Ley Transitoria no hace mención a la transición municipal. García Linera trastabilló cuando tuvo que pronunciar la palabra auto de proceso judicial o auto de procesamiento.
Taller: los alcaldes electos recibieron capacitación en gestión local en la FAM, ayer.
La Prensa. La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) manifestó ayer su preocupación porque el proyecto de Ley Transitoria para las Autonomías propuesto por el Gobierno no hace mención a la transición municipal.
Así lo informó ayer el presidente de la FAM, Atiliano Arancibia, quien dijo que buscará una reunión con el presidente Evo Morales para hablar sobre éste y otros temas que tienen que ver con los municipios. Las preocupaciones también serán transmitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La FAM seguirá trabajando para consensuar el tema autonómico. Por eso pedimos al Gobierno central y sus instancias que se generen espacios de debate para que los municipalistas tengamos la oportunidad de hacer conocer nuestras preocupaciones”.
Por su parte, el alcalde electo de Tarija, Óscar Montes, dijo que otra de las observaciones que tienen es que el tiempo para hacer la transición a los municipios autonómicos es largo, pues será hasta el 30 de mayo, cuando este plazo pudo haberse acortado.
“Este proceso de transición es muy largo. De todas formas, estamos preparando una propuesta que dé fiel cumplimiento a lo que dice la CPE respeto de las autonomías municipales”.
Los representantes de los municipios también observaron el hecho de que el Ministerio de Hacienda haya emitido disposiciones que centralizan las decisiones sobre proyectos y presupuestos que dependen del Gobierno.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, adelantó que hasta la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los 337 municipios efectuarán el proceso de transición con la Ley de Municipalidades vigente.
“No es necesario porque (el municipio) tiene una legislación que está vigente, que es la legislación municipal, además tiene una estructura municipal que no se ha modificado”.
En el caso de los 11 municipios que se convirtieron en autonomías indígenas, indicó que al ser gobiernos transitorios, al igual que los municipios, se regirán con la legislación edil hasta la aprobación de sus estatutos autonómicos.
La ‘Ley Corta’ permitirá tumbar a gobernadores
El proyecto de ley transitoria de autonomía establece la suspensión de gobernadores que tengan una imputación judicial. Autonomistas y juristas creen que la norma apunta a sacar a las autoridades opositoras. El Gobierno lo justifica.
El Día. El vicepresidente Álvaro García Linera llegó ayer con nuevo peinado a Santa Cruz y se plantó a disposición de los periodistas en el lujoso hotel Los Tajibos y después de superar acusaciones de ser ‘pollo’, de defender que su Gobierno no es una ‘farsa indígena’ y que tampoco le echará mano a la plata de las AFP, al concluir reveló algo que le dio cierto respiro: que la Ley transitoria de autonomía que entregaron al Senado apuntaba cortar la cabeza a tres gobernadores opositores electos: el cruceño Rubén Costas, el tarijeño Mario Cossío y el beniano Ernesto Suárez.
Desde luego que el Vicepresidente no utilizó las palabras cortar la cabeza ni tumbar, sino la de suspender a los Gobernadores que sean acusados formalmente en la justicia por la comisión de un delito.
Es más, el segundo mandatario trastabilló cuando tuvo que pronunciar la palabra auto de proceso judicial o auto de procesamiento, como dicen los abogados.
“Hemos transportado un artículo que tenían los Alcaldes que pueden ser suspendidos y lo hemos adaptado”, justificó.
Y tampoco dijo que la Ley era expresamente para los opositores, si no “para todos (…), para los 9 gobernadores, hasta para mí y el propio presidente Evo Morales”.
Pero los periodistas se dieron cuenta hacia quiénes apuntaba la norma, que era, hasta las 10 de la mañana de ayer mantenida como un secreto de Estado. Y antes de marcharse le lanzaron la última pregunta cuando él bromeaba que tenía que volver más seguido a Santa Cruz, como lo hacía en la pasada campaña de abril, a conseguir una enamorada.
