Ineficiencia: En los departamentos de Pando, Cochabamba, Potosí y Oruro, la inversión no supera el 30 %, sólo Santa Cruz registra un 60 % a septiembre. Existen problemas de eficiencia.
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La Prensa
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A septiembre de este año, las prefecturas y municipios de Cochabamba, Potosí, Oruro y Pando fueron los más ineficientes en el uso de los recursos de inversión pública, debido a que su ejecución no supera el 30 por ciento.
Así lo revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que dan cuenta que de los 12.900 millones de bolivianos (1.850,7 millones de dólares) asignados este año a nivel nacional, sólo se invirtieron 5.071,3 millones (39,3 por ciento).
Las cifras son de orden departamental e incluyen a municipios y prefecturas.
Según el INE, Cochabamba ejecutó el 26,6 por ciento de los 1.380,9 millones de bolivianos asignados; Potosí, el 30,3 por ciento de 1.814,8 millones de bolivianos; Pando, 23,7 por ciento de 317.458 bolivianos, y Oruro, el 30,5 por ciento de 1.310,7 millones.
Beni registró una inversión de 41,1 por ciento; La Paz, 39,1 por ciento; Tarija, 38,4 por ciento; Chuquisaca, 49,7 por ciento, y el departamento que tuvo la mejor eficiencia fue Santa Cruz, 60 por ciento.
El prefecto de Oruro, Luis Aguilar, explicó que la inversión de la entidad a octubre llega al 60 por ciento y que los problemas de eficiencia atañen a algunos municipios. Citó el caso de Huanuni y Challapata, donde se presentaron problemas de ingobernabilidad por la censura a los alcaldes, lo que paraliza los proyectos. También se enfrentan inconvenientes con la normativa de contratación de bienes y servicios.
Por ejemplo, las empresas que debían llevar adelante el asfaltado del circuito Poopó incumplieron el cronograma de obras y se rescindió el contrato, pero hubo impugnaciones, lo que retrasó la inversión.
La Prensa no pudo ubicar a autoridades de otras prefecturas para conocer sus problemas.
De acuerdo con cifras de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM), la inversión ejecutada llegó 60 por ciento a octubre.
El economista Julio Linares dijo que el Viceministerio de Inversión Pública no llega a contar todos los proyectos que impulsan las alcaldías y tampoco coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas para consolidar cifras oficiales.
A través del Decreto Supremo 0181, del 28 de junio, el Gobierno aprobó las nuevas Normas Básicas (NB-SABS) para la contratación de bienes y servicios.
De esta manera, elevó de 500.000 a un millón de bolivianos el monto para la convocatoria a licitaciones destinadas a la contratación de bienes y servicios, eliminó el requisito de presentación de tres cotizaciones para las compras menores y subió el tope de las compras directas a 20.000 bolivianos.
El decreto, a su vez, fijó nuevos límites, entre 20.001 y un millón de bolivianos, para la adjudicación de proyectos de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). Antes era de 5.001 a 500.000 bolivianos.
Además, bajo esta figura se determinó que los municipios con índices de pobreza extrema contraten sin licitación bienes y servicios por un monto ilimitado, pero hasta la fecha se desconoce el número de alcaldías inscritas para acceder al beneficio.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, informó que la ejecución de la empresa llega a 14 por ciento y hasta fin de año se alcanzará a 60 por ciento.
Presupuesto
La Paz recibió 2.178.193 bolivianos, y a septiembre sólo ejecutó el 39,1 por ciento.
A Santa Cruz se le asignó 1.897.460 bolivianos, e invirtió el 60,4 por ciento.
Tarija se benefició de 1.837.460 bolivianos, pero sólo gastó el 38,4 por ciento.
A Beni se le presupuestaron 643.764 bolivianos y utilizó el 41,1 por ciento.
La inversión pública se destina a infraestructura, desarrollo productivo y transporte.
Además se la invierte en proyectos sociales y lucha contra la pobreza.