La Fiscalía acepta que EEUU dé bonos a los fiscales antidrogas

Mario Uribe respondió un cuestionario de la cámara de diputados. Diez fiscales fueron invitados por la NAS para asistir a un curso de alta gerencia en Estados Unidos.

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La Prensa

La División de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés) paga incentivos económicos a los fiscales de sustancias controladas, así como a los asistentes legales del programa de sustancias controladas, según un informe oficial del Ministerio Público al que La Prensa tuvo acceso exclusivo.

La Fiscalía General del Estado no se pronunció aún sobre el caso y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, habla de que, so pretexto de la lucha contra las drogas, Estados Unidos persigue “fines geopolíticos” en la región.

A solicitud del diputado Humberto Iquiapaza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Cámara de Diputados planteó al fiscal interino Mario Uribe un cuestionario sobre la relación entre la Fiscalía General del Estado, la NAS y el Gobierno y otros puntos conexos.

El pedido de informe escrito fue consecuencia de que diez fiscales de narcóticos asistieron entre el 6 y el 31 de julio al Curso Avanzado de Gerencia, que se dictó con patrocinio de la Academia Internacional de Desarrollo Policial (ILEA) en la ciudad de Roswell, estado de Nuevo México, Estados Unidos.

El 17 de junio, Daniel E. Moritz, asesor de la NAS, comunicó a Uribe que los fiscales Álvaro La Torre, Soledad Molina, Abdiel Adin Andrade, Edwin Riveros, Jaqueline Marlene Bustillo, Viviana Nieto, Gonzalo Flores y William Tórrez debían ser declarados en comisión para viajar a Estados Unidos para participar en el mencionado cursillo.

La semana siguiente, Uribe aprobó la Resolución 105/2009, por la que los mencionados representantes del Ministerio Público fueron autorizados para trasladarse a Roswell, aunque la disposición establece que “los gastos corren enteramente a cuenta de los auspiciadores”. La licencia corrió entre el 4 de julio y el 4 de agosto.

Uribe derivó la respuesta a las interrogantes del diputado Iquiapaza a una de las beneficiadas con el curso, la coordinadora nacional de Sustancias Controladas, Soledad Molina.

La abogada adjuntó la mencionada resolución y aclaró que la selección de los elegidos “se realizó de acuerdo al cargo que ocupa cada uno de ellos, por ser Curso Avanzado de Administración”, aunque no aludió a la nota oficial del organismo estadounidense.

Molina remitió copia del “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Bolivia respecto a la asistencia para el Ministerio Público”.

Ese documento fue firmado entre Joseph Manso, a la sazón director de la NAS, y Mario Uribe, fiscal general interino de la República, nomenclatura válida pues todavía no se había aprobado la actual Constitución.

Ese acuerdo tiene validez durante este año y debe ser renovado para el próximo.

La Coordinadora Nacional de Sustancias Controladas afirmó que quien dio luz verde al viaje de los fiscales fue la máxima autoridad del Ministerio Público.

Todos los gastos, según el reporte mencionado, fueron cubiertos por la Universidad Oriental de Nuevo México, que auspició el curso.

La fiscal admitió no conocer si Uribe comunicó a otras dependencias estatales la realización de este evento, “ya que la autorización fue otorgada por la Máxima Autoridad del Ministerio Público, no existiendo otra instancia del mismo, donde puede comunicarse o informarse”.

El octavo punto del oficio remitido al Director de la Fiscalía plantea: “Informe si a la fecha existen fiscales de las distintas divisiones que perciben bonos u otros que provienen de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) u otras entidades que colaboren con la Fiscalía General o el Estado. Indique los montos asignados o percibidos”.

La respuesta textual es la siguiente: “Dentro de la asistencia que presta la NAS al Gobierno boliviano, se incluye el apoyo en infraestructura y pago de incentivos económicos a fiscales de materia de sustancias controladas, asistentes legales en el programa de sustancias controladas; referente al monto que se percibe, (la información) debe ser solicitada a la NAS”.

La séptima cuestión fue remitida al inspector general Gonzalo Flores, pues pedía un informe sobre las razones por las que este jurista formaba parte de la delegación nacional y quién fue la autoridad que cumplió estas funciones durante su ausencia.

Flores respondió que “es necesario efectuar una valoración con referencia a la temática desarrollada en el Curso Avanzado de Gerencia, entre los cuales estaban precisamente los referidos a una estrategia de manejo de personal con el objeto de mejorar el servicio” de la entidad.

Aclaró además que entre el 29 de julio y el 20 de agosto de este año la Fiscalía gozó de vacaciones y que durante su declaratoria en comisión sus labores fueron desarrolladas por el Subinspector, por lo que esas tareas no fueron interrumpidas en momento alguno.

La Prensa se comunicó ayer con la responsable de Relaciones Públicas de la Fiscalía General del Estado, Martha Quinteros, a objeto de conocer un pronunciamiento oficial de esa entidad sobre este tema; sin embargo, refirió que pese a sus esfuerzos no pudo dialogar ayer con Uribe, por lo que no habría pronunciamiento alguno del Ministerio Público sino que podría ser conocido el lunes.

Quinteros explicó que Uribe estuvo ayer “muy ocupado”.

Las condiciones para prestar ayuda a los agentes antinarcóticos

En el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de Bolivia respecto de la asistencia para el Ministerio Público se establecen tres condiciones y se sujeta a cinco compromisos. Este acuerdo fue firmado el 5 de diciembre del año pasado en la ciudad de Sucre.

