Lo último que le faltaba a la ya impredecible política boliviana era un escándalo sexual como el que acaba de causar conmoción e indignación generalizadas en la opinión pública nacional.
Subeditorial Los Tiempos
Nos referimos la denuncia realizada por la hija del presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Sucre, primero ante el Ministerio Público de esa ciudad y más recientemente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de que fue víctima de múltiples violaciones sexuales de su propio padre desde que tenía 14 años de edad (hoy tiene 24).
Semejante denuncia cobra especial connotación al tratarse de una autoridad pública que, como tal, debería constituirse en un referente moral de la sociedad. Y decimos esto con el convencimiento de que los actos públicos de cualquier persona son, finalmente, el reflejo de su educación y de su vida privada.
La denuncia, que en los últimos días ha cobrado un giro político por el momento electoral y los intereses que están en juego por el control del Gobierno Municipal de Sucre, tendrá que ser debidamente investigada por el Ministerio Público y, si es el caso, llevada a la justicia ordinaria para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, si se da el caso.
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Lo cierto es que, tanto en el caso que nos ocupa como en muchos otros hechos que han manchado la actividad pública desde que tengamos memoria hasta el día de hoy —sea por actos de corrupción, transfugio, tráfico de influencias, negligencia y un largo etcétera de inconductas—, llegamos a la incontrastable realidad de que a la política boliviana le hace falta un indispensable componente ético.
La política, cuando se la ejerce sin ética, transita por senderos muy próximos a los de cualquier actividad delictiva