Revelan que hay coca en concesiones de Pando

Tensión. El viceministro de Tierras aseguró que en áreas forestales encontraron la hoja y apunta a revertir propiedades. Un maderero asegura que un ex masista montó fosas de maceración en su predio.

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Viviendas. Los campesinos están instalados en carpas de uso militar. El Gobierno asegura que es para una fase inicial



El Deber

Pablo Ortiz. Cobija

Para el viceministro de Tierra, Alejandro Almaraz, las 5 millones de hectáreas de concesiones forestales deberían ser revertidas. Desde Cobija, aseguró que algunas de estas áreas de manejo privado se las utiliza para fabricar cocaína. “Se dice de manera muy injusta que los colonos están llegando (al asentamiento de Santa Rosa del Abuná) a sembrar coca por el solo hecho de que vienen desde el trópico de Cochabamba, pero no se dice que los cocales en Pando están en concesiones forestales y destinados a la pichicata. Tenemos la certeza de que hay cocales en concesiones forestales”, dijo, aunque aclaró que en ese momento no tenía el dato de qué concesión se trataba.

EL DEBER consultó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Pando (ex Superintendencia Forestal) y su director, Wilder Suárez, informó de que recibió una comunicación del Instituto de Reforma Agraria que certificaba que en la concesión Simna Pando se había descubierto sembradíos del arbusto en cuestión. Suárez precisó que el hallazgo se produjo mientras se realizaban las pericias de campo para el saneamiento, aunque no se le informó de cuántas hectáreas de coca había.

Simna Pando pertenece a Alfredo Abuawad, que a través de un contacto telefónico aseguró que todo se trató de un montaje orquestado por el riberalteño Iverth Maguado para tratar de que se le revierta la concesión. Abuawad en persona denunció el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. “Había fosas de maceración, pero la Felcn se dio cuenta de que se trataba de un montaje y descartó el caso”, aseguró.

Esto se produjo el año pasado y Maguayo era aliado del MAS. Incluso administraba Zafrabri, una beneficiadora de castaña comprada por el Gobierno y entregada a los zafreros que quebró. Actualmente, Maguayo está siendo investigado por el Ejecutivo por supuestos malos manejos. Eso causó su alejamiento del MAS. Además había denunciado que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le ordenaba a través de un diputado entregar dinero de Zafrabri para la movilización de campesinos que terminó en la matanza de Porvenir, el 11 de septiembre de 2008.

Consultado sobre la denuncia de Almaraz, el dirigente de los empresarios barraqueros de Riberalta, René Fong, consideró que lo que trata de hacer el viceministro es ensuciar a los empresarios madereros para quitarles sus concesiones y dárselas a los campesinos e indígenas. Fong añadió que Almaraz no necesita hacerlo, ya que si tuviera gente más capaz a su cargo encontraría otros motivos de reversión. “Hay concesiones de más de 100.000 hectáreas que no están siendo trabajadas. Son la mayoría en Pando, donde sólo se salvan dos o tres. La ABT nacional ya nos dijo en Santa Cruz que todas las concesiones forestales corren peligro”, dijo Fong.

Y Almaraz no oculta que, personalmente, cree que esas tierras se deben revertir. Observa que en muchas concesiones forestales maderables se han encontrado fábricas de droga. “Dicen que son para la conservación de los bosques, pero entra cualquier persona a ellas, no sabemos sin su consentimiento o no hay cocales y narcotráfico. Y el sello verde no es garantía de nada, porque lo da la empresa privada”, sentenció.

INRA dice que sólo irán 700 familias

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas aseguró que 700 familias serán asentadas en Pando hasta fin de año y no las 2.500 que anunció el Ejecutivo y reconoció que aún se deben realizar acciones habitacionales para que los colonos vayan a habitar esas tierras amazónicas.

“Estas áreas donde se están asentando tienen las condiciones elementales, tienen acceso de camino, tienen viviendas básicas. Pero está prevista la provisión de servicios básicos, como el agua, con ellos tenemos que identificar las fuentes de agua”, argumentó Rojas.

Según el Viceministerio de Tierras, 500 campesinos del valle y de los Andes ya se asentaron en tierras fiscales de la provincia Santa Rosa del Abuná de Pando, además de 200 zafreros oriundos de Riberalta que se instalaron en una comunidad en el municipio de Federico Román.

Por su parte, Freddy Atiare, ejecutivo de la Asociación de Extractivistas y Siringueros Sin Tierra de Pando, aseguró que los colonos estaban siendo asentados en tierras reclamadas por su sector. “Hay gente en La Paz que está asentando gente encima de nosotros y no lo vamos a permitir”, dijo.

Explicó que en su asociación hay registradas 3.000 familias sin tierra que deberían ser atendidas antes por el Gobierno. Añadió que en el Comité Cívico ha dejado un libro para que todo pandino que no cuente con tierras se inscriba para engrosar las filas de su organización./ANF-EL DEBER

Aserradero Santa Rosa está en litigio

El lunes pasado, cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Tierra, Alejandro Almaraz, llegaron hasta Santa Rosa del Abuná para fundar el núcleo de colonización Bernardino Racua, aseguraron que el aserradero donde asentaron a los 500 colonizadores llegados desde Chapare era de brasileños y que depredaban el bosque boliviano. Sin embargo, la empresa Tropical Andes, asentada legalmente en Cobija, es dueña de ese aserradero y pertenece a empresarios paceños que pidieron mantener su nombre en reserva.

Admiten que el aserradero estaba asentado en tierra fiscal, pero con consentimiento de los comunitarios de la zona y que la madera acopiada provenía de la concesión forestal de Augusto Gutiérrez.

El representante de ABT en Pando, Wilder Suárez, confirmó que esta organización ha abierto dos procesos administrativos contra la empresa, por depredación de 4,7 hectáreas y por instalación ilegal del aserradero. También informó de que Tropical Andes había presentado memoriales rechazando los procesos y documentación adicional que está siendo evaluada por la ABT. Almaraz, por su parte, prometió encarcelar a los ejecutivos de la empresa por asentamiento ilegal y revertir la concesión de Gutiérrez.