Tendrán que escucharlos

Alguien en la comunidad internacional debiera prestar atención a lo que ocurre en Bolivia bajo el régimen del "humilde" presidente indígena.

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Foto (de izq a der), Eduardo Rodriguez, Victor Hugo Cárdenas, Jorge "Tuto" Quiroga y Carlos Mesa, al fin salieron a denunciar los atropellos del gobierno de Evo.



Las denuncias efectuadas por nada menos que tres ex presidentes y un ex vicepresidente de la República todos ellos elegidos de forma democrática, ha preocupado enormemente al gobierno del MAS por las repercusiones que tendrán (y ya tienen) en el contexto internacional.

En realidad las ex autoridades dijeron lo que todos sabían: que en Bolivia se está instalando en forma metódica e implacable todo un sistema dirigido a conculcar las más elementales garantías constitucionales en aras de un supuesto proceso de cambio o a nombre de los indígenas que son utilizados únicamente como retrato de exportación.

Es inocultable que en la actualidad el partido gobernante ha logrado un control pleno y absoluto de toda la estructura jurídica del país. La atribución dada en forma inconstitucional por la Asamblea Legislativa masista al presidente Evo Morales para que nombre a todas las autoridades del ahora Órgano Judicial estaba dirigida precisamente a eso.

Nada de lo que hace el MAS es inocente y hay que reconocer también que no deja nada al azar. La retroactividad, el agravamiento de penas y la restricción del derecho a la defensa vulnera toda la doctrina de Justicia e inevitablemente conducirá al establecimiento de un régimen autoritario en el que prevalecerá la voluntad de Evo Morales, que se constituirá en la única e inobjetable fuente jurídica.

Bajo este esquema pretender que se aplique un debido proceso resulta ilusorio. El gobierno del MAS podrá enjuiciar a quien le plazca y los acusados no tendrán la más mínima posibilidad de defensa como ya está ocurriendo en el caso de supuesto terrorismo. La Ley de Juicio de Responsabilidades aprobada por la mayoría masista en la Cámara de Diputados implica una condena antelada.

La situación es meridianamente clara: El gobierno acusa y los que deberán procesar y juzgar son los fiscales y magistrados que nombró a dedo Evo Morales. Los resultados son por demás previsibles.

El gobierno, como ya es su costumbre, pretende salirse por la tangente. Resulta hasta risible que una persona como el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, que se precia de ser un eminente jurisconsulto, diga que si los ex dignatarios cuestionan la ley del juicio de responsabilidades es porque son culpables, o lo que graciosamente salieron a decir dos ministras de que la denuncia de los ex mandatarios es para "volver a la palestra pública".

Entonces se deduce que el MAS no solo quiere violar las garantías constitucionales, mundialmente reconocidas y legisladas, sino que también quieren que las cosas le sean fáciles. Que los acusados se dejen conducir como mansos corderitos hacia el matadero. Ahora resulta que exigir la vigencia de derechos y garantías constitucionales para todos los bolivianos es un reconocimiento de culpabilidad.

Una cosa que no deja de llamar la atención: los expresidentes Carlos Mesa y Tuto Quiroga son acusados de firmar contratos con empresas petroleras lesivos para el Estado. No es conveniente hacer juicios de valor sobre esta acusación, sin embargo es necesario preguntarse si el contrato de la estatal petrolera YPFB con la Catler Uniservice, avalado por el presidente Morales, no fue lesivo para los intereses del Estado.

Ese contrato, motivo de un escandaloso negociado con asesinato incluido, fue firmado en el gobierno de Evo Morales y por tanto lo lógico sería que él también sea sometido a un juicio de responsabilidades ya que el Estado perdió millones de dólares, sin embargo el juicio contra Santos Ramírez se está diluyendo paulatinamente y lo más preocupante es que se pretende soslayar la responsabilidad del Jefe de Estado en una operación que involucra a la principal empresa estatal del país. Que Santos Ramírez actuó solo es cada vez menos creíble y por tanto habrá que esperar que Evo Morales sea procesado en el futuro en el marco de sus propias y draconianas leyes.

Lo cierto es que las acciones contra los ex dignatarios son parte de un plan gubernamental concebido y ejecutado al milímetro para barrer todo vestigio de oposición democrática, sin embargo, esta vez al tratarse de una gravísima denuncia formulada por ex mandatarios constitucionales, alguien en la comunidad internacional y en los organismos de Derechos Humanos tendrá que prestar atención a lo que ocurre en Bolivia bajo el régimen de Morales, que a propósito no es el "humilde" indígena al que todos miran y tratan en forma condescendiente en las cumbres internacionales.