Corrupción YPFB: O’Connor deja el penal y guardará arresto domiciliario

Los fiscales se incautaron el lunes de documentos en las celdas de los detenidos por este caso. Un oportuno aviso permitió que otros documentos sean escondidos.

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Excarcelado: Miguel O’Connor D’Arlach, acosado por periodistas en la Fiscalía. Sucedió en el mes de abril



La Prensa

El juez de turno aceptó ayer la solicitud de Miguel O’Connor D’Arlach, quien dejará hoy el penal de San Pedro para cumplir arresto domiciliario. El empresario tarijeño guardó hasta ayer detención preventiva por supuesta corrupción en la firma del contrato para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

El abogado Williams Sánchez Peña, defensor de Luis Fernando Córdoba Santibáñez, confirmó la decisión judicial y lamentó su contenido.

A las 10.35 del martes 27 de enero, Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado en un atraco perpetrado en el zaguán del inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano.

En esa oportunidad, un grupo de delincuentes robó al fallecido 450.000 dólares que fueron retirados poco antes del Banco Unión, donde se había abierto un fideicomiso para financiar las obras de la planta hidrocarburífera en cuestión.

Las investigaciones posteriores permitieron imputar a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santibáñez como autores intelectuales del atraco, a Rufino Rodríguez Coca como autor material del asesinato y a Franz Michael Rodríguez Caero y Sandra Verónica Mamani Quispe como cómplices del hecho.

Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y su asistente Esther Carmona también están detenidos de forma preventiva, mientras que Misael Gemio y Marco Antonio Vega se hallan bajo arresto domiciliario.

Como consecuencia del proceso supuestamente irregular de contratación fueron detenidos Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mac Galem, Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier Navia Doria Medina, familiares de la ex esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina.

Pese a que el Código Penal prohíbe que los detenidos preventivos por un mismo caso mantengan contacto, salvo Rodríguez Coca y Rodríguez Caero, los demás están recluidos en el sector La Posta, del panóptico.

Los fiscales que investigan el caso efectuaron el lunes a las 14.00 una inspección a las celdas de estos detenidos y secuestraron documentación.

Sin embargo, La Prensa conoció que un oportuno aviso permitió que otros documentos y valores sean escondidos.

Miguel O’Connor D’Arlach aceptó el 2 de julio la anulación del contrato que el consorcio Catler-Uniservice firmó con YPFB para construir la planta en el departamento de Santa Cruz.

Paralelamente, la sociedad accidental retiró la demanda de arbitraje interpuesta ante la Cámara Nacional de Comercio, en procura de que se respete el contrato con Yacimientos.

En la audiencia cumplida ayer por la tarde, la defensa del empresario adujo tener razones y pruebas concluyentes en sentido de que su vida corre peligro en el interior del penal.

El juez atendió el planteamiento, pero las formalidades de ley no pudieron completarse ayer, pero, por precaución, el ejecutivo pernoctó en el dormitorio de uno de los oficiales de guardia, mientras dos policías armados custodiaban el ingreso.

Rastros

Miguel O’Connor guardaba detención preventiva en San Pedro desde el 3 de mayo.

La juez Marcela Siles dispuso su internación en el penal junto con tres personas.

El primer apresado por el caso de presunta corrupción fue Santos Ramírez Valverde.

El dirigente político fue expulsado del MAS y perdió todos sus privilegios.

Santos Ramírez presidió el Senado en 2006. Era considerado el número dos del MAS.

Un equipo de fiscales intervino ayer en el sector La Posta del panóptico de San Pedro.