Hay piquetes de huelga en La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre. MAS quiere cesar a vocales 60 días después de la Ley Electoral, aunque éstos todavía no hayan cumplido sus mandatos.
La Paz: Jaime Navarro y Willy Aguilar, en ayuno voluntario
La Prensa
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Cortes entregan credenciales en medio de conflictos por escaños
Presión: Hay piquetes de huelga de hambre en La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre que integran al menos 60 personas. El MAS amenazó con cerco y procesos a los organismos electorales si no entregan hoy las credenciales.
Las cortes departamentales electorales en cuatro de los nueve departamentos del país tienen previsto acreditar hoy a las autoridades que fueron elegidas en los comicios del 4 de abril en medio de un escenario conflictivo por la distribución de escaños.
En La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca se instalaron huelgas en rechazo a la asignación de asambleístas aplicada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a través de las Directivas 030 y 031, del 8 de abril, que eliminan el sistema proporcional y benefician a los partidos que tienen mayor representación, en este caso al Movimiento Al Socialismo.
En estas regiones, la cantidad de huelguistas alcanza a al menos 60 personas y, según se conoció, grupos de militantes de fuerzas opositoras se apostarán frente a los puntos donde se realizará la entrega de credenciales para protestar por el acto.
En La Paz, ayer se produjo otra baja en el piquete de huelga de Unidad Nacional (UN) y quedó solamente una persona. Asimismo, el grupo de mujeres que tomó la extrema medida en Derechos Humanos denunció “amedrentamiento y abuso” de los funcionarios porque no les permitieron instalar su ayuno voluntario.
El miércoles, Alfonso Mercado, de la agrupación Todos por Cochabamba, informó que presentó una impugnación ante la Corte Departamental de Cochabamba, por lo que consideró que el organismo electoral departamental no puede acreditar a los representantes mientras haya un recurso pendiente.
Desde el Órgano Electoral ayer se informó que llegaron a esta instancia dos recursos de apelación en contra del cómputo oficial; no obstante, éstos no causan ningún efecto sobre la entrega de credenciales.
En Sucre, la Corte Superior de Justica admitió un recurso de acción de amparo por Alianza por Chuquisaca del ex candidato y dirigente cívico John Cava, quien mantiene una huelga de hambre junto a sus militantes.
Cava informó que éste fue remitido a la Corte Superior de Distrito de La Paz para que sea la instancia que se pronuncie.
El diputado de Unidad Nacional Jaime Navarro, en La Paz, quien ingresa hoy al cuarto día de huelga de hambre en el Salón Rojo de la Cámara de Diputados, también anunció la presentación de un recurso constitucional contra la entidad electoral.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, explicó a La Prensa que un amparo tiene su efecto inmediato, por ello, si el ente jurisdiccional acepta la demanda, entonces se puede frenar todos los procesos pendientes.
“El amparo se resuelve en 48 horas. Cuando se recibe el memorial, la Sala tiene que pronunciarse inmediatamente sobre la admisión. Si esto es así, notifican a las partes y se frena todas la actuaciones”.
Pese a este problema y a los anuncios de más recursos judiciales contra el OEP por la asignación de escaños, se ratificó que este viernes las cortes entregarán las credenciales.
Para el senador del MAS Adolfo Mendoza, el tema de la distribución de escaños está “cerrado, y los opositores deben aceptar los resultados”.
Pero a juicio de Norma Piérola, de Convergencia Nacional (CN), no debería entregarse las credenciales porque existe una medida cautelar pendiente de solución.
El senador Eugenio Rojas (MAS) fue más allá y anunció que si no entregan credenciales hoy “(organizaciones de) las 19 provincias podrían tomar medidas contra las personas que quieren perjudicar el acto de entrega”.
“Las 19 provincias podrían tomar medidas contra las personas que quieran perjudicar el acto de entrega”.
La Corte de Oruro distribuye escaños sin acatar Directiva 031
La Sala Plena de la Corte Departamental Electoral de Oruro (CDEO) distribuyó escaños sin acatar la Directiva 031 que fue emitida por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), informó ayer a La Prensa su presidente, David Apaza. “Hemos aplicado la Ley 4021 en el artículo 67, numerales I y III, que daba directamente la asignación de escaños. En resumidas cuentas, el Reglamento para las elecciones municipales y departamentales de abril, que fue elevada a rango de ley en febrero, lo que hace es complicar y sólo generó los problemas que actualmente se están atravesando por la asignación de escaños, como las huelgas”.