¿No es como perder en las urnas y ganar en mesa?, inquirió un periodista. Y García Linera, de traje y corbata, se paró un momento antes de dejar la conferencia para responder, “no, ustedes saben que el Gobierno no tiene nada que ver, la Fiscalía y la Justicia son independientes”.
En ese mismo momento en La Paz, sede de Gobierno, el senador opositor Germán Antelo lanzaba el grito al cielo al leer el contenido de la Ley Transitoria de Autonomía y ver “lo dañina” que era para los tres ex gobernadores electos en la zona de la media luna Costas, Cossío y Suárez y leer textualmente el artículo 8 que expresamente habla que una Gobernador puede ser suspendido antes de su posesión o en el ejercicio cuando exista una acusación formal en materia penal.
“Es como perder un partido en cancha y quererlo ganar en mesa, el Gobierno es un mal perdedor”, graficó el prefecto cruceño Roly Aguilera, ligado a la academia de Fútbol Tahuichi Aguilera.
Dijo que no permitirán que los votos de las 500 mil personas que votaron por Rubén Costas están por ser escamoteados.
Costas no apareció ayer, sólo uno de sus asambleístas, Javier Limpias, expresó su indignación. El Gobernador electo enfrenta un proceso penal ante el juez octavo en lo Penal por el gasto de Bs 10 millones en la administración del referéndum de estatutos autonómicos del 2008, procesos que también tienen en sus regiones Cossío y Suárez y por los cuales, “están en capilla”. Deben jurar el 30 de mayo.
La ley transitoria y los polémicos artÍculos
El proyecto • Es la Ley para el funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales y de la autonomía regional del Chaco tarijeño que tiene 17 artículos y dos disposiciones transitorias.
Transición • Dice que los Consejos Departamentales deben realizar la última sesión el 21 de mayo del 2010 para analizar los estados financieros del 2006 al 20O9.
Suspensión • “El Gobernador, podrá ser suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre el una acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio del mandato” (art. 8)
Procedimiento • “La acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente, será comunicada por el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquella y designe sin mayor trámite a la Máxima Autoridad Ejecutiva interina. Si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional pronuncia sentencia condenatoria y la misma es ejecutoriada, se procederá a una nueva elección, para completar el respectivo periodo constitucional. (art 9)
En caso de ausencia temporal •
Del Gobernador la suplencia será designada por la Asamblea Departamental, por el
tiempo de duración de la misma, por mayoría absoluta de votos. Y si es por la prolongación de la ausencia temporal por más de 90 días, la Asamblea podrá proceder a la Revocatoria de Mandato o si fuere por renuncia, muerte, se procederá a una nueva elección para completar el periodo (art 10).
Punto de vista
JOSÉ LUIS SANTISTEVAN
Abogado municipalista
‘Vulnera el voto ciudadano’
La primera observación es que una ley transitoria sólo regula las transferencias a instituciones de un órgano a otro, por ejemplo de Prefecturas a Gobernación, pero de ningún modo cuestiones de fondo que están en las constituciones y que son estarán establecidas por ejemplo en la Ley Marco de Autonomías que debe aprobarse el 22 de julio. Por eso sostenemos que esta Ley Corta de Autonomía es inconstitucional porque destruye la estructura de la tercera parte de la Constitución al regular cualidades y potestades legislativas contempladas en los artículos 272 y 277 en el sentido que los gobiernos autónomos tienen dos órganos: las Asambleas y las Gobernaciones y que estos órganos tienen potestades y cualidades legislativas, económicas financieras, ejecutivas y fiscalizadoras de la gestión es decir lo que el Gobierno no entiende que ya no existen prefecturas en el país ya no hay prefecto sino un Gobernador descentralizado y que por ejemplo con la Ley Corta de Autonomía se le impone que jure ante el presidente Evo Morales y, lo más grave, que ante la simple denuncia pueda ser destituido de su cargo. Aquí no se trata de tumbar a los gobernadores, se está atentando contra el derecho ciudadano del pueblo de haber elegido una autoridad que no sea susceptible de ser cambiadas cualquier rato por simple capricho.