Luego de escuchar a una y otra parte en el mismo ámbito y periodo de tiempo, es posible concluir que la CIDH tiene ahora mucho más clara la figura de cuanto ocurre en Bolivia…
Editorial El Deber y La Prensa
Que el Gobierno de Evo Morales hiciera saber que mantiene las puertas abiertas para que comisiones internacionales verifiquen que en el país hay pleno respeto a los derechos humanos y constitucionales, es una de las aristas más salientes que resultaron de una reciente audiencia con la Comisión Interamericana, precisamente de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, durante la ronda anual de sesiones de ese organismo en Washington.
Ante dicha comisión se presentó el enviado gubernamental Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien en la oportunidad brindó un amplio informe sobre la materia, además de los supuestos avances alcanzados en la lucha contra la pobreza y la corrupción. No obstante, el funcionario reconoció que en Bolivia “hay muchos temas sin solución”, entre otros el de la retardación de justicia, que ya se sabe a qué huele por estas latitudes nuestras.
Antes de Llorenti, la CIDH recibió a congresistas opositores bolivianos, quienes expusieron sobre las violaciones que bajo el Gobierno de Morales se cometen frecuentemente contra el sistema democrático, los poderes Legislativo y Judicial, así como los derechos humanos. La denuncia incluyó los diversos cercos al Congreso Nacional por los “movimientos sociales” que representa don Sacha, la persecución desatada contra los miembros del Tribunal Constitucional hasta conseguir su renuncia, la destitución del Contralor de la República y su reemplazo por un diputado oficialista, además de un detalle de las 74 muertes vinculadas con el permanente “conflicto político” en Bolivia.
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Conociendo mejor el cuadro de situación luego de escuchar a una y otra parte en el mismo ámbito y periodo de tiempo, es posible concluir que la CIDH tiene ahora mucho más clara la figura de cuanto viene ocurriendo en Bolivia y a pocos días de celebrarse las elecciones generales en un clima que tiende a descomponerse completa y ruidosamente. Un informe del citado organismo o el envío de una comisión de la OEA al país después de
realizados los comicios para comprobar in situ —respondiendo a la política de “puertas abiertas” del Gobierno boliviano— es el paso posterior que ya se puede aguardar con cierta expectativa, amén de una estricta necesidad. Una política de “puertas abiertas” que también tendría que aplicarse para desentrañar de una vez por todas lo realmente ocurrido sobre la violenta muerte de tres personas, presuntos “terroristas”, en los luctuosos hechos de abril en un céntrico hotel de esta ciudad. Por boca del propio presidente Evo, ahora resulta que los tres extranjeros fueron acribillados porque tenían planes de huir. Hasta el mismo Jefe de Estado parece extraviado en todo un laberinto de fallidas indagaciones, versiones y acusaciones que han desportillado la credibilidad de su Gobierno en tan escabroso asunto.
Puertas abiertas para que ingrese la luz de la verdad sobre todos los casos que permanecen en la oscuridad por la trama perversa o chacota que se hizo de su investigación.