Corrupción: Fiscal indaga a la ex secretaria de Santos en YPFB

La ex colaboradora de Santos Ramírez se reunió con un funcionario «rugrat» que luego sería despedido en YPFB. Temen que Ramírez influya en la estatal. El Estado protegerá a los que denuncien la corrupción.

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Santos Ramírez, entre la Fiscalía y la cárcel de San Pedro en febrero pasado



La Prensa

YPFB destituye a un “rugrat” y ex secretaria de Santos, a juicio

LA ESTATAL PETROLERA SE QUERELLARÁ CONTRA JIOVANA NAVIA DORIA MEDINA

La ex colaboradora de Santos Ramírez fue sorprendida destruyendo documentos en febrero.

Un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que formó parte de los “rugrats”, fue destituido por haberse reunido con la ex secretaria de correspondencia de Santos Ramírez. Los dos enfrentan un proceso ante la justicia.

El 27 de enero, en la avenida Tejada Sorzano, el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado y le robaron 450.000 dólares, dinero que provenía de un fideicomiso destinado a la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

El consorcio Catler-Uniservice, del que el fallecido era uno de sus principales ejecutivos, debió erigir esa obra.

Santos Ramírez adjudicó esa construcción al consorcio, pero fue destituido al existir sospechas de corrupción en el proceso, por lo que fue recluido en el penal de San Pedro.

Los fiscales allanaron la semana pasada su celda y encontraron papel membretado en blanco de YPFB y una planilla del personal actual.

El miércoles, la ex secretaria de correspondencia de Ramírez, Liz M.S., fue “sorprendida” en una oficina de la estatal.

La asesora jurídica de Yacimientos, Mónica Ramírez, informó que esta persona fue encontrada en el piso 9 del edificio de YPFB reunida con Goldy V., quien prestaba servicios en la nacionalizada y fue destituido ese mismo día por esa causa.

“El funcionario que estaba siendo objeto de visita ha sido retirado, porque en un proceso de reestructuración y de transparencia no se puede trabajar así ni recibir ni hablar con gente que colaboró con Santos Ramírez. La ex secretaria de Santos ha sido sorprendida en flagrancia so pretexto de cobrar su boleta”.

La abogada explicó que todo el personal que formaba parte de la gestión de Ramírez no continúa desde que la institución fue intervenida en febrero.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, denunció a ambos ante el Ministerio Público.

Goldy V. fue integrante de los “rugrats”, que formó la planta ejecutiva de YPFB bajo la conducción de Manuel Morales Olivera.

El fiscal Edward Mollinedo, quien fue recusado ayer, confirmó que las dos personas son investigadas y que fueron convocadas a declarar este lunes.

Ramírez, la asesora legal, agregó que la ex secretaria fue investigada porque a tiempo de producirse la intervención a la estatal, en febrero, fue sorprendida “destruyendo documentos”.

También dio a conocer que los trabajadores de la estatal se sienten temerosos por figurar en la nómina hallada en poder de Santos Ramírez.

“Solicitamos garantías a la Fiscalía, toda vez que esta lista de personeros hace temer que Ramírez pueda tomar represalias contra estas personas. Carlos Villegas dio orden de brindar máxima seguridad a estos funcionarios y de vigilar que no se saque documentación” de las oficinas.

Además, Yacimientos ampliará la querella en el caso de corrupción pública contra la aún esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina.

La decisión fue tomada después de que la comisión de fiscales presentara un video grabado en la cárcel, con cámara escondida, en el que Luis Fernando Córdoba asegura haber entregado parte del dinero proveniente de la empresa Catler-Uniservice para favorecerla con la construcción de una planta separadora de licuables en Río Grande.

La aludida negó esa acusación y se mostró dispuesta a ser investigada para demostrar su inocencia, aunque un segundo video la incriminaría todavía más en el caso de supuesto soborno.

Córdoba recusa a fiscales Mollinedo y Romano

Luis Fernando Córdoba, acusado de ser autor intelectual de la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, recusó ayer a los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, a quienes acusó de que le pidieron 300.000 dólares por su libertad.

Su abogado, Williams Sánchez Peña, presentó el recurso ante la Fiscalía de Distrito de La Paz para apartar del proceso a los dos miembros de la comisión investigadora, por lo que se mantienen en funciones Aldo Ortiz, Edwin Sarmiento y Luis Villarroel.

Romano consideró esta acción como “una defensa corporativa para beneficiar a otras personas. Si creen que van a paralizar (la investigación), no lo harán. Hay otros fiscales tanto o mejor capaces que nosotros para seguir, eso es lo que buscan Córdoba, Santos Ramírez y la defensa corporativa de todas las personas involucradas”.

Sánchez Peña aseguró ayer que su cliente tiene pruebas del pedido de soborno, que “en su momento las va a presentar”, aunque los representantes del Ministerio Público anunciaron que se querellarían contra Córdoba y Sánchez Peña por desacato.

Sánchez Peña dijo: “Hablé con el fiscal Mollinedo, él señaló que ni él ni yo estamos iniciando un proceso, porque él es un profesional que está cumpliendo el cargo de fiscal, y yo soy un profesional que defiende a Luis Fernando Córdoba. No tengo ninguna empatía ni simpatía hacia el fiscal”.

Descartó que el recurso de recusación se trate de una estrategia para dilatar el proceso.

Los fiscales objetados fueron notificados ayer y tienen 24 horas para responder, es decir, plantear si aceptan o no continuar con la investigación, el plazo cumple este lunes.

Otras 48 horas, a continuación, tendrá el fiscal de Distrito, Luis Gutiérrez, hasta el miércoles, para resolver la recusación. Valorará los argumentos para determinar si aparta o ratifica a sus colaboradores.

Gemio seguirá bajo arresto

El juez Carlos Guerrero denegó ayer la cesación de la detención domiciliaria que pesa sobre Misael Gemio, ex ejecutivo de Yacimientos.

Gemio, ex gerente de Planificación de YPFB, coordinó el proceso de contratación de la estatal petrolera con la sociedad accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.

La representante legal de Yacimientos, Mónica Ramírez, informó que el juez no consideró los argumentos del procesado. “Él ha fundamentado que existen declaraciones que señalan que solamente ha intervenido en la invitación a presentar propuestas. La medida sustitutiva se ha mantenido toda vez que el señor Santos Ramírez en su declaración informativa ha manifestado que él ha participado en todo el proceso de contratación”.

La abogada explicó que la libertad de Gemio será determinada en el juicio oral.