El abogado de un imputado dice que la UTARC atentó contra Cardenal. Gueder y Mendoza llevan 32 días en celda judicial. Fiscalía archivará el caso Unitel
LA PRENSA
Investigación: En opinión del representante del Ministerio Público, el operativo del 16 de abril ha sido debidamente aclarado
Mediante un comunicado, el fiscal Marcelo Soza, quien investiga el tema de supuesto terrorismo, anunció haber solicitado a la Policía las fotografías, los videos y las evidencias que “conciernen al caso y que estuviesen en su poder”.
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Soza tomó declaraciones al capitán Wálter Andrade y a la dragoneante Marilin Vargas, comandante e integrante de la disuelta Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC), así como al director de Inteligencia policial, coronel Jorge Santiesteban.
Además, Soza informó que llamará a “otros involucrados” para que aporten información sobre “el financiamiento, pago de pasajes y hoteles para los miembros de la célula terrorista” y que realizará las acciones judiciales “contra quienes se negaron” a comparecer y elaborará “las imputaciones formales para quienes corresponda”.
Las declaraciones de los tres efectivos de Inteligencia coincidieron en que Ignacio Villa Vargas era informante de los organismos de seguridad y que a fines de marzo dio el alerta de que un grupo de alta peligrosidad operaba en la capital cruceña.
Andrade recibió autorización para participar en una reunión del grupo, cuyos videos fueron difundidos, aunque Santiesteban informó que no hubo infiltración a la célula irregular y dio cuenta de detalles del operativo llevado a cabo por la UTARC la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, donde murieron Rózsa Flores junto con Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Martin Dwyer, irlandés.
Cuando comenzaba la investigación, Villa Vargas fue presentado como testigo “clave” por el Ministerio de Gobierno a la Fiscalía y su testimonio sirvió de base para ubicar a los ex unionistas Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Mazabi como proveedores de armamento al grupo.
Alejandro Gelafio Santisteban fue aprehendido en La Paz el 16 de junio, después de que se revisaran los correos electrónicos de la computadora del supuesto líder del comando terrorista, y dos días después, la juez Betty Yañíquez ordenó su reclusión en el panóptico de San Pedro.
El defensor de Santisteban, Oswaldo Rojas, acusó ayer a la UTARC de haber perpetrado el atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas, que fue atribuido por el Ministerio Público al grupo de Rózsa, El jurista no presentó pruebas, aunque las ofreció para el jueves.
“Presentaré cuatro carpetas con pruebas, donde está la planificación de la toma de toda la ‘media luna’, documentación del movimiento que hizo el batallón de tanques de Patacamaya hacia Cochabamba para tomar Santa Cruz”.
La investigación parlamentaria motivó que el oficialismo presente un informe sobre el caso, que rechazó la oposición. La diputada Marisol Abán, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) , anunció otro informe por minoría.
El oficialismo acusó a Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, y al ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic de haber financiado las actividades del grupo irregular y de ser los responsables de su contratación.
El abogado de un imputado dice que la UTARC atentó contra Cardenal.
Gueder y Mendoza llevan 32 días en celda judicial
Imputado: Alcides Mendoza “vive” hace 32 días en una celda de ocho metros cuadrados hasta con 25 personas
Demora: Nelson Vaca estuvo 58 días en los tribunales, y tres cívicos chaqueños, 35, antes de ser enviados a San Pedro
Los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza permanecen aprehendidos desde hace 32 días, sin recibir alimentos ni ropa, en la celda de la Corte Superior de Justicia —de dos por cuatro metros cuadrados— imputados por alzamiento armado.
Ellos no son los únicos cuya estadía se prolonga más de lo estipulado por la ley, pues Nelson Vaca, imputado por sedición y destrucción de bienes del Estado, estuvo en ese recinto durante 58 días antes de ser trasladado a Guayaramerín, donde guarda detención domiciliaria. Los activistas cívicos chaqueños Carlos Rodas, Carlos Zeballos y Felipe Moza estuvieron en esa celda 35 días antes de su reclusión en el penal de San Pedro.
Con zapatillas azules, medias blancas y una parka verde, Alcides Mendoza, quien el sábado sufrió una crisis cardíaca, solicitó que se cumpla la acción de libertad que la Corte de Santa Cruz declaró procedente.
