Rózsa pidió a Daher respaldo para la “defensa” de Santa Cruz

El fiscal Soza dejó en libertad al empresario cruceño después de declarar. Guido Nayar y Mauricio Roca no acudieron a declarar. Se les fijó nueva fecha.

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Información: el abogado Derrick Monroy se dirige a los medios; su cliente Assaad Daher (atrás) lo escucha



La Prensa

El empresario Daher y el fiscal Soza coincidieron en que Rózsa no explicó qué tipo de ayuda necesitaba.

Hace más de seis meses, según declaró a la Fiscalía, el empresario cruceño Assaad Daher recibió la visita de Eduardo Rózsa Flores, quien le pidió apoyo para la “defensa” de Santa Cruz.

En compañía del abogado Derrick Monroy Zepek, el empresario cruceño prestó ayer sus declaraciones por su supuesta vinculación con el líder del grupo aparentemente terrorista y fue, luego, dejado en libertad pura y simple.

El fiscal Marcelo Soza, quien dirige la investigación por este caso, convocó a Daher por las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”.

La madrugada del jueves 16 de abril, un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una banda supuestamente terrorista y separatista, acción en la que murieron el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores y sus camaradas Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés.

El húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic Astorga fueron capturados con vida y permanecen recluidos, desde el sábado 18 de abril, en el penal de San Pedro, de La Paz.

Soza informó ayer que Daher “manifestó efectivamente que Rózsa lo había visitado y que le solicitó una ayuda o colaboración. También señala en su declaración que el señor Rózsa había visitado la Prefectura y otras instituciones, como la Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo), para pedir ayuda para la protección de Santa Cruz”.

Según el testigo “clave” de la Fiscalía, los integrantes de la milicia “hablaron de que tenían que comprar un cohete que costaba más de 120.000 dólares. Este dinero lo iba a proporcionar el dueño de la Terminal Bimodal, de apellido Daher, con el que inclusive hablé por teléfono”.

De acuerdo con Villa Vargas, el objetivo era disparar ese misil contra una aeronave en la que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se trasladaría al departamento de Pando, con cuya finalidad también se pretendía adquirir un radar.

El empresario negó esa versión, ante lo que el Fiscal dijo que “solamente tenemos esa declaración, entonces no podemos utilizar una afirmación para cautelar a una persona. Tenemos que contar con mayores elementos de convicción y, en este caso, se tiene alguna anotación, pero no es una cuestión concreta o indicio fuerte”.

En enero, Rózsa se presentó en la oficina de Daher, a quien expuso sus antecedentes militares y sus intenciones, pero el ejecutivo le pidió que se retirara porque, según Soza, “no estaba de acuerdo con esa situación”.

El representante del Ministerio Público admitió que el empresario no supo qué tipo de ayuda le solicitaría Rózsa, pues éste fue echado de la oficina por los guardias de la fábrica Paper King, que elabora papel higiénico y cuadernos Winner.

De forma coincidente con el Fiscal, el abogado Monroy Zepek aseguró que Rózsa “no le pidió dinero o contribución. Simplemente le indicó que estaba buscando apoyo dentro del empresariado y las instituciones cruceñas para defender Santa Cruz y, obviamente, la primera interrogante del señor Daher fue ‘a qué se refiere con defender a Santa Cruz, si Santa Cruz no necesita defensa alguna’ y lo despachó”.

El jurista contó que su cliente, al finalizar su declaración, hizo constar que planteará una querella contra el testigo “clave” por calumnias e injurias. “Las acciones serán abiertas contra una persona que carece de credibilidad”, indicó en referencia a Villa Vargas, a causa de los antecedentes penales y policiales que acumuló durante su vida.

Al no haber encontrado indicios en su contra, Soza decidió que el empresario quede en libertad sin limitaciones.

Los aprehendidos

Junto con Mario Antonio Herrera, gerente general, y Roberto Justiniano Áñez, gerente de Operaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), ayer fue formalmente aprehendido el ayudante de campo Eduardo Sosa Chávez, quien un día antes se había acogido a su derecho a guardar silencio, pero ayer por la mañana decidió prestar sus declaraciones y al término del acto permaneció en tal condición.

Unas fotografías obtenidas por la Fiscalía fueron los indicios que Marcelo Soza esgrimió como argumentos para ordenar el lunes su aprehensión.

En esas imágenes se ve a Sosa mientras traslada muebles, equipos y enseres al stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), donde el grupo irregular estableció su base de operaciones.

Los tres fueron imputados formalmente por el delito de terrorismo, y bajo tal cargo comparecerán, en audiencia de medidas cautelares, ante un juez en las próximas horas.

Estas tres personas se suman a los ocho imputados por la misma causa desde la desarticulación de la banda irregular.

Ignacio Villa también fue imputado, pero al no existir riesgo de fuga o interferir en la investigación, no fue sometido a audiencia de medidas cautelares.

A Tóásó y Tádic se suman los ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Mazabi, quienes guardan detención domiciliaria en Santa Cruz, y el abogado paceño Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, también recluido.

Como resultado de esta investigación, Hugo Achá, Alejandro Melgar, Lorgio Balcázar, Luis Hurtado Vaca y Eduardo Vaca Pedraza se autoexiliaron o no pueden ser encontrados por el Ministerio Público.

Nayar debe declarar el 8

El fiscal Marcelo Soza anunció ayer que tomará nuevas declaraciones al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, el martes 7 o el miércoles 8 de julio en la ciudad de La Paz.