El titular de la CDE orureña, quien es uno de los más criticos al trabajo que realiza el OEP, afirmó que tanto la Ley 002 (Reglamento de las Elecciones Departamentales y Municipales) como las directivas que emitió el organismo electoral sólo complicaron a las cortes departamentales, y que para el reciente proceso eleccionario de abril bastaba con aplicar la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
“Ésa es la novedad, resulta que tan sólo aplicando la Ley 002 queda la misma asignación de escaños que con la Ley 002 y las directivas. Se dio muchas vueltas para regresar a lo mismo. En otras palabras, Oruro lo que ha hecho es tomar el avión de Cochabamba a La Paz, en cambio la Corte ha ido por tierra, por un tramo más largo, pero también cometiendo delitos, omisiones y actos ilegales”. Con esta asignación, el MAS tiene 10 asambleístas; el Movimiento Sin Miedo, cinco; Unidad Nacional, uno. El OEP aceptó estos resultados.
Para destacar
ACREDITACIÓN
Según el calendario electoral, las cortes departamentales deben acreditar a los candidatos electos.
RECURSO LEGAL
La agrupación ciudadana Alianza por Chuquisaca presentó el primer amparo constitucional.
DIRECTIVA 031
La CDE de Oruro emitió la asignación de escaños sin tomar en cuenta la mencionada normativa.
AMENAZAS
Los partidos de la oposición amenazaron con impedir los actos de entrega de credenciales.
EL ACTO EN LA PAZ
La Corte Departamental Electoral paceña realizará la entrega en el cine 16 de Julio a las 08.30 de hoy.
MAS quiere cesar a vocales 60 días después de la Ley Electoral
OEP: los vocales Oporto (i), Costas (c) e Ybarnegaray (d), el martes en el Legislativo
La Prensa
Designación: El proyecto de ley oficialista plantea el reemplazo de las autoridades nacionales y departamentales del Órgano Electoral Plurinacional en dos meses, aunque éstos todavía no hayan cumplido sus mandatos.
Los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y de las cortes departamentales electorales (CDE) cesarán en sus funciones dos meses después de que entre en vigencia la nueva Ley Electoral, según propone el Movimiento Al Socialismo (MAS) en su proyecto para normar este ámbito.
La propuesta que elaboró el oficialismo y que la presentó al Senado para su tratamiento señala en el parágrafo V de su tercera disposición transitoria que “… los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán en sus funciones 60 días después de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que las autoridades del Órgano Electoral sean designadas antes de este plazo, la cesación de cargos se hará efectiva a partir de la posesión correspondiente”.
Las actuales autoridades del OEP: Antonio Costas, Amalia Oporto y Roxana Ybarnegaray, en el planteamiento que presentaron al Congreso en marzo, proponen que “las y los vocales de la Corte Nacional Electoral que se encuentren en ejercicio de funciones al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán en sus cargos como vocales del Tribunal Supremo Electoral”.
Esa entidad basa su propuesta en la disposición transitoria primera, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que dice que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
En aplicación de esta disposición, los vocales del OEP plantean que “el tiempo de funciones transcurridos desde el día de su posesión hasta el día de vigencia de la presente ley se computará como parte del periodo de funciones de seis años establecido para el cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral”.
El presidente del OEP, Antonio Costas, luego del acto de la presentación de los resultados de las elecciones del 4 de abril, explicó el lunes que su mandato es de cuatro años, el cual no ha concluido. “Dejemos que las autoridades trabajen, mientras me toque trabajar y mientras yo tenga mandato, voy a seguir trabajando como hasta ahora”.
Costas e Ybarnegaray fueron posesionados en mayo de 2009, y Oporto, en diciembre de 2008. A partir de estas fechas se cuentan sus cuatro años de mandato.
El proyecto del MAS dice que el proceso de convocatoria pública y la calificación de capacidad y méritos para la selección de vocales nacionales se hará en un plazo máximo de 50 días desde la entrada en vigencia de la norma. La Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral estará formado por siete miembros, al menos dos de ellos de origen indígena.
El oficialismo propone además que se nombren tres mujeres. Seis de los miembros serán electos por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa y uno será designado por el Presidente del Estado. El mandato será por seis años sin posibilidad de reelección.
Según el partido de Gobierno, los tribunales electorales regionales contarán con cinco vocales, al menos uno de origen indígena y dos mujeres. La Cámara de Diputados elegirá a cuatro vocales por dos tercios de votos de los presentes y uno será designado por el Primer Mandatario.
La Ley Electoral debe estar aprobada máximo hasta el 22 de julio.
Compensación para la Policía
El oficialismo plantea una compensación económica a la Policía Nacional por los recursos que dejaría de percibir por la emisión de cédulas de identidad, que pasará a depender del Tribunal Supremo Electoral, según plantea su proyecto de Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El documento dice que “el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecerá los mecanismos para la compensación económica”. Según las estimaciones, la entidad ‘verde olivo’ percibe unos 39 millones de bolivianos anuales por concepto de cédulas de identidad en el país.