El detenido comparte una celda de ocho metros cuadrados hasta con 25 personas y marca en la pared, con un bolígrafo negro, los días de su estadía. Él y Carlos Gueder ocupan un camarote doble próximo a la puerta. Al fondo, acomodados como podían, estaban ayer 18 presuntos delincuentes. “Aquí no es posible dormir y hasta tememos que nos agredan. Hay gente muy agresiva”.
Mendoza dice que comen cuando pueden y lo que pueden. Mendigan o su abogado les lleva algunos alimentos. Sus familiares sólo los visitaron dos veces.
“Creo que vamos a ganar a Nelson Vaca, quien estuvo detenido 58 días y después de varios trámites logró salir de la celda para cumplir detención en su casa”.
Confesó que está “viviendo un calvario” y que cada mañana despierta con la mirada puesta en su compañero de celda que constantemente sufre convulsiones. “Estamos detenidos aquí porque somos el ‘chivo expiatorio’ de las autoridades. Al fiscal Marcelo Soza no le interesa nuestra salud y mucho menos nuestras vidas, y gracias a un médico particular seguimos todavía con vida”.
Mendoza aclaró que su único delito fue vender un arma antigua y de colección en 1.000 dólares y dos cacerinas artesanales a Eduardo Rózsa. “Me venía amenazando. Ése es mi único delito en este tema. Y hay también unos mensajes que él me enviaba para amenazarme porque no podía conseguirle más armas”.
En su declaración ampliatoria, dijo que Rózsa necesitaba 50 “manzanas” (granadas), pero que no se concretó la operación. “Hace mucho tiempo, entre enero y febrero, me dijo que necesitaba unas granadas, y como yo tengo amigos que las venden, militares y hasta los propios policías en Santa Cruz, les dije que sí podía conseguir algunas, pero no pude porque era difícil obtenerlas en los tiempos de lucha autonómica en Santa Cruz”.
Gueder, con una chamarra negra y sandalias, lamentó que el Ejecutivo esté por encima de la justicia. “Aquí funciona la ley del embudo. Si se da cuenta, hay muchas fotos, y los que están en las fotos son infiltrados. Yo no aparezco en las fotos ni en videos, y hay otra gente que compartía churrascos en fiestas y, pese a ello, están libres, están en las calles”.
El fiscal Soza interrogó a Gueder en torno a la relación que tuvo la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) con Rózsa y sus camaradas. “Di nombres de gente relacionada con las actividades del grupo. Mencioné el nombre del dirigente juvenil Víctor Hugo Rojas, a fin de que sea citado a declarar, pero como él ya juró para el MAS, no me hizo caso. Es un tema político”.
En una pared, los cruceños marcan los días que llevan aprehendidos.
“Los jueces incumplen”
En opinión del abogado y ex fiscal Alain de Canedo, los jueces no se someten a procedimiento ni cumplen la jurisprudencia constitucional, por lo que se presentan casos en los que las personas permanecen en celdas judiciales más tiempo del previsto en la legislación nacional.
“Una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional determinó que si una persona es sometida a detención domiciliaria, no corresponde aplicar otra de las medidas sustitutivas a la detención preventiva contempladas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal”.
La normativa establece que cuando alguien es detenido en flagrancia, debe ser puesto a disposición de un juez en el término de 24 horas, y cuando un fiscal aprehende a una persona dispone de 24 horas para imputarla y ponerla a disposición de esa autoridad, quien ordena su internación en celdas judiciales y la realización de una audiencia de medidas cautelares en el término de otras 24 horas. La ley establece que sólo puede aplicarse la aprehensión en caso de que el delito investigado tenga una pena mínima de dos años de reclusión.
“Cuando una persona permanece más de 24 horas en celdas judiciales, se habla de una aprehensión ilegal y corresponde que la defensa interponga una acción de libertad”.
En el caso de los ex unionistas Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Mazabi, la defensa ganó un recurso de este tipo en Santa Cruz, pero las continuas recusaciones del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía dan lugar a que ningún juez pueda ordenar la cesación de su aprehensión actual.
“Nuestra legislación no impone un límite a las recusaciones de jueces. Cuando se lo aplique, habrá que pensar mucho para presentar un recurso de este tipo, que sólo da pie a que las causas se dilaten indefinidamente”.
“Una detención ilegal”
El abogado defensor de los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, Raúl Corro, dijo que la detención de sus clientes es “ilegal e indebida” porque ganaron una acción de libertad en la Corte de Santa Cruz.
