Audiencia en Sucre reúne a campesinos y oficialistas

Celebran accidentada sesión. Los líderes capitalinos no fueron a declarar ante la Comisión de DDHH. Tomaron declaraciones a campesinos y activistas agredidos el 24 de mayo de 2008. Autoridades quieren procesar a la comisión por desconocer resoluciones judiciales

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La Comisión de Derechos Humanos de Diputados se instaló en la Brigada Parlamentaria (Foto Correo del Sur)



La Razón:

Audiencia en Sucre reúne a campesinos y oficialistas

Xenofobia • Los líderes capitalinos no fueron a declarar ante la Comisión de DDHH. La audiencia pública convocada en Sucre para recoger las declaraciones informativas por los hechos de xenofobia del 24 de mayo del 2008, se desarrolló ayer entre campesinos y oficialistas.

A la cita no asistieron las autoridades y líderes chuquisaqueños convocados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y, además, una vez instalada la audiencia tres miembros de la comisión que forman parte del bloque de oposición abandonaron la misma, desconociendo la competencia de esta instancia como cabeza del Ministerio Público.

La audiencia se instaló a las 14.45, pero las declaraciones comenzaron dos horas más tarde. En ese tiempo, una intensa discusión entre oficialistas y opositores acabó con el abandono del diputado Johnny Torres (MNR), a quien le siguieron el vicepresidente de la Comisión, Fernando Barrientos (Podemos), y el adscrito Jorge Alurralde.

“Hay un fallo emitido por un órgano jurisdiccional que establece que esta Comisión no tiene competencia para llevar adelante la investigación, por lo que, tal y como dije en ocasiones anteriores, nosotros sólo podemos invitar a que las personas brinden sus declaraciones, pero no podemos citar ni notificar como lo ha hecho la señora (Elizabeth) Salguero (presidenta de la Comisión)”, reclamó Barrientos antes de abandonar la audiencia.

Salguero, sin éxito, pidió a Barrientos que se quede, tras argumentar que únicamente el Tribunal Constitucional podría determinar “cuán competente es esta instancia” y no así un Tribunal de Garantías constituido en la Corte Superior de Chuquisaca (órgano que falló a favor de una acción de libertad planteada por el cívico John Cava, uno de los convocados a declarar).

“Hay una Resolución judicial y sin embargo los oficialistas están desobedeciendo esta orden, soy abogado y no puedo ir contra mis principios, si me quedo estaría avalando esta ilegalidad”, respondió el diputado Torres.

Finalmente, cerca de las 17.00 comenzó el ciclo de intervenciones, con la única participación de los acusadores. Felipe Medina, abogado de las víctimas del 24 de mayo, acusó a las autoridades políticas y cívicas llamadas a declarar de “recurrir a chicanas jurídicas para no cumplir con su obligación (…) por ejemplo John Cava no es imputado dentro de los procesos que está llevando el Ministerio Público y se niega a colaborar con la investigación”. Redacción Sucre

DOS MIRADAS

Oposición • Para el diputado Fernando Barrientos, se tomaron declaraciones a los masistas para tener un pretexto que permita sacar del escenario político a los líderes opositores y garantizar así el triunfo del MAS en las elecciones.

Oficialismo • La diputada Elizabeth Salguero defendió las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos en este caso y dijo que muestra de ello era la presencia de un representante del Ministerio Público.

Comisión celebra accidentada sesión

AUTORIDADES QUIEREN PROCESAR A LA COMISIÓN POR DESCONOCER RESOLUCIONES JUDICIALES

Legisladores tomaron declaraciones a campesinos y activistas que fueron agredidos el 24 de mayo de 2008

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La Comisión de Derechos Humanos de Diputados se instaló en la Brigada Parlamentaria

Sucre/CORREO DEL SUR

La anunciada sesión de la comisión de Derechos Humanos (DDHH) de la Cámara de Diputados en Sucre se instaló ayer, en medio de amagues de agresión entre simpatizantes del MAS y de las autoridades chuquisaqueñas acusadas, quienes advirtieron con procesar a los legisladores por haber violado la resolución de la Corte Superior de Chuquisaca, que les quitó competencias para encabezar las investigaciones sobre las agresiones del 24 de mayo de 2008.

Ayer, la Comisión de DDHH instaló su anunciada sesión con retraso y una serie de problemas como el hecho de que tres de sus miembros optaran por retirarse antes de que se iniciara la toma de declaraciones.

Fernando Barrientos, Jhonny Torres y Jorge Alurralde, todos legisladores de la fuerza opositora PODEMOS, se fueron levantando uno a uno de sus curules, luego de la discusión en el pleno con respecto a la competencia de la comisión, considerando la resolución de la Corte Superior de Chuquisaca, que recientemente señaló que la comisión de DDHH no se constituye en cabeza de Ministerio Público en el caso 24 de mayo.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Elizabeth Salgueiro, concluyó afirmando que en última instancia, la competencia será definida en el Tribunal Constitucional -órgano cerrado desde la renuncia de la última magistrada-, porque las facultades les fueron otorgadas por una resolución camaral.

