La lucha debe llegar a todos los niveles contaminados no sólo de la aduana, sino de todas las instituciones que despiden ese olor a podredumbre…
EDITORIAL
LA PRENSA
Nadie puede negar ni criticar las acciones adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción. Ya era hora de que se tomaran decisiones drásticas, que ojalá tengan resultados satisfactorios.
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La corrupción, sin ser exclusiva de nuestro país, es y ha sido un estigma que, más que empañar, ha enlodado la imagen de Bolivia a lo largo de años y años. Muchos de los gobernantes y administradores del Estado, en democracia y, especialmente, en dictadura, se han enriquecido a costa del sacrificio del pueblo y las riquezas naturales del Estado. Las coimas, las comisiones, las licitaciones fraguadas, los tristemente famosos “gastos reservados”, los gastos de representación ilegales, el nepotismo, los grandes negociados, sabe Dios por qué cantidades de dinero, y otros, han sido y, probablemente, siguen siendo el pan de cada día. Es frecuente que se destapen acciones corruptas, aunque el porcentaje debe ser ínfimo a las realmente cometidas.
La lucha contra la corrupción se ha iniciado ahora desde el interior del Gobierno con la decisión de dos mujeres, la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de intervenir uno de los núcleos más corruptos del país: la aduana.
Esta lucha debe llegar a todos los niveles contaminados no sólo de la aduana, sino de todas las instituciones que despiden ese olor a podredumbre que tanto daño le hace a la imagen del país.
Sin embargo, una Ley Transitoria, que seguramente será aprobada por la mayoría parlamentaria oficialista, le permitirá al Gobierno tomar el control de los tres órganos del Estado, le restará mucho a las promesas del Presidente de dirigir una gestión transparente.
Esa denominada Ley Corta le otorgará al Mandatario del Estado Plurinacional la facultad de designar a dedo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura que deberán llenar los cargos vacantes en esas tres instancias del Órgano Judicial hasta enero de 2011, cuando se realice la elección de los magistrados por voto popular.
Habría correspondido —en apego a la Constitución Política del Estado que las autoridades del Estado juraron respetar—aprobar una ley convocando a esas elecciones que establece la Carta Magna y no acortar el camino saliéndose por el costado.
Con la mayoría parlamentaria de más de dos tercios, el Gobierno tiene las mismas posibilidades de tener la facultad de designar a los magistrados que mejor convenga a sus intereses y controlar el Órgano Judicial de la misma manera que lo hará ahora con su designación a dedo. La diferencia radicaría en que se siga el camino recto que establece la CPE y no la sinuosidad que significa ir por la Ley Corta.
Si quiere dar una imagen de gestión cristalina, además de luchar contra la corrupción y de velar por el respeto a la vida en las carreteras, el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir las leyes.