Hugo Chávez acaba con la libertad de expresión

image ARREMETIDA DE CHÁVEZ CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Teodoro Petkoff dice que se quiere aprobar la ley más salvaje y brutal que haya conocido el país

MEXICO (CORRESPONSAL LA VANGUARDIA) – JOAQUIM IBARZ



El presidente Hugo Chávez quiere acabar de una vez con la menguante libertad de expresión en Venezuela. En medio de una amplia ofensiva legal contra el canal de noticias Globovisión y otros medios críticos, la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó ante la Asamblea Nacional un polémico proyecto de ley que propone que el Estado "regule el derecho a la libertad de expresión" y castigue con penas de hasta cuatro años de prisión los "delitos mediáticos", como divulgación de informaciones "falsas" o "manipuladas".

Chávez ultima la ofensiva contra los medios que mantienen una actitud independiente. Para ello, también pretende imponer un plan de reforma de las leyes del periodismo y de las telecomunicaciones. El proyecto transforma en sujetos punibles a todos los habitantes de Venezuela.

Los artículos 5 y 6 señalan que será castigada la emisión de noticias falsas o manipuladas que alteren la tranquilidad pública o que contribuyan a crear "una matriz de opinión en la sociedad», lo cual supondría una condena  de dos a cuatro años de prisión

De ser aprobada, la ley castigaría la divulgación de información que pueda ser interpretada como una incitación a la violencia o que afecte la salud mental del venezolano.

La ley tiene un articulado muy ambiguo, vago y difuso en cuanto a la tipificación de los supuestos "delitos mediáticos”, por lo que el Gobierno podría sancionar a quien le moleste. La ley abriría un amplísimo espacio para el ejercicio de la discrecionalidad del fiscal, el cual podrá calificar como delito lo que le de la gana.

Andrés Cañizalez, catedrático de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, subraya que “lo más alarmante es que le va a otorgar a los jueces un poder muy amplio para dictaminar por ejemplo cuándo un mensaje daña la salud mental de la población, o cuando una información es desestabilizadora».

´De acuerdo con la ley, podrán ser sancionados no sólo los directivos de medios privados o públicos, sino "toda persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza».

En un editorial titulado “Ley censura”, Teodoro Petkoff escribe en “Tal Cual”, diario que dirige: “Este proyecto de ley, que infortunadamente para Luisa Ortega, quedará asociado a su nombre para siempre, es probablemente el texto legal más salvaje y brutal que haya sido conocido por el país en su historia contemporánea”.

Petkoff señala que cualquier persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación (artículo 3), puede ser calificada como "delincuente" mediático. “Un obrero de Alcasa, que denuncie el estado caótico en que se encuentran las empresas del aluminio en Guayana, estaría atentando contra la ‘seguridad del Estado’; un obrero petrolero que informe sobre la paralización de taladros, estaría atentando contra la ‘seguridad del Estado’; una información sobre armas venezolanas en manos de las FARC, atentaría contra la ‘seguridad del Estado’; una madre cuyo hijo ha sido asesinado y se queje de la indefensión en que se encuentra la población de los barrios, podría ser acusada de atentar contra la ‘paz social’; dar la cifra de muertos semanales podría generar ‘sensación de impunidad’: delito mediático”.

El proyecto de ley fue presentado en medio de nuevas amenazas de cierre al canal de noticias Globovisión y del inicio de procedimientos administrativos contra más de 240 radioemisoras. El jueves fue detenido el periodista Gustavo Azócar en el estado andino de Táchira, por presunto desacato.

En los últimos meses, varios medios denunciaron ser blanco de una embestida legal contra la prensa crítica, a los que Chávez acusa de "terrorismo mediático".

En el marco de su ofensiva contra la prensa, en 2007 no se  renovó la concesión al canal privado RCTV, el de mayor audiencia del país, por su posición crítica. El canal privado, Globovisión, que este mes abonó al fisco una multa por cuatro millones de dólares (sufragada por suscripción popular), recibió nuevas amenazas de cierre.

"Chávez ya tomó la decisión de cerrar Globovisión, y lo único que está haciendo ahora es tratar de reducir el costo político de esta medida, como le pasó con el cierre de RCTV", afirmó en Washington el vicepresidente del canal de noticias, Carlos Zuloaga

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela criticó con dureza el proyecto. "Es una iniciativa que colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por hacer públicas sus opiniones, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población", alertó el CNP.

José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch, con sede en Washington,  advirtió que si esta nueva legislación se aprueba constituirá "un gravísimo retroceso para la libertad de expresión, uno más, en Venezuela y un paso atrás en toda la región’. Vivancos señaló que Venezuela se convertiría en el único país de América Latina que "retrocede sistemáticamente en materia de libertad de expresión».