Trágico inicio de las autonomías indígenas

El tema de las autonomías indígenas requiere tacto, prudencia, diálogos previos y, sobre todo, fórmulas claras. Caso contrario, seguiremos con los problemas. Lo de Potosí ya es una muestra.

laPrensa Editorial La Prensa



Las consecuencias de no llevar adelante un proceso autonómico que avance ordenadamente de lo general a lo particular, ya se están haciendo sentir. Una trágica muerte en Potosí nos recuerda, con el dolor que ocasiona siempre la pérdida de cualquier vida humana, la necesidad de proceder con coherencia y sin precipitaciones, las que lamentablemente en este triste suceso han apuntado más a factores demagógicos y electoralistas que racionales.

En un principio fue solamente la autonomía departamental. Este legítimo pedido de Santa Cruz y de otras regiones, convalidado por un referéndum, terminó siendo desvirtuado e inflado en el texto constitucional oficialista. Este controvertido documento el Movimiento al Socialismo finalmente lo transformó en Ley fundamental mediante otro referéndum, pese a su inherente ilegalidad previa en materias de fondo y de procedimientos. Ahora tal texto es la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Mientras no haya otra reforma en el futuro, hay que asumirla, debemos respetarla y lidiar jurídicamente con sus enunciados, muchos de ellos confusos o contradictorios.

He aquí que la autonomía departamental –de suyo un proceso complejo en su puesta en práctica luego de 184 años de centralismo- se amplió constitucionalmente con varias autonomías adicionales, agregando a ellas la autonomía indígena. En lugar de esperar un tiempo para que una ley especial y sus reglamentos contemplen pausadamente todos los pasos necesarios para implementar estas modalidades y tratar de conciliarlas armónicamente, el Poder Ejecutivo optó por dictar un Decreto Supremo que estipula el inicio de la autonomías de las comunidades indígenas. En este marco que -por decir lo menos- era poco claro y precipitado, fue casi natural que se produzcan conflictos. Es lo que ha sucedido en las localidades potosinas de Chaquí y Tinguipaya. Ambos municipios enfrentan conflictos internos como consecuencia de la determinación de sus concejos municipales que autorizaron la realización de consultas en las que se preguntará a la población si está de acuerdo en que esos distritos se conviertan en territorios autónomos indígenas, tal como establece el D.S. 231 del pasado 3 de agosto.

La nueva CPE expresa en su Artículo 30 que “en el marco de la unidad del Estado” se le concede a las comunidades indígenas de Bolivia -entre otras cosas- la libre determinación y la territorialidad. Al final, todo dependerá de las leyes que reglamenten su ejercicio, pero de partida éstas y otras atribuciones, agregadas a la creación de un “Estado Plurinacional” conformado por 36 “naciones”, generarán tensiones de naturaleza centrífuga potencialmente peligrosas para la unidad de la patria, unidad de la cual mucho se habla desde las esferas oficiales y poco se la aplica. En este contexto, el tema de las autonomías indígenas requiere tacto, prudencia, diálogos previos y, sobre todo, fórmulas claras para que pueda tener éxito y sea base real de la unidad en la diversidad. Caso contrario, seguiremos con los problemas. Lo de Potosí ya es una contundente muestra.

Esperemos que de aquí en adelante se proceda adecuadamente en este -de por sí difícil- proceso de adecuación de las autonomías indígenas como asimismo del conjunto global de todo el espectro autonómico. Lo ideal hubiera sido comenzar con la autonomía departamental y a partir de ahí ir planificando el resto. Se optó por otro camino, ahora marcado con la muerte.