Documentos. La demanda será interpuesta el jueves de la siguiente semana por el abogado de Gelafio Santistevan en Santa Cruz. Considera que el fiscal Marcelo Soza no quiere ver la inocencia de su cliente
Denunciante. Gelafio Santistevan, de sacón negro, en una de las audiencias por el caso Rózsa. Está preso en San Pedro
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El abogado de Gelafio Santistevan, Oswaldo Rojas, informó de que presentará pruebas de que fue uno de los efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) el que cometió el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas. Además dijo que también probará que fue el Gobierno de Evo Morales el que contrató al presunto grupo terrorista, supuestamente liderado por Eduardo Rózsa, para desestabilizar a toda la ‘media luna’.
Gelafio Santistevan fue incluido en el informe de los diputados del MAS como uno de los ‘intermediarios y financiadores’ del grupo de Eduardo Rózsa. Santistevan se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro, acusado de haber entrenado a un grupo de supuestos terroristas.
Su abogado afirmó que el principal contacto del Gobierno con este grupo era el ex funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo, que estaba alojado en la habitación contigua a la de los presuntos terroristas una noche antes de la balacera en el hotel Las Américas.
“El jueves de la próxima semana viajó a Santa Cruz para presentar documentación que consta de cuatro carpetas donde está la planificación de cómo se inauguró la toma de la ‘media luna’. Mostraré el documento de movimiento de tanques a Cochabamba para esta toma”, adelantó Rojas. Dijo que la presentación se realizará en Santa Cruz de la Sierra porque entiende que la Corte Suprema de Justicia ya falló a favor de este distrito judicial.
“Se debe entregar las pruebas al fiscal competente. No se las puedo entregar a Marcelo Soza porque él no escucha ni quiere ver la inocencia de mis defendidos”. añadió.
Explicó que entre la documentación que entregará están los nombres de quienes estuvieron en el supuesto complot y de los que participaron en el atentado de la madrugada del 15 de abril. “Voy a dar el nombre de la persona que puso la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas. Es un miembro de la Utarc”, adelantó.
Las dudas sobre la versión que maneja la fiscalía sobre el atentado que voló parte del portón del cardenal abundan. Los diputados de oposición señalan algunas en su informe. La principal es que el sereno de la calle Seminario declaró ante la Fiscalía de Santa Cruz que los perpetradores fueron dos hombres y una mujer que bajaron de un automóvil Toyota blanco, con placa de control 037-SGC, y pusieron los explosivos. Después de este hecho, el sereno abandonó su fuente de trabajo y no volvió a ser encontrado.
Sin embargo, según el informe de los opositores, para la Fiscalía el atentado de la calle Seminario fue cometido por tres hombres que bajaron desde un automóvil Hyundai plomo con placa 1371-BGF. Este vehículo fue vendido a Rózsa por el empresario y dirigente de Blooming Carlos Guillen, que además los garantizó para alojarse en el hotel Las Amércias.
En su descargo, aseguró que Rózsa se presentó ante él como Germán Aguilera y que además le propuso comprarle una quinta. Los funcionarios del hotel declararon que dicho vehículo ingresó en sus instalaciones el 14 de abril a las 10:00 y que no abandonó el lugar en ningún momento.
Lo único que liga a Rózsa con el atentado es la declaración de Ignacio Villa Vargas y un recipiente plástico que fue encontrado por la Utarc en el stand de Cotas en la Fexpo.
Andrade se desentiende de Unitel
El ex comandante de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) capitán Wálter Andrade fue sorprendido ayer por Unitel cuando se dirigía a la clínica policial para someterse a una revisión médica.
Andrade lucía el brazo izquierdo en cabestrillo, heridas en la mano derecha y en el lado izquierdo de su frente, ataviado con lentes y una gorra deportiva. El jefe policial se negó a brindar una declaración, pero dijo que él no tiene la cámara arrebatada a un equipo de periodistas de Unitel y que eso le correspondía responder al fiscal Carlos Fiorilo, que está investigando el hecho de la violenta detención del maderero Nelson Vaca el 3 de septiembre. «Pregúntele al fiscal Fiorilo», dijo cuando fue consultado sobre el destino que tuvo ese equipo de televisión.
Pero, el fiscal aludido negó conocer el paradero del equipo de los periodistas y pidió a Andrade ‘serenarse’ antes de realizar una acusación de esa magnitud. De acuerdo con el memorial del 2 de octubre de 2009, Fiorilo solicitó al director de Inteligencia de la Policía, coronel Jorge Santiesteban, que se remita la cámara que fue destruida en ese operativo.
Desde entonces, dijo Fiorilo, no se conoce la respuesta de los jefes policiales respecto de este hecho. Ayer el fiscal Genaro Quenta, que investiga la agresión a los periodistas, adelantó que el caso será cerrado porque los afectados no se presentaron. Los periodistas de Unitel lo celebran, porque eso significa que dicho proceso se celebrará sólo en Santa Cruz de la Sierra. El mismo día de la agresión, los abogados de Unitel presentaron una demanda ante la Fiscalía y los hechos son investigados por Mario Mercado.
Fiscalía desecha el informe del oficialismo
La Fiscalía de Distrito de La Paz, a través de su titular, Fernando Ganam, informó de que el informe aprobado por los diputados la noche del jueves no tiene mayor incidencia para su despacho y la investigación, porque “son temas políticos en los cuales no ingresa el Ministerio Público”. Añadió que será el fiscal Marcelo Soza el que definirá qué sucederá con el documento que remitan los diputados.
La mayor parte de las ‘pruebas’ que presentan los diputados en ese documento fue tomada del trabajo de la Fiscalía, que ya tenía esos documentos en el cuadernillo de investigación, que fue remitido por Soza al Poder Legislativo. En la Fiscalía dijeron que no tiene sentido que esos documentos proporcionados por el propio Soza retornen a sus manos.
Para Ganam el tema es claro, la investigación está a cargo de Soza y debe ser este fiscal el que defina qué hará con esa documentación. Por procedimiento, la Cámara de Diputados debe remitir el informe a la Fiscalía General de la República y este ente entregará el mismo a la autoridad que investiga el hecho.
En el Poder Legislativo, los diputados opositores consideran que sus adversarios masistas cometieron un error al cerrar las investigaciones porque ellos llevarán esos “antecedentes” en el viaje a Europa la próxima semana.