Procesos. Hay más de 30 juicios de los bancos Sur, Cochabamba y Bidesa en los tribunales de justicia del país. Según la ASFI, han existido y existen procesos que duran más de 14 años por las permanentes argucias que asumen los demandados.
Un logo del Banco Central de Bolivia. – La Prensa Los Tiempos
Los Tiempos. Hilton Heredia García. Santa Cruz. A más de 14 años de la quiebra de los bancos Sur SA, Cochabamba SA, Internacional de Desarrollo SA y el de Financiamiento Industrial SA, el Estado Nacional a través, del Banco Central de Bolivia (BCB), se ve imposibilitado de recuperar más de 240 millones de dólares producto de las “argucias legales” interpuestas por las exentidades en la Corte Suprema de Justicia, señalaron el BCB y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Hasta 2008, el BCB recuperó sólo $us 83,8 millones.
Es que hasta la fecha en todo el proceso de liquidación de bancos, se han abierto más de 30 juicios en los diferentes tribunales de justicia del país. A ello se agrega que sólo la sala plena tiene más de 1.000 casos irresueltos, mientras que el Tribunal Constitucional está paralizado y tiene más de 5.000 causas pendientes, admitieron esas instituciones.
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Según el BCB, de las cuatro entidades intervenidas para su liquidación, en tres de ellas la entidad monetaria mantiene acreencias extraconcursales (obligaciones del banco intervenido), originadas en subrogación de depósitos del público que ascendieron a 288,8 millones de dólares.
Asimismo, aclara que a las cuatro entidades, cuando estaban en funcionamiento, el BCB como parte de la política crediticia del Estado, canalizó líneas de crédito de desarrollo refinanciados por un monto de $us 72,8 millones, que se constituyen en acreencias concursales, sujetas a la masa de liquidación de dichas entidades. Al 31 de octubre de 2009, los saldos de los tipos de acreencias suman a $us 243,5 millones.
Consultado sobre la recuperación de cartera, el BCB criticó el rol de la justicia en los procesos de liquidación, pues éstos son de puro derecho, donde el juez únicamente tiene competencia para establecer los grados y preferidos sobre acreencias concursales, ya que es el intendente liquidador quien anticipadamente al juez, acepta o rechaza.
“Las actuaciones de los jueces en algunos casos desvirtuaron el trámite de los procesos de liquidación, al considerarlos como procesos ordinarios, permitiendo la discusión de la naturaleza de cada crédito reclamado, ocasionando que en los fallos respectivos se produzcan fuertes distorsiones, contrarias a la ley, como es el caso del Banco Sur, proceso en el cual la sentencia incorporó a las acreencias extraconcursales inclusive por debajo de las concursales”, argumenta un comunicado de la entidad.
Sobre el particular, el director ejecutivo de la ASFI, Ernesto Rivero, es más contundente. “Han existido y existen procesos que duran más de 14 años por las permanentes argucias que asumen los demandados y la crónica retardación de justicia que continúa en los correspondientes tribunales. El ejemplo más patético ha ocurrido a mediados del mes de noviembre en el conocido proceso denunciado por la ASFI contra la magistrada Rosario Canedo, que ha cometido prevaricato al emitir la resolución 162/2008, que atenta contra los intereses del Estado”, dijo.
El fallo establece el pago de $us 6,4 millones a siete acreedores que considera extraconcursales, cuando dichas acreencias tienen carácter concursal.
Señala por ejemplo que deben pagarse a los accionistas que realizaron aportes parciales de capital, a quienes no se les emitió acciones ya que no hicieron el aporte exigido por la ex Superintendencia de Bancos en 1993.
La ASFI considera que la Corte Suprema en este auto supremo ha fallado contra lo dispuesto por la ley, porque no corresponde pagar antes que al BCB acreencias que son concursales o son inversiones y no depósitos.
En tanto, Canedo aseguró que la ASFI aún tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal Constitucional. También anunció que acudirá a la OEA, a la Unión Europea y a los juristas del Mercosur para denunciar la violación de sus derechos humanos por haber sido suspendida del cargo.
Hace tres semanas, el MAS_en Diputados encaminó un juicio de responsabilidades a Canedo por el supuesto delito de prevaricato en el caso del Banco Sur.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) optó por no emitir comentarios, pues estas entidades ya dejaron de formar parte de la organización. No obstante, algunos banqueros consideran bueno ‘poner el dedo en la llaga’ para aclarar dónde están los millones de dólares que pertenecen a los bolivianos, quién los va a recuperar, de dónde y cuándo. Según los expertos con más de $us 200 millones de deuda, si se suman intereses por tantos años, fácilmente la cifra puede sobrepasar los $us 600 millones.
En la actualidad, el sistema está sólido porque todas las normas de supervisión y de Basilea se cumplen en un 100% y porque el ente regulador las hace cumplir y el nivel de previsiones es elevado, además de que los niveles de mora han bajado.