LOS DECLARANTES

Pese a la disminuida cantidad de legisladores, la Presidenta instaló la sesión con tres diputados suplentes para hacer quórum: Ximena Flores, Joé Sucre y Damaso Lovera. La ronda de declaraciones fue iniciada por la activista Dora Copa, que al margen de relatar su vivencia en los sucesos del 24 de mayo, acusó directamente al diputado Alurralde, de estar entre las autoridades implicadas en las investigaciones, por haber instigado a la violencia, según denunció. También se refirió a los periodistas Roger González y Delfín Ustárez, acusándolos de «meter leña al fuego». Posteriormente, el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, narró, una vez más, los vejámenes que tuvo que soportar desde que fue aprehendido hasta la plaza 25 de Mayo, citando entre los instigadores a Savina Cuéllar, Fidel Herrera y Jaime Barrón. La autoridad remarcó que él ni sus compañeros recibieron la atención médica adecuada en los hospitales Santa Bárbara y Universitario luego de ser agredidos.

Por su parte, la periodista de radio ACLO, María Nela Paco, relató los pormenores de lo que pudo ver mientras realizaba la cobertura de los sucesos en la zona del Abra, donde verificó, según dijo, que jóvenes armados hostigaban a los campesinos.

Del mismo modo, el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Esteban Urquizu, sintetizó las declaraciones, acusando a las autoridades del Comité Interinstitucional como responsables de los sucesos. Concluida la sesión, la presidenta de la comisión, Elizabeth Salgueiro, dijo que «fue muy doloroso escuchar las declaraciones» de los campesinos, sometidos a golpes y vejaciones, «en una franca expresión de racismo». Consultada acerca de la ausencia del líder cívico Jhon Cava y la prefecta Savina Cuéllar, aseguró que «tienen miedo a declarar y que tienen algo que ocultar». Sin embargo, descartó órdenes de aprehensión contra estas autoridades porque las declaraciones tenían carácter voluntario.

«SHOW DE MASISTAS»

Autoridades locales y activistas respondieron con similares acusaciones a todo lo dicho en la sesión de la comisión.

«Es una reunión dirigida por masistas y armada por masistas (…) por eso calificamos este hecho como un show de masistas con el objetivo de concretar nuestro linchamiento político», sostuvo la diputada Lourdes Millares.

Del mismo modo, aseguró que la diputada Salgueiro, «además de haber direccionado sus preguntas», «ha cometido delitos y quienes la acompañaron también, al desconocer resoluciones de tribunales de justicia». Millares acusó a Salgueiro de abuso de poder bajo la sombra de Edmundo Novillo y Evo Morales. El presidente del Comité Cívico, Jhon Cava, también criticó el accionar de la comisión porque a su juicio carece de asidero legal. «Vamos a profundizar la demanda para todas estas autoridades que están vulnerando la Constitución y nuestros derechos constitucionales (…) Por eso presentamos la denuncia y la podemos ampliar a quienes siguen desobedeciendo a la autoridad», advirtió. Cava, al igual que la prefecta Savina Cuéllar, sostuvo que las autoridades y su persona están siendo difamadas con las aseveraciones de los declarantes.

«No vamos a parar hasta que estas autoridades que difaman a la gente, se les inicie todos los procesos», remarcó.

La sesión se volverá a instalar hoy, desde las 9:00, en la Brigada Parlamentaria, donde se prevé recibir las declaraciones del resto de las personas que deseen aportar a la investigación.

VARIOS INCIDENTES MARCARON LA SESIÓN

Desde el principio, la instalación de la sesión de la entidad parlamentaria tropezó con diferentes problemas como el riesgo de alcanzar el quórum correspondiente cuando tres de los miembros definieron retirarse de la reunión. El diputado Jhony Torres, a tiempo de irse arguyó que en la comisión «no se acata la ley y no se respetan las formas de derecho».

«En La Paz se definió por imperio de la sentencia constitucional que la comisión ya no tenía competencia para encabezar la investigación y ahora dicen que va a tener hasta que el Tribunal Constitucional la conozca, a sabiendas que no hay Tribunal», expresó.

Más adelante, le siguieron le siguieron Fernando Barrientos y Jorge Alurralde con similares explicaciones, pero éste último tuvo que soportar las increpaciones de quienes se encontraban presentes. A medida que se desarrolló la audiencia, entre el público se empezaron a marcar las diferencias a través de expresiones espontáneas; por un lado, los partidarios de los declarantes, y otra minoría que exigía a la comisión investigar los sucesos de La Calancha, donde murieron tres jóvenes chuquisaqueños. Al promediar las 18:00, un intempestivo corte de luz dejó en tinieblas al pleno que de todas formas continuó con la toma de declaraciones, a pesar del ‘relajo’ que provocó el hecho fortuito. Finalmente, a pocos minutos de la conclusión de la toma de declaraciones, varios petardos se escucharon en las afueras de la Brigada Parlamentaria. Alrededor de medio centenar de personas se apostaron protestando en contra de los miembros de la comisión y los declarantes. Una serie de improperios caracterizaron los alaridos de la muchedumbre que se estrelló contra los partidarios del MAS, sobre todo contra Ricardo Medina, que tuvo que soportar el abucheo generalizado e incluso amagues de agresión física.