiva estaba en su cocina. La defensa de la ex autoridad desestimó la nota como una prueba, según Unitel.