Juicios a la carta

La ministra de Lucha contra la Corrupción presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, acusándolo de daños al Estado por 1,4 millones de dólares que habrían sido invertidos en el financiamiento del referéndum para la aprobación de los estatutos autonómicos llevado a cabo el 4 de mayo del pasado año.



El Gobierno podía haber presentado esa denuncia hace más de un año, pero lo hizo recién ahora, precisamente en las vísperas de un nuevo proceso eleccionario para elegir a los nuevos gobernadores departamentales (hoy prefectos) y alcaldes municipales, y pocos días después de que Costas formalizara su anuncio de presentarse como candidato a la reelección en la Prefectura cruceña.

Se trata, pues, de una nueva demostración de la judicialización de la política; una práctica que para el oficialismo se ha tornado frecuente con cuanto líder o dirigente opositor se le presente enfrente. Lamentablemente, y apartándose del verdadero rol que tendría que cumplir, el ministerio de Lucha contra la Corrupción se está transformando en no otra cosa más que en un brazo de persecución política del Gobierno, y para ese objetivo parece estar prestándose el Ministerio Público, que en un abierto desconocimiento de principios básicos de jurisdicción y competencia está radicando en la ciudad de La Paz varias casos que tendrían que ser atendidos en los distritos donde se cometieron los presuntos delitos denunciados por el Ejecutivo.

En estos momentos, con o sin razón, casi todos los dirigentes políticos del país con potencialidades electorales están siendo sometidos a sendas investigaciones y juicios promovidos por el oficialismo. De pronto, el solo hecho de ejercer la actividad política que no es afín a la línea hegemónica se está transformando en una suerte de práctica delictuosa, lo cual –de continuar así– podría provocar la desaparición de las más elementales condiciones para la vigencia de una democracia real.

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