“Sin embargo, como el Gobierno ha infiltrado al Poder Judicial y está manejando de acuerdo con su conveniencia todos los temas, el caso está paralizado. Han recusado a todos los jueces y han desaparecido notificaciones”.
Al haberse “perdido” los documentos, los jueces no pueden dar curso a la libertad de sus representados, por lo que el proceso se paralizó. “Han desaparecido justa y extrañamente las notificaciones al Ministerio de Gobierno. Esto nos pone una traba, que esperamos solucionar entre lunes y martes de la próxima semana. Estamos tratando de encontrar la forma en la que se dé cumplimiento a una sentencia constitucional”.
El jurista dijo que la comisión multipartidaria que investigó el caso nunca fue funcional y que tuvo carácter político, con mayoría del oficialismo. “Lógicamente no se podía espera nada sano de su trabajo, pues se han obviado elementos fundamentales dentro de la investigación, como los videos”.
Calificó de “extraña” la forma en que la comisión manejó la indagación y la manera en que todo el aparato estatal lanza acusaciones. “Lo único que va a hacer este informe es complicar más aún la situación de los presuntos implicados”.
Una de las fórmulas que observa Corro, y que puede resultar viable, es presentar apelaciones ante estrados internacionales, “no para evitar una sanción contra un delincuente, sino para precautelar el respeto a los derechos humanos, que es lo fundamental. Lamentablemente, el Gobierno distorsiona muchos principios jurídicos y constitucionales. Así, actúa a su libre albedrío, sin que nadie pueda oponerse”.
Fiscalía archivará el caso Unitel
El fiscal Genaro Quenta anunció que se archivará la investigación por el ataque recibido por un equipo de prensa de la red Unitel el 3 de septiembre, mientras cubría la aprehensión del maderero Nelson Vaca en Warnes, Santa Cruz.
Quenta explicó a la agencia estatal ABI que su decisión es consecuencia de que no hay víctimas, ni reclamos, ni denuncias.
Hace una semana, Quenta solicitó a ejecutivos de la red Unitel que se presenten a declarar ante la Fiscalía, pero ese medio respondió que no son los agredidos los investigados, por lo que le devolvieron el mandamiento de comparendo.
Mientras efectivos de la disuelta Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) aprehendían a Vaca, sobre quien pesaban denuncias por asentamientos ilegales, tala indiscriminada de madera, destrucción de bienes del Estado, sedición y el deterioro irreparable del medio ambiente en el departamento del Beni.
Quenta explicó que “la investigación está paralizada porque la empresa Unitel no colaboró y abandonó a sus trabajadores en la ciudad de Santa Cruz, quienes no asistieron a las audiencias fijadas por el Ministerio Público. Como no hay víctima o alguien que reclame por los hechos que de manera escandalosa denunciaron, ni víctima o daños, el caso será archivado”, decisión que será comunicada al juez, según establece el procedimiento.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, un grupo de la disuelta UTARC repelió un ataque armado el 3 de septiembre, después de aprehender a Vaca.
Esa versión fue negada por las víctimas, quienes sufrieron agresiones físicas, insultos y disparos con armas de fuego.
Empero, “el informe de la Policía entregado a la Fiscalía señala que los vehículos de la UTARC fueron agredidos hasta con armas de fuego desde un motorizado en el que se encontraban integrantes de Unitel”.
En el episodio, ese vehículo resultó con averías tras sufrir una colisión.
La red televisiva acusó al entonces comandante de la disuelta UTARC, capitán Wálter Andrade, de haber sido quien disparó contra su vehículo y perpetró los ataques a las personas.
El hecho derivó en la disolución de esa unidad policial de élite y dio paso a que se conozca que participó en el operativo de la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, donde Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer fueron abatidos.
Quenta llegó a la conclusión de que los periodistas cayeron al enredarse en los cables de las cámaras que llevaban consigo.
La versión de los periodistas
Un equipo de la red Unitel cubría el 3 de septiembre la aprehensión de Nelson Vaca en Warnes, Santa Cruz.
La UTARC ejecutó la detención. Los periodistas denunciaron que el capitán Wálter Andrade disparó contra su unidad móvil.
Unitel identificó a los oficiales Pablo Blanco, Víctor Hugo Medrano y Javier Alberti de haber atacado a sus representantes.