Los líderes opositores enfrentan dificultades

Elecciones. Hacer gestión en las zonas que no comparten criterio político no ha sido fácil. Hay prefectos que enfrentan acusaciones, procesos y congelamiento de cuentas

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Cinco prefectos considerados opositores al Gobierno soportan actualmente procesos, acusaciones y dificultades.

El Deber

Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, fue uno de los primeros afectados. El 16 de septiembre de 2008, acusado de violentar el estado de sitio e instigar a la violencia, fue detenido en su despacho y trasladado a la ciudad de La Paz. Actualmente guarda detención en la cárcel de San Pedro. El Ministerio Público anunció que pedirá 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Fernández, argumentando que existen elementos para considerarlo responsable de la matanza de campesinos en Porvenir. Pese a los intentos porque el caso se lleve a Pando, la jueza séptima de instrucción en lo penal de La Paz, Betty Yañíquez, cerró esta posibilidad.

Mario Cossío, prefecto de Tarija, ha sido denunciado por el Ministerio Anticorrupción y Transparencia, por supuestas irregularidades en la ejecución de seis obras. En tres años de gestión, Cossío ha sufrido al menos 12 intentos de juicios, que han sido archivados por el Fiscal de la República por falta de tipicidad y materia justiciable, y en algunos casos por el Fiscal de Distrito, aseguró la directora jurídica del gobierno departamental, M. Teresa Paz.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, no se ha librado de acusaciones. Ha sido sindicado de supuestos actos de corrupción en la adquisición de motores de energía eléctrica. 

Savina Cuéllar, prefecta de Chuquisaca y ex aliada de Evo Morales, siente que el Gobierno pretende frenar su gestión. Primero fue amenazada con un proceso legal por haber convocado a un referéndum por autonomías. “No tengo miedo, nadie ha venido a buscarme, no he matado, no he robado, sólo trabajo por mi gente y mi región”, dijo. Pero en días pasados sufrió el congelamiento de las arcas de la Prefectura, lo que provoca que estén en riesgo puentes y caminos que ya fueron licitados y adjudicados. “Está dañando a los hermanos del campo, que necesitan caminos para sacar sus productos”, dijo Cuéllar

En Santa Cruz, el prefecto Rubén Costas no tiene cuentas congeladas, pero según el fiscal que investiga el caso de terrorismo, Marcelo Soza, Costas junto a otros líderes cruceños ha sido relacionado por testigos con el plan terrorista que supuestamente se gestaba desde un hotel de Santa Cruz. Costas ha dicho que si es citado  declarará en las oficinas de la Fiscalía cruceña.

Los prefectos que integran el Conalde también han iniciado acciones legales contra el primer mandatario. Una proposición acusatoria la interpuso Mario Cossío por los decretos que aprobó creando fideicomisos a favor de YPFB, que fueron utilizados de manera discrecional por el ex presidente de la institución, hoy detenido en San Pedro. La segunda acción legal anunciada es un juicio de responsabilidades, por un decreto considerado ilegal para la construcción del tramo caminero en el sur del país.

Los casos 

Tarija. En marzo pasado el Gobierno, a través del Ministerio Anticorrupción y Transparencia, decide iniciar un proceso legal ordinario contra el prefecto de Tarija, Mario Cossío. Lo acusó de irregularidades detectadas en al menos seis obras. La amenaza del Gobierno llegó un día después de que que Cossío ratificara su demanda de juicio de responsabilidades contra el Presidente, Evo Morales, por presunta corresponsabilidad en las irregularidades detectadas en YPFB.

Beni. La misma suerte corrió el actual prefecto de Beni, Ernesto Suárez. Él y cuatro funcionarios de dicha entidad fueron acusados por supuestos actos de corrupcion en la adquisición de siete motores generadores de energía eléctrica en desuso y presentarlos como nuevo para poblaciones rurales.

Trinidad. El alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui, fue denunciado por el Gobierno de cobrar doble salario. El contralor, Gabriel Herbas, denunció que Shiriqui por un lado cobró como militar retirado Bs 647.470 de Cossmil desde el 2002 y por otro, recibió un salario como alcalde de Bs 901.601

Chuquisaca. El pasado 2 de julio el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda congeló las cuentas de la Prefectura de Chuquisaca, medida calificada por las autoridades regionales de política y no técnica. Pero antes, en mayo pasado, el diputado masista Wilber Flores pidió tramitar juicio contra Savina Cuéllar y los miembros del Consejo Departamental por emitir una resolución prefectural convoca ndo a referéndum departamental por la autonomía.

  Opinión 

Los votos altiplánicos definen

Roger Tuero / Politólogo

La elección de diciembre es muy importante para la consolidación de cambios que el Gobierno se ha propuesto. También para garantizarse una mayoría en el Parlamento.

Para el Gobierno es más importante consolidar esa base electoral dura, ubicada en el altiplano y sobre todo en el área rural. Con esto pretende garantizar el triunfo, porque son zonas más densamente pobladas, hay más electores. Eso explica muchas de las posiciones duras, por ejemplo, con el departamento de Santa Cruz y la poca capacidad de búsqueda de acercamiento con Beni y Chuquisaca. Más importante es fortalecer su influencia en el altiplano, que al final de cuentas representa dos tercios del electorado.

En Pando la situación es distinta porque es un departamento poco poblado, donde el traslado de pocas familias es suficiente para alterar la medición de fuerzas electorales.

Calendario

La inscripción ciudadana se realizará desde el 1 de agosto hasta el 4 de octubre. El proceso de Empadronamiento Biométrico se iniciará el 1 de agosto en la totalidad del área rural del país y en ciudades intermedias, es decir más de 2.700 localidades en todo el país. En ciudades capitales se iniciará el 15 de agosto.

La CNE colocará en todos los domicilios de las ciudades grandes e intermedias del país una notificación para sugerirle al ciudadano una fecha de registro. Para las áreas dispersas, un sistema de Brigadas Móviles recorrerá todas las localidades según cronogramas que están siendo afinados por las Cortes Departamentales Electorales.

Serán aproximadamente 10.000 agentes empadronadores que estarán bajo responsabilidad de las Cortes.

Lunes 7 de septiembre, último día para que los candidatos a presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Plurinacional renuncien a cargos públicos.