“El financiamiento depende de la disponibilidad de fondos debidamente autorizados y asignados, otorgados anualmente por el Congreso” del país del norte, según el acuerdo.

El segundo requisito es el “progreso satisfactorio para cumplir con las metas acordadas y que se ajusten a la política antinarcóticos del Gobierno” estadounidense.

Finalmente, los desembolsos serán efectuados exclusivamente con “la aprobación del Secretario Adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley”.

El documento estipula que “el apoyo prestado al Ministerio Público de Bolivia será administrado por la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos” en Bolivia.

Para recibir esa ayuda, el Ministerio Público se compromete a efectuar la “designación de un Coordinador Nacional, cargo que será de responsabilidad del Director de Gestión Fiscal” y de otros “cuatro coordinadores regionales, quienes tendrán a su cargo el control y supervisión de los fiscales asignados al área de sustancias controladas”.

Los fiscales asistentes del Programa de Sustancias Controladas deberán ser seleccionados por concurso de méritos y su participación en esta área será voluntaria.

El Ministerio Público correrá, de acuerdo con su estructura orgánica aprobada por el Ministerio de Hacienda, con el pago a los fiscales y fiscales asistentes asignados al combate del tráfico ilícito de estupefacientes.

El memorándum prosigue: “La Fiscalía hará uso de la prueba del polígrafo, para asegurar la idoneidad de los abogados que trabajan en el Programa de Sustancias Controladas, prueba que será supervisada por el Inspector General y administrada por el personal designado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), comprometiéndose la NAS, a brindar apoyo en la capacitación para la administración de la indicada prueba a cargo del Ministerio Público”.

En la parte introductoria se explica que este entendimiento “constituye un medio para la implementación del Convenio Bilateral sobre el ‘Control de Narcóticos y el Cumplimiento de la Ley’ y no pretende modificar su contenido”, por lo que, en caso de una eventual confusión entre las disposiciones de uno y otro convenios, prevalecerá el primero.

“Sólo hay fines geopolíticos”

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, lamentó ayer que “a Estados Unidos no le interesa la lucha contra el tráfico de narcóticos. Su presencia en la región con el pretexto de la lucha antidrogas sólo persigue fines geopolíticos”.

El 18 de agosto, cuando Cáceres conoció el viaje de diez fiscales de sustancias controladas, declaró a la Agencia Boliviana de Información que “no se justifica la presunta capacitación, ya que los fiscales o jueces favorecen a intermediarios de redes de narcotraficantes al concederles libertad o librarles de culpa. Eso no es ninguna ayuda, sino un sabotaje”.

Anoche reiteró que cuando los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), “aun a riesgo de su integridad física, capturan a peligrosos delincuentes, narcotraficantes comprobados, los administradores de justicia los liberan a los dos o tres días, como sucedió hace algunas semanas con el caso de unos colombianos. Lo que a nosotros nos interesa es que éstos sean sancionados conforme señalan las leyes del país”.

Cáceres admitió que fiscales y agentes del programa de sustancias controladas reciben beneficios económicos de la NAS, pero “el Poder Judicial es autónomo del Gobierno central y sabemos que tiene un convenio con la Embajada de Estados Unidos. Nosotros, como parte del Ejecutivo, hemos formulado observaciones”.

La autoridad fustigó al Ministerio Público y las autoridades judiciales, pues “de los bienes incautados a los narcotraficantes, en el plazo de dos o tres años, el 80 por ciento es devuelto a los involucrados”.

Reiteró que “estos fiscales fueron seleccionados bajo criterios políticos para recibir instrucciones en Estados Unidos, para no sólo sabotear la estrategia nacional de lucha contra el tráfico de drogas, sino desacreditar a los productores y a la hoja de coca”, a quienes, en su opinión, se pretende tildar injustamente de narcotraficantes,

Historia de desencuentros

Entre el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos hubo una serie de desencuentros que se agudizaron cuando los cocaleros declararon al Chapare libre de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), el 25 de junio de 2008, medida que sería replicada por la población de Ancoraimes en diciembre del año pasado.

El 9 de septiembre, el entonces embajador Philip Goldberg fue declarado persona no grata para el Gobierno Nacional y a los tres

días abandonó el territorio nacional. Los usos diplomáticos definen que cuando esto ocurre, el país del expulsado obra del mismo modo con el jefe de la legación de la nación expulsora. Así, Gustavo Guzmán fue echado de Estados Unidos.

El 1 de noviembre de 2008, el presidente Evo Morales resolvió la suspensión inmediata de actividades de la DEA en el país y sus funcionarios dejaron Bolivia en febrero.

El 10 de marzo, el ministro consejero de esa legación, Francisco Martínez, fue expulsado bajo la acusación de ser agente de la CIA.

Un trámite muy lento

El diputado masista Humberto Iquiapaza presentó el 10 de julio la solicitud de informe escrito al fiscal Mario Uribe a consideración de la Presidencia de la Cámara Baja. El documento fue remitido al Ministerio Público del Estado el 27 de julio, cuando los fiscales todavía se encontraban en Roswell, Estados Unidos, y recibió la contestación el lunes 24 de este mes.

La respuesta proporcionada por la fiscal Soledad Molina fue entregada el 18 de agosto y el inspector general Gonzalo Flores lo hizo a los dos días, aunque están fechadas el 12 y el 5 de agosto, respectivamente.

Cronología

La NAS pidió el 17 de junio autorización para que 10 fiscales fuesen capacitados en EEUU.

El Ministerio Público dio el permiso correspondiente el 24 de junio mediante resolución.

El grupo de fiscales pasó el curso de capacitación entre el 6 y el 31 de julio.