En esa misma fecha deberán comparecer otros funcionarios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas).

Sin embargo, Nayar, quien también es vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, aseveró, en la capital cruceña, que “no existiendo un juez, la investigación debería suspenderse”.

El dirigente cívico denunció que todos los días, en cercanías de su vivienda particular, se ubican agentes del Ministerio de Gobierno, hecho que calificó como una “persecución sistemática”, según su propia expresión.

Atribuyó la asistencia de otros investigados por este caso a las amenazas que lanza el fiscal Marcelo Soza a través de los medios en sentido de que las personas convocadas que no concurran para responder su interrogatorio serán aprehendidas.

Soza refirió que estudiará cómo prestará declaraciones el general retirado Gary Prado Salmón, quien quedó paralítico en 1981, al recibir un disparo al retomar el campo petrolero Tita asaltado por militantes de Falange Socialista Boliviana (FSB).

Juez niega libertad a Mario Tádic

La juez Blanca Alarcón dictaminó ayer que es “inviable” la fundamentación presentada por Giani Prado, abogado defensor del boliviano-croata Mario Tádic, para que su cliente recupere la libertad, luego de que fuera capturado con vida en el operativo policial en el que murieron sus camaradas Eduardo Rózsa Flores, boliviano-croata-húngaro; Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés.

Tádic permanece recluido en el penal de San Pedro desde el 18 de abril, dos días después del mencionado operativo, por decisión de la juez Betty Yañíquez, quien dio por válidos los argumentos de los fiscales Marcelo Soza y Edward Mollinedo, quienes atendieron conjuntamente el caso en un primer momento.

Prado argumentó que su cliente fue aprehendido en Santa Cruz sin que hubiera previamente una orden judicial, que durante el accionar de la Policía hubo exceso de violencia y que, posteriormente, su cliente fue sometido a torturas y malos tratos físicos y psicológicos.

El recurso debía ser conocido por la misma autoridad que dispuso la detención preventiva de Tádic y, en consecuencia, la del húngaro Elöd Tóásó, pero la vacación judicial determinó que un juzgado de turno resolviese el recurso.

La magistrada Alarcón considera que sobre Tádic pesan suficientes indicios de su participación en el atentado explosivo perpetrado el 15 de abril contra la residencia del cardenal católico Julio Terrazas, además que no han desaparecido las causales establecidas por el Código de Procesamiento Penal en vigencia para determinar que un imputado sea recluido en un centro penitenciario: riesgo de fuga, inexistencia de domicilio fijo y familia, y que Tádic no tiene un trabajo conocido ni estable.

Prado solicitó además la intervención del Consulado de Croacia en este caso, pero la Fiscalía presentó un documento que acredita que Tádic tiene la nacionalidad boliviana, pues nació en Cochabamba, y nunca renunció expresamente a esta cualidad, ante lo que la juez Blanca Alarcón también declaró improcedente esa solicitud.

En su alocución, el representante del Ministerio Público calificó a Tádic como el “cerebro informático” del grupo irregular, pues era el responsable de buscar y bajar de internet mapas, planos y manuales de inteligencia para el uso de los milicianos.

El boliviano-croata asistió al Juzgado en compañía de Tóásó, quien esta vez no escondió su rostro de las cámaras fotográficas y televisivas de los medios de comunicación, como había ocurrido en los anteriores actos judiciales.

Detalles de las investigaciones

EL MINISTRO DE GOBIERNO, Alfredo Rada, aseguró ayer que la investigación judicial por el caso de supuesto terrorismo “no la para nadie”.

EL ÓRGANO EJECUTIVO espera conocer todos los detalles relativos a la estructura irregular montada por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL se orienta actualmente a determinar quiénes financiaron las actividades de la milicia.

LAS AUTORIDADES NACIONALES consideran que el Comité pro Santa Cruz debe defender los “intereses genuinos de la región” y no a delincuentes.

EL GOBIERNO instruyó a Migración, la Policía e Interpol la captura de los presuntos intermediarios entre el grupo irregular y el Consejo Supremo.

EL CONSEJO SUPREMO de la Resistencia estaba compuesto por cinco personas, aunque por el momento la identidad de sus integrantes no ha sido conocida.

ALFREDO RADA sostuvo ayer que no “es suficiente agarrar a un empleado, a un intermediario, porque finalmente ellos estaban obedeciendo órdenes de arriba. Lo que hay que determinar es quiénes son los de arriba”.

EL DIPUTADO Gustavo Torrico, integrante de la comisión multipartidaria que investiga el caso, ya sabe quiénes formaron el Consejo Supremo de la Resistencia, aunque todavía no se puede revelar públicamente de qué personas se trata.

LA FISCALÍA emitió órdenes de aprehensión contra los intermediarios del grupo, en tanto que, por el momento, se ignora la condición física y el paradero de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, otro de los imputados por terrorismo.

EL TESTIGO “CLAVE” del Ministerio Público padece de diabetes en grado terminal, por lo que si bien fue imputado, al no existir riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de las investigaciones no fue sometido a una audiencia de medidas cautelares.

“El Viejo”

Por primera vez, el fiscal Marcelo Soza restó validez a las declaraciones de Ignacio Villa.

Las afirmaciones del testigo “clave” fueron puestas en entredicho por Assaad Daher.

El empresario cruceño debía financiar un atentado contra Juan Ramón Quintana.