Bolivia coordina con Brasil y OIM traslado de brasileños que viven en zonas fronterizas sin autorización

El gobierno boliviano trasladará a otras regiones a los ciudadanos brasileños que viven en zonas fronterizas, según anunció el ministro Quintana.

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Programa de redistribución de tierras obliga a salida de brasileños que explotan ilegalmente el patrimonio nacional (ABI)



Por Adalid Cabrera Lemuz

    La Paz, 4 ago (ABI).- En coordinación con el gobierno de Brasilia y con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Bolivia trasladará a otras regiones a los ciudadanos brasileños que viven en zonas fronterizas nacionales sin autorización ni amparados por la Ley, afirmó el martes el martes el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

    De acuerdo con el artículo 262 de la Constitución Política del Estado (CPE), ningún extranjero puede adquirir propiedades en territorio nacional o tenerlas bajo usufructo a 50 kilómetros de las zonas fronterizas.

    Según los informes del Viceministerio de Tierras, que realiza el saneamiento de esas extensiones de tierra, existen miles de brasileños que se han instalado en territorio boliviano, donde utilizan el patrimonio nacional para su propio beneficio.

    En muchos de esos casos son extranjeros que ingresaron ilegalmente al país sin cumplir con los trámites migratorios de rigor para residir y, en otros casos, hasta adquirieron tierras a latifundistas locales a precios bajos.

    El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, subrayó en forma reiterada que se tratan en muchos casos de tierras fiscales que han sido adjudicadas ilegalmente por grupos de poder económico durante decenas de años por los favores de los gobiernos dictatoriales y neoliberales a los que apoyaron.

    El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, subrayó que los estudios muestran que esos sectores poseen aún grandes extensiones de tierras, muchas de las cuales no cumplen ningún fin social y a veces son mantenidas como centros de engorde con el fin de ser comercializadas con extranjeros.

    Rocha subrayó que esas tierras son actualmente saneadas, en especial en el departamento de Pando, donde grupos de poder económico se han instalado hace mucho tiempo al mando de latifundios que los explotan en forma inmisericorde.

    De acuerdo con las previsiones del Gobierno, el proceso de saneamiento concluirá a fines de año en esa región para proceder inmediatamente a la redistribución de tierras a colonizaciones de campesinos y de pueblos indígenas de las zonas del occidente y del oriente.

    «Esas tierras serán ocupadas por bolivianos para sentar la presencia del Estado en regiones inhóspitas que estuvieron sometidas a la explotación  de intereses que no son precisamente los nacionales», dijo Quintana.

    Sin embargo aclaró que las decisiones gubernamentales han sido informadas a la misión diplomática brasileña y las autoridades de la OIM junto a los mecanismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mostrar los argumentos legales que respaldan la posición boliviana.

    «El Gobierno está interesado en recuperar la soberanía nacional para que las riquezas del país sirvan al desarrollo de vastas poblaciones que necesitan un asentamiento para sobrevivir y producir», dijo.

    Algunos sectores de oposición han alentado una reacción de las familias brasileñas que viven en esas zonas para evitar la ejecución del plan de redistribución de tierras. Gran parte de esas familias ingresaron ilegalmente en territorio nacional sin contar con los papeles de migración en orden, porque defienden sus propios intereses.

    El Director Nacional de Tierras puntualizó que se ha verificado que en esas zonas se registra una explotación irracional de los recursos forestales al punto que salen al contrabando y, peor aún, no existe una política de forestación de esas áreas, lo que provoca su destrucción en desmedro del país.

    Rocha subrayó que el Ejecutivo ofrecerá a los brasileños que residan en forma legal y que estén asentados en zonas dentro de los 50 kilómetros de la frontera, que puedan trasladarse a otras regiones para proseguir con su trabajo. «No es el fin del Ejecutivo provocar un problema social en esas familias y por eso se coordina con Brasil y la OIM medidas que se enmarquen en las leyes nacionales», subrayó.

    Se ha mencionado que el gobierno brasileño y la OIM contarían con fondo financiero para ayudar las familias brasileñas que deberán dejar las regiones en las que operan ilegalmente».

    Las autoridades han reiterado su preocupación porque el ingreso ilegal de extranjeros a territorio nacional se constituye en una invasión pacífica que no puede permitirse, mucho más si grandes contingentes de Bolivia reivindican la entrega de tierras para trabajar.

    El tema ha llegado hasta la Cancillería de Itaramaty que ha instruido a sus funcionarios diplomáticos lograr un traslado no traumático de las zonas bolivianas donde residen sin cumplir con las leyes del país.